Desarrollo Rural Sostenible Antioquia

Desarrollo Rural Sostenible

EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN
PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO

(Documento político del Proceso Estratégico Regional)

1. La riqueza o la pobreza de los países depende de la política y de las instituciones. Los
países que desarrollan instituciones económicas y políticas inclusivas son prósperos
porque hacen respetar los derechos de propiedad, crean la igualdad de oportunidades y
fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías conduciendo a más
crecimiento económico y más bienestar. En cambio, las instituciones económicas
extractivas, están estructuradas para sacar recursos de la mayoría para un grupo
reducido y están relacionadas con instituciones políticas excluyentes que concentran el
poder en manos de unos pocos y se asocian con más bajo desarrollo y menor bienestar
en los países que las poseen. Este hallazgo es el resultado de 15 años de investigaciones
recogidas en el libro “Porqué Fracasan los Países”1, escrito por Daron Acemoglu y James
Robinson. En el texto se demuestra que este resultado se produce en todos los países y
se ha producido siempre. Es pues una conclusión comprobada por métodos científicos
que nos dice que la prosperidad es, en esencia, una función del grado de inclusión
económica y política que proporcionan las instituciones de un país.

2. Colombia podría convertirse en un país próspero por la dotación de riquezas naturales,
por el talento de su gente, por el espíritu emprendedor y la dedicación al trabajo, por su
infinita belleza, pero tiene instituciones económicas extractivas y políticas excluyentes.
Es un país con una larga historia de elecciones y al mismo tiempo de conflicto armado
en gran parte incentivado por la precariedad de los derechos de propiedad. Se ha
convertido en un país de ingreso medio alto pero es uno de los más desiguales del
mundo porque tiene una de las mayores brechas sociales, mantiene altas tasas de
desempleo, subempleo e informalidad y en la pobreza a la mitad de su población. Una
porción muy importante de su ciudadanía puede ejercer libremente su derecho al voto,
especialmente la clase media de las grandes ciudades, pero otro tanto – los sectores
populares del campo y la ciudad - ha sido convertida en masa de maniobra para coronar
intereses de políticos clientelistas que utilizan el estado para sus intereses privados, de
1
Acemoglu, Daron y Robinson A, James. Porque Fracasan los Países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la
pobreza. 2ª Edición. Deusto, 2012.

1


contratistas corruptos, de grupos armados, y otros intereses delincuenciales que van
por los recursos públicos. Tenemos una fuerza pública muy poderosa y experimentada
que gasta un porcentaje muy alto del presupuesto nacional pero cuatro y medio
millones de personas desplazadas forzosamente y muchas otras víctimas del conflicto
armado por homicidio, desaparición, reclutamiento forzado, secuestro, expropiación de
las tierras, extorsión, muestran que el estado colombiano es excluyente e incapaz de
controlar el territorio para que todos puedan tener seguridad y ejercer la libertad.
Somos una potencia mundial en recursos naturales y biodiversidad pero el limitado
desarrollo se concentra en las ciudades que extraen bienes y riquezas de las zonas
rurales y de la población campesina, a la que apenas dirigen recursos marginales de la
inversión pública y se resisten a incluirla en el desarrollo. En fin, solamente haciendo un
gran esfuerzo de inclusión económica, social y política nuestro país podrá elevar
significativamente la calidad de vida de todos.

3. Antioquia es una muestra muy representativa de Colombia. Su modelo de desarrollo
espacial es típico del país: se ha concentrado en Medellín y el Valle de Aburra donde
nueve municipios y 3,5 millones de habitantes concentran del 72% del Producto Interno
Bruto y el 67% de la inversión pública municipal, mientras 2,5 millones de habitantes del
resto del departamento, dispersos en 116 municipios, apenas acceden al 33% del gasto2.
Esta situación es el resultado, entre otras cosas, de que desde Medellín se sacan
riquezas del resto del departamento porque el modelo extractivo y excluyente se
reproduce en Antioquia. Naturalmente Medellín y el Valle de Aburra es la subregión con
más capacidades y dotaciones para el desarrollo (a pesar de sus propias exclusiones
internas) pero el Oriente apenas tiene, en promedio, el 70% de las capacidades y
dotaciones que tiene el Valle de Aburrá, el Nordeste – vecino del Valle de Aburra y rico
en oro – tiene un doloroso 28%. “Las regiones de Occidente, Magdalena Medio, Urabá y
Bajo Cauca, están todas por debajo del 28%”.3 El narcotráfico y el conflicto armado han
tenido en Antioquia uno de los principales teatros de operaciones y las consecuencias
han sido desastrosas: hemos tenido por muchos años presencia de todos los ejércitos y
ejercer la violencia y delinquir se ha convertido en un modo de vivir para demasiada
gente; tenemos de los más altos índices de homicidios y presencia de víctimas. En el
aspecto social el resultado es evidente: el Indicador de Calidad de Vida es más alto en
los municipios del valle de Aburrá y obviamente en Medellín y más bajo en las
subregiones y en especial en sus zonas rurales. Y este índice, por una parte, se ha venido
deteriorando en el último quinquenio, y en particular el rural, aumentándose la brecha
entre la calidad de vida urbana y la rural. En Medellín y el Valle de Aburrá la población
2
Departamento nacional de Planeación. Desempeño Fiscal de Departamentos y Municipios 2011.
3
Antioquia. Gaceta Departamental. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Antioquia la más educada, p. 5.

2


tiene muchas más oportunidades de acceso a empleos de calidad, a los servicios de
educación y de salud y a mejor institucionalidad pública. La población tiene acceso a
muchos bienes públicos que elevan la calidad de su vida, justamente por vivir en una
gran ciudad o zona metropolitana. Pero en las otras subregiones la calidad de los
puestos de trabajo es mala y con baja remuneración; predomina la informalidad en la
propiedad y el empleo, predomina la actividad rural tradicional y los servicios
personales; la institucionalidad pública y privada está muy poco desarrollada; los
derechos de propiedad están muy indefinidos y el equipamiento de bienes públicos es
muy deficiente.
4. La situación descrita no es un producto espontaneo del desarrollo económico y social. El
devenir de las instituciones políticas y económicas que ha tejido la sociedad es un
componente esencial. Aquí nos concentramos especialmente en reflexionar sobre la
función que cumplen en el estado actual de Antioquia instituciones públicas que han
sido determinantes de este modelo de desarrollo: el Municipio de Medellín, el Área
Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) y el Departamento de Antioquia.

La ciudad de Medellín ha tenido grandes transformaciones en sus últimos años lo que es
reconocido mundialmente: se ha convertido en una ciudad muy dinámica con mejor
calidad de vida que hace dos décadas, a pesar de recibir anualmente 25000 ciudadanos
desplazados por la violencia y otros migrantes voluntarios y a pesar de no haber podido
controlar completamente su propia violencia urbana. Tiene una activa vida económica
como ciudad que presta servicios avanzados, con capacidad educativa e investigativa y
de prestación de servicios públicos, financieros, de telecomunicaciones, de salud y
turísticos; que ofrece empleo de alta calidad aunque mantiene tasas de desempleo
mayores que el promedio nacional y algo más de la tercera parte de su población por
debajo de la línea de pobreza, con tendencia a disminuir. Estos resultados no han sido
producto solamente de las ventajas de la aglomeración urbana; ha contribuido a ello un
sector público en constante desarrollo: la alcaldía de Medellín se ha ido convirtiendo en
un estado local fuerte, con mayor centralización y capacidad de intervención; en efecto,
la capacidad de gasto de la alcaldía se ha incrementado 10 veces desde 1990 y 3 veces
desde el 2000, se ha incrementado de la centralidad del estado local4, transformando la
escala de su acción, dándole mayor autonomía respecto de los otros sectores no
estatales, pero en acuerdo programático y de corresponsabilidad con ellos. Son
ostensibles el mejoramiento de la dotación de bienes públicos, y los esfuerzos por poner
la educación y la salud al alcance de todos. No obstante, los grupos violentos todavía

4
Leyva Botero, Santiago. El Proceso de Construcción de Estatalidad Local (1998-2009): la clave para entender el
cambio de Medellín? Hermelín, Echeverri, Giraldo, Ed. Medellín, Medio Ambiente, Urbanismo y Sociedad. URBAM,
Universidad Eafit. P. 283.

3


están presentes en buena parte del territorio urbano y hay sectores sociales excluidos
del desarrollo y sin oportunidades de insertarse exitosamente en el sistema económico.
Y, debido al desequilibrio en el desarrollo territorial y la discriminación que vive el resto
de Antioquia, sus habitantes tienden a migrar a la ciudad en busca de oportunidades sin
que esta pueda absorberlos productivamente.

Las ciudades del Valle de Aburrá se han venido conurbando con Medellín de manera
muy acelerada hasta concentrar tres quintas partes de la población de Antioquia5. En
este proceso se ha venido lentamente homogenizando la calidad de la vida entre los
municipios de la subregión, es decir, incluyendo a su población. Como en Medellín, la
inclusión no es un logro exclusivo de la aglomeración urbana sino también del Área
Metropolitana del Valle de Aburra, una entidad intermedia entre el municipio y el
departamento, que ha sido fundamental resolver problemas de la macrocefalia urbana,
instaurando sistemas colectivos que han manejado asuntos de la conglomeración como
el transporte masivo, la conectividad vial, equipamientos institucionales de nivel
Metropolitano, la normatividad urbanística, el reciente desarrollo de normas
ambientales, que entran en una fase de recuperar los grandes daños ambientales
causados por el desarrollo urbano. La principal falencia de esta institución es que nunca
se ocupó de la ruralidad. El AMVA ha servido para incorporar al desarrollo a la población
de los otros municipios del Valle de Aburra y ha armonizado y equilibrado el
crecimiento de la conurbación. A partir de sus competencias de fijar directrices
generales a las cuales deben sujetarse los municipios que la constituyen, ha aumentado
la centralización política en el territorio, ayudado a dotarlo de bienes públicos
supramunicipales, contribuido a debilitar la institución del clientelismo y avanzar en la
modernización institucional de los municipios y está cumpliendo una función
redistributiva fundamental, desde Medellín hacia el resto de los municipios. Desde que
existe el AMVA la inequidad y discriminación que existía entre Medellín y sus municipios
vecinos se ha reducido. En el modelo de privilegio del desarrollo urbano que ha seguido
Colombia, las áreas metropolitanas como organismos intermedios de planificación
territorial han sido una institución progresista que ha propiciado la inclusión.

El Departamento de Antioquia, con la gobernación que lo administra, es el estado
regional y ha sido determinante para la configuración del modelo de desarrollo de
Antioquia. Al Departamento constitucionalmente se le ha otorgado “autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo
económico y social dentro de su territorio” y se le dio el mandato de ejercer “funciones
5
Comisión Tripartita: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Pineda Hoyos, Saúl. La Ciudad y la Región, p.36. Medellín, 2008

4


administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de servicios”6 y el
gobernador tiene como atribución principal cumplir y hacer cumplir la constitución, las
leyes y los decretos del gobierno. Pero en cambio de haber logrado un desarrollo
integral de su territorio, Antioquia es un Departamento profundamente segregado
entre el centro urbano y las subregiones rurales, que tienen diferencias abismales de
calidad de la vida. A pesar de ser uno de los departamentos con mayor desarrollo
institucional en el país, los municipios que coordina y complementa tienen
relativamente mal desempeño fiscal; casi todo su territorio es de los más inseguros del
país para sus ciudadanos y buena parte de los ellos han estado por años en manos de o
muy socavados por poderes de facto, especialmente en las subregiones más alejadas de
Medellín. Así que es demasiado limitada la autoridad del Departamento como estado
regional en las subregiones, vale decir, no ejerce un verdadera centralidad política
entendida como presencia, autoridad y poder del Estado. Han sido excesivamente
débiles sus esfuerzos serios por proteger de la depredación de los agentes privados los
recursos naturales del departamento, por resolver tensiones entre los usos potenciales
y actuales del suelo y los conflictos que se generan a pesar de disponer de varias
Corporaciones Ambientales y ha propiciado las actividades extractivas de lo urbano
sobre lo rural. Más débil aún han sido sus esfuerzos por avanzar hacia la
democratización del departamento, vale decir, al desarrollo de instituciones incluyentes:
los municipios del departamento y la gobernación han sido gobernados de manera
autoritaria, con elecciones amañadas a intereses de élites tradicionales ligadas a la
actividad económica y a carteles de contratos. Y las relaciones con los municipios se
asocian más al mantenimiento de maquinarias electorales que a su modernización y
desarrollo y naturalmente han tendido a ser excluidos de beneficios los municipios
cuyos gobiernos no pertenecen a la misma fracción política del gobernador.

Ha sido muy poca la acción distributiva realizada por el Departamento a lo largo y ancho
de su enorme territorio y más bien ha cumplido una función de mantener la estructura
de discriminación social y los desequilibrios territoriales. Tampoco ha tenido una acción
sistemática dirigida a desarrollar las subregiones: empezó con la regionalización
económica en 1962, luego en 1975 consagró la figura de las 9 subregiones, como
“mecanismo administrativo para avanzar en la superación de los problemas de excesivo
centralismo, desarticulación, descoordinación, inequidades y marginamiento” en la
asignación y administración de recursos, que padecían los municipios por fuera del Valle
de Aburra; en 1980 se impulsó la política de los CASER, que tampoco cambió el sistema

6
Constitución Política de Colombia de 1991, art. 298. Ibid.

5


de desequilibrios; en la década del 80 se crearon las Corporaciones de Desarrollo
Regional, en la pasada década se delimitaron las zonas, sin desconocer las subregiones,
pero no se adoptó las lección aprendida que arrojaba la exitosa experiencia del AMVA
con 43 años de funcionamiento como entidad intermedia entre el Departamento y los
Municipios para superar desequilibrios territoriales. En consecuencia, los desequilibrios
territoriales en el Departamento se mantienen y profundizan.

Son muchas las causas de este manifiesto fracaso del Departamento en lograr el
desarrollo integral de su territorio: su gran tamaño en territorio y gran número de
municipios (125) dispersos; su debilidad institucional respecto del cumplimiento de sus
funciones constitucionales; la indefinición de sus competencias, su pobreza relativa por
no tener fuentes propias de ingresos; su manejo por los partidos y grupos como
instrumento privilegiado de la intervención política hacia los municipios y hacia la
nación, en fin, el limitarse a ser una circunscripción electoral. Pero juegan también los
incentivos para competir con los municipios por recursos nacionales y con la propia
nación por la influencia sobre los municipios, incentivos que profundizan las tendencias
municipalistas. Las Asambleas Departamentales no tienen más funciones relevantes que
la de aprobar el presupuesto, cuando los diputados deberían ser los representantes de
las subregiones ante el departamento. Claro está que el impacto del conflicto armado
sobre el Departamento como institución fue arrasador: lo debilitó, lo corrompió más,
fue cooptado por actores armados y políticos criminales y debilitó su capacidad de
centralización política y de gestión administrativa.

5. El modelo de desequilibrio territorial se repite en cada subregión: el poco desarrollo
alcanzado se concentra en las áreas urbanas (llenas también de desigualdades) y
discrimina contra el campo, contra la zona rural, contra lo rural como lo entiende la ley
388 de Ordenamiento Territorial “lo que no es urbano”. Y se repite porque no solo es un
modelo de Antioquia sino un modelo nacional. En efecto, en el país se optó por ver a los
conglomerados urbanos como opción más viable para alcanzar el progreso y lograr
mejores niveles de vida y allí enfocó casi todos sus esfuerzos por el desarrollo
económico y para ello concentró también el desarrollo institucional. Creyó que en la
urbanización estaba la modernización y subvaloró el campo, se desentendió de él
dejando sin resolver la gran cantidad de problemas del desarrollo rural, la pobreza y
exclusión de su población, su orden social injusto, su depredación de los recursos
naturales, su vacío institucional y el apoderamiento del mismo por grupos armados,
narcotraficantes, pero no dejó de mantenerlo como retaguardia para extraer de él
recursos sin ocuparse del bienestar de su población.

6


Ya el INDH 2011 Colombia Rural: Razones para la Esperanza caracterizó ese modelo de
Desarrollo Rural vigente hoy en el campo colombiano. Es un modelo que “no promueve
el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural; es inequitativo y no
favorece la convergencia; invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres;
es excluyente; no promueve la sostenibilidad; concentra la propiedad rural y crea
condiciones para el surgimiento de conflictos; es poco democrático y no afianza la
institucionalidad rural”7. Ese modelo rural es el que domina en las subregiones de
Antioquia distintas al Valle de Aburra, incluso en la subregión de Oriente.

6. En su interior el Oriente antioqueño es una excelente muestra del funcionamiento de
los modelos: de la dicotomía rural urbana y del modelo de desarrollo rural. En efecto, el
desarrollo económico y social se ha concentrado en una sola de sus zonas: el Valle de
San Nicolás y en sus nueve municipios que, encabezados por Rionegro se están
transformando aceleradamente en ciudades e incluso algunos se están conurbando con
baja densidad a través de las segundas viviendas o fincas de recreo de habitantes
urbanos. En esta zona hay una buena dotación de infraestructura vial y de
comunicaciones, están instaladas empresas de producción de bienes y servicios que
proveen empleos bien remunerados para la mano de obra calificada; hay un sistema de
servicios de salud muy completo y con todos los niveles de complejidad; hay amplia
oferta de educación superior y técnica; las administraciones municipales son
relativamente ricas y se están modernizando; hay una amplia dotación de servicios de
seguridad prestados por el ejército y la policía; hay zonas de entretenimiento que nada
tienen que envidiarle a las de Medellín y la zona ha recibido tradicionalmente la
atención de la nación y el departamento porque allí se concentran los poderes capaces
de influir en el curso de la vida regional e incluso departamental y nacional.

Entre tanto, los 14 municipios restantes y las zonas rurales de los 23 están excluidos de
los beneficios del desarrollo en grados diversos: su dotación de infraestructura vial y de
comunicaciones es tan precaria que, tratándose de una competencia departamental, en
pleno siglo XXI ni siquiera han logrado tener una carretera pavimentada que comunique
las cabeceras urbanas con el resto de la subregión y hay zonas rurales que sacan su
producción a lomo de mula; la precariedad de sus sistema educativo es proverbial: los
jóvenes que salen de bachillerato tienen serias dificultades para ingresar a la educación
superior porque no obtienen los puntajes mínimos del ICFES exigidos por las
universidades; es baja la cobertura de la educación secundaria, mucha más en las áreas
rurales, la presencia del estado es muy limitada porque no funciona el aparato de
7
PNUD 2011. Colombia Rural. Razones para la Esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá:
INDH PNUD, septiembre. Pag 33.

7


justicia, la fuerza pública no tiene una presencia y ocupación permanente de todo el
territorio. Hay miles de víctimas del conflicto armado que, después de 15 años, no han
sido plenamente ni atendidas ni reparadas y que, por el contrario, continúan siendo
victimizadas por los mismos actores, que supuestamente iban a abandonar la violencia.
La institucionalidad municipal es refugio de clientelistas que la usan para enriquecerse y
conservar su electorado. La población rural tiene muy poco acceso a los servicios
públicos y a políticas dirigidas a promover el desarrollo rural. Su economía se deteriora
cada vez más debido a factores de tipo técnico, ambiental y financiero. En fin, la
subregión tiene una enorme deuda social con la población de esos 14 municipios que se
han mantenido excluidos, pero, en general con toda la población rural.

Pero las potencialidades de esa zona rural son enormes: es una potencia hidroeléctrica
nacional alimentada por el 85% de los caudales de agua de la región; ha sido una de las
principales zonas de economía campesina del país, de las más importantes en la
producción de hortalizas, de fruta pequeña, de papa y leche, de maíz y frijol, panela y
café, con una caracterizada capacidad productiva de sus campesinos con las que
abastece al Oriente, el Valle de Aburra, la Costa Atlántica; es la segunda zona
productora de flores de Colombia para la exportación. Tiene una oferta de recursos
ambientales (páramo, bosques, agua, fauna y biodiversidad) esencial para la subregión y
para el Valle de Aburrá. Y tiene una gran riqueza paisajística que la hace muy atractiva
para el turismo.

Ahora sabemos que el mundo rural en un planeta globalizado ávido de alimentos, de
materias primas y de recursos ambientales vuelve a ser una promesa y una esperanza.

7. El modelo de privilegio de las áreas y actividades urbanas y abandono relativo de las
áreas y actividades rurales y el propio modelo de desarrollo rural han generado graves
problemas que han impactado negativamente a las zonas urbanas del Valle de San
Nicolás. En efecto, la exclusión y el abandono de las zonas rurales – vale decir de la
mayor parte del territorio y la mitad de la población del Oriente – ha puesto en peligro
la dotación de recursos naturales de la subregión (las aguas, los bosques, el páramo, la
fauna y la flora, la biodiversidad), cruciales para el bienestar y el desarrollo de toda la
subregión. El conflicto, la pobreza y falta de oportunidades, así como los megaproyectos
han generado un vasto proceso de desplazamiento rural-urbano imponiendo presiones
sobre los recursos económicos e institucionales de los municipios receptores, afectando
la calidad de vida de la población urbana, aumentando los conflictos y la violencia
sociales por la falta de oportunidades, porque no se pueden crear empleos de calidad al
ritmo de la migración. La carencia de oportunidades en el campo y la precariedad

8


institucional de los municipios rurales y del Departamento han convertido las zonas
rurales del oriente en refugio de grupos armados y de narcotraficantes que amenazan
permanentemente la seguridad urbana, que transitan entre el campo y las ciudades
desestabilizando el orden público y afectando la vida y la integridad de sus pobladores.

Es indispensable entender que estos impactos no se resuelven solamente con políticas
urbanas, que pueden tener efectos de corto plazo, sino removiendo las causas de los
conflictos y la violencia, que radican en los desequilibrios territoriales, en la segregación
urbano rural y en el abandono del campo. Con la globalización estamos entendiendo
que la calidad de vida de las ciudades depende del bienestar de quienes habitan en las
zonas rurales.

8. Qué poco alcance tiene nuestra memoria: hasta hace apenas una década el conflicto
armado estaba en pleno auge: las tasas de homicidios en todos los municipios del
Oriente superaban los 100 por cada 100 mil habitantes; la autopista Medellín – Bogotá
no podía usarse de noche, se acabó la vuelta a Oriente y cualquier actividad turística;
las cifras de hogares desplazados crecían de manera galopante; había miles de
desaparecidos; los alcaldes no podían gobernar desde sus sedes; había una terrible crisis
humanitaria. Cuando apenas se está empezando a secar la sangre ya no nos acordamos
que esta se generó en las zonas rurales y que las causas que lo promovieron están
intactas, lo mismo que, en buena parte, el dispositivo de la violencia y puede ponerse en
funcionamiento nuevamente en cualquier momento.

El Oriente antioqueño está viviendo una fase de postconflicto que se inició desde la
desmovilización de los grupos de autodefensas en el 2004 y ni siquiera se ha
consolidado como fase por su fragilidad. Desde mediados de la década del 90 se había
formado y desarrollado un movimiento por la paz en la subregión que llevó a
reconocerla como un Laboratorio de Paz. Ese movimiento luchó como ninguno por el
respeto de los actores armados al Derecho Internacional Humanitario, por salvar vidas,
por no dejar solas sino acompañar a las víctimas de la violencia respetando siempre la
acción legítima de las autoridades. Causó gran admiración en Colombia y el exterior un
movimiento social movilizado en pleno auge del conflicto armado, defendiendo a los
alcaldes atacados por guerrillas y paramilitares, manteniendo cohesionada a la
población mediante asambleas ciudadanas y promoviendo la reconciliación porque
sabía que combatientes de distintos bandos pertenecían a los mismos hogares.

La sociedad civil del Oriente tiene arraigo de trabajo por la paz y la reconciliación y ha
aprendido que el campo es un lugar privilegiado para continuar construyendo la paz del

9


lado de las víctimas. Y que al privilegiar el desarrollo rural se está creando la base
material de la reconciliación.

9. El objetivo, entonces es equilibrar el desarrollo regional del Oriente aumentando el
bienestar y la calidad de vida de la población rural y en particular de la población
campesina. Para ello el Proceso Estratégico Regional –PER- del Oriente le propone a
todas las fuerzas que inciden en el territorio unirse en torno a un PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE PARA LA RECONCILIACIÓN, LA EQUIDAD Y
LA COMPETITIVIDAD, que cubra los 23 municipios, que se convierta en un proyecto
piloto regional en Colombia de construcción de paz, se formule en un proceso
participativo de planificación y de acción con todos los actores regionales agrupados
en un SISTEMA SUBREGIONAL DE PLANIFICACION (que debe ser reglamentado por la
Gobernación), con los gobiernos municipales, departamental y nacional, que sea
financiado con una bolsa de recursos de todas las proveniencias del país y el exterior a
través de un contrato plan, y que contenga un fuerte componente de desarrollo
institucional que incluya la creación de una PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE
PLANIFICACIÓN, definida por ley 1454.

10. Creemos que las condiciones están dadas para adoptar ese programa como AGENDA
COMUN DEL ORIENTE. Internamente en Oriente hay un consenso regional acerca de la
necesidad de que haya una agenda común que priorice el criterio de la equidad
subregional y la cobertura de los 23 municipios, el PLANEO le concede alta prioridad a la
estrategia de desarrollo rural, los alcaldes que iniciaron un ejercicio de priorización de
proyectos iniciaron por uno de desarrollo rural, la LOTA 2 ubica en el área rural algunas
de las principales potencialidades y tensiones que hay que intervenir para ordenar el
territorio; la gobernación ya está acompañando procesos de planificación de inversiones
adelantados en el Valle de San Nicolás, Páramo y Embalses; los alcaldes firmaron un
documento para realizar un proceso de planificación e inversión subregional. Por otra
parte, el gobierno nacional tiene especial interés en apoyar estrategias de desarrollo
regional, de aplicar la Ley 1448 de Victimas y Restitución de Tierras y en aplicar a fondo
la Ley de Desarrollo Rural una vez sea aprobada. A nivel de la gobernación la Asamblea
Departamental tramita una ordenanza para crear los Distritos Agrarios y la Secretaría de
Agricultura está dispuesta a apoyar un programa de desarrollo rural, que podría
extenderse a otras dependencias.
11. Diversos documentos producidos por Mesas de Trabajo (Energética, Río Claro,
Ambiental, de Desarrollo Rural, de Derechos Humanos), por el PLANEO, el Consejo
Subregional de Alcaldes, la Asociación de Concejales ACORA, la Asamblea Provincial

10


Constituyente y del Sistema Regional de Planeación, ONGs, la MAI han coincidido en los
componentes principales de esta AGENDA:
a. Integración territorial en una Provincia Administrativa y de Planificación
b. Ordenamiento del territorio rural del Oriente, con formalización de la propiedad y
definición de zonas de protección a través de los Distritos de Desarrollo Rural.
c. Protección, conservación y desarrollo de las culturas agrarias y de los Recursos
Naturales.
d. Reparación a las víctimas individuales, colectivas y al territorio, incluyendo el retorno
y respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
e. Desarrollo Rural Integral de la población rural y de todas las actividades productivas
rurales: agroecología, turismo, recreación, agroindustria.
f. Educación pertinente, ciencia y tecnología para la sostenibilidad.

12. ¿Por qué una Provincia Administrativa y de Planificación en el Oriente como experiencia
piloto de esa figura en el país? Porque el Oriente es urbano-rural no es una subregión
urbana. Un área metropolitana es una institución intermedia adecuada para
conurbaciones y probablemente pueda ser necesaria en un futuro cuando avance un
proceso de conurbación en el Valle de San Nicolás, sin romper la integridad territorial de
la provincia. Pero una Provincia es la que puede hacer que lo rural sea el eje del
desarrollo regional y gestionar las articulaciones y complementariedades con lo urbano.
Un área metropolitana que agrupe solamente a las ciudades del Valle de San Nicolás o
las que proyecta la Región Metropolitana, concentrada en resolver sus problemas,
profundiza la brecha rural urbana, excluye más a la región rural, genera una barrera más
profunda entre el Oriente urbano y el oriente rural. Una Provincia en cambio puede
ayudar a lograr el equilibrio territorial en todo el Oriente, ampliar el mercado para la
propia industria urbana, superar la pobreza y la inequidad, proteger los recursos
naturales, cambiar la tendencia de la migración rural-urbana forzada o económica, y
aliviar la presión de todos los problemas sociales y políticos que van del campo a la
ciudad para que esta se dedique a brindarles oportunidades de inclusión a sus propios
habitantes.

Oriente Antioqueño, Febrero de 2013

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