Acordada 26279

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La Suprema Corte ratificó que los jueces deben visitar a los presos cada tres meses y hacer un informe sobre su situación de detención.

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Acordada 26279

  1. 1. SUPREMA CORTE DE J USTICIA PODER JUDICIAL MEN DOZA ACORDADA N” 26.279 Mendoza, 15 de diciembre de 2014. VISTOS: Que por Aeordada N° 26.208 se dispuso que los miembros de este Tribunal. dc las cámaras dcl crimen. de la câmara de apelaciones del erimen. de las camaras penales de menores. los titulares de los julgados de garantias e instrueción. de garantias cn llagralncia. . de los julgados correceionalcs, de juzgados de laltas _v de los juzgztdos penales de menores realicen monitoreos y entrevistas personales en los lugares de detención que alojen personas cuya privación de libertad hubieran dispucsto o que se hallaren bajo su competencia efectiva y directa. Esto a fin de asegurar la efectiva cjccuciótt de los mismos con una lrecuencia minima trimestral y debiendo remitir infonnes a esta Suprema Corte de Justicia dando cuenta de los monitoreos rcalirados. condiciones de alojamiento y detención detectadas. condiciones de trato y acccso a derechos de las personas privadas de libenad y las medidas adoptadas a los efectos de garantizar efectivamente los derechos dc los detenidos. cn caso de corresponder. Que ante tal resolución distintos magistrados titulares de diversos órganos jurisdiccionalcs del fuero penal solicitaron por Nota n° EV 59.969 dcl 5 de diciembre de 20l4. que se dejata sin efecto el acuerdo antes mencionado por entender que. al atribuirles las obligaciones examinadas. se ltabría exeedido y conculcado los términos de la Constitución provincial y del Código Procesal Penal. Quc atento a la nccesídad de responder de un modo claro y preciso a los señorcs magistrados y a la importancia especialmente relevante dcl tema en cuestión, esta Suprema Corte dc Justicia cnticnde oportuno el pronunciamiento plcnario en relación a la vigencia de la Acordada N° 26.208. Y CONSIDERANDO: Que en razón de lo dispucsto por el an. 144, inc. l de la Cottstitución de la província dc Mendoza esta Suprema Corte de Justicia cjerce la superintendencia en el âmbito del Poder Judicial y. entre las lacultatles que de aquélla se deriva se encuentra la de exhortar y propiciar la colaboracióti activa de todos los miembros dcl Poder . ludicial a lin de alcanzar una mejor adtnínístraeión dejusticia.
  2. 2. Que corresponde dar cumplimiento a obligaciones de rango constitucional Nacional (art. 18 de la C. N.), provincial (an. 23 de la Constitución de Mendoza), a las que se suman las contraídas en el seno de organismos intemacionales de protección de derechos humanos a tin de cumplir con los cometidos constitucionales y también de evitar comprometer 1a responsabilidad intemaeional del Estado Nacional nuevamente como ya ocurriera con motivo de las sanciones que esta Pmvincía de Mendoza ha reeibido de parte de la Corte lntemacional de Derechos Humanos por este mismo tema. Que por Resolueión de 18 de junio de 2005, dirigiéndose a las autoridades de esta província, la Cone C lDH dispuso: “Reiterar al Estado que nzantenga [as medidas provisionaler zuloptadas en 10s términos de Ia Resolucíón de la Corte Interamericana de Derechos HHIIIUHOS de 22 de noviembre de 2004 y disponga. en forma inmediala. las que sean necexztrias' para proteger eficazmente la vida e integridad de todas las pL'I'. S'()I7(t. ' privadas de Iihertad en Ia Penitenciarict Provincial de Mendoza y en Ia unidad (ittstuw) André, de Lava/ Ie. as¡ como de todas las personas que se encuentren en el interior de estas. Entre [as ntedidas que el Estado debe adoptar figurar¡ las contenidas en el cicuerzlo . ruscrito por 1a Comisión Interamericana los representantes de ! os bene/ iciarios' de [as medidas y el Estado". De esta manera, la Corte lDH convalidaba el acuerdo Iogrado entre las partes enunciadas, cristalizado mediante acta presentada el 1 l de mayo de 2005 ante la Cone. En el documento, las partes manifestaron su conformidad de mantener vigentes las medidas provisionales y aeordaron: “elevar a la consideración de la [. ..] (forte Interamericana [. ..] el . siguiente conjunto de medidas destinadas a que [el] Tribunal eva/ tie Ia posibilidazl : Ie especificar el contenido de 1a Resolución de 22 de noviembre de 2004, ajin de garuntizar lu vida y 1a integridadfisicct de [os beneficiurios de die/ ia HJSOÍIICÍÓME [. ..| 6. Activación del sistema judicial: [. ..] c. efectivo cumplimiento de Ia obligzición de ttisitar' periódicamente las cárceles por parte de Jueces, Fis'cale. s y Defensores' Q/ iciales con detenidns y/ o procesados a cargo de Ia dependencia del Poder Judicial de lu cual son Titulares". Que a la fecha la superpoblación existente en los distintos establecimientos penitenciarios de la província hace evidente que no se advierten mejoras sensibles en 1a infraestruetttra de los distintos establecimientos penitenciarios de la província, así como tampoco en las condiciones de alojamiento de las personas allí intemadas. A1 dia de la teclia, solamente en los (ultimos quince años se registran más de 135 muertos violentamente en el ámbito de nuestro sistema carcelario.
  3. 3. l 277:: SUPREMA CORTE DE . IUSTICIA PODER JUDICIAL MENDOZA *e Éíl A. . .C Nx Que si bien se deriva del art. 144, inc. 8 de la Constitución de la província. el art. 11 de 1a Ley orgânica de Tribunales y el art. 5. íncs. a y d de 1a Ley 4.969 1a competencia constitucional y -en ese marco- el deber de esta Suprema Cone de Justicia. en compania dcl señor Procurador General y de jueces de las Cámaras del C rimcn, de visitar las eárceles de Mendoza, no resulta menos cíerto que -eomo se dijo- durante largo tiempo su cumplimíento no ha ineidido de manera directa en 1a tnejora de Ia estruetura edilicia y condiciones de intemación. La duplícación de esas visitas desde hace varios no ha arrojado resultado alguno que permita considerar que 1a respucsta se encucntre en la frecuencia de las mismas. [is por ello que se ha apuntado a 1a modiiicaciótt cualítatíva de las asisleitcias de los tribunalcs a las sedes de detención. Dieho de otro modo. 1a tradicíón inveterada del Poder Judicial de Mendoza de llevar a cabo las deitomittadas “visitas carcclarias". que se han venido desarrollado desde tiempos itunemoriales, no sólo han tenído un carácter puramente formal. pues jamás han servido para garantízar las condiciones en las que se eumplen tanto la pena privativa de libertad como 1a prísíón preventiva en la província sino que. además. no dan cuenta del aumento inusitado de 1a población penal cn los filtiiíios cuarenta años _v con ello. el de la eonllíetividad existente en el sistema carcelario no sólo tnendocino sino en el de toda latinoamérica. E110 nos obliga a tomar medidas que contribuyan a mcjorar las condiciones en las que se eumple el encierro, lo cual podria cn incidir favorablemente en el proceso resocialiradoi' al que tiene derecho el condenado. Expresado con otras palabras. asumir en témtinos reales el compromiso de garantímr el derecho a un trato digno a la persona que se encuentra privada de libertad supone. también. compromelerse en materia de seguridad democrática. El Poder Judicial no puede de Iiingún modo mostrarse ajeno a la problemática de la seguridad. Quc el incremento notable de detenidos en nuestras eárceles sin auto de prísíón preventiva. sino con la sola orden de los liscales a cargo de 1a persecución penal. mas allá del control de losjucces de garantia. hace imprescíndible la presencia efectiva de los _i ueees en ese ambito esencíal dc la lucha contra el delito. Que la decisión a la que arriba este Tribunal tiene importantes antecedentes en cl ambito nacional. Asi. lite decisión de la Cone Suprema de la Nación en el leading case "Vcrtl›itzk_ir" (liallos, 328:1 146) respecto de los detenidos cn las seceionales de policia de la província dc Buenos Aires: también de la Suprema Corte dc la província de . Buenos Aires por acuerdo plcnario N” 3.632 de fecha 14 de febrero de 2013. Tampoco aparece extraño al ambito del derecho público provincial toda vez que el art. 206. inc. 15
  4. 4. de la Constitución de Catamarca dispone, entre las atribuciones y deberes de la Suprema Cone de J usticia, el de “supervisar con los demâs Jueces las Cárceles provincíales"; en sentido similar, disponen los arts. 5l y 58 de la Ley orgânica del Poder Judicial de Rio Negro. Que es maniliesta la imprescindible complementaríedad de las tareas de supervisión y la obligación de este Alto Tribunal y de todos los magistrados de concm-rir y visitar en modo efectivo y eficiente los establecimientos penales para un más completo ejercicio de sus tacultades y responsabilidades constitucionales. . Que por todo Io expuesto, de confoimidad con lo dispucsto por la Constitución de la província de Mendoza, las Leyes 552 y 4.969 y demás normas vigentes, esta Suprema Corte de J usticia, en pleno, RESUELVE: CONFIRMAR en su lotalidad la Acordada N° 26.208 de fecha 21 de noviembre de 2014, de la Sala Tercera de esta Suprema Corte de Justicia, suscripta por el Sr. Presidente. Dr. Pedro J. Llorente y los Sres. Ministros, Dres. Omar Palermo y Carlos Bõlun. REGÍSTRESE. NOTÍFIQUESE. PUBLíQUEsE. f . 7"” _ 'I . - / x/ r' _' ' j __ , v ' _ / ,a | _É- , __l z* l ! z s 'K / '/ / / u$i -*'^"'“°'“*' ' 2 / /ímúig *Pix-tamo Lu cAiãíós/ s? / › -“ , _/' »mms I _ H “ç-_ÂÃ ' Suprema Corte 2h- iusuclâ C M". ra M Mendoza uuprcmc Co Ie ce Ju í DANIEL Ministro 3üpfema Corta do Ju Mondo: : t mrenrebJoncsíLoaiéurei i . W ' " ' ' ' Presidente l' " "” """ """'*" snphgámcóhbcóeuasm" . ... ... ... ... ... ... ... ... . . ':.7li . , _ , Agence MxnLAr-a A i " . A Í . . . ..u IJCCÊCFÉÉ. ”

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