España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

1. Bienvenidos al Estado policial
Imagen de la primera manifestación ‘Rodea el Congreso’, celebrada el
25 de septiembre de 2012. / Efe
10 abril 2015
Luis Fernando Rodríguez Guerrero - cuartopoder. Attac
España será un Estado policial a partir del próximo 1 de julio. Así
escrito suena excesivo, pero esa es la denuncia de dos asociaciones
de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía
Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos
integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores
especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al
PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley
de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el pasado 27 de
marzo cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos
universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete
legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes
más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que
han sido por todos denostadas”.
Estado policial sonaría excesivo si no fuera porque ese es el objetivo
buscado, arrancar todo lo relacionado con el orden público de la
esfera judicial para dejarlo en manos de la Policía. La técnica
legislativa empleada es, más que sencilla, pedestre: en el reformado
Código Penal desaparecen las faltas, infracciones leves que en torno a
un 40 por ciento pasan ahora a ser delito mientras que el 60 por
ciento restante quedan despenalizadas.
Esos actos despenalizados ya no constituyen materia penal, por lo
que no serán sometidos al criterio de un juez. Pero pasan a estar
incluidos en la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo
que deja su sanción a criterio de la Policía, cuyos atestados decidirán

2. la imposición o no de la correspondiente multa impuesta en vía
administrativa por las Delegaciones del Gobierno. No hay sutileza
alguna en la norma que con más énfasis ha impulsado el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díez: deja a los jueces casi sin
competencias en materia de orden público/seguridad ciudadana
mientras que el Gobierno asume la facultad de juzgar y sancionar a
quienes participen en protestas callejeras… casi siempre contra las
políticas del propio Gobierno.
Eso es lo que parece, que el Ejecutivo se ha buscado instrumentos
con los que impedir protestas contra su propia gestión. Por eso la Ley
de Seguridad Ciudadana tiene el dudoso honor de ser conocida dentro
y fuera de España como Ley Mordaza, porque nace como respuesta a
la desazón que ha provocado en el Gobierno y en el PP la
contestación social que les ha acompañado durante toda la legislatura
en forma de convocatorias a rodear el Congreso, de escraches, de
‘marchas por la dignidad’ o de concentraciones para frenar
desahucios. En todo momento, ministros y dirigentes del partido se
han sentido indefensos e indignados con una judicatura que ha
desestimado la mayoría de sus denuncias mediante resoluciones que
han preferido preservar la libertad de expresión y de reunión antes
que el orden público.
A partir del 1 de julio, se acabó esperar resoluciones judiciales que
siempre llegan tarde y casi nunca a gusto del Ejecutivo. Desde ese
día, el mero atestado policial –que para un juez tiene el valor de
denuncia, no de prueba- servirá para multar a quienes la Policía
identifique como organizadores o promotores de manifestaciones no
autorizadas o permitidas pero en cuyo transcurso se vulnera el orden
público, o a quienes se nieguen a disolver una concentración cuando
sean requeridos para ello por la Policía, o a quienes participen en un
escrache o traten de impedir un desahucio. La Ley Mordaza incluye
un amplio catálogo de 44 conductas sancionables con hasta 30.000
euros -600.000 en cuatro supuestos excepcionales- en función de una
serie de variables a valorar siempre según el criterio de las Fuerzas
de Seguridad.
Un ejemplo más: la ley prohíbe “las faltas de respeto y consideración
cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de
la seguridad”. ¿Quién decide que se ha faltado al respecto a un
agente? Pues según la ley, la propia Policía. De 100 a 600 euros de
multa. La sanción administrativa es más rápida que la judicial, a
veces más onerosa para el afectado y su poder disuasorio puede ser
demoledor.
Es cierto que estas multas son recurribles en la vía contencioso-
administrativa, pero el recurso sólo puede ser presentado después de

3. pagar la sanción y el juez revisará sobre todo que el procedimiento
administrativo de castigo haya respetado la legislación vigente,
apenas entrará a valorar si el acto denunciado en el atestado policial
se produjo o no, o si merece un correctivo como el aplicado en cada
caso.
Reforma nada estética
Pese a toda la oposición desatada, la Ley Mordaza salió adelante
aunque sólo con los votos del PP. Lo mismo ocurrió con la reforma del
Código Penal, algo insólito en la actual etapa democrática. La
modificación además introdujo en el ordenamiento jurídico la cadena
perpetua, abolida en España en 1928. Ese será, al final, el único
legado del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, primer y mayor
impulsor de una figura a la que nunca se atrevió a llamar por su
nombre y que aparece en el reformado código con el vergonzante
eufemismo de ‘prisión permanente revisable’.
En realidad, ni el propio Ruiz-Gallardón pareció nunca muy
entusiasmado con su propuesta, de dudosa constitucionalidad y que
llegó al Congreso hace más de 18 meses para caer en un peculiar
ostracismo. Todo el mundo la dio por muerta hasta que Rafael
Catalá la rescató el pasado otoño mientras enterraba sin compasión
el resto del legado de su antecesor en el cargo. Sometida a última
hora a una tramitación de vértigo, la reforma no cosechó ni un apoyo
externo ni siquiera tras la patética reunión que el mismo día de la
votación definitiva mantuvieron los ministros de Justicia e Interior con
asociaciones de víctimas del terrorismo y familiares de menores de
edad asesinadas.

4. Los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz (izqda.), y de Justicia,
Rafael Catalá, en una imagen de archivo. / Efe
¿Por qué empecinarse en solitario en una iniciativa tan poco estética?
Porque es año electoral. El PP necesita esquivar, aunque sea de
manera momentánea, el espinoso tema de la corrupción. Por eso, a
pesar de la alarma social que ese asunto sí provoca, la reforma del
Código Penal apenas incluye un difuso delito de financiación ilegal de
partidos políticos, no añade nuevos tipos penales, no endurece las
penas de los ya existentes, no aumenta los plazos de prescripción ni
diseña nuevos mecanismos de persecución del fraude fiscal.
En cambio, el Gobierno introduce en el debate público el tema del
orden público porque ayuda a fijar la imagen del partido y a
reconciliarse con su sector más conservador, herida por la que se
desangra parte de su caudal de votos. Por eso la cadena perpetua,
penas más duras y más eficaces instrumentos de castigo a las
protestas callejeras.
Lo grave es que a partir del próximo 1 de julio será muy difícil
revertir la situación. La queja ante organismos internacionales de
poco sirve. Maina Kiai, relator especial del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y asociación, reconoció hace semanas: “nos preocupa
que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del
Gobierno y del Poder Legislativo a las numerosas manifestaciones que
en los últimos años se han llevado a cabo en España”. Kiai y otros
tres expertos del comité exhortaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy a
que desistiese de aprobar la Ley Mordaza y la reforma del Código
Penal, sin éxito alguno.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News
ID=15597&LangID=S
El recurso judicial individual de los ciudadanos que se vean afectados
por la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tampoco
afectará al modelo policial creado. En realidad, es el Parlamento el
que debe arreglar el desaguisado. Todos los grupos de oposición
prometieron que derogarán la Ley Mordaza que acerca España a un
Estado policial si así se lo permite un triunfo en las urnas. Pero la
reforma del Código Penal incluye una serie de puntos pactados por el
PP y el PSOE con la excusa de la mejora de la persecución del
terrorismo yihadista, por lo que no son pocos los que ponen en duda
la veracidad del compromiso socialista. Además, la Ley
Mordazabeneficia los intereses del gobierno, de cualquier gobierno, y
en época electoral todas las promesas se escriben con humo.
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