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EL COMERCIO AMBULANTE EN MÉXICO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU
REGULACIÓN Y CONTROL
José Hernández Riwes
Un punto de partida. En México, el comercio ambulante es una actividad con la
cual están relacionados millones de habitantes. Y esta relación puede
observarse desde dos puntos en extremo polarizados: en uno de ellos tenemos
a los consumidores, a los ambulantes, a sus líderes y a las autoridades
corruptas. Este subconjunto que suma millones es totalmente proclive a que el
desempeño del comercio ambulante continúe en las actuales condiciones, es
decir, con precios bajos en muchas de sus mercancías, en particular las
provenientes del pirataje, el contrabando y el robo.
Pero en el otro extremo se encuentran quienes a final de cuentas terminan
pagando los costos económicos de dichas mercancías. Aquí tienen cabida los
productores y los comerciantes formales así como quienes patentaron
estérilmente su trabajo porque no perciben los beneficios de los derechos de
autor; pero en caso alguno concluye aquí el mundo de los agraviados. En él
también hay lugar para quienes son afectados en sus actividades comerciales,
su patrimonio inmobiliario o en su transitar en las vías y los espacios públicos y
privados de las localidades.
Y entre estos extremos, aunque por ahora inequívocamente cargado hacia uno
de ellos, tenemos a la autoridad que ha hecho de la omisión una práctica
común en lugar de cumplir con lo que las disposiciones en la materia
establecen con toda claridad. De aquí que el asunto de la venta de esas
mercancías ilícitas, sin dejar de tener una enorme importancia, es sólo un caso
de un conjunto mucho mayor que la autoridad de facto ha venido
desatendiendo. A tal grado se ha llegado que, sin ningún recato, cada
administración ha venido trasladando a la siguiente este problema.

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En otra perspectiva, es innegable que dichos comerciantes ambulantes (que
por cierto, según nuestras estimaciones agregan a 1.7 millones de
nanoempresarios a nivel nacional) son mexicanos que tienen un trabajo. Y
aunque en este sentido puede calificarse como un problema “resuelto” para el
gobierno a pesar de que difícilmente esta óptica sería aceptada por nuestras
autoridades, también es innegable que, por una parte, para la enorme mayoría
tales trabajos se dan de lleno dentro del incumplimiento de lo que establecen
las disposiciones legales en materia administrativa; y que por otra, otros
comerciantes ambulantes practican actividades calificadas por nuestro código
penal como delitos. O sea que contra lo bueno que pudiera tener lo anterior, se
tiene que dicho desempeño se ha venido produciendo en medio de inmensos e
incuantificables perjuicios económicos, políticos e institucionales vinculados a
un escandaloso sistema de corrupción que se da entre la sociedad, los
comerciantes ambulantes, sus líderes y las autoridades relacionadas con ellos.
Las causas. Tres son las causas que en una inextricable interacción explican
este estado de cosas. La primera es porque no se ha sabido; la segunda,
porque no se ha podido, y la tercera porque no se ha querido resolverlo. Por mi
parte y como resultado de un esfuerzo que data de 1993 a nuestros días, he
producido un trabajo que puntualmente he denominado EL COMERCIO
AMBULANTE EN MÉXICO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU REGULACIÓN Y
CONTROL cuya versión final concluí los primeros días de junio de 2007. En
esta investigación se resuelven las dos primeras causas, ya que, por una parte,
puedo explicar los fundamentos por los que este complejo fenómeno continúa
desempeñándose en las actuales condiciones, y, por otra, lo que es necesario
realizar para su resolución; en este caso, mediante la regulación integral bajo la
perspectiva de una sociedad mejor en el sentido de que todos los participantes
salgan ganando.
El propósito de este documento. Consecuentemente, en lo que sigue quiero
compartir con Usted mi punto de vista para revertir las actuales relaciones
negativas que existen entre la sociedad, el mercado formal y la autoridad con el
comercio ambulante que se desempeña a lo largo de todo el país. Para ello me
valdré de ideas y acciones que prácticamente le son del todo conocidas. La

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diferencia se encuentra en una manera distinta de abordarlas; es decir,
mediante un enfoque diferente y de hecho novedoso, cuyo contenido y
alcances es preciso difundir al mayor número de los participantes e
interesados1 en el comercio ambulante a efecto de que éstos tengan una idea
clara de este conocimiento.
Básicamente, la investigación EL COMERCIO AMBULANTE EN MÉXICO Y LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU REGULACIÓN Y CONTROL, está compuesta de dos
grandes apartados. En el primero denominado “La Situación Prevaleciente” me
centro en responder dos cuestiones fundamentales: a) qué es el comercio
ambulante; y b) el estado que guarda su medición. En cuanto al segundo
titulado “La Construcción del Futuro”, desarrollo lo que es necesario para
resolver este complicado problema; es decir, la construcción de instrumentos,
instituciones y mecanismos sin omitir consideraciones como los costos,
tiempos de construcción de la infraestructura, metas y beneficios del proyecto.
I. La Situación Prevaleciente
El comercio ambulante, al igual que muchos otros problemas como son el
sector informal (del cual, por cierto, forma parte), la globalización, la pobreza,
el desarrollo sustentable, etc., se encuentra dentro de la caracterización
siguiente: lo que no se conoce no se puede medir; consecuentemente, son
temas de los que todo mundo habla pero que hasta la fecha no han podido ser
resueltos ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Esta idea ajustada al
asunto que nos ocupa queda de la siguiente forma: a) ¿qué es el comercio
ambulante?; y, b) ¿cuántos ambulantes hay en realidad?
1
Los participantes serían como los actores de una obra; es decir, en donde cada uno tiene un
papel que cumplir en forma activa, sea porque el fenómeno le perjudica o porque le beneficia.
En este grupo tienen cabida la autoridad, los empresarios, los comerciantes ambulantes y la
sociedad. En cambio cuando nos referimos a los interesados lo hacemos pensando en los
medios de información, el mundo de la academia, el de los investigadores y de algunos
organismos internacionales, cuyo interés en estos fenómenos se centra en el estudio, la
investigación, la denuncia, la recomendación, su difusión o, en el mejor de los casos, en apoyar
a quienes tienen la responsabilidad directa.

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¿Qué es el comercio ambulante? Cualquiera de nosotros identifica a un
comerciante ambulante, pero muy pocos saben con precisión qué diferencias
hay entre un tianguista y un oferente miembro del Sistema Nacional de
Mercados sobre Ruedas; y de éstos con un comerciante ambulante común y
corriente. Pocos saben qué significa el término “torero”, o qué es una
concentración; a ciencia cierta, nadie sabe cuántos comerciantes ambulantes
se dedican a la venta de productos piratas, robados o de contrabando; y de
éstos cuántos son mujeres, y de ellas cuántas son madres. En otro tenor,
aunque tenemos una idea de cómo opera el sistema de corrupción,
específicamente desconocemos de cuánto son las aportaciones que el
comerciante ambulante entrega al líder o directamente a la autoridad corrupta,
y nadie conoce cuál es el monto total que cotidianamente perciben estos
personajes, etc. En general, en el mejor de los casos, respondemos con
estimaciones obtenidas de mediciones indirectas y en el peor nos movemos en
el mundo de la especulación.
Una de las primeras incongruencias que encontré fue que gran parte de la
copiosa terminología que se utiliza para identificar al comercio ambulante es
impropia. Naturalmente, hay quien se refiere a él valiéndose de sinónimos
(comercio en vía pública, comercio callejero), pero en la mayor parte de los
casos lo hace utilizando términos que en realidad o son parte del fenómeno
(tianguis, mercados sobre ruedas, ambulantes) o bien con términos de mayor
cobertura conceptual (comercio informal, comercio ilegal). Aunque para
propósitos coloquiales del intercambio económico el uso indistinto de estos
términos no representa mayor problema, en cambio la utilización superficial e
indiscriminada de éstos ha venido embrollando, en no pocos casos, a
investigadores, a las autoridades, a los medios de difusión, etc., que a final
son responsables de confeccionar documentos esclarecedores o de aplicación
general en donde es obligado el rigor y la precisión en la terminología aplicada.
Esta Torre de Babel en la que participa la casi totalidad de la sociedad me
condujo a la conclusión de que el conocimiento de quienes usualmente están
relacionados con el comercio ambulante es originariamente coloquial, sectorial

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y regional y, además, tiene usos cotidianos e inmediatos; o sea, no son
reflexivos en el sentido de considerarlo detenidamente, ni de gran alcance.
Consecuentemente, para revertir esta situación fue necesario primero
complementar al conocimiento de los árboles con el del bosque y con el que
emerge de la conjugación de ambos tipos de conocimiento. En ese sentido, es
obvio que la ignorancia de estos dos últimos conocimientos que es general en
todos los niveles de la sociedad y en el caso de la administración pública
alcanzan al mismo Presidente de la República, ha causado estragos en esas
materias.
Ante este cuadro, una de mis primeras conclusiones fue la necesidad de
construir una definición operativa cuyo contenido y uso sirviera para
homogeneizar conceptual y lingüísticamente a quienes tienen relaciones con el
comercio ambulante. Pero la construcción de una definición operativa requiere
de la caracterización de los elementos constitutivos que la singularizan; y esta
necesidad me llevó a la búsqueda de los componentes universales que le
dieran cuerpo a partir de lo establecido en nuestro Estado de Derecho.
Así, encontré que “las preocupaciones generales” de la sociedad en materia de
comercio ambulante, o sea donde tienen cabida todas las preocupaciones que
se generan de manera individual o grupal por parte de quienes se
desenvuelven conforme a lo establecido en nuestro Estado de Derecho son las
siguientes:
1) El uso irregular de las vías y los espacios públicos y privados de las
localidades;
2) El incumplimiento generalizado del comerciante ambulante acerca de las
disposiciones administrativas relacionadas con su actividad;
3) La venta impune de mercancías provenientes del pirataje, el
contrabando y el robo, dentro de otros delitos;
4) La omisión del Estado para otorgar las medidas de seguridad social al
comerciante ambulante y su familia; y
5) La presencia de un escandaloso sistema de corrupción íntimamente
vinculado a la impunidad y la omisión.

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Metodológicamente, para poder entresacar dichas preocupaciones generales
de la sociedad fue indispensable que el investigador hiciera uso del sistemismo
desarrollado por el doctor Mario Bunge y del enfoque institucionalista inspirado
en el conspicuo economista Douglass C. North, y del análisis interdisciplinario.
Aquí específicamente me valí de los siguientes campos del saber: economía,
política, derecho, administración pública, gramática e historia. En particular esta
última abarcó desde los tiempos de la Conquista hasta nuestros días; y en ese
recorrido necesariamente tuve que conocer y decantar el contenido sustantivo
de las escuelas del sector informal y de la economía subterránea para
aclararme tanto la (mal) concepción del comercio ambulante como de la (mal)
utilización del herramental que de estos dos conceptos ha venido haciendo la
mayoría de la sociedad, con énfasis en no pocos investigadores y funcionarios
gubernamentales o privados de todo nivel. De aquí que una vez caracterizadas
dichas preocupaciones finalmente pude configurar dicha definición operativa,
misma que quedó como sigue:
“Por comercio ambulante, entenderemos la compraventa de bienes y servicios
que se efectúa en las vías y los espacios públicos y privados en forma
ambulante, semifija y fija, cuyos vendedores son en su inmensa mayoría
miembros del sector informal, muchos de los cuales practican la economía
subterránea”.
El estado de la medición. Satisfecha la primera pregunta de esta causa inicial,
era consecuente abordar la segunda cuestión, o sea el de su medición. A este
respecto, por una parte, encontré que a nivel macro, instituciones como el
INEGI eventualmente ha venido efectuando mediciones indirectas que han
permitido a los participantes informarse del sector informal y por mi parte,
mediante cruces convenientes, obtener algunas cifras relevantes acerca del
comercio ambulante. No obstante, es preciso apuntar que este tipo de
información aunque valiosa es insuficiente para efectos de una política pública
que requiere de la información individualizada de cada comerciante ambulante
y su familia nuclear. Afortunadamente, como contrapartida encontré que
numerosas instituciones gubernamentales y/o privadas han venido levantando
padrones de comerciantes ambulantes. Así, la presencia de esos padrones
levantados en condiciones distintas y con propósitos particulares me condujo a

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una conclusión doble: la necesidad de levantar un solo padrón a nivel nacional
y a la certeza de que ello es por completo viable.
II. La Construcción del Futuro
Las acciones que la autoridad ha venido efectuando en materia de comercio
ambulante están focalizadas en dos de las cinco preocupaciones generales de
la sociedad que caracterizamos más arriba. Por una parte, tenemos las
relacionadas con el “combate” a las mercancías provenientes del pirataje, el
contrabando y el robo y, por otra, las correspondientes a los usos (irregulares)
de las vías y espacios públicos y privados de las localidades. Sin embargo,
cualquiera sabe que las acciones de la autoridad acerca de esas dos
preocupaciones han sido aisladas, locales, sectoriales y sin coordinación (y eso
sin mencionar el lamentable hecho que de las otras tres preocupaciones
prácticamente no hay indicios serios que permitan conocer acciones en firme).
De aquí que los resultados obtenidos en uno u otro caso han sido, por decir lo
menos, frustrantes pues la venta de estas mercancías sigue como si nada y la
invasión de las vías y los espacios públicos y privados surge por doquier que
existan condiciones de mercado.
Los fundamentos de la propuesta. A estas alturas, tengo la certeza que el
lector ya se habrá percatado que el enfoque que utilizo parte y se basa en la
idea de la totalidad. Es más, si la totalidad fue utilizada en la primera parte de
esta investigación, es absolutamente apropiado aplicarla a plenitud en esta
segunda parte de la investigación con el propósito de contrarrestar de tajo la
segunda causa, o sea el “no se ha podido”.
De hecho, desde que me inicié en el estudio e investigación del comercio
ambulante obsesiva y permanentemente me plantee la siguiente cuestión: si el
asunto del comercio ambulante a nivel nacional está relacionado con los tres
órdenes de gobierno, los tres poderes y la parte de la sociedad, sea en su

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expresión empresarial (formal e informal) o en cuanto a quienes como simples
habitantes se ven afectados en su patrimonio o en su transitar en aquellos
sitios donde se ejerce el comercio ambulante, entonces ¿por qué el Estado no
ha abordado su resolución bajo esa óptica, en donde armónicamente participen
todos estos activos sociales para lograr la regulación económica, administrativa
y social integral del comercio ambulante con la menor fricción posible?
En ese tenor, si se atiende el todo, se atienden a todas las partes; en cambio,
mediante el camino contrario, o sea con atender sólo la parte no es posible
resolver el todo. Pero es claro que este enfoque no es del todo evidente a la
gran mayoría de los participantes pues se les escapa que el comercio
ambulante es un fenómeno en donde todas las preocupaciones generales
mantienen una estrecha relación entre ellas. De aquí que una cosa es que a
estos participantes su interés fundamental está centrado en que se resuelva su
preocupación general específica y otra que para poder lograr esa resolución
individual de la mejor forma posible sea necesario mediante la resolución de
todas. Y esto sólo puede ser abordado mediante una visión de Estado.
Para lograr esto todos sabemos que existen las disposiciones legales
relacionadas con esta actividad; que igualmente existen las dependencias y
entidades responsables de darles aplicación; que en el interior de estas
dependencias y entidades existen recursos humanos, materiales y financieros
disponibles para atender este tipo de menester. Que, en caso de perfeccionar o
de construir nuevas disposiciones contamos con la presencia del poder
legislativo; e igualmente con la del poder judicial en cuanto a resolver los
conflictos entre terceros conforme a derecho; que además, dentro de la
sociedad y en particular dentro de los participantes e incluso en los
interesados existen quienes pueden concurrir activamente sobre todo si sus
intereses son afectados de manera importante y directa.
De aquí que, técnicamente hablando, todo lo anterior avala la propuesta de
abordar el fenómeno del comercio ambulante desde todos los aspectos con los
que tiene relación el individuo, el grupo o la sociedad con objeto de que no
quede ningún cabo suelto sin atención; que en lugar de que la autoridad esté

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focalizando su (mal) atención en dos de las preocupaciones generales de la
sociedad lo haga (y bien) en las cinco, y con ello adquiera pleno sentido la
participación de los tres órdenes de gobierno, la de los tres poderes, y la de la
sociedad en sus expresiones individual o grupal. Sin embargo, mi propuesta va
más allá: si se tiene la oportunidad de abordar todos los aspectos sustantivos
para lograr la regulación integral del comercio ambulante, entonces las
acciones que se efectúen puedan encaminarse hacia el propósito de que todos
ganen y no que mientras unos lo hagan otros pierdan. De aquí una razón más
para abordar de conjunto de las preocupaciones generales.
Los objetivos. Pero es consustancial que antes de efectuar cualquier acción del
individuo, el grupo o la sociedad sea indispensable definir el o los objetivos que
la guiarán. Y en este caso son tres tipos de objetivos los que nos inspiran,
mismos que van de la mayor generalidad a lo más específico posible. En el
primer caso, me refiero a un objetivo de tipo primario, principal o básico,
encaminado a
“lograr una sociedad mejor”
O sea, que vivan mejor los comerciantes ambulantes, los empresarios, y la
sociedad. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo que por muy valioso que
sea el contenido de este objetivo, en los hechos es poco práctico y útil. De
aquí la conveniencia de descender un nivel y con ello lograr más precisión. Así,
el objetivo general será
“lograr la regulación integral en sus vertientes económica, administrativa
y social del comercio ambulante”.
Y bajo esa perspectiva, ahora, formalmente, convirtamos a cada una de las
preocupaciones generales de la sociedad que precisamos más arriba en los
objetivos específicos que permitirán la regulación integral, y que quedan
consignados como sigue:
Lograr la regulación del comercio ambulante que se ejerce en las vías y
espacios públicos y privados de las localidades del país;

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Lograr que el comerciante ambulante dé cumplimiento a lo establecido
en materia administrativa en las disposiciones legales relacionadas;
Erradicar los delitos que comete el comerciante ambulante provenientes
de la piratería, el contrabando y el robo;
Lograr el cumplimiento de parte del Estado en materia de seguridad
social para el comerciante ambulante y su familia nuclear, y
Erradicar el sistema de corrupción.
El papel del Presidente de la República. Aunque no existe ninguna duda de que
la aplicación de las diversas disposiciones relacionadas para lograr la
realización de los cinco objetivos y de la instrumentación de los programas
públicos necesarios para lograr lo expuesto son tareas indelegables de la
autoridad, tampoco la debe de haber en cuanto a que un proyecto de esta
envergadura sólo puede ser encabezado por el Presidente de la República. En
efecto, sólo este funcionario tiene la autoridad y el poder de convocatoria para
que en proyectos como el que estoy comentando se unan de manera
coordinada las voluntades, las fuerzas y los recursos de los tres órdenes de
gobierno, de los tres poderes y de la sociedad. Pero si esa razón es
absolutamente indispensable, ésta quedaría incompleta si tal participación se
agotara en la „convocatoria‟. Es necesario, además, que una vez aprobada esta
acción dicho funcionario permanentemente cuente con información de primera
mano con objeto de conocer cómo van las cosas y de lo que es preciso
efectuar para que tales objetivos no sufran desvíos.
Una política pública de Estado. Y para dar coherencia, materialización y
funcionalidad tanto a todos los participantes como a los objetivos específicos
con los cuales se relacionan existe el recurso conocido como política pública en
la que tienen cabida las concepciones, los criterios, principios, estrategias y
líneas fundamentales de acción a partir de las cuales la sociedad organizada
como Estado, decide hacer frente a desafíos y problemas que se consideran de
naturaleza pública como es el caso del comercio ambulante. Por esa razón,

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deben existir espacios de acción no sólo para el gobierno sino también para el
resto de los participantes. Así, mientras al primero corresponde la aplicación
de las diversas disposiciones relacionadas con el comercio ambulante así
como de instrumentar programas públicos que sean necesarios, en cambio
cuando se trata de definir objetivos, metas, logros y acciones de evaluación y
control es preciso que intervenga el resto de los participantes. Por
consiguiente, en este caso deberemos referirnos a una política pública de
Estado a favor de una sociedad que democráticamente está totalmente
dispuesta a vivir de conformidad con lo que establece nuestro Estado de
Derecho. Y en este contexto, la utilización de la definición operativa por parte
de todos los participantes permitirá una comunicación fluida y sin posibles
equívocos
Los instrumentos. Pero para materializar los objetivos específicos necesitamos
de la información individualizada de cada comerciante ambulante, e incluso la
de su familia nuclear. Así, dentro de otros datos, es preciso conocer el nombre
de cada uno de ellos, la actividad que efectúan, los lugares donde la
desempeñan, los días en que la realizan; igualmente, conocer las necesidades
que en materia de seguridad social tienen él y su familia, etc. Por tanto, es aquí
donde nos servimos de otra de las conclusiones logradas en la primera causa;
es decir, la de levantar un solo Padrón Nacional de Comerciantes Ambulantes
con objeto de lograr la medición individualizada de cada comerciante
ambulante e incluso ir más allá en cuanto a tener al día este instrumento con
los registros de los diversos movimientos que naturalmente en un conjunto de
nanoempresarios tan grande se dan en más de un sentido. La idea es que tal
información se convierta en una base de datos confiable, veraz y oportuna para
la toma de decisión de todos y cada uno de los participantes relacionados con
los cinco objetivos específicos.
Dicha base de datos será el insumo fundamental para lo que hemos
denominado el Sistema de Información Pública del Comercio Ambulante
[SIPCA], instrumento que, en tiempo real, pondrá dicha base de datos a la
disposición de todas las dependencias y entidades, de todos los empresarios,
de todos los comerciantes ambulantes, de toda la sociedad directamente

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relacionada para que de manera individual o asociada cada participante
agraviado pueda exigir a la autoridad, en tiempo y forma, el estricto
cumplimiento de su responsabilidad y con ello lograr la regulación económica,
administrativa y social del comercio ambulante.
O sea que con el SIPCA se quebrará el estado de información asimétrica e
incompleta que priva entre gobierno, mercado y sociedad y que su lugar sea
ocupado por un sistema de información pública a disposición de todos los
participantes en forma individual o asociada para que, según los objetivos
específicos de su interés, cada participante (del gobierno, el mercado y la
sociedad) básicamente pueda utilizar dicha información proporcionada por el
Padrón y pueda relacionarla con el conocimiento de: a) los derechos y
obligaciones que los vinculan con el comercio ambulante; b) de todas las
disposiciones legales y las dependencias y entidades encargadas de darles
aplicación; c) de los procedimientos que en cada caso se deben efectuar ante
las dependencias y entidades relacionadas; d) finalmente de las acciones y
resoluciones de cada caso particular que sobre estas materias generen las
dependencias y entidades involucradas. Es decir, poder conocer a detalle lo
que las dependencias y entidades están realizando sobre estas materias.
Las tecnologías de la información y comunicación. Afortunadamente, tales
tareas que antaño hubieran requerido enormes cargas de trabajo, y de notorios
montos de recursos humanos, materiales y financieros y, lo peor, con
resultados generalmente tardíos, hoy día pueden ser resueltos fácilmente y
logrados en tiempo real mediante los recursos que tenemos a disposición en lo
que se conoce con el nombre de tecnologías de la información y comunicación
[TIC]. En efecto, el manejo, ordenamiento y las conclusiones requeridas
provenientes de enormes cantidades de información contenidas en las bases
de datos, hoy día, son totalmente manejables por cualquier computadora en
condiciones de economía, tiempo y esfuerzo por completo opuestas a las
condiciones de antaño.
El principio del seguimiento de las acciones y de la memoria institucional. En
ese sentido, es posible combatir frontal y efectivamente uno de los cánceres

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más funestos que hay en esta materia y que consiste en no saber ni en tiempo
ni en forma de los resultados de los planteamientos o gestiones que los
participantes han venido solicitando desde siempre a las autoridades. Es más,
con los recursos de las mencionadas TIC sería un absoluto despropósito no
efectuar un detallado seguimiento de las acciones públicas en forma
permanente, confiable y veraz. En cambio, hoy día ¿quién nos puede decir del
número de operativos que en total ha efectuado la autoridad correspondiente
en los últimos cinco años?, ¿quién conoce el destino real y final de las
mercancías piratas, de contrabando o del robo incautadas en el sexenio
anterior?, ¿cómo puede estar enterado el comerciante ambulante de los
resultados de sus gestiones acerca de las denuncias que ha levantado ante la
autoridad por actos de corrupción? De estos ítems y muchísimos otros más
necesariamente tienen que existir registros fáciles de consultar por cualquiera
de los participantes interesados.
Las nuevas instituciones. Después de aceptar que un proyecto en donde sólo
puede ser puesto en marcha por el Presidente de la República mediante una
política pública de Estado para la realización de los cinco objetivos específicos
que integran la regulación integral del comercio ambulante, es del todo
pertinente preguntarse si existe en toda la administración pública un área
administrativa que pueda encargarse de él mediante una imperativa y fina
acción de coordinación entre todos los participantes. Como la respuesta es no,
entonces concluimos que para el logro de lo anterior es indispensable la
construcción no de una, sino de tres instituciones en intensa y permanente
interacción.
La primera es la Coordinación General para la Regulación Integral del
Comercio en las Vías y los Espacios Públicos y Privados, misma que
dependerá directamente del gobierno federal, y que tendrá como objetivo
fundamental el logro de la regulación integral detallada en los cinco objetivos
generales. Es decir, que en los hechos la regulación económica, administrativa
y social será lograda mediante las acciones de cada una de las dependencias o
entidades de los tres órdenes de gobierno, que tengan relación con el comercio
ambulante. En este punto es vital aclarar que, por una parte, la participación de

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cada una de estas dependencias o entidades de cada orden de gobierno se
llevará a cabo dentro de lo establecido por nuestras disposiciones y, por otra,
que de ninguna manera se atentará contra su primigenia actuación que, como
se sabe, se fundamenta en la acción sectorial. Pero esto de ninguna manera
se contrapone con que en un nivel superior se persiga que a partir de la acción
sectorial de cada una de ellas se alcance la acción armónica en busca del
beneficio de las mayorías. Por ejemplo, aunque todos estamos de acuerdo en
que es obligado evitar que se continúen comerciando películas, audios,
informática, libros, vestidos, juguetes, medicinas, etc., mercancías producto del
robo, el contrabando o el pirataje (responsabilidad de la federación), en caso de
lograrlo, no hay que olvidar ni por un momento que, por una parte, se requiere
el conocimiento específico de las vías y los espacios públicos y privados donde
efectúan el intercambio económico (cuya regulación es facultad del municipio)
y, por otra, el qué hacer con los miles de comerciantes ambulantes que de un
día para otro se quedarán sin una fuente de empleo y sin ingreso
(responsabilidad de los tres órdenes); no afrontarlo mediante esa perspectiva
es correr el peligro de que si por un lado estamos tapando un hoyo, por otro
abramos uno nuevo y tal vez más conflictivo, etc.
Esta Coordinación tendrá la responsabilidad de construir y operar tanto el
Padrón Nacional de Comerciantes Ambulantes como el SIPCA. Por tanto,
necesariamente deberá establecer los enlaces necesarios entre las
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes
y de los sectores privado y social relacionados con el comercio ambulante a
efecto de que se dé el mejor cumplimiento de lo necesario para que tanto los
individuos como las asociaciones relacionadas por una parte, disfruten de
todos los derechos y, por otro, den estricto cumplimiento de todas las
obligaciones a que haya lugar sobre esta materia. Dicho de otra manera, lograr
que cada uno de los derechos o cada una de las obligaciones en las que sea
precisa la intervención de la autoridad se obtenga en el menor tiempo y de la
mejor forma posible. En ese sentido es vital la función del seguimiento, y para
ello la mencionada Coordinación tendrá la responsabilidad de construir la
memoria institucional del SIPCA para que en forma oportuna, veraz y confiable
todos los participantes estén al tanto del estado en que se encuentran sus

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peticiones para el disfrute de los derechos a que haya lugar o de las
obligaciones que terceros deban cumplir; de las dependencias o entidades
encargadas de que se otorguen dichos derechos o se cumplan las obligaciones
y de los resultados obtenidos.
La segunda institución es el Consejo Consultivo para la Atención de la
Economía no Regulada, mismo que estará conformado de manera
representativa por todos los participantes del gobierno, del mercado y de la
sociedad relacionados con el comercio ambulante. Como el objetivo central de
este Consejo es el control del proceso para lograr la regulación integral del
comercio ambulante es imperativo el acoplamiento entre él y la Coordinación
General para la Regulación Integral del Comercio en las Vías y los Espacios
Públicos y Privados a efecto de cuidar al extremo que los objetivos específicos
sean cumplidos de la mejor forma en el menor tiempo posible. Esto incluye que
en caso de desviaciones o de cambios, estar en posibilidad de “recomendar lo
que resulte necesario para que dichos objetivos se materialicen; e igualmente,
en caso de que los resultados puedan lograrse en plazos menores.
Consecuentemente, en este Consejo se presenta una oportunidad única: o sea
el diseño permanente de una política pública de Estado en donde
democráticamente de “viva voz” cada uno de los participantes (e incluso los
interesados) pueda presentar sus observaciones, quejas o propuestas y estas
se puedan elevar mediante los cauces institucionales establecidos, o sea a
través de la Coordinación General para la Regulación Integral del Comercio en
las Vías y los Espacios Públicos y Privados la cual, a su vez, las canalizará en
paralelo a las dependencias y entidades relacionadas, y a la Oficina de la
Presidencia de la República a efecto de que el Presidente de la república
pueda mantenerse informado para que en caso de ser necesario este
personaje pueda dar en el menor tiempo el máximo apoyo posible.
La tercera institución es el INDENOR, o sea el Instituto de Estudios e
Investigación de la Economía no Regulada cuyo propósito fundamental es
apoyar tanto a la Coordinación como al Consejo para lograr que a través de los
cinco objetivos específicos agrupados en el general se pueda alcanzar a la

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brevedad el objetivo principal que, como se recordará, consiste en “lograr una
sociedad mejor”. En ese tenor, su participación quedará focalizada tanto en la
regulación como en el control mediante el estudio y la investigación que
permitan ofrecer tanto a los miembros de la Coordinación General para la
Regulación Integral del Comercio en las Vías y los Espacios Públicos y
Privados como a los del Consejo Consultivo para la Atención de la Economía
no Regulada estudios, propuestas, criterios, asesorías, formando cuadros de
expertos para los sectores público, privado y social, etc., con objeto de
optimizar los resultados de las tres instituciones.
Hacia la institucionalización del sistema. Como fácilmente se puede apreciar,
nos encontramos ante una nueva manera de abordar y de resolver problemas
públicos, como el del comercio ambulante. Bien visto, tal enfoque
positivamente se superpone a la acción sectorial que típicamente ha venido
efectuando la administración pública; es decir, que nos encontramos con la
posibilidad de obtener, mediante un conocimiento emergente, resultados que la
ortodoxia pública no ha podido lograr. Y en ese sentido es evidente la
necesidad de institucionalizar esta nueva manera de abordar y de resolver este
tipo de problemas; por tanto, las tres instituciones mencionadas tendrán un
papel protagónico en la difusión y la práctica de las nuevas reglas que habrán
de regir mientras exista un interés fundado de parte de alguno de los
participantes.
Costos, tiempos de construcción de la infraestructura, metas y beneficios del
proyecto. A pesar de la enorme envergadura de un proyecto como el que
venimos desarrollando, el costo total de su configuración e instrumentación, sin
duda, será el más económico de todas las políticas públicas de Estado
puestas en operación. Y es que si el mecanismo más importante de dicha
política pública es la coordinación, tal concepto parte de que lo coordinado
(instituciones, recursos humanos, materiales y financieros) existe y está en
operación. Pongamos un ejemplo de aplicación general, en este caso referido
a la SHCP. Cualquiera de nosotros sabe que el asunto del comercio ambulante
forma parte de su agenda de trabajo. En ese sentido, no es impropio solicitar a
esta dependencia lo que en esta materia ha efectuado, lo que está haciendo y

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su programa anual y de mediano plazo. En ese tenor, la respuesta se tendrá a
lo sumo en unos pocos días la cual, evidentemente, será confeccionada por un
área de una Dirección General y no de toda la Secretaría.
Ahora bien, antes de la instrumentación de un proyecto como el que nos ocupa
es preciso construir lo que se conoce como infraestructura, misma que
comprende todos los aspectos materiales, conceptuales, jurídicos e
institucionales necesarios previos. En este caso, salvo el caso de las
instalaciones, tales tareas pueden ser resueltas efectivamente con un grupo de
especialistas cuyas tareas sean efectuadas con énfasis en la acción paralela
en lugar de la lineal secuencial y apoyado con todo lo que se requiera, para
acortar de manera sustantiva los tiempos. En ese tenor, se estima que en
menos de un año natural, dicha infraestructura estará lista.
En cuanto a las metas del proyecto, su logro y magnitud en tiempo y espacio
estarán en función, por una parte, del grado de cumplimiento de las acciones
efectuadas por parte de las dependencias y entidades relacionadas con los
objetivos específicos; pero por otra, del interés materializado en las acciones
de los participantes para que estos objetivos se cumplan. Pongamos por caso
la siguiente situación. Quienes están teniendo enormes pérdidas económicas
por el pirataje, el robo o el contrabando con el SIPCA tendrán a disposición la
información individualizada de cada comerciante ambulante. En dicha
información se podrá ubicar, sin ninguna duda, específicamente a quienes se
dedican a la venta de audios y de videos, los lugares en que los venden, los
días en que lo hacen, los horarios de venta, el nombre de las organizaciones
de las que forman parte, las dependencias encargadas de erradicar dichas
prácticas, las cantidades de mercancías incautadas (si se comprueba que
dichas forman parte de los delitos), el destino de ellas, los días en que se
efectuaron, etc. Pero también tendrán conocimiento de los recursos humanos,
materiales y financieros que las dependencias y entidades relacionadas tienen
asignados en esta materia; de los programas de corto y mediano plazo; de las
acciones efectuadas y de sus resultados, etc. En síntesis, en la medida que
cada participante mayormente se involucre en estos procesos, las metas a su
favor serán mayores en menor tiempo.

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Acerca de los beneficios, que a final estarán en función del interés que cada
participante ponga para hacer efectivos sus derechos o para que quien lo
afecta cumpla con las obligaciones a que haya lugar, éstos, en conjunto, serán
enormes e incuantificables. La autoridad no sólo recobrará el lugar que le
corresponde en la sociedad; es más el ingreso público se incrementará con el
pago de los impuestos por parte de los comerciantes ambulantes; los
empresarios reducirán las pérdidas económicas en forma sostenida; los
comerciantes ambulantes y sus familiares nucleares recibirán las medidas de
seguridad social a las que tienen derecho; la sociedad podrá convivir mejor con
los ambulantes; y en conjunto todos ellos aportarán su parte para el “logro de
una sociedad mejor”.
Junio de 2009