Colombia ha visto en 2013 las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. En febrero el primer paro cafetero y cacaotero, siguieron la lucha el campesinado del Catatumbo, los y las estudiantes, el paro minero campesino de agosto, la minga indígena en octubre,… El gobierno de Santos ha respondido a la movilizaciones con una escalada de la represión que ha dejado en lo que va de año un saldo de 15 personas muertas a manos de la policía, de ellas 12 por bala; 800 heridas, 23 por bala sólo el 29 de agosto en Bogotá y más de 3000 personas detenidas, de las que 180 enfrentan procesos judiciales. Público 14 de diciembre del 2013

1. Brutalidad policial y legal para frenar la movilización social en
Colombia
Publicado el 14 dic 2013 en Público.es. Dominio público. Opinión a
fondo
Tomás Gisbert
Investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz
María Jesús Pinto
Activista e investigadora en Derechos Humanos
Colombia ha visto en 2013 las mayores movilizaciones sociales de los
últimos años. En febrero el primer paro cafetero y cacaotero,
siguieron la lucha el campesinado del Catatumbo, los y las
estudiantes, el paro minero campesino de agosto, la minga indígena
en octubre,… El gobierno de Santos ha respondido a la movilizaciones
con una escalada de la represión que ha dejado en lo que va de año
un saldo de 15 personas muertas a manos de la policía, de ellas 12
por bala; 800 heridas, 23 por bala sólo el 29 de agosto en Bogotá y
más de 3000 personas detenidas, de las que 180 enfrentan procesos
judiciales.
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en el Congreso colombiano
una Audiencia pública, convocada por los congresistas Ivan Cepeda,
del Polo Democrático, Carlos Andres Amaya del Partido Verde y
Hernando Hernández, congresista indígena, para debatir sobre la
brutalidad de la represión policial con participación de las víctimas
directas de la represión, organizaciones sociales y autoridades

2. policiales e institucionales. Esta Audiencia se dio en el marco de la
Campaña “Defender la Libertad: asunto de tod@s”, compuesta por un
gran número de organizaciones sociales colombianas, que realizó su
II Encuentro Nacional el 16 de noviembre.
El testimonio de las víctimas fue realmente escalofriante, conmovedor
y valiente, sabiendo que después de muchas de estas audiencias, las
personas que denuncian son amenazadas, perseguidas y en algunos
casos asesinadas. Se oyeron voces de familiares que testimoniaron
sobre asesinatos por balas de la policía de hijos, hermanas,
compañeros; de las víctimas de la sevicia y encarnizamiento en la
represión; de la ocultación por policías de sus placas y números de
identificación; de palizas a heridos de bala cuando yacían indefensos
suelo; atropellamiento de personas heridas con motos policiales;
disparos rasantes a los cuerpos de manifestantes; proyectiles
lacrimógenos en viviendas; vandalismo policial destruyendo bienes
muebles e inmuebles de la población civil; barbarie en el
reconocimiento de asesinatos “Maté a tu hijo ¿y qué?”; detenciones
arbitrarias y judicializaciones; abusos sexuales contra las mujeres…
Es difícil transmitir los sentimientos que impregnaron el auditorio, la
rabia con que se expresaron muchas personas, mirando a los ojos a
los mandos policiales presentes, acusándoles y pidiendo explicaciones
y justicia por las muertes y heridas de sus familiares, denunciando
que sigue reinando la impunidad de los responsables. Ese dolor
compartido se reflejaba en los rostros de la gente asistente, en sus
lágrimas silenciosas, en los gritos de “policías asesinos”.
La respuesta en la Audiencia pública del mayor general Yesid
Vásquez, Inspector General de la Policía colombiana, que como
máxima autoridad ostenta las mayores atribuciones disciplinarias, no
pudo ser más cínica. Después de intentar presentar a los policías
como víctimas, no se pronunció en absoluto sobre la brutalidad
policial testimoniada, ni proclamó la intolerancia de la institución
policial frente a los abusos policiales, remitiendo únicamente a
supuestas investigaciones internas o de la fiscalía, sin comprometerse
en absoluto en la depuración de responsabilidades.
Como dijo al final de la audiencia el congresista Ivan Cepeda, en esa
Audiencia no se estaba tratando de excesos policiales sino de una
estrategia profunda de represión sobre el derecho a la libre opinión y
manifestación y de crímenes cometidos que son una clara violación
de los Derechos Humanos. Estas acciones han correspondido no sólo
al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), como principal ejecutor,
sino que ha sido una constante en las diferentes actuaciones
policiales. Muchas voces pidieron en la Audiencia, así como se viene
haciendo en otros ámbitos sociales el desmonte del ESMAD.

3. El incremento de la represión y la brutalidad policial, y el uso contra
la población civil indefensa de armamento propio del conflicto armado
no puede explicarse sólo como el fruto de acciones puntuales de
agentes aislados. Como dijo un estudiante en su testimonio “no hay
una manzana podrida, está podrido el cesto”. Responde a directrices
políticas enmarcadas por la respuesta del gobierno y del estado a la
movilización social, en consonancia con la fuerte apuesta por un
modelo económico que abre completamente el país al hambre y a la
falta de derechos: los retrocesos del sistema de salud, la falta de
inversión en la enseñanza, el expolio de la inversión extranjera, como
son los Tratados de Libre Comercio, los megaproyectos, el
extractivismo minero y energético o la agroindustria y el
acaparamiento de tierras acaban con los recursos y medios de vida
de comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes y
clases populares. El origen de la protesta social no hay que buscarlo
en un conflicto armado, que esperemos que llegue pronto a su fin,
sino en la existencia de un modelo económico expoliador, azuzada
por el incumplimiento sistemático por el gobierno de los acuerdos
alcanzados en las diferentes mesas de interlocución.
Frente a la protesta social el gobierno ha respondido con la
estigmatización, acusándolas de estar promovidas por la guerrilla;
con el señalamiento público de dirigentes sociales y comunitarias, que
dan origen a amenazas de muerte proferidas por las bandas
paramilitares y al asesinato de las mismas; la judicialización de la
protesta, con montajes judiciales contra dirigentes, muchos de ellos
en prisión; las detenciones arbitrarias (de las 3000 personas
detenidas en este año sólo 180 tienen abiertas diligencias judiciales);
el uso de armas largas, armamento propio del conflicto armado; la
militarización de la represión y de los territorios rurales y urbanos. En
este año las fuerzas armadas se han desplegado en las calles de
Bogotá y en diferentes departamentos del país, aplicando de facto
medidas del estado de excepción y de sitio sin que estos hayan sido
declarados ni controlados jurídicamente. Al mismo tiempo, el
gobierno ha aprobado dotar con más personal y medios al terrorífico
ESMAD y propone un presupuesto para las fuerzas militares y de
policía para 2014 un 29% superior al de 2013, ascendiendo del 14%
al 17,9% del presupuesto total del país.
Así pues, la respuesta frente a la protesta social no es sólo un hecho
puntual, sino que es de más largo alcance deteriorando la escasa
“libertad y democracia” del pueblo colombiano. El gobierno de Juan
Manuel Santos está modificando el marco legislativo con el fin de
acabar con la protesta social que se opone a su política económica. La
ley de Seguridad Ciudadana de 2011 ha convertido la protesta
prácticamente en una actividad delictiva con la introducción de delitos
como el de obstrucción de vías con penas de 2 a 4 años de cárcel,

4. con multas muy elevadas, y con el agravamiento de las penas por
violencia contra servidor público, y la perturbación en servicio de
transporte público, colectivo u oficial. La protesta es un derecho
gravemente constreñido por la autorización previa del estado.
Recientemente, en septiembre de 2013, el Ministro de Defensa,
ocupando el terreno de los Ministerios de Justicia o Interior, ha
presentado el proyecto de ley 091 para endurecer aún más la Ley de
Seguridad Ciudadana. De momento no ha sido modificado el Fuero
Penal Militar, como pretendía el Gobierno, al ser anulada su reforma
por la Corte constitucional colombiana, no por su contenido sino por
un defecto de tramitación. Este fuero pretende hurtar a la jurisdicción
ordinaria los delitos cometidos por policías y militares, ampliando las
competencias de la jurisdicción militar y creando una jurisdicción
penal policial, para blindar un estado de impunidad ya hoy
generalizado. Todo ello está reforzando en Colombia, más si cabe, un
marco legislativo favorable a la violación de los derechos humanos.
Colombia no es un caso aislado. Las políticas económicas neoliberales
están avanzando por el continente americano con la criminalización
de la protesta social, la judicialización de líderes y lideresas sociales y
la aprobación de leyes cada vez más restrictivas para la expresión del
descontento social. En estos momentos el Estado español no está al
margen de esta corriente, como lo muestra el reciente proyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana. Y lo que prima en todos los casos no es
la seguridad humana, una ciudadanía libre de necesidad y de temor
sino, en abierta oposición, la seguridad del estado y de las
inversiones expoliadoras.
La situación es grave y es preciso alzar la voz más que nunca para
defender que la protesta y la movilización social no son un delito, son
un derecho humano fundamental que forma parte indisoluble del
derecho a libertad de expresión y de reunión, imprescindible para que
los pueblos y comunidades empobrecidas puedan hacer oír su voz y
confrontar políticas y acciones que atentan contra sus medios y sus
propias vidas. “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”.