1. Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda
Del 18 al 24 de marzo
Creación de Prosur. El giro a la derecha que ha vivido Sudamérica en los últimos años
tiene su reflejo, como no podía ser de otra forma, en los organismos multilaterales.
Unasur, la organización patrocinada por el venezolano Hugo Chávez hace más de diez
años, actualmente está vacía de contenido e integrantes. En su lugar, ha nacido el Foro
para el Progreso de América del Sur o Prosur, un nuevo bloque regional con
protagonismo de gobiernos de perfil conservador. Su creación ha sido una iniciativa de
Chile y Colombia a la que pronto se sumaron Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y
Paraguay. Sólo han quedado al margen Bolivia y Uruguay (que acudieron como
observadores), donde la izquierda cuenta con gran apoyo, y, por supuesto, Venezuela.
En la primera reunión, que ha tenido lugar el 22 de marzo, Piñera ha declarado que el
bloque pretende ser un "polo de la democracia, para la libertad y respeto de los
derechos humanos", enfatizando que su objetivo es la defensa de valores y no de una
determinada ideología. La idea es que siga la misma línea que la Alianza del Pacifico,
bloque económico que une a Chile, Colombia, Perú y México, caracterizado por una
reducida burocracia, estructura simple y bajo costo. La declaración conjunta fijó como
temas prioritarios del Foro “la integración en materia de infraestructura, energía, salud,
defensa, seguridad, el combate al crimen y la prevención y manejo de desastres
naturales”. El texto no menciona el comercio, una agenda que quedó a cargo de la
Alianza del Pacífico y Mercosur, el segundo bloque regional, integrado por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay. No puede pasarse por alto que los países integrantes de
Prosur son lo que han reconocido al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan
Guaidó. De hecho, Venezuela era el único país de Sudamérica que no estuvo presente,
aunque en la realidad estaba "presente" a través de la mujer de Guaidó, Fabiana
Rosales, que participó en actividades paralelas. El rechazo de Caracas no se hizo esperar,
Maduro lo calificó como una herramienta más al servicio de los intereses de
Washington.
Nuevo examen del FMI. El 18 de marzo se emitió un comunicado que recoge las
conclusiones de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó Argentina en
febrero con objeto de la tercera revisión del Acuerdo Stand-By, firmado en junio de
2018 y ampliado en septiembre. Una vez se cuente con el beneplácito del Directorio
Ejecutivo, que se espera ocurra en las próximas semanas, se liberará otro tramo de
LATINOAMÉRICA
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ayuda que asciende a aproximadamente 10.870 mill.$. El FMI ha elogiado los esfuerzos de
las autoridades en su firme determinación de abordar los desequilibrios macroeconómicos.
El objetivo de déficit primario de 2018 se ha cumplido pero insisten en que lograr un déficit
primario cero este año (excluyendo el servicio de la deuda) requerirá una mayor restricción
en el gasto gubernamental. En cuanto a la inflación, mal endémico del país, señalan que sigue
siendo alta y advierten que romper la inercia inflacionaria será un proceso largo que
requerirá persistencia y coherencia en el enfoque cauteloso del Banco Central para la fijación
de objetivos de base monetaria. En este contexto, ven con buenos ojos la decisión de las
autoridades de extender el crecimiento monetario de base cero hasta noviembre. El
organismo admite que la actividad económica ha sido débil, pero afirma hay buenas
perspectivas para una recuperación gradual.
Continúa la caída del crecimiento. El PIB cayó un 6,2% en el cuarto trimestre del 2018, con
respecto al mismo trimestre del año anterior, en tanto que en todo el 2018 cayó un 2,5%. En
el momento de redacción, todos los indicadores coyunturales siguen en terreno negativo.
Destacan las fuertes caídas interanuales que han registrado el de la producción industrial (un
10,9% interanual en el mes de enero de 2019 y la novena consecutiva) y el de la construcción
(del 15,7% y la quinta consecutiva). La mayor esperanza es que el sector externo impulse el
crecimiento, gracias a la mejora de la cosecha (tras superar la sequía de 2018); a la fuerte
depreciación que el peso registró el año pasado (que supone una mejora en la competitividad
de las exportaciones); al mayor dinamismo en el crecimiento de Brasil, su principal socio
comercial, y al incremento esperado en el turismo, debido al abaratamiento que ha
registrado el país tras la depreciación. El FMI espera que el crecimiento siga siendo negativo
este año (-1,6%) y se recupere en 2020 (2,1%). Otros organismos no son tan optimistas.
Las presiones sobre el peso no cesan. La moneda argentina sigue sometida a fuerte
presiones y, en lo que va del año, el BCRA ha aumentado en varias ocasiones la tasa de la
licitación de Letras de Liquidez (Leliq), bonos de vencimiento mensual que solo pueden
comprar los bancos. En la última subasta se alcanzó una tasa promedio superior al 65%, con
lo que Argentina tiene hoy la tasa de interés más alta del mundo. Estos movimientos del
mercado obedecen tanto a una economía en recesión como a la creciente incertidumbre
política, con elecciones presidenciales el próximo octubre. Todo apunta a que Macri llegará
a los comicios muy debilitado por la situación económica del país, pero la oposición, por su
parte, está dividida por los escándalos de corrupción y sigue siendo aún una incógnita si
Cristina Kirchner será candidata.
Primer Ministro interino. Jean-Michel Lapin asumió de forma interina, el pasado 21 de marzo,
el puesto de primer ministro de Haití, tres días después de que los diputados destituyeran a
Jean Henry Ceant, tras aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuesta al
agravamiento de la crisis económica. El país caribeño se enfrente a una dramática situación
económica y social que desencadenó protestas en las calles durante el mes de febrero, con un
saldo de 26 muertos y 77 personas heridas. Conviene recordar que Céant, a su vez, había tomado
posesión de su cargo en septiembre de 2018 cuando sustituyó a Jack Guy Lafontant, quien
renunció en medio de violentas protestas por el costo de los combustibles. La situación política
en Haití no cesa de agravarse al tiempo que la economía no da tregua, con una fuerte
depreciación del gourde, la moneda oficial, una elevada inflación, a lo que se ha añadido una
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crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina. Por si esto fuera poco, el Gobierno no
logró aprobar su presupuesto para este año, de 1.650 mill.$, que fue rechazado en enero por la
Cámara de Diputados. El descontento de la población ha alcanzado niveles preocupantes. El mes
pasado salieron a las calles exigiendo la dimisión del presidente Moise, de 50 años, a quien
acusan de desviar fondos de Petrocaribe, el programa por el que Venezuela suministra petróleo
al país. La persistente dinámica inflacionaria (un 14,6% en el último año fiscal) y la pérdida del
poder adquisitivo que conlleva, no ayudan. Por último, la cifras macro no paran de deteriorarse.
El país ha registrado un aumento del déficit fiscal (del 6,5% del PIB en 2018 en comparación con
el 3,9% en 2017) y del déficit por cuenta corriente (del 3,5% del PIB en 2018 frente al 2,9% en
2017). Lapin asume, pues, el cargo en un contexto muy complejo y con nulos indicios de mejora.
En la lista negra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha incluido a
Nicaragua en su "lista negra", como se conoce popularmente el Capítulo IV, debido a las
violaciones de derechos humanos registradas desde el pasado abril. La crisis comenzó por
unas fallidas reformas de la seguridad social que se convirtieron en una exigencia de renuncia
del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
El número de fallecidos ya asciende a 325 muertos, de acuerdo con el propio organismo. La
instalación "de facto" de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el
encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación justifican la
inclusión del país en la citada lista en que figuran cada año los estados donde el respeto a los
derechos humanos merece la "atención especial" de la Comisión. El documento recoge que
el ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que no tiene rigor y que
está politizado. La última vez que Nicaragua figuro en el capítulo IV fue en 1993, después de
haber sido incluido en ese listado cada año desde 1982. Cuba y Venezuela vuelven a figurar
en el listado. Respecto al primero, presente desde 2005, la CIDH asegura que se han agravado
las condiciones "estructurales" que afectan los derechos de los venezolanos y han derivado
en una grave crisis política, social, y económica, al punto de que en la actualidad existe una
ausencia del Estado de Derecho. Cuba, por su parte, también es un habitual desde 1984. El
organismo advierte de "restricciones arbitrarias" al derecho al voto y a la libertad de
expresión y hace una referencia específica al proceso de debate de la nueva Constitución
cubana. En su opinión, sufrió "serias carencias" y permite cuestionarse el proceso que llevó
a la designación del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien sustituyó a Raúl Castro en
abril de 2018.
Nuevas promesas. El gobierno de Nicaragua prometió, el pasado 22 de marzo, liberar a todos
los «presos políticos» en un plazo máximo de 90 días, a cambio de que Estados Unidos y la
Unión Europea levanten las sanciones que han impuesto contra su gobierno. Estas sanciones
afectan a funcionarios cercanos a Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo. Es difícil
conocer el número de personas que han sido detenidas por participar en las manifestaciones
contrarias al gobierno. Las estimaciones oscilan entre unas 400 personas, según la ONU,
hasta 800, de acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una organización
sin fines de lucro. En el momento de redacción de estas líneas, el Gobierno y la oposición se
encuentran involucrados en un complejo proceso de diálogo establecido en una hoja de ruta
que marca como objetivo cerrar las negociaciones para el próximo 28 de marzo. Como parte
de estas conversaciones, Ortega liberó a al menos 100 detenidos el pasado 27 de febrero. No
obstante, por el momento, los liberados han recibido el "beneficio de convivencia familiar u
otras medidas cautelares", lo que supone que su salida de la cárcel puede ser temporal.
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Detención de la mano derecha de Guaidó. La crisis política en Venezuela no hace sino
agravarse. El Gobierno de Nicolás Maduro ha dado un paso más en la escalada de tensión al
detener, el pasado 21 de marzo, al jefe de Gabinete del líder de la oposición Juan Guaidó,
Roberto Marrero. Un testigo dijo a los medios que escuchó al detenido gritar que le habían
“sembrado” dos fusiles y una granada para hacer creer que eran de su propiedad. Ese fue
uno de los argumentos para que lo acusaran de formar parte de una célula terrorista
dispuesta a atentar contra instalaciones eléctricas, el metro o los jueces. El autoproclamado
presidente, reconocido por más de 50 Gobiernos como presidente interino, calificó los actos
de “vulgar secuestro”. Marrero jugaba un papel clave como nexo de unión entre las distintas
familias opositoras. A pesar de ocupar el puesto de jefe de despacho no es diputado y, por
tanto, no goza de inmunidad parlamentaria. No obstante, esta inmunidad está vacía ya de
todo contenido en Venezuela ya que hablamos de una Asamblea declarada en desacato. La
Comunidad Internacional no tardó en reaccionar a la detención. Decenas de países, entre
ellos los del Grupo de Lima, pidieron su libertad y el secretario de Estado de Estados Unidos,
Mike Pompeo, amenazó afirmado que “los involucrados sufrirán las consecuencias".
Nuevas sanciones. El gobierno del presidente Donald Trump anunció al día siguiente de la
detención, el 22 de marzo, nuevas sanciones financieras contra el régimen venezolano. Éstas
afectan a todo el sector bancario venezolano y son las más duras tomadas hasta el momento
por Washington desde las impuestas al sector petrolero. Ya en el verano de 2017 la primera
potencia restringió el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses. No
obstante, las actuales van más allá y sancionan al Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (Bandes) y cuatro filiales en Venezuela, Uruguay y Bolivia. Se les acusa de haber
sido el vehículo para trasferir fondos al exterior con el fin de evadir las sanciones de Estados
Unidos y apoyar a Maduro. Dos días antes, el 20 de marzo, EE.UU. impuso sanciones también
sobre la compañía estatal de minería venezolana Minerven y sobre su presidente, Adrián
Antonio Perdomo Mata, por hacer “un mal uso de las operaciones mineras de oro como otra
forma de robarle al pueblo venezolano”. Ello implica la congelación de cualquier activo que
tengan dentro de EE UU y la prohibición de hacer cualquier trato con ellos. Las empresas de
países como Rusia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos quedan, por tanto, en riesgo de
recibir sanciones de la Administración de Trump si continúan haciendo negocios con la firma
estatal venezolana. El objetivo último de todas estas medidas es asfixiar económicamente al
país latinoamericana como medida de presión sobre el régimen chavista.
EE.UU. todavía cuenta con munición. Trump ha amenazado esta semana con aplicar nuevas
medidas al tiempo que volvió a exigir a los militares venezolanos que suspendan su apoyo al
presidente Maduro. Entre las opciones con las que cuenta figura el ampliar los sectores
objeto de sanción. Además de oro y el petróleo, ya sancionados, podrían aplicarse medidas
de penalización a otras formas minería y quizás la agricultura, pero expertos dicen que eso
sería probablemente simbólico debido a la producción limitada de esas industrias. Tampoco
puede descartarse la aplicación de “sanciones secundarias” a compañías y entidades no
estadounidenses que comercien con Venezuela en rubros como petróleo y oro. Estas
sanciones son similares a las impuestas contra el gobierno de Irán. En cuanto al sector
bancario, podría extender las sanciones a instituciones financieras extranjeras que sigan
ofreciendo crédito a Maduro. De hecho, el 11 de marzo, Estados Unidos sancionó a un banco
de Moscú propiedad de los monopolios petroleros ruso y venezolano. Por último, siempre
queda la posibilidad de ampliar las ya existentes, bien aumentando el número de personas
sujetas a sanciones individuales (actualmente afectan a 80 personas cercanas a Maduro) y/o
ampliar la revocación de visas.
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El Banco Central sigue la estela de la Fed. El banco central indonesio decidió, el pasado 20
de marzo, mantener su tipo de interés de referencia inamovible en el 6%, por cuarto mes
consecutivo. La decisión vino motivada, en parte, por el discurso de Jerome Powell,
Gobernador de la Reserva Federal, quien muy pocos días antes había afirmado que no tenía
intención de subir más los tipos a lo largo de este año, cuando el pasado enero los mercados
descontaban no menos de dos subidas en 2019. En 2018, en respuesta a las cuatro
elevaciones del precio del dinero a cargo de la Reserva Federal, los bancos centrales de
muchos países emergentes tuvieron que hacer lo propio para intentar detener las salidas de
capitales y la subsiguiente fuerte depreciación de sus monedas. Este fue el caso del banco
central indonesio, que a lo largo de 2018 subió los tipos de interés de referencia en 175
puntos básicos, convirtiéndose, junto con su homólogo filipino, en uno de los bancos
centrales que más agresivamente endureció su política monetaria en respuesta a los
movimientos de la Fed. A pesar de ello, la rupia indonesia fue la moneda asiática con peor
comportamiento frente al billete verde, depreciándose nada menos que en un 5,7% frente a
la divisa estadounidense. La actitud prudente del Gobernador de la Fed en 2019 está siendo
una buena noticia para los países emergentes, cuyos activos están de nuevo suscitando el
interés de los grandes fondos de inversión, siempre a la búsqueda de ese plus de rentabilidad.
Dicho de otro modo, la inversión en cartera está de nuevo retornando a países que, como es
el caso de Indonesia, mantienen una tasa razonablemente elevada de crecimiento
económico al tiempo que la inflación está bajo control. No es, pues, de extrañar que la Bolsa
de Yakarta –el Jakarta Composite Index‒ acumule en lo que se lleva de año una subida del
4,6%, y que la rupia indonesia se haya apreciado en un 1,9% en el mismo periodo,
recuperando parte del terreno perdido en 2018.
Riesgos potenciales a la vista. El principal riesgo es de índole política, ya que el archipiélago
celebrará el próximo día 17 de abril elecciones presidenciales. Las encuestas dan como
favorito al actual Presidente, Joko Widodo, frente a su principal rival, el ex general Prabowo
Subianto, a quien de hecho ya había derrotado en las anteriores elecciones presidenciales de
hace cinco años. Sin embargo, siempre existe el peligro de una sorpresa de última hora. Una
derrota de Widodo sería, muy posiblemente, mal acogida por los mercados, dando lugar a
salidas de capitales y a presiones depreciatorias sobre la rupia. Otro riesgo, en este caso de
carácter macroeconómico, viene dado por el relativamente elevado déficit por cuenta
corriente que arrastra el país. En 2018 equivalió a un 3% del PIB, y fue la principal causa que
desencadenó las salidas de capitales y la fuerte depreciación de la rupia, ya comentada. Su
reducción no va a ser tarea fácil. Una parte sustancial del déficit corriente viene ocasionado
por la fortaleza del consumo privado, y éste muy probablemente seguirá avanzando a buen
nivel en 2019, un año en el que se prevé que el PIB crezca ligeramente por encima del 5% en
términos reales. Por el momento, la inflación, del 2,57% en febrero, se mantiene bajo control
al situarse en la parte baja de la banda objetivo del banco central (2,5%-4,5%). Sin embargo,
un vuelco electoral de última hora podría desencadenar un nuevo brote de desconfianza de
los mercados, salidas de capitales y presiones a la baja sobre la rupia. Por todo ello, el Banco
Central ha optado por la prudencia al dejar inamovibles los tipos de interés, un movimiento
que ha sido alabado por los analistas.
ASIA
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Una nueva fuente de tensiones comerciales. Indonesia y Malasia generan ambos el 85% de la
producción mundial de aceite de palma, un cultivo que, para los dos países, tiene una
importancia enorme tanto en términos de empleo como de ingresos por exportación. Sin
embargo, en ambos países la extensión de su cultivo ha provocado –y provoca- deforestación y,
a la postre, un aumento de los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera. Los grupos
ecologistas, conocedores de esta situación, llevaban desde principios de 2018 presionando a las
autoridades comunitarias para que redujesen el peso de los aceites vegetales en la elaboración
de los biocombustibles que habrán de ser uno de los ejes de la futura política energética
comunitaria. Dicho y hecho. El pasado 11 de diciembre, entró en vigor la Directiva 2018/2011
sobre Energías Renovables, que, al restringir el uso del aceite de palma en la producción de
biocombustibles, recoge buena parte de las demandas de los grupos ecologistas. Desde que
éstos empezaran con su campaña de presión a comienzos del año pasado, el precio internacional
de esta materia prima no ha dejado de caer, y la caída se ha intensificado a raíz de la aprobación
de la citada directiva. La Unión Europea es un comprador de cierta importancia de aceite de
palma y Malasia, concretamente, dirige hacia el continente en torno al 12% de sus exportaciones
de este producto. El Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, un cártel que, al modo
de la OPEP, pretende influir en el precio internacional de esta materia prima y que, como no,
está integrado por Indonesia, Malasia y Colombia (ésta última produce un 5% del total mundial),
está barajando llevar el asunto ante la OMC. A nivel bilateral, tanto Indonesia como Malasia
están esgrimiendo la posibilidad de imponer sanciones comerciales a la Unión Europea si ésta
no suaviza o, mejor aún, suprime la citada Directiva. El asunto no ha hecho más que empezar,
pero todo indica que una nueva fuente de tensiones comerciales se está perfilando en el
horizonte, con el aceite de palma como protagonista.
Inesperada dimisión. El pasado 19 de marzo el presidente Nursultán Nazarbayev anunció que
abandonaba su cargo tras cerca de 30 años al frente del país. La avanzada edad del mandatario,
que en 2019 cumple 78 años, había hecho surgir numerosas especulaciones acerca cuándo se
produciría el relevo de poder. Sin embargo, esta decisión ha cogido a muchos por sorpresa. El
portavoz del Senado, Kassym-Jomart Tokayev, le sucederá en el puesto hasta abril de 2020
cuando finaliza la actual legislatura. Nazarbayev seguirá ocupando cargos de relevancia como
presidente del Consejo de Seguridad, lo que le permitirá controlar la política exterior del país, y
se mantendrá al frente del partido mayoritario del país, el Nur Otán, cuyo sucesor será, con toda
seguridad, el próximo presidente del país. Con su dimisión el presidente kazajo, el único de los
líderes de la época soviética que permanecía en el cargo, rompe con una práctica habitual en la
región de Asia Central, donde habitualmente las transiciones de poder se han producido tras la
muerte de su antecesor. A lo largo de las tres décadas que ha durado su mandato, Nazarbayev
ha triplicado el tamaño de la economía gracias al desarrollo del sector de los hidrocarburos, ha
conseguido mantener buenas relaciones con Rusia a la vez que tendía lazos con China y ha
logrado que el país sea clasificado dentro del grupo de Estados de renta media alta. Todo ello a
EUROPA DEL ESTE - CEI
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la vez que desarrollaba un régimen político extremadamente personalista con un férreo control
de las instituciones y una incesante persecución de cualquier conato de oposición política. Así
pues, sin pretender restar importancia a los numerosos logros económicos, para muchos el
mayor legado del Nazarbayev es precisamente su dimisión y el dejar paso a un nuevo episodio
en la corta historia política del joven país.
Mueller disipa las dudas sobre el presidente Trump. Tras casi dos años, el fiscal especial Robert
S. Mueller ha finalizado su investigación sobre los vínculos entre el presidente Trump y Rusia en
las elecciones de 2016. El 24 de marzo, el fiscal general, William Barr, entregó al Congreso una
carta con sus conclusiones sobre el Informe redactado por Mueller en la que subrayaba dos
ideas. Por una parte, concluye que la injerencia rusa en la campaña electoral de 2016,
efectivamente, tuvo lugar pero, por otra, que no se han hallado pruebas de que Donald Trump
o cualquier otra persona cercana al presidente ayudase a orquestarla. El mandatario, que
durante los dos últimos años ha acusado a los demócratas de estar llevando a cabo una caza de
brujas contra él, ha celebrado a golpe de tuit las conclusiones de la justica que le exoneran de
cualquier culpa. Mueller, sin embargo, no se ha pronunciado acerca de si el presidente
estadounidense ha cometido un delito de obstrucción a la justicia al ejercer presiones sobre el
exdirector del FBI, James Comey, a quien despidió por negarse a cerrar el caso. A pesar de este
triunfo político, Trump actualmente enfrenta distintas investigaciones judiciales en otras
jurisdicciones, incluyendo la investigación de un juzgado del distrito sur de Nueva York por
posible financiación ilegal de la campaña. Algunos representantes demócratas como la portavoz
en el Congreso, Nancy Pelosi, anunciaron que van a solicitar que se publique la totalidad del
Informe Muelller y que continuarán las investigaciones sobre el presidente.
Intensificación de los lazos económicos. Egipto empezará a recibir suministros de gas natural
procedentes de Israel a mediados de este año. Ambos países firmaron a principios de 2018 un
acuerdo a diez años de compra de gas natural por valor de 15.000 mill.$. El gas natural provendrá
de los yacimientos off-shore de Tamar y Leviathan, ambos en aguas territoriales israelíes. En
principio, los suministros tenían que haber comenzado a principios de este año, pero se han
visto retrasados por la existencia de algunos problemas técnicos descubiertos en los tramos
sumergidos del gasoducto que conecta el sur de Israel con la Península del Sinaí. Dicha
infraestructura fue utilizada por Egipto para exportar gas a Israel durante la era Mubarak (1981-
2011). Sin embargo, el Presidente islamista Mohamed Morsi ordenó suspender dichas
exportaciones en 2012 con objeto de destinar ese gas al consumo interno. Además, en aquellos
años el gasoducto había sido objeto de varios sabotajes a cargo de grupos islamistas en los
tramos emergidos que transcurren por la Península del Sinaí. Lo relevante es que con la firma
de este nuevo contrato, las relaciones entre Israel y Egipto, entran en una nueva dimensión y ya
no están centradas exclusivamente en cuestiones de seguridad.
NORTE DE ÁFRICA - ORIENTE MEDIO
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Contexto. Como se recordará, el hasta ahora presidente, Azali Assoumani, aprobó a finales
de julio, mediante referéndum, un cambio constitucional que eliminó la obligatoriedad de
rotación de la presidencia y, por tanto, el límite de un mandato. Como consecuencia, el
político podrá gobernar durante dos legislaturas más de cinco años cada una. Assoumani,
elegido en las elecciones de 2016, ya gobernó el país entre 1999 y 2006, después de perpetrar
un golpe de Estado. El cambio constitucional rompió el acuerdo alcanzado en 2001 que
establecía una Presidencia rotaria entre las tres principales islas del archipiélago, una medida
para favorecer la conciliación en un país salpicado por numerosos golpes de Estado y para
mitigar las aspiraciones secesionistas de algunas regiones. La crispación de la ciudadanía ante
la deriva autoritaria de Assoumani desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad el pasado mes de octubre. Las autoridades respondieron adoptando medidas
drásticas para aplacar las voces críticas, como el corte de suministro de agua y electricidad.
Varios manifestantes fallecieron como consecuencia del uso de munición real por parte de
las fuerzas armadas.
Llegó el día. Finalmente, el pasado 24 de marzo, la Unión de Comoras celebró las
controvertidas elecciones presidenciales. Un total de 13 candidatos se postularon a la
convocatoria. El principal favorito es Assoumani, gracias, entre otras cosas, a la ventaja que
le ofrece el control de las instituciones. Durante la jornada se registraron algunos incidentes.
La oposición ha denunciado la falta de transparencia del proceso electoral. En concreto, han
criticado la ausencia de observadores internacionales y han acusado a las autoridades de
facilitar papeletas que ya estaban marcadas. En el momento de redacción de estas líneas los
resultados oficiales no han sido publicados.
Emisión de bonos. El país africano emitió 3.000 mill.$ en los mercados internacionales el pasado
19 de marzo. Este importe se dividió en tres tramos de bonos con un vencimiento de 7, 12 y 31
años. El interés exigido fue del 7,875%, 8,125% y 8,95%, respectivamente. La demanda superó
los 20.000 mill.$, seis veces el importe del nominal de los bonos y el tipo de interés fue menor
de lo esperado. Después de la buena acogida de la emisión, las autoridades del país africano no
descartan lanzar al mercado instrumentos de deuda pública con vencimientos más largos, de
hasta 50 años. Las agencias S&P y Fitch otorgan una calificación crediticia de B, cinco peldaños
por debajo del grado de inversión. Así pues, parece que las condiciones inusualmente favorables
de financiación en los mercados se mantienen, algo a lo que ha contribuido el reciente cambio
de discurso de la Fed y el BCE.
Crisis humanitaria. Con el paso de los días la magnitud del paso del ciclón Idai en Malaui,
Mozambique y Zimbabue se agrava. Se estima que las lluvias torrenciales afectaron de forma
directa a más de 770.000 ciudadanos. El número de víctimas mortales ha ascendido hasta 656,
en su mayoría en Mozambique. El descenso del nivel del agua en los últimos días ha facilitado el
operativo de rescate. La prioridad, ahora, es la asistencia a los miles de damnificados, algo
extremadamente complicado debido a la dificultad de acceder a las zonas más anegadas,
ÁFRICA SUBSAHARIANA
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especialmente aquellas alejadas de los principales núcleos urbanos. En las regiones más
golpeadas de Zimbabue, Chimanimani y Chipinge, casi la totalidad de las carreteras están
severamente dañadas o, directamente, devastadas, lo que obstaculiza la distribución de
alimentos y de material sanitario. La ONU ha elevado el estado de emergencia al nivel 3, el más
alto, una categoría únicamente asignada a las crisis humanitarias de Siria y Yemen.
Al Shabab, de nuevo. El grupo yihadista perpetró la semana pasada un ataque contra la sede
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la capital, Mogadiscio. Los terroristas
primeramente explosionaron dos coches bombas y, acto seguido, un grupo de hombres
armados irrumpieron en el edificio gubernamental. Al menos 15 personas han perdido la vida
en el atentado; entre ellos, el viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La lucha contra el grupo
terrorista se ha incrementado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde
entonces se han multiplicado los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses contra Al
Shabab. Sin embargo, el control del gobierno de las regiones alejadas de Mogadiscio es todavía
marginal.
La Fed mantiene intactos los tipos. En la segunda reunión del año, que tuvo lugar entre el 19 y
20 de marzo, la Reserva Federal ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés, situados
desde diciembre de 2018 entre el 2,25 y el 2,5%. Los mercados, que no descontaban una subida,
sí esperaban dar respuesta a otras cuestiones relacionadas con la política monetaria
estadounidense. Fundamentalmente, cuándo volverá a subir tipos el organismo y qué hará con
los activos de deuda que aún mantiene en su balance. En base a las declaraciones del presidente
Jerome Powell todo apunta a que no habrá más incrementos del precio del dinero en lo que
queda de año. Por el momento, solo cabe esperar una subida en 2020. Además, el próximo mes
de septiembre pondrá fin al programa de reducción de su balance que comenzó en el último
trimestre de 2017. De esta forma, se constata de forma definitiva el cambio de orientación de
la política monetaria tras el deterioro de las proyecciones de crecimiento económico para este
año y el que viene. La Fed estima que la economía estadounidense crecerá un 2,1% en 2019 (dos
décimas por debajo de la previsión anterior) y para 2020 se espera una desaceleración hasta el
1,9%. Esta moderación del crecimiento estimado en EE.UU, sumado a una desaceleración mayor
de lo inicialmente esperado en China y Europa han provocado que el organismo haya optado
por paralizar la normalización de la política monetaria tal y como ya hizo el BCE en su reunión a
principios del mes de marzo.
Pacto de Calidad Democrática. Alemania y Bélgica han lanzado una propuesta conjunta para
medir el respeto a las normas y libertades del Estado de derecho en los países de la UE. La
iniciativa surge del progresivo deterioro de las libertades democráticas en algunos países
como Hungría y Polonia. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han solicitado al
OCDE
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Consejo la aplicación Art. 7 contra estos dos Estados miembro. Sin embargo, dado que la
aplicación de este artículo podría culminar, en última instancia, en una privación del derecho
a voto de ambos en el propio Consejo, muchas capitales europeas, casi todas las de los países
del este, se niegan a aplicar este instrumento hasta sus últimas consecuencias. El Pacto de
Calidad Democrática, que actualmente cuenta con el respaldo de 20 Estados, se basará en la
revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica. Se
utilizarán indicadores ya disponibles en fuentes de información nacionales e internacionales
(en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa). A pesar de que inicialmente la adhesión
de los países se hará con carácter voluntario, el proyecto aspira a integrar a los 27 socios de
la UE. A diferencia del Pacto de Estabilidad presupuestaria no cuenta con un mecanismo
sancionador en caso de transgresión de las normas, sin embargo no se descarta que a medida
que se vaya poniendo en práctica se incluyan medidas adicionales para endurecer su
aplicación. Alemania, que asumirá la presidencia rotatoria de la UE en 2020, hará de esta
iniciativa una de sus prioridades. De hecho, cabe la posibilidad de que incluso proponga
incluir sanciones económicas en forma de recortes en los fondos estructurales a los países
que violen los valores fundamentales de la UE.
Italia. La Nueva Ruta de la Seda llega hasta Roma. El presidente chino Xi Jinping acordó, el
pasado 23 de marzo, la entrada de Italia como miembro oficial de la iniciativa de Nueva Ruta
de la Seda. La conocida en inglés como “Belt and Road Initiative” (BRI) tiene el objetivo de
mejorar las conexiones por vía ferroviaria, marítima y aérea de China con numerosas
regiones de Asia Central, África y Latinoamérica mediante la financiación de grandes
proyectos de infraestructura ferroviaria. A través del Banco Asiático de Inversiones e
Infraestructuras, el gigante asiático ya ha financiado la construcción de carreteras en Uganda,
una línea de tren que atraviesa Kazajstán o la futura construcción del mayor puerto comercial
en Tanzania. Italia, con la firma de los acuerdos de colaboración en turismo, banca y comercio
con Pekín, pasa a ser el primer país del G-7 que forme parte de esta iniciativa. Como viene
siendo habitual en los proyectos relacionados con la Nueva Ruta de la Seda, las condiciones
de los acuerdos comerciales no han trascendido. Sin embargo, sí se sabe que Pekín ha
ofrecido nuevas vías de financiación a Roma, una muy buena noticia para el Ejecutivo en un
momento en que la deuda pública supera ya el 130% del PIB. Esta buena acogida al proyecto
Chino ha despertado recelos en Bruselas. De hecho, para calmar los ánimos e intentar
mejorar su imagen exterior, el presidente chino continuó su ruta hacia Mónaco y Francia
donde se reunió con sus homólogos el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller
alemana, Ángela Merkel, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Reino Unido. Bruselas da un ultimátum a Londres. La última cumbre europea celebrada
entre el 21 y el 22 de marzo tenía como objetivo principal dar respuesta a la solicitud de
Theresa May. El Parlamento británico, tras rechazar doblemente el acuerdo negociado por la
Primera Ministra con Bruselas, había ordenado a la mandataria que solicitase una extensión
del plazo del Art. 50 para evitar una salida abrupta de la UE el próximo 29 de marzo. Como
consecuencia, ésta solicitó al presidente del Consejo, Donal Tusk, una extensión breve, hasta
el 30 de junio, para intentar conseguir el apoyo de los diputados conservadores al plan. Como
uno puede imaginar, tras los abrumadores rechazos de Westminster al plan del Brexit, la
credibilidad de la primera ministra ante los líderes europeos se encuentra bajo mínimos y
dada la elevadísima posibilidad de que a pesar de la prórroga May no consiguiese la mayoría
suficiente para aprobar el plan, los Veintisiete acordaron conceder una prórroga con
condiciones. Si el Parlamento británico vota a favor del Acuerdo de Salida esta semana, la
extensión del Art.50 será hasta el 22 de mayo, víspera de la celebración de las elecciones
europeas. Si por el contrario lo rechaza, la prórroga será hasta el 12 de abril, momento en el
que se producirá una salida abrupta de Reino Unido de la UE. Este ultimátum que ha dado
Bruselas responde a la imperiosa necesidad de que Reino Unido termine definitivamente con