Decenas de miles se oponen al proyecto de la minera Tahoe
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Decenas de miles se oponen al proyecto de la minera Tahoe Resources en Guatemala

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Decenas de miles se oponen al proyecto de la minera Tahoe Resources en Guatemala

  1. 1. Decenas de miles se oponen al proyecto de la minera Tahoe Resources en Guatemala Jueves, Diciembre 19, 2013 (Guatemala City/Ottawa) Contrariamente a las afirmaciones de la empresa Tahoe Resources, decenas de miles de personas se oponen al proyecto Escobal, perteneciente a esta compañía, en el suroriente de Guatemala. Los intentos, tanto de la compañía como del gobierno, de instalar el proyecto sin apoyo social han resultado en represión y violencia. Una reciente decisión del alto tribunal en Guatemala reafirma la legitimidad e importancia de los procesos locales de toma de decisión. Más de la mitad de las comunidades en el municipio de San Rafael las Flores, donde se ubica el proyecto Escobal, se han declarado en oposición a la mina. En cinco municipios aledaños en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, la mayoría de las decenas de miles de votos registrados en consultas comunitarias rechazan la mina. La votación más reciente se efectuó el 10 de noviembre en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. Más de 23.000 personas votaron – el 98,3 por ciento votó en contra de la minería, mientras que el 1,7 por ciento votó a favor. “Es altamente engañoso que el presidente de Tahoe Resources, Kevin McArthur, indique que el proyecto Escobal goza del apoyo de la comunidad, cuando tanta gente ha manifestado democráticamente su
  2. 2. oposición. La Corte de Constitucionalidad ha indicado claramente que los plebiscitos son un importante indicador del sentir de las comunidades próximas a donde se ubica la mina y se deben respetar”, indicó Jackie McVicar, Coordinadora de la Red de Solidaridad Rompiendo el Silencio. A principios de diciembre, la Corte de Constitucionalidad avaló la consulta comunitaria en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa y negó la acción cuestionando la constitucionalidad de la consulta que había presentado una persona particular. La decisión reconoce la responsabilidad con que cuentan las autoridades municipales de convocar este tipo de votación y tomar decisiones de acuerdo a los resultados que éstas arrojen, y afirma su valor como “una adecuada forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser consultados sobre asuntos de su interés". Pobladores que organizaron las consultas comunitarias se han enfrentado a represión y a acciones legales infundadas, en un intento de invalidar la oposición al proyecto. Durante los últimos catorce meses, decenas de comuneros se han visto involucrados en más de setenta tensos procesos legales, en los cuales la gran mayoría quedó absuelta de todo cargo. La más reciente ofensiva hacia la oposición del proyecto Escobal ocurrió a fines de abril, unas pocas semanas luego de que se le otorgara a la empresa la licencia de explotación. Guardias de seguridad abrieron fuego en contra de un grupo que se manifestaba pacíficamente fuera de la propiedad de la empresa, dejando seis personas heridas, dos de ellas de gravedad. Quien fuera en ese momento jefe de seguridad permanece detenido a la espera del juicio. Alberto Rotondo ha sido ligado a proceso por lesiones leves y graves y por obstaculización de la investigación penal. El 2 de mayo de 2013, pocos días después del ataque, el Estado de Guatemala declaró estado de sitio en cuatro municipios aledaños al proyecto minero y giró varias órdenes de captura. Entre los acusados y detenidos se encontraban dirigentes comunitarios clave. A fines de noviembre, un juez guatemalteco declaró que fue ilegal la captura de cinco personas y su privación de libertad durante casi siete meses. Poco después, las órdenes de captura que se habían girado para siete otras personas acusadas en el mismo caso quedaron sin efecto. “No somos unos cuantos locos, como ha dicho el presidente, que se oponen a la mina, somos muchos departamentos; Xincas somos todos, es todo Guatemala... Pido a la mina San Rafael [la subsidiaria guatemalteca de Tahoe] de que por favor se retire de Guatemala, que nos está haciendo un gran daño a nuestras familias.” indicó Teresa Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa en rueda de prensa a
  3. 3. principios de diciembre. Las comunidades se oponen al proyecto Escobal debido a los impactos existentes y potenciales en las fuentes hídricas y en el bienestar de la comunidad. El Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia final de la empresa inmediatamente después de rechazar categóricamente los más de 250 recursos presentados en contra del proyecto de la empresa. En julio, la Sala Primera de Apelaciones de Guatemala halló que el Ministerio de Energía y Minas no procedió correctamente en relación a uno de estos recursos. Los abogados de las comunidades afectadas estiman que la decisión de la Sala de Apelaciones pone la licencia de Tahoe en limbo. En noviembre continuaron las audiencias sobre este caso, durante las cuales se manifestaron cientos en oposición al proyecto. En este momento, Tahoe es objeto de investigación por contaminación industrial de las fuentes hídricas próximas a la mina Escobal. “Es devastador ver hasta qué punto Tahoe repite el patrón de comportamiento de su mayor inversionista, Goldcorp, cuya mina Marlin se construyó a pesar de la oposición y sin el consentimiento de las comunidades, llevando a conflictos y a una amplia oposición a la minería en todo Guatemala. En vez de avanzar a toda marcha y generar mayores disturbios, Tahoe debería empacar sus maletas y dejar a estas comunidades en paz”, indicó Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. Contactos:  Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(@)miningwatch.ca  Jackie McVicar, Red de Solidaridad 'Rompiendo el Silencio', 011 (502) 4824-0637, btsguatemala(@)gmail.com Por favor, mostrar su solidaridad con las comunidades afectadas por el proyecto Escobal de Tahoe y tomar acción con esta petición en línea acá (disponible solamente en inglés). Fuente: http://www.miningwatch.ca/es/news/decenas-de-miles-seoponen-al-proyecto-de-la-minera-tahoe-resources-en-guatemala ** Tens of Thousands Oppose Tahoe Resource’s Escobal Project in Guatemala
  4. 4. Tuesday, December 17, 2013 (Guatemala City/Ottawa) Contrary to Tahoe Resources’ recent claims, tens of thousands of people oppose its Escobal project in southeastern Guatemala. Repression and violence have been the outcome of company and government efforts to install the project without social support. A recent high-court decision in Guatemala reinforces the legitimacy and importance of local decision-making processes. More than half of the communities in the municipality of San Rafael las Flores, where the Escobal project is located, have declared opposition to the mine. In five neighbouring municipalities, in the departments of Santa Rosa and Jalapa, a majority have voted against the mine in municipal referenda, in which tens of thousands of people participated. The most recent vote took place on November 10th in the municipality of Jalapa, department of Jalapa. Over 23,000 people participated with 98.3% voting against mining and 1.7% in favour. “It is grossly misleading for Tahoe’s CEO Kevin McArthur to claim that the Escobal project enjoys strong community support when so many people have democratically expressed their opposition. The Constitutional Court has clearly stated that local plebiscites are an important measure of community sentiment near the mine site and they should be respected,” stated Jackie McVicar, Coordinator of the Maritimes Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network. In early December, the Guatemalan Constitutional Court decided in support of a municipal referendum in the municipality of Mataquescuintla, Jalapa and against a suit that an individual had brought to challege its constitutionality. The decision acknowledges the responsibility that municipal authorities have to convene such votes and to make decisions according to their results, affirming their value as “adequate means by which peoples may exercise their right to give their opinion and be consulted on topics of interest.” Community members organizing local votes have faced repression and baseless legal actions in an attempt to quash their opposition to the project. During the past fourteen months, dozens of community members have had to endure more than 70 stressful legal processes, of which nearly all have been absolved of any charges. The most recent crackdown against opposition to the Escobal project took place in late April mere weeks after the company received its exploitation licence. Security guards fired on peaceful protestors outside of company property, injuring six, including two seriously. The company’s then head of security remains under arrest
  5. 5. awaiting trial. Alberto Rotondo is charged with assault causing bodily harm and obstruction of justice. Days after the attack, on May 2, 2013, the Guatemalan State declared a state of siege in four municipalities surrounding the mine project and issued multiple arrest warrants. Among the accused and imprisoned were key community leaders. In late November, a Guatemalan judge ruled that the police arrest and detention of five individuals for nearly seven months was illegal. Shortly later, arrest warrants were dropped against seven others accused in the same case. “The President has accused of us being a few crazy people that are opposed to the mine, but we represent numerous departments, including the Xinca indigenous people, as well as people from all across Guatemala. I ask the company to please leave Guatemala because it is seriously hurting our families,” stated Teresa Muñoz a community leader from Jalapa during a press conference in early December. Communities oppose the Escobal project given concerns over actual and potential impacts on water supplies and community wellbeing. The Ministry of Energy and Mines approved the company’s final licence right after dismissing outright more than 250 individual complaints against the company’s project. In July, a Guatemalan Appeals Court found that the Ministry of Energy and Mines did not follow due process in considering one of these oppositions. Lawyers for affected communities believe the appeals court decision puts Tahoe's licence in limbo. Hearings on this case continued in November at which hundreds demonstrated their opposition to the project. Tahoe is already under investigation for industrial contamination of water supplies near the Escobal mine. “It is devastating to see the way that Tahoe is repeating the patterns of its top shareholder, Goldcorp, whose Marlin mine was built despite opposition and without community consent, leading to conflict and giving rise to broad-based opposition to mining throughout Guatemala. Instead of storming ahead and generating further upheaval, Tahoe should pack its bags and leave these communities in peace,” remarked Jen Moore, Latin America Program Coordinator for MiningWatch Canada. Contacts:
  6. 6.  Jen Moore, MiningWatch Canada, (613) 5693439, jen(at)miningwatch.ca  Jackie McVicar, Breaking the Silence, 011 (502) 48240637, btsguatemala(at)gmail.com Please show your support for mining-affected communities in the area of Tahoe's Escobal project and take action with this online petition hosted by the Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) here. Source: http://www.miningwatch.ca/news/tens-thousands-opposetahoe-resource-s-escobal-project-guatemala __ Jennifer Moore Latin America Program Coordinator MiningWatch Canada www.miningwatch.ca https://www.facebook.com/MiningWatch twitter: @MiningWatch

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