Organización del Estado Peruano

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO


El propósito de estudiar el presente capítulo es ofrecer una idea global y
resumida de la organización del estado, según la Constitución de 1993, para
poder identificar sus contenidos orgánicos y políticos.
Es decir, se trata de ofrecer una visión de cómo el Estado se organiza de
acuerdo a una Constitución, leyes y principios (es decir el derecho) que regulan
el uso del poder. Siguiendo al profesor Marcial Rubio Correa (Rubio 1984;32),
de acuerdo al Derecho Constitucional, el estado tiene dos dimensiones:
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Dimensión Política, que se ocupa de los derechos constitucionales y los
grandes principios que lo rigen.
Dimensión Orgánica, que se ocupa de los organismos que compone el
Estado, su conformación y atribuciones.

El Estado puede ser definido como "la organización jurídica y política de
la Nación". Siempre se ha sostenido que el Estado tiene tres elementos
censables: El pueblo, el territorio, y el poder.
A) El Pueblo; el pueblo está conformado por el conjunto de personas que
pertenecen a dicho Estado. En nuestro caso, el pueblo está conformado
por todos los que tienen la nacionalidad peruana. Existen tres formas de
obtener la nacionalidad peruana:
La condición de "peruano por nacimiento", que corresponde a todos
los que nacen en el territorio nacional, con nacen en el exterior, pero
siendo hijos de padre o madre peruanos.
La adquisición de la nacionalidad peruana por naturalización, que es
la que corresponde a un extranjero que solicita y obtiene la
nacionalidad peruana.
La adquisición de nacionalidad por matrimonio: son los supuestos en
los que un extranjero que se casa con una peruana, o de una
extranjera con un peruano. Al observar ciertos requisitos, es
extranjero tiene el derecho a la nacionalidad peruana.
B) El Territorio; es el espacio de tierra dentro del cual se reconoce poder a
ese Estado para ejercer su soberanía (el territorio peruano tiene una
extensión de 1 285 216 Km). El territorio peruano es definido en la
Constitución política bajo la siguiente fórmula:
ANDRÉS CUSI ARREDONDO

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Artículo 54º. "El territorio del estado es inalienable e inviolable.
Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio
aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar
adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia
de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece
la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción,
sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce
soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio, y
sobre el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de
las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y
con los tratados ratificados por el Estado".
La inalienabilidad quiere decir que no puede ser transferido a ningún otro
Estado. La inviolabilidad quiere decir que el Estado peruano no acepta
que otro Estado pretenda invadirlo en forma alguna. El territorio es la
superficie terrestre dentro de las fronteras trazadas sobre ella, pero
también comprende todas las riquezas existentes bajo el suelo, así
como el mar, su lecho y subsuelo, y el espacio aéreo que está por
encima del territorio de superficie, sea éste de tierra o de mar.
C) El Poder; la sociedad se organiza políticamente bajo la forma de
Estado, y eso significa que va a tener gobernantes que dicten leyes y
otras normas legales, y que establecen, en general, la forma en que se
va a conducir la vida social. Respetando por supuesto, la libertad y los
derechos fundamentales de la persona. Esta atribución de los
gobernantes es precisamente lo que se denomina poder político.
El poder político es la atribución que tienen los gobernantes y hacer que
las demás personas que componen la sociedad tenga la conducta que
ellos determinan, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El poder de
los gobernantes es grande, pero no ilimitado. De allí, la importancia del
sentido de responsabilidad y lealtad a las reglas jurídicas.

1. EL ESTADO DE DERECHO
La Constitución establece dos grandes grupos de principios aplicables al
Estado peruano contemporáneo: uno está referido a los derechos
constitucionales o derechos humanos, y el otro, a la forma de organizar el
poder y a su funcionamiento.


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En conjunto, estos principios son muy importantes, porque regulan los
límites de ejercicio del poder político en la sociedad, y en consecuencia, son
un instrumento que todos pueden utilizar efectivamente para evitar el abuso
del poder o la tiranía.
Debidamente aplicados, estos principios conducen a la existencia del
Estado de Derecho, es decir, a la existencia de un poder estatal y un
gobierno y no se rige por los caprichos del gobernante, sino por normas
preestablecidas que todos, incluso los gobernantes deben cumplir.

2. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES O DERECHOS HUMANOS
Cuando el 10 de diciembre de 1948 nacía la Declaración Universal de
Derechos Humanos, se abría una etapa de esperanza en la construcción de
una sociedad que deje de lado "el desconocimiento y menosprecio de los
derechos humanos", en donde prime "la libertad, la justicia y la paz" en la
cual "los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho".
Así lo anunciaba el preámbulo de la Declaración y así lo esperaba el
conjunto de humanidad.
Cincuenta años después, los avances han sido dispares. Aunque el objetivo
común se mantiene y se acepta que la vigencia de los derechos humanos
constituye un decisivo indicador de la existencia de un estado democrático,
en diversos países (como en nuestro), la lucha por los derechos humanos
todavía forma parte de una agenda pendiente.
Precisamente, uno de los aspectos esenciales de esta agenda es la
adecuada regulación y ejercicio del poder punitivo del estado, de tal manera
que se garantice el respeto a los derechos humanos y, en definitiva, la
dignidad de las personas.
Por lo demás, los efectos de la Declaración Universal y los tratados sobre
derechos humanos, adquieren especial relevancia en nuestro país no sólo
por el compromiso asumido voluntariamente por los estados; sino porque,
además, de acuerdo al acuerdo disposición final y transitoria de la
Constitución los derechos que esta última reconoce "se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas
por el Perú".

3. LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y DE POLÍTICA GENERAL
DEL ESTADO


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La constitución peruana establece ciertas reglas de cumplimiento imperativo
para la adecuada estructuración de los órganos del Estado y para regular su
conducta. Éstas reglas están previstas en el artículo 43º que señalan:
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El Perú es una república democrática, organizada según el principio
de que es el pueblo el que participa en política, expresando su
voluntad y eligiendo periódicamente a los gobernantes.
Es una república social, en la que se promueven lazos de solidaridad
y de mutuo apoyo para conseguir los grandes objetivos del país.
Es una república independiente y no está sujeta al poder de ningún
otro Estado.
Es una república soberana, lo que significa que los peruanos se
gobiernan a sí mismos sin interferencias de otros.
El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado, y
se organiza según el principio de la separación de poderes.
Es unitario porque el Perú es uno y el mismo dentro de todas sus
fronteras, incluidas las de su soberanía marítima y la que existe
sobre el espacio aéreo.
Es representativo porque los gobernantes deben ser elegidos por el
pueblo, y actuar en su representación (carácter democrático).
El descentralizado porque se considera que las distintas regiones del
país, dentro del gobierno unitario, deben tener una participación
importante en la toma de decisiones.
El poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen en su
representación, y con las limitaciones y responsabilidades señaladas
por la Constitución y la ley. Nadie puede tomar el poder para sí por
su propia decisión, y si lo hace, comete un delito de rebelión o
sedición (artículo 45º)
En los Estados democráticos, el poder emana del pueblo y se
manifiesta fundamental, pero no únicamente, a través del voto
popular. Los gobernantes elegidos representan al pueblo y deben
gobernar teniendo presentes sus intereses, necesidades y
posibilidades.
Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quiénes asuman
funciones o empleos públicos en violación de procedimientos que la
Constitución y las leyes establecen. En estos casos, las decisiones
que los usurpadores del poder toman son nulas, y la constitución
otorga al pueblo el derecho de insurgir en defensa del orden
constitucional.
El estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de
trabajo y de empresa, comercio e industria, dentro del marco de la
Constitución y las leyes. Todo ello ocurre en una economía social de
mercado con pluralismo económico y libre competencia.


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El pluralismo económico quiere decir que, dentro de la economía
peruana, pueden coexistir diversos tipos de empresas públicas y
privadas, nacionales y extranjeras,etc. cada una de ellas tendrá la
posibilidad de adoptar la forma de organización reconocida por las
leyes que más le convenga, y ninguna deberá recibir un trato
discriminatorio.
La libre competencia es una situación en la que distintos productores
y consumidores concurren al mercado en igualdad de condiciones,
de modo que los más eficientes obtienen mejores negocios y
mayores ganancias. La libre competencia es incompatible con el
abuso de las posiciones dominantes que puedan tener ciertas
empresas dentro del mercado, sea como compradoras o como
vendedoras.

De conformidad con el artículo 44º de la Constitución el Estado también
tiene deberes fundamentales, entre los que destacan:
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Defender la soberanía nacional,
Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos,
Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y
Promover el bienestar general, basado en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la nación.

4. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Maurice Duverger señala que el parlamento es una "institución pública
formada por una o varias asambleas o cámaras, compuesta cada una de un
número bastante elevado de miembros, cuyo conjunto dispone de
importantes poderes de decisión" (Duverger 1970;178). En virtud de la
Constitución de 1993, el Congreso de la República fue organizado
unicameralmente, esto es, una sola Cámara formada por 120
representantes para todos los peruanos.
El Congreso de la República tiene una estructura interna compleja, que está
regulada en el Reglamento del Congreso:
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La organización parlamentaria, que corresponde al trabajo directo de
los congresistas, y
El servicio parlamentario, compuesto por los órganos de asesoría y
apoyo administrativo.

Los órganos de la estructura parlamentaria del Congreso son los
siguientes:


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A. El Pleno del Congreso
Es la asamblea en las que se reúnen los 120 congresistas para
debatir y votar los temas que son competencia del Congreso. El
Pleno es también la asamblea en la que se aprueba las leyes. El
Pleno se reúne normalmente una vez por semana en los períodos de
sesiones o legislaturas, que son dos:
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El primero se inicia el 27 julio y termina el 15 diciembre,Y
El segundo se inicia el 1 de marzo y terminará el 15 junio.

B. El Consejo Directivo
Está conformado por congresistas en proporción a la representación
que sus respectivas organizaciones políticas tienen en el pleno. Éste
toma decisiones destinadas a lograr un buen funcionamiento del
Congreso en todas las labores que lleva adelante.
Sus atribuciones más importantes son:
Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno,
Fijar el el tiempo de debate de los asuntos contenidos en la agenda
de la sesión del Pleno.
Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y
cualquier otro plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el
desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento del Congreso.
Las atribuciones del Congreso actual, de conformidad con el artículo
102º de la Constitución de 1993, son:
Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o
derogar las existentes.
Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de infracciones.

Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.


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Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
Ejercer el derecho de amnistía.
Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el
territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la
soberanía nacional.

Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las
que son propias de la función legislativa.

5. EL PODER EJECUTIVO
El Poder Ejecutivo peruano tiene actualmente tres componentes
esenciales, que son los siguientes: El Presidente de la República, El
Consejo de Ministros y los Ministros.
El Poder Ejecutivo comprende otros organismos que colaboran en la tarea
de conducir el país, como los ministerios, las instituciones y los organismos
públicos descentralizados.

A. El Presidente de la República
Los orígenes de la institución del Presidente de la República se
remontan a los Estados Unidos. En ese sentido, es anterior a la
Revolución Francesa e inclusive a la independencia de los países del
sur de América. El Presidente de la República, señala la Constitución,
es el jefe del Estado y personifica a la Nación.
Como jefe del Estado, el Presidente es un magistrado que está por
encima de los poderes propiamente políticos (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), que ejercen las funciones cotidianas de llevar adelante la tarea
de gobierno del Estado. Le corresponde también la máxima jerarquía
entre todos los funcionarios públicos.
La Constitución asigna al presidente de la República la condición de jefe
supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Quiere esto
decir que las últimas decisiones, residen en el presidente.


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En teoría, el presidente de la República nunca gobierna mediante su
sola voluntad, porque la Constitución manda: "son nulos los actos del
presidente de la República que carecen de refrendación ministerial”.
El presidente es elegido por el voto popular directo y ejerce un gobierno
de cinco años. Puede ser reelegido solamente luego de haber
transcurrido un período presidencial.
La Constitución ha establecido que el presidente de la República es
políticamente irresponsable, lo que quiere decir que no puede ser
acusado ni juzgado por las decisiones que tome el Poder Ejecutivo.
B. El Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros o también denominado Gabinete Ministerial, es
un órgano conformado por todos los Ministros de Estado. Se reúne
presidido por el presidente del Consejo de Ministros, pero si el
Presidente de la República está en la sesión, es él quien la preside.
El Consejo de Ministros debaten los grandes problemas políticos
nacionales y, también, temas específicos que propongan el presidente
de la República o los ministros. Las atribuciones principales del Consejo
de Ministros son (artículo 125º):
Aprobar las iniciativas de reforma constitucional que presente al
Congreso el presidente de la República.
Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República
someta al Congreso.
Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte
el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los
decretos y resoluciones que disponga la ley.
Concurrir a los debates del Congreso y participar en ellos con
derecho a voz, sin voto (excepto en el caso de congresistas que sean
ministros, que sí pueden votar en el Congreso).
Aprobar el establecimiento del régimen de excepción (estado de
emergencia o estado de sitio).
Encargarse de la gestión de los servicios públicos, sin perjuicio de las
responsabilidades que en ello tiene cada uno de los ministros.
Aprobar las condecoraciones que confiere el presidente de la
República.
Aprobar el nombramiento de embajadores por parte del Presidente
de la República.
Aprobar los mensajes que el Presidente de la República dirige al
Congreso.

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Aprobar el Decreto Supremo que, por necesidad pública, hace
excepción a la regla según la cual, dentro de 50 km de las fronteras,
los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, mediante título alguno,
minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía
directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena
de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido.
Deliberar sobre temas de interés público.

6. EL PODER JUDICIAL
Corresponde al Poder Judicial, como un cuerpo unitario, ejercer la potestad
de administrar justicia, que emana del pueblo. Esta función se cumple con
las garantías previstas en la Constitución y las leyes. (Véase los artículos
138º y 139º de la Constitución).
Desde los primeros momentos de la Teoría del Estado se ha reconocido
como uno de los atributos esenciales de la soberanía el de administrar
justicia. En tal calidad fue considerado por la teoría clásica de división de los
poderes y también por quienes desarrollaron los principios de la soberanía
en manos del pueblo (...).
El Poder Judicial debe ser autónomo en todos los aspectos de su
funcionamiento, para garantizar una verdadera aplicación de justicia. Es una
garantía de la administración de justicia que ni el Poder, ni el Poder
Legislativo, ni otros órganos del Estado puedan ni deban interferir en tan
importante servicio.
La potestad de administrar justicia se llama jurisdicción, que significa
"declarar el derecho", porque los jueces tienen la atribución de solucionar
definitivamente, con sus sentencias, los conflictos que se produzcan en la
sociedad.
La estructura del Poder Judicial está conformada por dos tipos de órganos:
Jurisdiccionales, órganos que administran justicia;
Órganos de gestión y apoyo, administran y prestan servicios al Poder
Judicial.

7. ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS
Los nuevos órganos comparten el poder con los órganos Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, aunque son especializados y sólo tienen una pequeña
cuota de él dentro del Estado. Trabajan a escala nacional, porque sus
funciones cubren todo el territorio peruano. Todos ellos son organismos

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constitucionales autónomos en el ejercicio de sus funciones e
independientes de cualquier otra autoridad. Se hallan distribuidos en tres
ámbitos:
En el ámbito de la administración de justicia;
En el ámbito electoral, y
En el ámbito económico.

8. ÓRGANOS DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
A. Tribunal Constitucional (TC)
En el Perú se estableció con la constitución de 1979 bajo el nombre de
tribunal de garantías constitucionales. El tribunal de garantías
constitucionales tenía dos funciones básicas:
Conocer en casación de las resoluciones denegatorias de hábeas
corpus y amparo.
Declarar, a petición de parte la inconstitucionalidad total o parcial de
las leyes y otras normas jurídicas con valor de ley.
La constitución de 1993 le dio la denominación moderna de tribunal
constitucional y optó por regular de una mejor manera la competencia
del órgano encargado del control concentrado de la constitucionalidad.
Es un órgano encargado del control de la constitucionalidad, para lo cual
está revestida de independencia en relación con otros órganos
constitucionales y se encuentra sometido únicamente a la Constitución y
a su ley orgánica.
La constitución vigente establece que el tribunal constitucional está
conformado por siete miembros, todos ellos designados por el Congreso
unicameral con el voto favorable de los dos tercios del número legal de
sus miembros. Su función es de dedicación exclusiva, su mandato es de
cinco años y no puede ser inmediatamente reelegido.
Puede declarar la inconstitucionalidad de determinados dispositivos que
en la anterior constitución no eran posibles de la acción de
inconstitucionalidad. Nos referimos a los tratados internacionales,
reglamentos del Congreso y los decretos de urgencia.
La nueva constitución amplía la base legitimados para iniciar la acción
de inconstitucionalidad, otro aspecto positivo que prevé la constitución
es por el solo mérito de la publicación de la sentencia que declarar la
inconstitucionalidad de una norma esta última se entiende que ha

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quedado declarada, con lo cual se elimina el incomprensible requisito de
su envío al Congreso para su derogación como la contemplaba la
anterior constitución.
Sus principales funciones son:
Resolver la acción de inconstitucionalidad contra las normas con
rango de ley que vulnera la constitución.
Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones de
denegatorias de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas
data, y la acción de incumplimiento.

Resolver los conflictos de competencia que se susciten a propósito
de las atribuciones asignadas directamente por la constitución o las
leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del
estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o
municipales.

B. El Ministerio Público (MP)
Es un organismo constitucional autónomo que tiene como funciones la
defensa de la legalidad y de los intereses públicos, la investigación del
delito y el ejercicio de la acción penal ya sea de parte o de oficio. Esto
último significa que los fiscales pueden abrir una investigación sobre
cualquier hecho delictivo, sin el requerimiento previo de una denuncia.
Puede interponer acciones ante los tribunales para pedir a los jueces
que garanticen el cumplimiento del Derecho, representa a la sociedad en
los juicios en los que ésta debe estar presente como ente colectivo, y
proporciona dictámenes a determinadas instancias judiciales indicadas
en la ley antes de que resuelvan los casos sometidos a su jurisdicción.
En medicina legal, a través del Instituto de Medicina Legal, se brinda
información científica para el proceso fiscal.
El Ministerio Público está presidido por el fiscal de la Nación. Los
fiscales supremos forman la Junta de Fiscales Supremos, que tiene
entre sus funciones elegir al fiscal de la Nación. El Ministerio Público se
haya organizado en todo el territorio nacional, en un sistema que tiene
los siguientes ámbitos:
Fiscal de la Nación,

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Fiscales Supremos,
Fiscales Adjuntos Supremos,
Fiscales Superiores,
Fiscales Adjuntos Superiores,
Fiscales Provinciales y
Fiscales Adjuntos Provinciales

Las investigaciones se realizan en el ámbito de la primera instancia, es
decir de la fiscalía Provincial. Es aquí donde existe una gama de
fiscalías especializadas en diferentes delitos y áreas del Derecho. En el
área penal, el Ministerio Público cuenta con fiscales penales comunes,
de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, turismo, defraudación tributaria,
prevención del delito y anticorrupción.
Existen además fiscalías civiles y especializadas en familia. En los
distritos judiciales pequeños y módulos básicos de justicia operan
fiscalías provinciales mixtas que se avocan al conocimiento de todos los
campos de acción: penal civil y de familia,
Su regulación constitucional se encuentra previsto en los artículos 158º y
159º de la Constitución de 1993 y su estatuto jurídico está dado a través
del Decretó legislativo Nº 052, promulgado el 16 marzo 1981.

C. La Defensoría del Pueblo (DP)
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado
por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad,
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del
Estado y la prestación de los servicios públicos a la población.
El Defensor del Pueblo es el titular de la institución, la representa y la
dirige. Para ser elegido requiere como mínimo el voto favorable de las
dos terceras partes del Congreso de la República. Su mandato dura
cinco años, goza de total independencia para el cumplimiento de las
funciones que en la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y
su Ley Orgánica.
El Defensor del Pueblo no desempeña funciones de juez, fiscal ni
sustituye a autoridad alguna. Busca solucionar problemas concretos
antes que encontrar culpables. En consecuencia, no dicta sentencias, no
ordenar detenciones y tampoco impone multas. Su poder descansa en la
persuasión, en las propuestas de modificación de conducta que formule
en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección

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preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en
su capacidad de denuncia pública en casos extremos.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº
26520, el Defensor del Pueblo tiene ciertas atribuciones que le permiten
cumplir con su función, entre las cuales se destacan las siguientes:
Investigar, de acuerdo a esta atribución, la Defensoría del Pueblo
puede iniciar y proseguir investigaciones, ya sea por iniciativa propia
o a solicitud de cualquier persona interesada, con la finalidad de
esclarecer los hechos o situaciones que pudieran estar afectando sus
derechos. Además se investigan temas de alcance general con
carácter prioritario que afecten a un significativo número de personas.
Emitir pronunciamientos institucionales, en cumplimiento de su
función de protección y representación de las personas y en ejercicio
de su rol persuasivo y su autonomía, la Defensoría del Pueblo emite
pronunciamientos sobre temas de interés general cada vez que lo
considera necesario. Estos pronunciamientos están dirigidos
fundamentalmente a la opinión pública y a la sociedad en su
conjunto, para llamar la atención sobre hechos que ponen en riesgo
la vigencia de los derechos de las personas y la institucionalidad
democrática. De ser necesario, la Defensoría del Pueblo señalando
la responsabilidad que compete a las autoridades, funcionarios y
entidades estatales.

Promover acciones de garantía constitucional; el Defensor del Pueblo
con el fin de defender los derechos humanos y el principio de
supremacía constitucional está facultado para hacer uso de los
procesos constitucionales, los mismos que están establecidos en el
artículo 200º de nuestra Constitución como son: el amparo, el hábeas
corpus, el hábeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción
popular y la acción de incumplimiento.
Promover procesos administrativos; el Defensor del Pueblo puede
iniciar o participar, por iniciativa propia o a pedido de terceros,
utilizando el criterio de discrecionalidad, en cualquier proceso
administrativo, en representación de una o varias personas, para la
defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. El
proceso administrativo se inicia con el ejercicio del derecho de
petición ante los organismos públicos, los mismos que se rigen por
normas y leyes.


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Ejercer iniciativa legislativa; El Defensor del Pueblo puede hacer uso
de esta facultad a través de: Presentación ante el Congreso de la
República de anteproyectos de leyes o emisión de informes sobre los
mismos que estuvieren en proceso de discusión parlamentaria. Y
proposición de medidas que faciliten el cumplimiento de sus
funciones.
Promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados
internacionales sobre derechos humanos; él Defensor del Pueblo
está facultado para promover la firma, la ratificación, adhesión y
efectiva difusión de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, con el fin de asegurar su aplicación. Además, promueve
que la legislación y las prácticas nacionales se adecuen a lo previsto
a los tratados en los que el Perú es parte.

D. El Consejo Nacional de La Magistratura (CNM)
Este Organismo, independiente por mandato constitucional, tiene la muy
alta y delicada misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a
jueces y fiscales sólidamente probos, independientes, provistos de
irreductibles valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena
vigencia de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad, a través
de una correcta administración de justicia.
También el CNM tiene como función, procesar disciplinariamente, a jueces
y fiscales que, investidos de cualquier jerarquía, incurren en faltas contra los
deberes de función, desmereciendo en el concepto público la imagen de
probidad, idoneidad e imparcialidad que todo buen juez o fiscal deben
observar.
La independencia que nuestra Carta Constitucional le confiere a este
organismo, lo dota también de la responsabilidad de elegir y destituir si es el
caso, a quienes ejercen las jefaturas de dos importantes organismos que
concurren en la realización de las elecciones políticas generales y
municipales en el Perú. Nos referimos al jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) y al representante del Registró Nacional de
Identidad y Estado Civil (RENIEC), de cuyo accionar e independencia
depende la realización de comicios limpios y transparentes, garantizando
con ello la vigencia plena de un estado democrático.
Sus miembros se llaman consejeros y actúan con criterio de conciencia en
el ejercicio de sus funciones. Son elegidos de la siguiente manera: uno
elegido en votación secreta por la Corte Suprema, en Sala Plena; otro en

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votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos; otro en votación
secreta por los miembros de los colegios de abogados del país; dos en
votación secreta por los miembros de los demás colegios profesionales del
país, conforme a ley; uno en votación secreta por los rectores de las
universidades nacionales; y otro último en votación secreta por los rectores
de las universidades particulares.
El funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura está previsto en
los artículos 150º, 154º, 155º, 156º y 157º de la Constitución Política de
1993 y a través de su Ley Orgánica, Ley Nº 26397, publicadas el 12
diciembre 1994.

9. ÓRGANOS DEL ÁMBITO ELECTORAL
El Derecho electoral, es el que se refieren al conjunto de normas que
encauzan la participación ciudadana. Allí se señalan quienes eligen y
quiénes pueden ser elegidos, así como las características del sufragio, es
decir, si es universal, directo y secreto.
El sistema electoral señala el proceso por el cual la voluntad ciudadana,
expresada en votos, se convierte en autoridades del gobierno.
Para efectos de dar seriedad a los procesos electorales realizados en el
Perú se crea una corte que resolverá los problemas electorales del país, y
esa corte fue el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); además de una
institución que organizará las elecciones en todo el país, para lo cual se
creó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); finalmente los
mecanismos informáticos permitieron ya sobre la parte final del siglo XX,
organizar una gran base de datos nacional en la que quedarán registrados
los más de 27 millones de peruanos. Así se creó el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec).

A. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
Es un organismo constitucional autónomo, cuya dirección, se integra con
representantes elegidos en distintas instancias: el Presidente es elegido
por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y cuatro magistrados
designados por la Junta de Fiscales Supremos, por votación universal
de los Abogados de Lima, y por los Decanos de Facultades de Derecho
uno de las universidades públicas y otro de las privadas. Su integración
plural y descentralizada propicia su independencia y neutralidad.


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Es considerado el ente electoral legitimado que encauzan los procesos
electorales y la participación activa de la ciudadanía, base de la
democracia. Encargado de garantizar el respeto y cumplimiento de la
voluntad popular manifestada en los procesos electorales contribuyendo
a la consolidación del sistema democrático, a través de sus funciones
jurisdiccionales, normativas, educativas, fiscalizadoras y administrativas.
Este organismo dicta resoluciones de carácter general, para reglamentar
y normar las disposiciones electorales, y goza de iniciativa legislativa en
materia electoral. Fiscalice la legalidad del ejercicio del sufragio, de los
procesos electorales y consultas populares, garantizando así el respeto
a la voluntad ciudadana, lo que en su momento le permite certificar los
resultados electorales y otorgar los reconocimientos o credenciales
correspondientes, al Presidente de la República, congresistas
nacionales, y autoridades regionales y locales.
En lo contencioso electoral, el JNE revisa en grado de apelación las
resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales
Especiales y resuelve en definitiva la controversia. También conoce los
casos de vacancia declaradas por los Consejos Regionales y
Municipales, cuando éstas son apeladas y resuelve igualmente en
definitiva.
Como complemento de estas funciones, con una visión más amplia
sobre el desarrollo de la democracia, el JNE proyecta sus esfuerzos a la
comunidad educativa, colaborando en la creación de conciencia cívica
en los futuros ciudadanos.
Sus funciones más importantes son:
Resuelve en última instancia en las apelaciones, revisiones que se
interpongan contra las resoluciones de los Jurados Electorales
Especiales.
Declara la nulidad de un proceso electoral, de referéndum u otras
consultas populares.
Declara la vacancia de autoridades municipales y regionales.
El JNE fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio y de la
realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras
consultas populares.
En época no electoral fiscaliza el padrón electoral elaborado por
RENIEC.
En época electoral, su trabajo se centra en fiscalizar los siguientes
procedimientos: La capacitación de miembros de mesa; La
neutralidad, garantías y difusión del proceso, la propaganda electoral,

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las encuestadoras; El acto electoral, el material electoral; El software
de cómputo de resultados.
En época electoral, EL JNE desarrolla y ejecuta programas de
Capacitación Electoral para los operadores electorales, como los
Jurados Electorales Especiales (JEE) y los fiscalizadores.
En época no electoral desarrolla programas de Educación Cívica
Electoral dirigidos a niños, jóvenes y docentes, los cuales tienen
como misión crear conciencia cívica en la ciudadanía.
Determina el número de escaños que corresponden a cada distrito
electoral y el número de regidores para cada municipio.
Reglamenta el Registro Electoral de Encuestadoras.
Reglamenta la aplicación de la Cuota de Genero y Cuota Nativa.
Resuelve en última instancia las tachas contra los miembros, así
como las reclamaciones sobre constitución y funcionamiento de los
Jurados Electorales Especiales (JEE).

B. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
La ONPE está encargada por la Constitución de organizar todos los
procesos electorales, referendos y otros tipos de consulta popular,
además de su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la
cédula de sufragio. Le corresponde, asimismo, la entrega de actas y
demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus
resultados.
Brinda información permanente sobre el cómputo, desde el inicio del
escrutinio en las mesas de sufragio. También dicta las instrucciones y
disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la
protección de la libertad personal durante los comicios. Estas
disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional. La ONPE tiene un jefe que es nombrado por el
Consejo Nacional de la Magistratura para un periodo renovable de
cuatro años.
Estas son las principales funciones:
diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro
material en general.
Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el
desarrollo de los procesos electorales.


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Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente información sobre
el cómputo en las mesas de sufragio y Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales a nivel nacional.
Obtener los resultados de los procesos electorales y remitirlos a los
Jurados Electorales.
Diseñar y ejecutar un programa de capacitación operativa dirigida a
los miembros de mesa y ciudadanía en general, durante la ejecución
de los procesos electorales.
C. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
La Constitución Política del Perú de 1993, en el Articuló 183º, prevé la
creación de un organismo constitucionalmente autónomo encargado de
organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado
civil.
En virtud del artículo 183º de la Constitución el jefe de el Nacional de
Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la
Magistratura por un periodo renovable de cuatro años. Puede ser
removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas
incompatibilidades previstas por los integrantes del Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones.
El 12 julio 1995, mediante Ley Nº 26497, se crea el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), en concordancia con los artículos
177º y 183º de la Constitución Política del Perú, como un organismo
autónomo con personería jurídica del derecho público interno. En virtud
de dicho dispositivo se establecen las líneas principales de la misión de
esta institución y que permitieron un significativo avance en materia de
registro e identificación de los peruanos en consonancia con el
desarrollo de la actividad registral fundamentada en criterios jurídicos,
tecnológicos y científicos que ha cambiado ostensiblemente aspectos
sustantivos de la vida nacional.
Corresponde al RENIEC de manera exclusiva y excluyente las funciones
de planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones
registrales de su competencia, entre los que se encuentran los
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos que modifican el
estado civil de las personas. Dicho de otro modo, este organismo
constitucional tiene la responsabilidad de garantizar uno de los derechos
más importantes de la persona durante su ciclo vital: el derecho a la
identidad.
Es el organismo técnico encargado de la identificación de los peruanos,
otorga el documento nacional de identidad, registra hechos vitales:

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nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican
el estado civil..
La Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
Ley Nº 26497 y el El Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil están previstos en el Decretó Supremo
Nº 018598PCM.

10. ÓRGANOS DEL ÁMBITO ECONÓMICO
A. El Banco Central de Reserva del Perú
Es el órgano constitucional establecido con la finalidad de preservar la
estabilidad monetaria del país, controlando la inflación. Esto es muy
importante para el desarrollo económico, porque se reduce la
incertidumbre sobre el futuro de la economía en el corto y largo plazo, se
genera confianza en el nuevo sol, lo que estimula el ahorro, atrae
inversiones productivas y promueve un crecimiento sostenido de la
economía.
El Banco es gobernado por un directorio de siete miembros. El Poder
Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica a
este y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal
de sus miembros. Todos los directores del banco son nombrados por el
periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. No
representan a entidad interés particular alguno.
Las funciones que la Constitución encarga al Banco Central de Reserva
son las siguientes: regular la moneda y el crédito del sistema financiero;
administrar las reservas internacionales a su cargo; informar al país,
exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas del Perú; y emitir
los billetes y las monedas del Estado peruano.

B. La Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control. Es un organismo autónomo y central, que cautela el
uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta
gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del
presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a
control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo
nacional y bienestar de la sociedad peruana.


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El Contralor general es designado por el Congreso por siete años, a
propuesta del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República
tiene una responsabilidad grande en contribuir a garantizar que los
recursos del Estado se utilicen con eficiencia y honestidad. Promueve
mejoras en la gestión pública, la lucha contra la corrupción y la
participación ciudadana.
En la Constitución Política encontramos varias atribuciones asignadas al
Organismo Contralor, entre las cuales tenemos:
a. Presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta
General de la República (Art. 81).
b. Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de
las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones
sujetas a control (Art. 82).
c. Realizar el control para que los Fondos destinados a satisfacer los
requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
se dediquen exclusivamente para ese fin (Art. 170).
d. Facultad de iniciativa legislativa en materia de control (Art. 107)
Mediante su Ley Orgánica – Ley Nº 27785, promulgada el 22 julio del año
2002 se establece las normas que regulan el ámbito, organización,
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho
sistema.
C. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
Es el órgano constitucional encargado de la regulación y supervisión de
los Sistemas Financieros, de Seguros y del Sistema Privado de
Pensiones. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los
depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. La SBS es una
institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida
por la Constitución Política del Perú (artículo 87º). Sus objetivos,
funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y a AFP.
El superintendente de Banca y Seguros es designado por el Poder
Ejecutivo por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El
Congreso lo ratifica. La Superintendencia de Banca y Seguros contribuye
a garantizar la estabilidad de todo el sistema financiero del país.


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El enfoque de la SBS es crear, a través de la regulación, un sistema de
incentivos que propicie que las decisiones privadas de las empresas sean
consistentes con el objetivo de lograr que los sistemas bajo supervisión
adquieran la solidez e integridad necesarios para mantener su solvencia y
estabilidad en largo plazo.
La SBS confía en el mercado como mecanismo de organización y
asignación de recursos, siempre que los incentivos dados por la
regulación orienten a las empresas a internalizar los costos sociales en
sus decisiones. Para que este enfoque se pueda desarrollar en la
práctica, la SBS se apoya sobre la base de cuatro principios básicos
relacionados a (I) la calidad de los participantes del mercado, (II) la
calidad de la información y análisis que respalda las decisiones de las
empresas supervisadas, (III) la información que revelan las empresas
supervisadas para que otros agentes económicos tomen decisiones y (IV)
la claridad en las reglas de juego.
En relación a sus principios de regulación, éstos se caracterizan por ser
dinámico y flexibles.
D. Organismos Reguladores
Desde las últimas décadas del siglo XX, los Estados que en el pasado
habían tenido importante cantidad de empresas públicas aplicaron
políticas de privatización. Muchas de las actividades que desarrollaban las
empresas públicas pertenecían al área de servicios públicos, como en el
caso del servicio telefónico, del servicio eléctrico, del servicio de
aeropuertos,etc. El traslado de estos servicios a gestión por empresas
privadas obligó al Estado a crear organismos reguladores de sus
actividades.
Aparecieron así las siguientes instituciones:
El Organismo Supervisor de la Inversión Privada de
Telecomunicaciones (Osiptel).
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg).
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositran).
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass).
Los órganos reguladores son importantes para el buen funcionamiento
de los servicios públicos privatizados y para supervisar la atención que
las empresas ven a los usuarios.

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Bibliografía:
·
·
·

José Ávila Herrera (Introducción al Derecho)
Mario Alzamora Valdéz (Introducción al Derecho)
Constitución Política de 1993


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Organización del Estado Peruano

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