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PROPUESTAS PARA UNA NUEVA EDUCACIÓN
El sistema educacional chileno tiene fallas estructurales que sistemáticamente agudizan las
desigualdades, mundialmente conocidas, que aquejan a nuestra sociedad. En Chile, nuestros
derechos son entendidos como privilegios y son obtenidos como beneficios según su poder
adquisitivo. Este modelo instalado a espaldas de la ciudadanía, permite que el mercado
desregulado, donde cada uno accede a lo que puede comprar, invada y privatice las distintas
esferas de la vida social, incluso a aquellas que consideramos como derechos básicos,
necesarios para el desarrollo integral de la vida de las personas. El Estado solo se limita a
entregar un mínimo poco digno a quienes no pueden desenvolverse en el mercado. Ellos no
son pocos.
En los últimos tres años se ha producido un proceso de creciente aumento de la masividad con
que la sociedad chilena adhiere a las demandas del movimiento social por la educación, que se
ha movilizado contra esta concepción mercantil y reduccionista de la misión que tiene la
educación en una sociedad.
Transcurridos ya dos años desde el “estallido” del 2011, como movimiento social hemos
madurado y comprendido que no nos basta con poner los temas sobre la mesa: aspiramos
también a construir las soluciones que la educación del país necesita, a pesar de tener en
contra una constitución de orígenes antidemocráticos y la poca voluntad de avanzar de la clase
política de las últimas décadas.
A través de este documento no pretendemos entregar un “recetario” de las soluciones a la
crisis de la educación chilena. Por el contrario, buscamos sintetizar los principales consensos
que hemos ido madurando y trabajando como movimiento social, con el fin de invitar a la
sociedad chilena a debatir, en una amplia discusión programática en la cual todos seamos
capaces de hacernos parte de forjar con nuestras manos la educación y el Chile que soñamos.
La educación que tenemos
Durante las últimas décadas se nos ha impuesto un modelo concebido bajo los siguientes
supuestos:
- La educación es un bien y no un derecho, en la cual una inversión individual genera un
retorno exclusivamente privado, razón por la cual sería responsabilidad únicamente de los
estudiantes y sus familias.
- La calidad es el resultado de la competencia y de la aplicación de sanciones e incentivos.
- El rol del estado, en tanto ente que articula el interés social, debe ser mínimo y subsidiario a la
intervención de los privados.
- El retiro de excedentes (lucro) por parte de los inversionistas privados en educación, es un
gran incentivo para la creación de un sistema educacional que cumpla con el rol que lo
sociedad demanda de él.
- Los mecanismos de mercado tienen la capacidad de distribuir las oportunidades y el acceso a
una mejor educación de manera justa e igualitaria.
- La calidad educativa se mide a través de la aplicación de variadas pruebas estandarizadas, y
los premios e incentivos a los profesores, alumnos y establecimientos de mejores resultados,
además de las sanciones a los de peor desempeño, son una buena manera para mejorar estos
resultados.
Esta visión ha operado sin contrapesos durante los últimos más de 30 años. En este período,
ha demostrado su incapacidad de hacerse cargo de los siguientes roles que un sistema
educativo debe tener dentro de una sociedad democrática:
- Crear el ámbito de diálogo y de transmisión de cultura donde los sujetos puedan constituirse.
- Generar las competencias que son necesarias para el ejercicio de la ciudadanía.
- Generar una sociedad democrática e igualitaria, en donde el origen de las personas no
marque para siempre las condiciones de vida que tendrán a futuro.
- Propender a eliminar la enorme segregación socioeconómica que vive nuestro país
- Producir conocimiento al servicio de las necesidades de la sociedad chilena.
- Aportar a la formación de los profesionales y técnicos que la sociedad necesite para su
desarrollo.
La educación que queremos
Para la consecución de esos fines proponemos la creación de un Sistema Nacional de
Educación, público, gratuito, autónomo, democrático, pluralista, intercultural y de excelencia.
- Público porque concebimos la educación como un derecho social universal que debe ser
garantizado como tal por la Constitución Política de Chile y estar liberado de todo interés
particular para orientarse a la satisfacción del interés general de nuestra sociedad.
- Gratuito, en tanto la educación es una inversión social y no individual, y un espacio de
relaciones sociales libres de la mediación del dinero, al cual todos acudimos como iguales en
dignidad y derechos con la finalidad de aportar a nuestro desarrollo personal y al colectivo.
- Autónomo, democrático y pluralista, para preservar el proceso educativo de todo interés
particular, ya sea de carácter partidista, religioso o económico, así como para formar
profesionales y técnicos con conciencia crítica y formación integral y contribuir así a la
construcción de ciudadanía.
- De excelencia, entendida más allá de un resultado contingente en una prueba estandarizada,
educando en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio
ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y en sintonías
con las necesidades del país, tanto productivas como culturales. Esto implica necesariamente
garantizar una formación integral del estudiante que permita promover una capacidad crítica,
que se apropie de los procesos productivos en los que participa y que desarrolle su tarea con
sentido cooperativo y colaborativo.
- Intercultural, en cuanto consideramos fundamental que se reconozcan las realidades
culturales del país incluyendo los conocimientos de los pueblos originarios dentro de todos los
niveles de la educación formal, haciendo de esta forma respetar el convenio N 169 de la OIT y
la ley 19.253,.
Asimismo, entendemos que un aspecto fundamental para procurar las transformaciones que
soñamos, es el contar con una institucionalidad que lo haga posible, materializada en una
Constitución de origen y de carácter democrático. Nuestra Carta Magna debe
- Consagrar la Educación como un derecho social universal.
- Establecer que el Estado sea el principal proveedor de este derecho y un regulador efectivo,
que establezca reglas claras y sancione adecuadamente cuando sea necesario.
- Contemplar un proceso hacia la gratuidad en todos sus niveles en concordancia con el
artículo 13 del “Pacto de Derecho Económicos, Sociales y Culturales” ratificado por Chile en
1989.
- Contemplar los principales objetivos en educación que tenemos como país, construyendo de
esta forma, un sistema educacional que esté en concordancia con aquellos objetivos.
- Reconocer el carácter plurinacional del estado chileno, en relación a la inclusión de los
pueblos originarios en este proyecto educativo.
- Consagrar el derecho a la educación de quienes requieran enseñanza especial.
Asimismo, mientras no sea implementada una nueva constitución, es urgente incluir el derecho
a la educación consagrado en el Artículo 19 Nº 10 de la C.P.R, entre aquellos cuyo legítimo
ejercicio puede ser reclamado mediante un recurso de protección.
Educación inicial
a) Reformas Institucionales
La educación inicial se refiere a todo el proceso de estimulación de los niños desde que nacen
hasta que entran a la educación formal. Educación pre-escolar es la escolarización de los niños
en pre-kinder y kínder. La Educación inicial debe considerar al niño o niña sujeto de derechos,
promover su desarrollo integral y no sólo congnitivo instrumental para la futura escolarización.
Por lo tanto, las políticas de educación inicial deben ser acordes a cada nivel de desarrollo,
considerándose como “niveles de desarrollo” todos aquellos que comprenden la educación
desde que el niño ingresa al sistema educativo a los 84 días, en nivel Sala Cuna Menor.
Actualmente, de todos los niveles educativos, la educación inicial es el más desregulado. La
legislación establece que debe ser promovida por el Estado, sin embargo, dicha labor es
delegada a diversos organismos autónomos, cuya ligazón con el MINEDUC es más formal que
sustantiva. El ministerio fija estándares mínimos muy básicos en materia de infraestructura,
seguridad y cuidados del menor (higiene y alimentación). Sin embargo, además de ser
insuficientes, estos mínimos ni siquiera son vinculantes para las instituciones, dado que la
educación inicial no es un nivel obligatorio, a pesar de tratarse de una etapa fundamental en
cuanto al desarrollo de formas y métodos de aprendizajes relevantes para toda la educación
posterior.
En este contexto desregulado, se produce una proliferación de instituciones sin un proyecto
educativo coherente y adecuado (ni siquiera con un plan de estudio acorde al Ministerio de
Educación), sin personal ni infraestructura apropiada, etc. Al año 2013 en curso, poco más de
30 mil niños se educan en establecimientos registrados por la JUNJI, mientras que cerca de
200 mil lo hacen en jardines sin ningún tipo de empadronamiento, no pudiendo ser clausurados
ni intervenidos de ninguna forma por dicha institución. Existe únicamente un muy débil
esquema de sanciones, en el cual se establecen multas a los jardines infantiles clandestinos
que no sobrepasan los 120 mil pesos, cuestión que dista mucho de representar un incentivo
suficiente para cumplir con las normativas.
Se requiere, por tanto, una nueva institucionalidad, que sea capaz de resguardar la calidad de
la educación entregada y la transparencia de las instituciones que imparten educación inicial.
Propuestas
- Reconocimiento oficial del Ministerio de Educación como proveedor de educación inicial, a
través de los órganos del Estado que se determinen para el efecto.
- Creación de un órgano fiscalizador, que sea el único capacitado para autorizar la apertura de
un establecimiento de educación inicial y de autorizar la continuación de sus funciones, con
facultades de clausurar y/o de asumir la administración provisional de un establecimiento que
no cumpla con los requisitos mínimos.
- Creación de una batería de requisitos orientados a mejorar la calidad de los establecimientos
de educación preescolar, que contemple al menos:
 Máximo de 15 niños por sala en etapa de sala cuna.
 Máximo de 20 niños por sala en niveles medios (medio mayor – medio menor)
 Máximo de 30 niños por sala en nivel transición
 Mínimo de un/a educador/a de párvulos con estudios universitarios debidamente
acreditados, por nivel y en una proporción que no exceda la de 5 niños por educador/a
en primer ciclo y 8 en segundo ciclo.
- Establecer el empadronamiento JUNJI como obligatorio, en tanto forma de unificación de
criterios, que garantice que los establecimientos cumplan los requisitos mínimos.
b) Financiamiento y acceso
Aspiramos a una educación inicial inclusiva, equitativa e integradora. Y el escenario actual del
financiamiento y el acceso contribuyen en la dirección opuesta. En cuanto a lo primero, se
presentan problemas similares a los de los otros niveles educativos que se detallarán más
adelante. Existen establecimientos privados y municipales, asumiendo para estos últimos la
JUNJI y la Fundación Integra.
En lo que respecta al acceso, y derivado de lo anterior, las características de otros niveles se
reproducen en este, generándose diferencias de calidad y altos niveles de segregación desde
la cuna. Se requiere avanzar hacia un acceso universal y obligatorio, cuestión que además
implica un aumento significativo del gasto por niño que realiza el Estado en este nivel
educacional.
Propuestas
- Poner término a la municipalización del sistema, a través de una ampliación de la red de
Jardines Infantiles del Estado, de carácter descentralizado, bajo la forma de servicios públicos
con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública pre-escolar.
- Eliminación del copago en todas sus formas, por sus consecuencias en la segregación y
como política pública para impedir la reproducción de desigualdades desde el nivel inicial.
- Prohibición de toda forma de selección en educación inicial, incluida la que se imparte en
establecimientos escolares.
- Promover lógica de integración que hoy existe en algunos organismos estatales, donde en la
sala cuna pueden compartir los hijos del ministro con los de un trabajador del ministerio.
c) Reformas docentes y curriculares
Actualmente, las condiciones de los/as educadores/as de párvulos distan mucho de ser
acordes a la importancia que posee este nivel educativo. Según declaración pública de mayo
del presente año, la Organización Mundial para la Educación Preescolar reconoce como parte
de los problemas la baja remuneración de la profesión, el poco incentivo para contratar apoyo
técnico para la educación de párvulos, o la infraestructura en la que trabajan.
Por si esto fuera poco, el recientemente publicado DFL-115 elimina la obligatoriedad de
contratar auxiliares de aseo en los jardines, haciendo que en los hechos esta labor recaiga en
los propios docentes, sin que aquello se traduzca en sus remuneraciones. Finalmente, ni
siquiera han sido incluidos en el proyecto de carrera docente, ni en el actual Bono de
Reconocimiento Profesional (BRP), marginando con ello su formación y condiciones laborales.
Propuestas
- Creación de un órgano fiscalizador de las carreras de educación de párvulos, tanto técnicas
como profesionales. Dicha entidad deberá enfocarse en una completa revisión de las mallas
curriculares, orientada a su modernización y adaptación a la realidad nacional y el proyecto
educativo que construyamos como país. Ahora bien, es importante destacar que dicha
construcción ha de hacerse incluyendo a los diversos actores que forman parte del proceso
educativo, a través de procesos de consulta y participación vinculantes que generen y resulten
en mallas curriculares realmente representativas que tengan correlato con el concepto de
educación que definamos. En función de lo anterior, deberá proponer requisitos para la futura
creación de estas carreras, evitando su proliferación desregulada de ellas.
- Modificar el decreto 115 (que en 2012 fue modificado por el 315), de manera de aumentar la
cantidad de educadores y técnicos por aula. Deberá haber, al menos, un/a educador/a de
párvulos por sala, profesional, de carrera acreditada, de mínimo cuatro años de formación.
- Profundizar sobre las “Bases Curriculares para la Educación Parvularia”, teniendo como eje
central el fomentar el trabajo con pares y la socialización dentro de la formación.
Educación Escolar
a) Reformas institucionales
Se argumenta a favor del actual modelo el que habría permitido una acelerada expansión de la
cobertura educacional. Sin embargo, aquello no se hace cargo de que la cobertura podría
haberse ampliado de diversas maneras, particularmente en un país que ha experimentado un
crecimiento sostenido desde fines de los ochenta.
Optar por una provisión fundamentalmente privada es una decisión política, que ha traído
costos enormes en la calidad de la educación, y en el creciente debilitamiento y abandono de la
educación pública, promoviendo un sistema en el cual las instituciones compiten por alumno y
no por calidad. De ahí que se hace necesaria una transformación en el modo de organización
institucional del sistema, que ponga el centro en el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de la
educación pública.
Desmunicipalización
La municipalización de la educación de 1981 fue concebida, en teoría, a partir de tres pilares
fundamentales: descentralización administrativa, mayor participación y control social en los
establecimientos, y mejoramiento cualitativo de la educación. Sin embargo, en la práctica sus
efectos principales han sido el sistemático deterioro y abandono de la educación pública, así
como también el enorme perjuicio para los estudiantes de comunas con menos recursos.
Propuestas:
- Avanzar hacia la creación de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente
del MINEDUC, de carácter descentralizado, bajo la forma de servicios públicos con patrimonio
propio y especializado en la administración de la educación pública escolar.
- La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores:
profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
- Todos los establecimientos educacionales públicos dependerán administrativa y
financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.
Regulación de establecimientos particulares subvencionados
Desde 1990 la matrícula en el sector municipal ha pasado de un 78% a un 39%, mientras la
educación particular-subvencionada ha subido explosivamente del 32% al 51%. Esta expansión
se ha realizado a partir de la proliferación de establecimientos de este tipo, intensificada a partir
del establecimiento del financiamiento compartido en 1993. Un crecimiento desregulado, sobre
la base de instituciones escasamente fiscalizadas en términos de su calidad, pertinencia y
aporte sustantivo a las comunidades en las cuales se inserta, contribuyendo muchas veces a
profundizar la segregación del sistema de educación escolar.
Propuestas
- Paralizar la creación de nuevos establecimientos particulares-subvencionados hasta que la
nueva institucionalidad (Superintendencia de Educación y una Nueva Agencia de Calidad) se
haga cargo de fiscalizar los existentes.
- Poner término al financiamiento compartido. Fijar para esto un calendario realista que permita
que los colegios vayan reduciendo el copago en la medida en que aumenta el gasto público en
educación.
Democratización
Un país democrático debe necesariamente promover una educación que contribuya al
fortalecimiento de una cultura democrática, formando no solamente futuros profesionales con
conocimientos y destrezas técnicas, sino también ciudadanos para el país. Además, una
comunidad educativa participativa, empoderada, donde todos los actores relevantes del
proceso educativo se hacen parte de las decisiones cruciales de este, es también una
poderosa herramienta de “contraloría social” sobre lo que ocurre en los establecimientos,
contribuyendo a poner freno a eventuales irregularidades, y a apuntalar hacia arriba la calidad y
pertinencia de la educación que se imparte.
Propuestas
- Reformulación del Decreto 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, con el fin de
fortalecer el rol de estas agrupaciones, y promover el reconocimiento legal a las Federaciones
Estudiantiles Secundarias.
- Creación de Consejos Escolares por comuna o establecimientos, de carácter resolutivo,
donde se garantice la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad
escolar, otorgándoseles un marco legal que especifique su rol obligatorio y periódico.
- Establecer como obligatorio para los establecimientos el reconocer y apoyar su organización
estudiantil, destinando recursos para su funcionamiento y procurando los espacios necesarios
para tal objeto.
b) Rol del estado y financiamiento
Nuevo sistema de financiamiento
El actual sistema de financiamiento por asistencia, no entrega seguridad financiera a los
establecimientos ni les permite elaborar planes que consideren inversión de recursos en el
largo plazo. Además de lo anterior, el debilitamiento y abandono de la educación pública se ha
expresado también en la escasa capacidad de muchas instituciones (especialmente aquellas
ubicadas en comunas de menores recursos) de poder contar con dotaciones mínimas de
insumos básicos para ejercer la labor educativa en sus contextos.
Propuestas
- Prohibir efectivamente el lucro en todo el sistema escolar. Los colegios particulares pagados
podrán seguir funcionando, siempre supervigilados por el Estado a través de la institucionalidad
creada para tal efecto (Superintendencia y Agencia de Calidad)
- Fin al financiamiento por asistencia. El financiamiento de los colegios estatales y particulares-
subvencionados será a través del presupuesto de la Nación, a través de aportes basales en
base a (1) Número de estudiantes, (2) matrícula proyectada, (3) capacidad, (4) planes de
desarrollo e inversión, (5) composición socioeconómica de los estudiantes, entre otros.
- Asimismo, debe también incorporarse como criterio el contexto geográfico de los
establecimientos. La estructura de financiamiento debe ser capaz de hacerse cargo de las
diferencias y especificidades que implica educar en un determinado contexto distinto de otro.
Transporte escolar
Comprender la educación como un derecho que debe ser garantizado, implica la necesidad de
que el Estado asegure también las condiciones fundamentales para que este derecho se
realice. En este contexto, es preciso un sistema de transporte escolar que efectivamente
cumpla con tal objeto.
Propuestas
- Establecer tarifa escolar que opere los 365 días del año y las 24 horas del día en todo el
territorio nacional y para viajes interurbanos.
- Eliminar el artículo que establece que la tarifa escolar solamente es válida para “viajes con
fines educativos”. Esto, dado que la ambigüedad del requisito permite a los empresarios del
transporte administrar de manera discrecional y antojadiza la validez de la TNE.
c) Reformas a la carrera docente
Un componente esencial de la transformación que requiere la educación chilena es la
revalorización y consideración de todos los aspectos que supone el rol docente y la autonomía
profesional de quienes lo ejercen, más allá de la mera transmisión de contenidos. Esto último
no solo se refiere al aumento salarial, sino que también al conjunto de las condiciones de
trabajo; las cuales son la base de las condiciones de enseñanza que el Estado y la sociedad le
otorgan a nuestros niños y jóvenes para su desarrollo integral y su educación para la vida.
Lo anterior también hace necesario poner atención en lo que respecta a la formación de futuros
docentes. Actualmente, la “Beca Vocación de Profesor” no ha resultado una estrategia
orientada realmente a mejorar la calidad en la formación de profesores: se ha reducido a
incentivar puntajes PSU más elevados en las pedagogías, sin una preocupación sustantiva por
la calidad de la formación de profesores, y financiando indiscriminadamente a todas las
carreras de pedagogía sin dar cuenta de sus mallas u orientaciones.
Propuestas
Se debe avanzar en una nueva ley de carrera profesional docente, que contemple:
- Su carácter universal, en términos de posibilidades de acceso y tipos de administración
financiada por el Estado.
- El requisito de habilitación para ejercer en cualquier modalidad, dependencia y nivel del
sistema escolar debe ser sólo el título profesional. Cualquier regulación en la formación inicial,
debe ser previo al egreso y la obtención del título del docente.
- Destacar el valor de la experiencia y el perfeccionamiento, en la estructura salarial,
equilibrado con el reconocimiento profesional a lo largo de la vida, reconociendo la labor desde
el aula.
- Que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades
de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte
sistema de acreditación de su formación. Para ello, se deben buscar nuevos mecanismos que
permitan identificar estos talentos, evitando utilizar la PSU para ello.
- Propender a la proporción establecida por la OCDE, que indica un 50/50 en cuanto a las
horas lectivas y no lectivas.
- Cualquier propuesta de carrera docente debe intentar resolver la permanencia de los
docentes en el aula y en este marco, debe abarcar al conjunto de los maestros y no a un
segmento privilegiado.
- La regulación de las carreras de pedagogía y la acreditación de competencias, debe ser
responsabilidad del Ministerio de Educación.
- Terminar con los programas de formación semi-presenciales y on-line, así como introducir
estándares mínimos para la formación inicial, los que deben ser colegiados con los actores
retomando lo que fue el PFID.
- Se debe profesionalizar y establecer, también, una política de formación inicial de los
docentes que ejercen en el sistema de educación técnico-profesional.
- Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la
dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos
trabajadores en las comunidades educativas.
d) Acceso y selección
Entender la educación como un derecho social implica, necesariamente, garantizar a todos las
mismas posibilidades de acceso a una educación de calidad. Lo anterior, como principio,
resulta de plano incompatible con cualquier tipo de políticas de selección en los
establecimientos educacionales.
Propuestas
- Poner fin a la selección explícita que hacen los establecimientos municipales, particulares-
subvencionados y particulares-pagados por motivos específicos (académicos, religiosos, etc.)
- Asimismo, y como fue anteriormente dicho, debe ponerse fin al copago, que en la práctica
constituye una forma implícita de selección de estudiantes, en función de su capacidad de
pago.
Educación Superior
a) Reformas institucionales
Una propuesta de Nueva Institucionalidad de Educación Superior, debe necesariamente
cimentarse en base al fortalecimiento de la educación pública, pero considerando cambios
plausibles de implementar y por lo mismo con sentido de realidad, orientándose a la promoción
de un sistema de Educación Superior que busque avanzar en miras del Desarrollo Económico y
Social para el país y que vaya en la dirección de avanzar hacia un Plan de Desarrollo Nacional.
El propósito declarado entonces, es restituir en las IES la centralidad para el desarrollo de
Chile, procurando:
- Salvaguardar desde las instituciones una misión orientada a la promoción y cultivo de
conocimiento que promueva desarrollo nacional.
- Instituciones cuya elaboración tanto en docencia, extensión e investigación tenga siempre
como destinatario la comunidad nacional y por lo mismo el fortalecimiento cultural en la
diversidad.
- Instituciones orientadas a formación de sujetos críticos.
Lo anterior, fijando como desafío el hacer de la Universidad Pública un espacio percibido como
necesario y urgente para el conjunto de la ciudadanía, adquiriendo un rol social decisivo en el
desarrollo país, expresado en una investigación independiente y autónoma, pero plenamente
conectada con las urgencias del país.
Propuesta
- Debe establecerse un marco normativo que permita la coexistencia de instituciones de
Educación Superior tanto universitaria y técnico-profesional, y tanto estatales y no estatales,
pero cumpliendo todas los siguientes criterios mínimos (estableciéndose un cronograma para
que las instituciones se ajusten a estos parámetros):
- Ausencia total de fines de lucro
- Acreditación Institucional, en todas las categorías.
- Desarrollo de docencia, extensión e investigación
- Admisión de diversidad de corrientes de pensamientos al interior de la academia, sin
restricciones ideológicas
- Garantizar los principios de libertad de asociación, expresión y cátedra.
- Asegurar y Promover la existencia de Centros de Estudiantes y Federaciones
Estudiantiles.
- Transparencia total del uso de sus recursos financieros.
- Investigación y docencia orientada al bienestar común y al fomento del desarrollo local,
regional y nacional
- Diversidad socioeconómica y cultural de la matrícula.
- Sin perjuicio de lo anterior, debe existir un trato preferente del Estado hacia las instituciones
que les pertenecen, entregando a estas los recursos y herramientas suficientes para que en
ellas se desarrollen a plenitud la docencia y la generación de conocimiento necesarias para
contribuir al desarrollo del país. Lo anterior, orientado a hacer de la educación pública estatal el
núcleo principal de la educación superior del país, aspirando a que la mayor parte de la
matrícula corresponda a instituciones del Estado.
Superintendencia de Educación Superior
La prohibición del lucro requiere, al mismo tiempo, una institución capaz de hacerla efectiva, a
través de diferentes mecanismos de información pública, fiscalización y control. Si bien desde
1981 el lucro está formalmente prohibido en las universidades (no así en institutos
profesionales y centros de formación técnica), en la práctica dicha normativa ha sido
sistemáticamente vulnerada a través de diversos mecanismos (sociedades espejo, aumentos
de aranceles, abultamiento de salarios, venta de deudas, etc.)
Por lo tanto, se hace necesario una entidad capaz de fiscalizar y hacer cumplir una prohibición
del lucro en las instituciones de educación superior. Este organismo deberá velar porque todas
las instituciones de Educación Superior se sometan a mecanismos de información pública,
fiscalización y control.
Propuestas
- Retiro del Proyecto de Ley del gobierno que crea la Superintendencia de Educación Superior,
en tanto no otorga a la entidad las atribuciones mínimas para fiscalizar y hacer efectiva la
prohibición de lucro, y en tanto permite, de facto, la legalización del lucro, a través de la
admisión de ciertos tipos de operaciones con personas relacionadas.
- Creación de una Superintendencia de Educación Superior dotada de una cláusula de
fiscalización general, que le permita ejercer amplias facultades de fiscalización, regulación y
control del sistema de educación superior.
- Prohibición del lucro en todas las instituciones de educación superior y no sólo en las
universidades.
- Establecer la obligatoriedad de la rendición de cuentas de las instituciones, la cual deberá ser
semestral, pública, completa y objetable por terceros. Esto deberá incluir una publicación de
sus estados financieros, que dé cuenta de todos sus ingresos, gastos, y vínculos contractuales.
Nuevo Sistema Nacional de Acreditación
Asimismo, el objetivo de mejorar la calidad del sistema de educación superior en su conjunto,
requiere una institucionalidad que establezca estándares obligatorios para las instituciones,
tanto en su creación como en su desenvolvimiento. Debe revertirse la lógica de proliferación
indiscriminada de instituciones de educación superior de dudosa calidad, que ha venido
llevándose a cabo desde 1981 en adelante.
Un sistema de estas características debe ser prioritario e implementado con anterioridad a
cualquier proyecto que aumente los recursos para las instituciones privadas de Educación
Superior. Asimismo, debe poner especial énfasis en incorporar mecanismos de protección de
los estudiantes, evitando que sean ellos quienes paguen el costo asociado a la desregulación
actual del sistema.
Propuestas
- Retiro inmediato del Proyecto de Ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación, en tanto
mantiene la lógica de proliferación de instituciones sin regulación, y no se hace cargo de los
efectos que la pérdida de reconocimiento de una institución tiene para sus estudiantes.
- Incorporar como requisitos mínimos de acreditación, que operen antes de la creación de las
instituciones, criterios vinculados a los siguientes aspectos:
(i) calidad y excelencia académica,
(ii) un determinado grado de adecuación de la misión de la institución a los objetivos
educativos del país,
(iii) el aporte de la institución al desarrollo nacional y/o regional,
(iv) niveles de democratización organizacional, medida específicamente tanto a través
de la posibilidad de que exista organización estudiantil, académica y funcionaria, y a
través de la existencia de instancias de participación de la comunidad en los espacios
de toma de decisiones
(v) ausencia efectiva de lucro; que no exista ningún tipo de mecanismo que permita el
retiro de utilidades.
(vi) plena libertad de cátedra y autonomía de la institución
- Incorporar la figura de un administrador público provisional, que continúe el giro de las
instituciones que pierdan su acreditación, y tenga potestades amplias para reubicar estudiantes
en otras instituciones, convalidar asignaturas, cancelar pagarés, etc. Los estudiantes no
pueden ser los perjudicados por decisiones de los controladores o autridades de la institución.
Democratización
En línea con lo anterior, y considerando que la democracia debe ser parte de los indicadores de
calidad de un establecimiento de Educación Superior, el sistema deberá garantizar a través de
los mecanismos antes expuestos, la participación de todos los estamentos involucrados en el
proceso educativo; la expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y
asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución, garantizando que los
Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos y respetados.
Propuestas
- Establecer la participación de los distintos estamentos de las comunidades universitarias en
los cuerpos colegiados.
- En función de lo anterior, modificar de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009
MINEDUC, acabando así con las prohibiciones legales que impiden la participación de la
comunidad universitaria en la toma de decisiones que la determinan, y garantizando el derecho
a la organización de todos los estamentos.
b) Rol del Estado y financiamiento
El movimiento estudiantil ha dejado en evidencia que el rol que ha jugado el Estado en
términos de financiamiento en los últimos 30 años no ha dado buenos resultados. Las
instituciones de Educación Superior de su propiedad han sido dejadas de lado en términos
financieros, y se han entregado recursos a instituciones que los han utilizado para obtener
rentas de ellos, en desmedro de la calidad.
En tanto derecho social, el Estado debe garantizar el acceso a la educación. No es posible que
por no poder pagar queden ciudadanos fuera del sistema educacional, así como tampoco son
moralmente viables los altísimos niveles de endeudamiento que existen hoy entre los
estudiantes chilenos, sobre todo considerando que en muchos casos la rentabilidad privada
que otorgarán en el futuro dichos estudios no son suficientes para pagar la deuda.
Si la educación es comprendida como una inversión del conjunto de la sociedad, debe existir
un esquema de financiamiento coherente con dicho principio, en el cual el Estado asuma un rol
garante, en especial respecto a sus instituciones.
Financiamiento Institucional
A partir de los criterios fundamentales de la Nueva Institucionalidad de Educación Superior,
debe procurarse un sistema de financiamiento a las instituciones que contribuya a los
siguientes objetivos:
- Modernización: Debe promoverse que aquellas instituciones estatales en condiciones de
mayores retrasos en relación al resto del sistema puedan fortalecer sus dotaciones básicas.
- Desarrollo: Proyectar la calidad del sistema público a partir de la inversión en capacitación
docente, tecnología e infraestructura.
- Expansión: Proyectar el crecimiento en cobertura y matrículas de las instituciones
estatales de educación superior.
- Investigación: Estimular la productividad científica, tecnológica y artística de alto nivel,
tanto en pregrado como postgrado.
Aporte basal a Universidades Estatales
Debe haber un nuevo trato entre el Estado y las instituciones de educación superior que le
pertenecen, que ponga fin a su autofinanciamiento y plasme un reconocimiento al compromiso
educacional que tienen estas entidades con el país. Para esto debe crearse un Aporte Basal a
las Instituciones del Estado, que les entregue los recursos suficientes para que en ellas se
desarrollen a plenitud los recursos humanos que el país necesita, además de la generación de
conocimiento de calidad y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Aporte Fiscal Directo
Es necesario aumentar, de manera sustancial, los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre
disposición, cuyos objetivos sean el crecimiento, el desarrollo local y la sustentabilidad de las
universidades que cumplan con los criterios básicos de la Nueva Institucionalidad en Educación
Superior. Asimismo, este fondo deberá ser reajustado anualmente, según el IRSP, para que así
remuneraciones de los trabajadores no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.
Fondos de revitalización
En el corto plazo, mientras no estén debidamente incorporadas las entidades de educación a la
Nueva Institucionalidad, se debe crear un fondo que reviva el rol público de las universidades
del Consejo de Rectores, dejando a criterio de cada una de las comunidades universitarias las
decisiones sobre el uso de estos recursos. Este fondo debe ser priorizado según:
- Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)
- Condición Regional
- Composición socio-económica de sus estudiantes
- Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)
Nuevo sistema de financiamiento estudiantil
Para la progresiva implantación de la educación superior gratuita, se debe fortalecer un sistema
de financiamiento desde el Estado hacia las instituciones de educación superior, el cual cubra
la totalidad de los aranceles de todas y todos los estudiantes de Chile.
Los aranceles se establecerán en el futuro mediante una fórmula conocida y validada por la
Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, sobre la base
de criterios que den cuenta del aporte de la institución al país y que incentiven la incorporación
de estudiantes de los quintiles más bajos de ingreso. Los aranceles no podrán sufrir alzas de
manera unilateral por ninguna entidad de educación superior.
En el corto plazo, promover una reestructuración integral del sistema de ayudas estudiantiles
complementarias en sus montos, cobertura, y condiciones de postulación.
c) Acceso
Es necesario avanzar decididamente hacia un sistema más equitativo para todos y todas, en el
cual las instituciones de educación superior cumplan cabalmente el rol social y de vocación
pública que la Nueva Institucionalidad se propone.
Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica y
cultural del país en las matrículas de cada institución, contribuyendo a corregir la desigualdad y
la segregación del actual sistema.
Para esto, es preciso cambiar la actual PSU por una batería de instrumentos que no tenga
ningún tipo de sesgo (especialmente socioeconómico), y que permita predecir de manera
adecuada el rendimiento futuro en la educación superior, apuntando a disminuir las altas tasas
de deserción que observamos hoy. El Estado deberá proveer de los fondos necesarios para la
implementación y desarrollo de estos mecanismos.
Propuestas
- Disminuir los contenidos evaluados en la PSU- por ser un factor importante del sesgo
socioeconómico que presenta- y un aumento en la ponderación de herramientas que valoran el
buen rendimiento escolar, tales como NEM y el ránking.
- Implementación de Propedéuticos, mecanismos complementarios de acceso y procesos de
nivelación en todas las IES.
d) Derechos Educativos, Culturales y lingüísticos de los Pueblos Originarios
Es necesario que el sistema educacional sea capaz de garantizar un sistema inclusivo y plural
que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la
interculturalidad en el sistema educativo.
Propuestas
- Incorporar como un principio básico de la Nueva Institucionalidad en Educación Superior el
carácter intercultural y plurinacional del sistema.
- Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.
- Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos
educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que
se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.
- Reconocimiento jurídico de los espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares
indígenas), además de la implementación de una política pública de Hogares.
Educación Técnico – Profesional
Hoy la educación técnica es una de las grandes deudas de nuestro modelo educativo. No
existe iniciativa por parte del Estado para su fortalecimiento, y su regulación o su planificación.
Se estima que por cada profesional que estamos formando, son 3 los técnicos que debiesen
egresar: hoy en cambio la proporción es aproximadamente de 1 a 1. La educación técnica se
orienta hacia necesidades sociales cualitativamente distintas a la educación profesional,
abriendo nuevas posibilidades de desempeño personal y social. En los países altamente
industrializados, la mayor cantidad de la población está calificada como técnico profesional.
a) Reformas institucionales
Es fundamental adquirir conciencia de la falta de una institucionalidad que regule y certifique la
calidad de la educación que estamos entregando a nivel técnico, tanto escolar como superior.
No existe un organismo que vislumbre los cambios en los sectores industriales y prevea
cambios en la formación técnica, ni existe un sistema que asegure la flexibilidad entre los
distintos tipos de estudio.
Propuestas
- Eliminación del SIMCE para establecimientos escolares técnicos profesionales, por no ser una
herramienta de evaluación adecuada a las particularidades de este tipo de enseñanza.
- Creación de una nueva institucionalidad que vele por el desarrollo, regulación, calidad y
adecuada valoración de la educación técnico profesional tanto escolar como superior. Para ello
proponemos que se genere un organismo dependiente tanto del ministerio de educación como
del ministerio del trabajo desde el cual emanen las políticas para la formación de los técnicos
de Chile.
- Creación de una red estatal de instituciones que impartan la formación técnica a nivel
superior, adecuando su desarrollo y aporte a las distintas regiones en donde se establezcan.
- Creación de estándares particulares de licenciamiento y acreditación para instituciones
técnicas (en educación escolar o superior). Estos deberán tener, al menos, la prohibición de
toda clase de lucro, la pertinencia en relación a las necesidades del país, así como también
metodologías propias afines a las características de la enseñanza técnico-profesional.
- Generar mayor flexibilidad, tanto en la educación técnica media y superior, entre la educación
técnica y la educación humanista.
- Creación de una marco de cualificaciones, que haga compatibles los aprendizajes adquiridos
tanto en la educación formal, como aquellos que se otorgan por medio de la capacitación o de
la experiencia laboral. Ello implicaría la creación de una institución que pueda certificar
competencias o aprendizajes en estas 3 áreas.
b) Rol del estado y financiamiento
El Estado debe recuperar su rol estratégico y asegurador de la calidad y pertinencia de la
educación técnico-profesional. Ello significa, en general, aumentar los recursos que destina a
esta área, ejercer un mayor control de la calidad y del uso de los recursos y consolidar una
presencia fuerte de este tipo de educación en todas la regiones del país (para el caso de la
educación superior) y ojalá en todas las comunas (en el caso de la educación escolar).
Propuestas
- Incremento en el aporte fiscal a los liceos técnico-profesionales, a fin de dotarlos de la
infraestructura y materiales indispensables para el propio ejercicio del quehacer educativo.
- Repensar el rol del Estado en la educación superior, entregándole mayores atributos de
fiscalización y de planificación en el área.
- Gratuidad de la educación técnico profesional, teniendo en cuenta requisitos de fin de lucro,
regulación y transparencia de recursos, acreditación y tasas de retención.
c) Reformas Curriculares
Actualmente los estudios técnicos carecen de vinculación con los estudios humanistas y
carecen también de una actualización constante que ponga al día a las especialidades con los
avances del sector productivo. Asimismo, los currículum poseen una imposibilidad de
convalidar aprendizajes que se generen en uno u otro lado, impidiendo que los estudiantes
puedan cambiar de perspectivas. Asimismo, el sistema aún carece de una articulación con el
sector productivo y de una formación que tenga contacto directo con lo que se realiza en dichos
sectores.
Propuestas
- Avanzar hacia un nuevo modelo escolar de la educación TP a fin de que todos los estudiantes
puedan elegir asignaturas técnico profesionales o humanistas. Dichas asignaturas sean
certificadas en el área TP a fin de ser reconocidas en los sectores productivos.
- Incorporar al currículum de los liceos técnico-profesionales elementos fundamentales de la
educación científico-humanista, que permitan manejar un bagaje mínimo de conocimientos y
eventualmente tener la posibilidad de optar por educación superior universitaria en vez de
técnico profesional, sin verse perjudicados en relación a sus pares que egresaron de la
educación científico-humanista.
- Avanzar en la creación de un sistema dual de aprendizajes, que combine el estudio en la
escuela con módulos de aprendizaje en los distintos sectores productivos. Esto tiene la ventaja
de disminuir los costos de infraestructura, lograr mejores aprendizajes y generar mayor
articulación y cooperación con el sector productivo.
- Revisión constante del currículum técnico-profesional, tanto en educación escolar como
superior, con el fin de hacerla coherente con los avances y las necesidades (nacionales y sobre
todo regionales) del sector productivo respectivo a las distintas especialidades. Lo anterior, con
el fin de garantizar un real aporte social y la empleabilidad de los estudiantes.
d) Acceso
Hoy en día, casi la mitad de la matrícula, tanto escolar como superior, proviene de la
enseñanza técnica. A nivel escolar, dicha enseñanza posee mayores índices de retención, lo
que se revierte en la educación superior. Asimismo, los índices de titulación en ambos niveles
es relativamente bajo y, especialmente en la educación superior, el alto valor de los aranceles
no ayuda a que los estudiantes puedan terminar sus estudios.
Propuesta
- Al igual que en el sistema escolar científico-humanista, es fundamental poner fin al copago,
pues este funciona como mecanismo de segregación económica.
- Asimismo, en fundamental avanzar en medidas tendientes a que todos los estudiantes de la
educación escolar puedan titularse.
- En la educación superior, es necesario avanzar hacia un sistema de nivelación previo a los
estudios y adoptar medidas drásticas para detener los altos índices de deserción, que hoy
alcanzan al 50% de los estudiantes terciarios en educación técnica.
- Creación de un sistema de medición de competencias específico técnica, que priorice la
continuidad entre la educación media técnico profesional y la superior del mismo tipo.

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Propuesta confech 1 (1)

  • 1. PROPUESTAS PARA UNA NUEVA EDUCACIÓN El sistema educacional chileno tiene fallas estructurales que sistemáticamente agudizan las desigualdades, mundialmente conocidas, que aquejan a nuestra sociedad. En Chile, nuestros derechos son entendidos como privilegios y son obtenidos como beneficios según su poder adquisitivo. Este modelo instalado a espaldas de la ciudadanía, permite que el mercado desregulado, donde cada uno accede a lo que puede comprar, invada y privatice las distintas esferas de la vida social, incluso a aquellas que consideramos como derechos básicos, necesarios para el desarrollo integral de la vida de las personas. El Estado solo se limita a entregar un mínimo poco digno a quienes no pueden desenvolverse en el mercado. Ellos no son pocos. En los últimos tres años se ha producido un proceso de creciente aumento de la masividad con que la sociedad chilena adhiere a las demandas del movimiento social por la educación, que se ha movilizado contra esta concepción mercantil y reduccionista de la misión que tiene la educación en una sociedad. Transcurridos ya dos años desde el “estallido” del 2011, como movimiento social hemos madurado y comprendido que no nos basta con poner los temas sobre la mesa: aspiramos también a construir las soluciones que la educación del país necesita, a pesar de tener en contra una constitución de orígenes antidemocráticos y la poca voluntad de avanzar de la clase política de las últimas décadas. A través de este documento no pretendemos entregar un “recetario” de las soluciones a la crisis de la educación chilena. Por el contrario, buscamos sintetizar los principales consensos que hemos ido madurando y trabajando como movimiento social, con el fin de invitar a la sociedad chilena a debatir, en una amplia discusión programática en la cual todos seamos capaces de hacernos parte de forjar con nuestras manos la educación y el Chile que soñamos. La educación que tenemos Durante las últimas décadas se nos ha impuesto un modelo concebido bajo los siguientes supuestos: - La educación es un bien y no un derecho, en la cual una inversión individual genera un retorno exclusivamente privado, razón por la cual sería responsabilidad únicamente de los estudiantes y sus familias. - La calidad es el resultado de la competencia y de la aplicación de sanciones e incentivos. - El rol del estado, en tanto ente que articula el interés social, debe ser mínimo y subsidiario a la intervención de los privados. - El retiro de excedentes (lucro) por parte de los inversionistas privados en educación, es un gran incentivo para la creación de un sistema educacional que cumpla con el rol que lo sociedad demanda de él. - Los mecanismos de mercado tienen la capacidad de distribuir las oportunidades y el acceso a una mejor educación de manera justa e igualitaria.
  • 2. - La calidad educativa se mide a través de la aplicación de variadas pruebas estandarizadas, y los premios e incentivos a los profesores, alumnos y establecimientos de mejores resultados, además de las sanciones a los de peor desempeño, son una buena manera para mejorar estos resultados. Esta visión ha operado sin contrapesos durante los últimos más de 30 años. En este período, ha demostrado su incapacidad de hacerse cargo de los siguientes roles que un sistema educativo debe tener dentro de una sociedad democrática: - Crear el ámbito de diálogo y de transmisión de cultura donde los sujetos puedan constituirse. - Generar las competencias que son necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. - Generar una sociedad democrática e igualitaria, en donde el origen de las personas no marque para siempre las condiciones de vida que tendrán a futuro. - Propender a eliminar la enorme segregación socioeconómica que vive nuestro país - Producir conocimiento al servicio de las necesidades de la sociedad chilena. - Aportar a la formación de los profesionales y técnicos que la sociedad necesite para su desarrollo. La educación que queremos Para la consecución de esos fines proponemos la creación de un Sistema Nacional de Educación, público, gratuito, autónomo, democrático, pluralista, intercultural y de excelencia. - Público porque concebimos la educación como un derecho social universal que debe ser garantizado como tal por la Constitución Política de Chile y estar liberado de todo interés particular para orientarse a la satisfacción del interés general de nuestra sociedad. - Gratuito, en tanto la educación es una inversión social y no individual, y un espacio de relaciones sociales libres de la mediación del dinero, al cual todos acudimos como iguales en dignidad y derechos con la finalidad de aportar a nuestro desarrollo personal y al colectivo. - Autónomo, democrático y pluralista, para preservar el proceso educativo de todo interés particular, ya sea de carácter partidista, religioso o económico, así como para formar profesionales y técnicos con conciencia crítica y formación integral y contribuir así a la construcción de ciudadanía. - De excelencia, entendida más allá de un resultado contingente en una prueba estandarizada, educando en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y en sintonías con las necesidades del país, tanto productivas como culturales. Esto implica necesariamente garantizar una formación integral del estudiante que permita promover una capacidad crítica, que se apropie de los procesos productivos en los que participa y que desarrolle su tarea con sentido cooperativo y colaborativo. - Intercultural, en cuanto consideramos fundamental que se reconozcan las realidades culturales del país incluyendo los conocimientos de los pueblos originarios dentro de todos los niveles de la educación formal, haciendo de esta forma respetar el convenio N 169 de la OIT y la ley 19.253,.
  • 3. Asimismo, entendemos que un aspecto fundamental para procurar las transformaciones que soñamos, es el contar con una institucionalidad que lo haga posible, materializada en una Constitución de origen y de carácter democrático. Nuestra Carta Magna debe - Consagrar la Educación como un derecho social universal. - Establecer que el Estado sea el principal proveedor de este derecho y un regulador efectivo, que establezca reglas claras y sancione adecuadamente cuando sea necesario. - Contemplar un proceso hacia la gratuidad en todos sus niveles en concordancia con el artículo 13 del “Pacto de Derecho Económicos, Sociales y Culturales” ratificado por Chile en 1989. - Contemplar los principales objetivos en educación que tenemos como país, construyendo de esta forma, un sistema educacional que esté en concordancia con aquellos objetivos. - Reconocer el carácter plurinacional del estado chileno, en relación a la inclusión de los pueblos originarios en este proyecto educativo. - Consagrar el derecho a la educación de quienes requieran enseñanza especial. Asimismo, mientras no sea implementada una nueva constitución, es urgente incluir el derecho a la educación consagrado en el Artículo 19 Nº 10 de la C.P.R, entre aquellos cuyo legítimo ejercicio puede ser reclamado mediante un recurso de protección.
  • 4. Educación inicial a) Reformas Institucionales La educación inicial se refiere a todo el proceso de estimulación de los niños desde que nacen hasta que entran a la educación formal. Educación pre-escolar es la escolarización de los niños en pre-kinder y kínder. La Educación inicial debe considerar al niño o niña sujeto de derechos, promover su desarrollo integral y no sólo congnitivo instrumental para la futura escolarización. Por lo tanto, las políticas de educación inicial deben ser acordes a cada nivel de desarrollo, considerándose como “niveles de desarrollo” todos aquellos que comprenden la educación desde que el niño ingresa al sistema educativo a los 84 días, en nivel Sala Cuna Menor. Actualmente, de todos los niveles educativos, la educación inicial es el más desregulado. La legislación establece que debe ser promovida por el Estado, sin embargo, dicha labor es delegada a diversos organismos autónomos, cuya ligazón con el MINEDUC es más formal que sustantiva. El ministerio fija estándares mínimos muy básicos en materia de infraestructura, seguridad y cuidados del menor (higiene y alimentación). Sin embargo, además de ser insuficientes, estos mínimos ni siquiera son vinculantes para las instituciones, dado que la educación inicial no es un nivel obligatorio, a pesar de tratarse de una etapa fundamental en cuanto al desarrollo de formas y métodos de aprendizajes relevantes para toda la educación posterior. En este contexto desregulado, se produce una proliferación de instituciones sin un proyecto educativo coherente y adecuado (ni siquiera con un plan de estudio acorde al Ministerio de Educación), sin personal ni infraestructura apropiada, etc. Al año 2013 en curso, poco más de 30 mil niños se educan en establecimientos registrados por la JUNJI, mientras que cerca de 200 mil lo hacen en jardines sin ningún tipo de empadronamiento, no pudiendo ser clausurados ni intervenidos de ninguna forma por dicha institución. Existe únicamente un muy débil esquema de sanciones, en el cual se establecen multas a los jardines infantiles clandestinos que no sobrepasan los 120 mil pesos, cuestión que dista mucho de representar un incentivo suficiente para cumplir con las normativas. Se requiere, por tanto, una nueva institucionalidad, que sea capaz de resguardar la calidad de la educación entregada y la transparencia de las instituciones que imparten educación inicial. Propuestas - Reconocimiento oficial del Ministerio de Educación como proveedor de educación inicial, a través de los órganos del Estado que se determinen para el efecto. - Creación de un órgano fiscalizador, que sea el único capacitado para autorizar la apertura de un establecimiento de educación inicial y de autorizar la continuación de sus funciones, con facultades de clausurar y/o de asumir la administración provisional de un establecimiento que no cumpla con los requisitos mínimos.
  • 5. - Creación de una batería de requisitos orientados a mejorar la calidad de los establecimientos de educación preescolar, que contemple al menos:  Máximo de 15 niños por sala en etapa de sala cuna.  Máximo de 20 niños por sala en niveles medios (medio mayor – medio menor)  Máximo de 30 niños por sala en nivel transición  Mínimo de un/a educador/a de párvulos con estudios universitarios debidamente acreditados, por nivel y en una proporción que no exceda la de 5 niños por educador/a en primer ciclo y 8 en segundo ciclo. - Establecer el empadronamiento JUNJI como obligatorio, en tanto forma de unificación de criterios, que garantice que los establecimientos cumplan los requisitos mínimos. b) Financiamiento y acceso Aspiramos a una educación inicial inclusiva, equitativa e integradora. Y el escenario actual del financiamiento y el acceso contribuyen en la dirección opuesta. En cuanto a lo primero, se presentan problemas similares a los de los otros niveles educativos que se detallarán más adelante. Existen establecimientos privados y municipales, asumiendo para estos últimos la JUNJI y la Fundación Integra. En lo que respecta al acceso, y derivado de lo anterior, las características de otros niveles se reproducen en este, generándose diferencias de calidad y altos niveles de segregación desde la cuna. Se requiere avanzar hacia un acceso universal y obligatorio, cuestión que además implica un aumento significativo del gasto por niño que realiza el Estado en este nivel educacional. Propuestas - Poner término a la municipalización del sistema, a través de una ampliación de la red de Jardines Infantiles del Estado, de carácter descentralizado, bajo la forma de servicios públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública pre-escolar. - Eliminación del copago en todas sus formas, por sus consecuencias en la segregación y como política pública para impedir la reproducción de desigualdades desde el nivel inicial. - Prohibición de toda forma de selección en educación inicial, incluida la que se imparte en establecimientos escolares. - Promover lógica de integración que hoy existe en algunos organismos estatales, donde en la sala cuna pueden compartir los hijos del ministro con los de un trabajador del ministerio. c) Reformas docentes y curriculares Actualmente, las condiciones de los/as educadores/as de párvulos distan mucho de ser acordes a la importancia que posee este nivel educativo. Según declaración pública de mayo del presente año, la Organización Mundial para la Educación Preescolar reconoce como parte de los problemas la baja remuneración de la profesión, el poco incentivo para contratar apoyo técnico para la educación de párvulos, o la infraestructura en la que trabajan.
  • 6. Por si esto fuera poco, el recientemente publicado DFL-115 elimina la obligatoriedad de contratar auxiliares de aseo en los jardines, haciendo que en los hechos esta labor recaiga en los propios docentes, sin que aquello se traduzca en sus remuneraciones. Finalmente, ni siquiera han sido incluidos en el proyecto de carrera docente, ni en el actual Bono de Reconocimiento Profesional (BRP), marginando con ello su formación y condiciones laborales. Propuestas - Creación de un órgano fiscalizador de las carreras de educación de párvulos, tanto técnicas como profesionales. Dicha entidad deberá enfocarse en una completa revisión de las mallas curriculares, orientada a su modernización y adaptación a la realidad nacional y el proyecto educativo que construyamos como país. Ahora bien, es importante destacar que dicha construcción ha de hacerse incluyendo a los diversos actores que forman parte del proceso educativo, a través de procesos de consulta y participación vinculantes que generen y resulten en mallas curriculares realmente representativas que tengan correlato con el concepto de educación que definamos. En función de lo anterior, deberá proponer requisitos para la futura creación de estas carreras, evitando su proliferación desregulada de ellas. - Modificar el decreto 115 (que en 2012 fue modificado por el 315), de manera de aumentar la cantidad de educadores y técnicos por aula. Deberá haber, al menos, un/a educador/a de párvulos por sala, profesional, de carrera acreditada, de mínimo cuatro años de formación. - Profundizar sobre las “Bases Curriculares para la Educación Parvularia”, teniendo como eje central el fomentar el trabajo con pares y la socialización dentro de la formación.
  • 7. Educación Escolar a) Reformas institucionales Se argumenta a favor del actual modelo el que habría permitido una acelerada expansión de la cobertura educacional. Sin embargo, aquello no se hace cargo de que la cobertura podría haberse ampliado de diversas maneras, particularmente en un país que ha experimentado un crecimiento sostenido desde fines de los ochenta. Optar por una provisión fundamentalmente privada es una decisión política, que ha traído costos enormes en la calidad de la educación, y en el creciente debilitamiento y abandono de la educación pública, promoviendo un sistema en el cual las instituciones compiten por alumno y no por calidad. De ahí que se hace necesaria una transformación en el modo de organización institucional del sistema, que ponga el centro en el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de la educación pública. Desmunicipalización La municipalización de la educación de 1981 fue concebida, en teoría, a partir de tres pilares fundamentales: descentralización administrativa, mayor participación y control social en los establecimientos, y mejoramiento cualitativo de la educación. Sin embargo, en la práctica sus efectos principales han sido el sistemático deterioro y abandono de la educación pública, así como también el enorme perjuicio para los estudiantes de comunas con menos recursos. Propuestas: - Avanzar hacia la creación de un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del MINEDUC, de carácter descentralizado, bajo la forma de servicios públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. - La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. - Todos los establecimientos educacionales públicos dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública. Regulación de establecimientos particulares subvencionados Desde 1990 la matrícula en el sector municipal ha pasado de un 78% a un 39%, mientras la educación particular-subvencionada ha subido explosivamente del 32% al 51%. Esta expansión se ha realizado a partir de la proliferación de establecimientos de este tipo, intensificada a partir del establecimiento del financiamiento compartido en 1993. Un crecimiento desregulado, sobre la base de instituciones escasamente fiscalizadas en términos de su calidad, pertinencia y aporte sustantivo a las comunidades en las cuales se inserta, contribuyendo muchas veces a profundizar la segregación del sistema de educación escolar.
  • 8. Propuestas - Paralizar la creación de nuevos establecimientos particulares-subvencionados hasta que la nueva institucionalidad (Superintendencia de Educación y una Nueva Agencia de Calidad) se haga cargo de fiscalizar los existentes. - Poner término al financiamiento compartido. Fijar para esto un calendario realista que permita que los colegios vayan reduciendo el copago en la medida en que aumenta el gasto público en educación. Democratización Un país democrático debe necesariamente promover una educación que contribuya al fortalecimiento de una cultura democrática, formando no solamente futuros profesionales con conocimientos y destrezas técnicas, sino también ciudadanos para el país. Además, una comunidad educativa participativa, empoderada, donde todos los actores relevantes del proceso educativo se hacen parte de las decisiones cruciales de este, es también una poderosa herramienta de “contraloría social” sobre lo que ocurre en los establecimientos, contribuyendo a poner freno a eventuales irregularidades, y a apuntalar hacia arriba la calidad y pertinencia de la educación que se imparte. Propuestas - Reformulación del Decreto 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, con el fin de fortalecer el rol de estas agrupaciones, y promover el reconocimiento legal a las Federaciones Estudiantiles Secundarias. - Creación de Consejos Escolares por comuna o establecimientos, de carácter resolutivo, donde se garantice la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, otorgándoseles un marco legal que especifique su rol obligatorio y periódico. - Establecer como obligatorio para los establecimientos el reconocer y apoyar su organización estudiantil, destinando recursos para su funcionamiento y procurando los espacios necesarios para tal objeto. b) Rol del estado y financiamiento Nuevo sistema de financiamiento El actual sistema de financiamiento por asistencia, no entrega seguridad financiera a los establecimientos ni les permite elaborar planes que consideren inversión de recursos en el largo plazo. Además de lo anterior, el debilitamiento y abandono de la educación pública se ha expresado también en la escasa capacidad de muchas instituciones (especialmente aquellas ubicadas en comunas de menores recursos) de poder contar con dotaciones mínimas de insumos básicos para ejercer la labor educativa en sus contextos.
  • 9. Propuestas - Prohibir efectivamente el lucro en todo el sistema escolar. Los colegios particulares pagados podrán seguir funcionando, siempre supervigilados por el Estado a través de la institucionalidad creada para tal efecto (Superintendencia y Agencia de Calidad) - Fin al financiamiento por asistencia. El financiamiento de los colegios estatales y particulares- subvencionados será a través del presupuesto de la Nación, a través de aportes basales en base a (1) Número de estudiantes, (2) matrícula proyectada, (3) capacidad, (4) planes de desarrollo e inversión, (5) composición socioeconómica de los estudiantes, entre otros. - Asimismo, debe también incorporarse como criterio el contexto geográfico de los establecimientos. La estructura de financiamiento debe ser capaz de hacerse cargo de las diferencias y especificidades que implica educar en un determinado contexto distinto de otro. Transporte escolar Comprender la educación como un derecho que debe ser garantizado, implica la necesidad de que el Estado asegure también las condiciones fundamentales para que este derecho se realice. En este contexto, es preciso un sistema de transporte escolar que efectivamente cumpla con tal objeto. Propuestas - Establecer tarifa escolar que opere los 365 días del año y las 24 horas del día en todo el territorio nacional y para viajes interurbanos. - Eliminar el artículo que establece que la tarifa escolar solamente es válida para “viajes con fines educativos”. Esto, dado que la ambigüedad del requisito permite a los empresarios del transporte administrar de manera discrecional y antojadiza la validez de la TNE. c) Reformas a la carrera docente Un componente esencial de la transformación que requiere la educación chilena es la revalorización y consideración de todos los aspectos que supone el rol docente y la autonomía profesional de quienes lo ejercen, más allá de la mera transmisión de contenidos. Esto último no solo se refiere al aumento salarial, sino que también al conjunto de las condiciones de trabajo; las cuales son la base de las condiciones de enseñanza que el Estado y la sociedad le otorgan a nuestros niños y jóvenes para su desarrollo integral y su educación para la vida. Lo anterior también hace necesario poner atención en lo que respecta a la formación de futuros docentes. Actualmente, la “Beca Vocación de Profesor” no ha resultado una estrategia orientada realmente a mejorar la calidad en la formación de profesores: se ha reducido a incentivar puntajes PSU más elevados en las pedagogías, sin una preocupación sustantiva por la calidad de la formación de profesores, y financiando indiscriminadamente a todas las carreras de pedagogía sin dar cuenta de sus mallas u orientaciones.
  • 10. Propuestas Se debe avanzar en una nueva ley de carrera profesional docente, que contemple: - Su carácter universal, en términos de posibilidades de acceso y tipos de administración financiada por el Estado. - El requisito de habilitación para ejercer en cualquier modalidad, dependencia y nivel del sistema escolar debe ser sólo el título profesional. Cualquier regulación en la formación inicial, debe ser previo al egreso y la obtención del título del docente. - Destacar el valor de la experiencia y el perfeccionamiento, en la estructura salarial, equilibrado con el reconocimiento profesional a lo largo de la vida, reconociendo la labor desde el aula. - Que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación de su formación. Para ello, se deben buscar nuevos mecanismos que permitan identificar estos talentos, evitando utilizar la PSU para ello. - Propender a la proporción establecida por la OCDE, que indica un 50/50 en cuanto a las horas lectivas y no lectivas. - Cualquier propuesta de carrera docente debe intentar resolver la permanencia de los docentes en el aula y en este marco, debe abarcar al conjunto de los maestros y no a un segmento privilegiado. - La regulación de las carreras de pedagogía y la acreditación de competencias, debe ser responsabilidad del Ministerio de Educación. - Terminar con los programas de formación semi-presenciales y on-line, así como introducir estándares mínimos para la formación inicial, los que deben ser colegiados con los actores retomando lo que fue el PFID. - Se debe profesionalizar y establecer, también, una política de formación inicial de los docentes que ejercen en el sistema de educación técnico-profesional. - Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad. Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores en las comunidades educativas. d) Acceso y selección Entender la educación como un derecho social implica, necesariamente, garantizar a todos las mismas posibilidades de acceso a una educación de calidad. Lo anterior, como principio, resulta de plano incompatible con cualquier tipo de políticas de selección en los establecimientos educacionales. Propuestas - Poner fin a la selección explícita que hacen los establecimientos municipales, particulares- subvencionados y particulares-pagados por motivos específicos (académicos, religiosos, etc.)
  • 11. - Asimismo, y como fue anteriormente dicho, debe ponerse fin al copago, que en la práctica constituye una forma implícita de selección de estudiantes, en función de su capacidad de pago.
  • 12. Educación Superior a) Reformas institucionales Una propuesta de Nueva Institucionalidad de Educación Superior, debe necesariamente cimentarse en base al fortalecimiento de la educación pública, pero considerando cambios plausibles de implementar y por lo mismo con sentido de realidad, orientándose a la promoción de un sistema de Educación Superior que busque avanzar en miras del Desarrollo Económico y Social para el país y que vaya en la dirección de avanzar hacia un Plan de Desarrollo Nacional. El propósito declarado entonces, es restituir en las IES la centralidad para el desarrollo de Chile, procurando: - Salvaguardar desde las instituciones una misión orientada a la promoción y cultivo de conocimiento que promueva desarrollo nacional. - Instituciones cuya elaboración tanto en docencia, extensión e investigación tenga siempre como destinatario la comunidad nacional y por lo mismo el fortalecimiento cultural en la diversidad. - Instituciones orientadas a formación de sujetos críticos. Lo anterior, fijando como desafío el hacer de la Universidad Pública un espacio percibido como necesario y urgente para el conjunto de la ciudadanía, adquiriendo un rol social decisivo en el desarrollo país, expresado en una investigación independiente y autónoma, pero plenamente conectada con las urgencias del país. Propuesta - Debe establecerse un marco normativo que permita la coexistencia de instituciones de Educación Superior tanto universitaria y técnico-profesional, y tanto estatales y no estatales, pero cumpliendo todas los siguientes criterios mínimos (estableciéndose un cronograma para que las instituciones se ajusten a estos parámetros): - Ausencia total de fines de lucro - Acreditación Institucional, en todas las categorías. - Desarrollo de docencia, extensión e investigación - Admisión de diversidad de corrientes de pensamientos al interior de la academia, sin restricciones ideológicas - Garantizar los principios de libertad de asociación, expresión y cátedra. - Asegurar y Promover la existencia de Centros de Estudiantes y Federaciones Estudiantiles. - Transparencia total del uso de sus recursos financieros. - Investigación y docencia orientada al bienestar común y al fomento del desarrollo local, regional y nacional - Diversidad socioeconómica y cultural de la matrícula.
  • 13. - Sin perjuicio de lo anterior, debe existir un trato preferente del Estado hacia las instituciones que les pertenecen, entregando a estas los recursos y herramientas suficientes para que en ellas se desarrollen a plenitud la docencia y la generación de conocimiento necesarias para contribuir al desarrollo del país. Lo anterior, orientado a hacer de la educación pública estatal el núcleo principal de la educación superior del país, aspirando a que la mayor parte de la matrícula corresponda a instituciones del Estado. Superintendencia de Educación Superior La prohibición del lucro requiere, al mismo tiempo, una institución capaz de hacerla efectiva, a través de diferentes mecanismos de información pública, fiscalización y control. Si bien desde 1981 el lucro está formalmente prohibido en las universidades (no así en institutos profesionales y centros de formación técnica), en la práctica dicha normativa ha sido sistemáticamente vulnerada a través de diversos mecanismos (sociedades espejo, aumentos de aranceles, abultamiento de salarios, venta de deudas, etc.) Por lo tanto, se hace necesario una entidad capaz de fiscalizar y hacer cumplir una prohibición del lucro en las instituciones de educación superior. Este organismo deberá velar porque todas las instituciones de Educación Superior se sometan a mecanismos de información pública, fiscalización y control. Propuestas - Retiro del Proyecto de Ley del gobierno que crea la Superintendencia de Educación Superior, en tanto no otorga a la entidad las atribuciones mínimas para fiscalizar y hacer efectiva la prohibición de lucro, y en tanto permite, de facto, la legalización del lucro, a través de la admisión de ciertos tipos de operaciones con personas relacionadas. - Creación de una Superintendencia de Educación Superior dotada de una cláusula de fiscalización general, que le permita ejercer amplias facultades de fiscalización, regulación y control del sistema de educación superior. - Prohibición del lucro en todas las instituciones de educación superior y no sólo en las universidades. - Establecer la obligatoriedad de la rendición de cuentas de las instituciones, la cual deberá ser semestral, pública, completa y objetable por terceros. Esto deberá incluir una publicación de sus estados financieros, que dé cuenta de todos sus ingresos, gastos, y vínculos contractuales. Nuevo Sistema Nacional de Acreditación Asimismo, el objetivo de mejorar la calidad del sistema de educación superior en su conjunto, requiere una institucionalidad que establezca estándares obligatorios para las instituciones, tanto en su creación como en su desenvolvimiento. Debe revertirse la lógica de proliferación indiscriminada de instituciones de educación superior de dudosa calidad, que ha venido llevándose a cabo desde 1981 en adelante.
  • 14. Un sistema de estas características debe ser prioritario e implementado con anterioridad a cualquier proyecto que aumente los recursos para las instituciones privadas de Educación Superior. Asimismo, debe poner especial énfasis en incorporar mecanismos de protección de los estudiantes, evitando que sean ellos quienes paguen el costo asociado a la desregulación actual del sistema. Propuestas - Retiro inmediato del Proyecto de Ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación, en tanto mantiene la lógica de proliferación de instituciones sin regulación, y no se hace cargo de los efectos que la pérdida de reconocimiento de una institución tiene para sus estudiantes. - Incorporar como requisitos mínimos de acreditación, que operen antes de la creación de las instituciones, criterios vinculados a los siguientes aspectos: (i) calidad y excelencia académica, (ii) un determinado grado de adecuación de la misión de la institución a los objetivos educativos del país, (iii) el aporte de la institución al desarrollo nacional y/o regional, (iv) niveles de democratización organizacional, medida específicamente tanto a través de la posibilidad de que exista organización estudiantil, académica y funcionaria, y a través de la existencia de instancias de participación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones (v) ausencia efectiva de lucro; que no exista ningún tipo de mecanismo que permita el retiro de utilidades. (vi) plena libertad de cátedra y autonomía de la institución - Incorporar la figura de un administrador público provisional, que continúe el giro de las instituciones que pierdan su acreditación, y tenga potestades amplias para reubicar estudiantes en otras instituciones, convalidar asignaturas, cancelar pagarés, etc. Los estudiantes no pueden ser los perjudicados por decisiones de los controladores o autridades de la institución. Democratización En línea con lo anterior, y considerando que la democracia debe ser parte de los indicadores de calidad de un establecimiento de Educación Superior, el sistema deberá garantizar a través de los mecanismos antes expuestos, la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución, garantizando que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos y respetados. Propuestas - Establecer la participación de los distintos estamentos de las comunidades universitarias en los cuerpos colegiados. - En función de lo anterior, modificar de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, acabando así con las prohibiciones legales que impiden la participación de la
  • 15. comunidad universitaria en la toma de decisiones que la determinan, y garantizando el derecho a la organización de todos los estamentos. b) Rol del Estado y financiamiento El movimiento estudiantil ha dejado en evidencia que el rol que ha jugado el Estado en términos de financiamiento en los últimos 30 años no ha dado buenos resultados. Las instituciones de Educación Superior de su propiedad han sido dejadas de lado en términos financieros, y se han entregado recursos a instituciones que los han utilizado para obtener rentas de ellos, en desmedro de la calidad. En tanto derecho social, el Estado debe garantizar el acceso a la educación. No es posible que por no poder pagar queden ciudadanos fuera del sistema educacional, así como tampoco son moralmente viables los altísimos niveles de endeudamiento que existen hoy entre los estudiantes chilenos, sobre todo considerando que en muchos casos la rentabilidad privada que otorgarán en el futuro dichos estudios no son suficientes para pagar la deuda. Si la educación es comprendida como una inversión del conjunto de la sociedad, debe existir un esquema de financiamiento coherente con dicho principio, en el cual el Estado asuma un rol garante, en especial respecto a sus instituciones. Financiamiento Institucional A partir de los criterios fundamentales de la Nueva Institucionalidad de Educación Superior, debe procurarse un sistema de financiamiento a las instituciones que contribuya a los siguientes objetivos: - Modernización: Debe promoverse que aquellas instituciones estatales en condiciones de mayores retrasos en relación al resto del sistema puedan fortalecer sus dotaciones básicas. - Desarrollo: Proyectar la calidad del sistema público a partir de la inversión en capacitación docente, tecnología e infraestructura. - Expansión: Proyectar el crecimiento en cobertura y matrículas de las instituciones estatales de educación superior. - Investigación: Estimular la productividad científica, tecnológica y artística de alto nivel, tanto en pregrado como postgrado. Aporte basal a Universidades Estatales Debe haber un nuevo trato entre el Estado y las instituciones de educación superior que le pertenecen, que ponga fin a su autofinanciamiento y plasme un reconocimiento al compromiso educacional que tienen estas entidades con el país. Para esto debe crearse un Aporte Basal a las Instituciones del Estado, que les entregue los recursos suficientes para que en ellas se desarrollen a plenitud los recursos humanos que el país necesita, además de la generación de conocimiento de calidad y reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
  • 16. Aporte Fiscal Directo Es necesario aumentar, de manera sustancial, los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, cuyos objetivos sean el crecimiento, el desarrollo local y la sustentabilidad de las universidades que cumplan con los criterios básicos de la Nueva Institucionalidad en Educación Superior. Asimismo, este fondo deberá ser reajustado anualmente, según el IRSP, para que así remuneraciones de los trabajadores no dependan del alza de aranceles de los estudiantes. Fondos de revitalización En el corto plazo, mientras no estén debidamente incorporadas las entidades de educación a la Nueva Institucionalidad, se debe crear un fondo que reviva el rol público de las universidades del Consejo de Rectores, dejando a criterio de cada una de las comunidades universitarias las decisiones sobre el uso de estos recursos. Este fondo debe ser priorizado según: - Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH) - Condición Regional - Composición socio-económica de sus estudiantes - Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto) Nuevo sistema de financiamiento estudiantil Para la progresiva implantación de la educación superior gratuita, se debe fortalecer un sistema de financiamiento desde el Estado hacia las instituciones de educación superior, el cual cubra la totalidad de los aranceles de todas y todos los estudiantes de Chile. Los aranceles se establecerán en el futuro mediante una fórmula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior, sobre la base de criterios que den cuenta del aporte de la institución al país y que incentiven la incorporación de estudiantes de los quintiles más bajos de ingreso. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior. En el corto plazo, promover una reestructuración integral del sistema de ayudas estudiantiles complementarias en sus montos, cobertura, y condiciones de postulación. c) Acceso Es necesario avanzar decididamente hacia un sistema más equitativo para todos y todas, en el cual las instituciones de educación superior cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública que la Nueva Institucionalidad se propone. Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica y cultural del país en las matrículas de cada institución, contribuyendo a corregir la desigualdad y la segregación del actual sistema.
  • 17. Para esto, es preciso cambiar la actual PSU por una batería de instrumentos que no tenga ningún tipo de sesgo (especialmente socioeconómico), y que permita predecir de manera adecuada el rendimiento futuro en la educación superior, apuntando a disminuir las altas tasas de deserción que observamos hoy. El Estado deberá proveer de los fondos necesarios para la implementación y desarrollo de estos mecanismos. Propuestas - Disminuir los contenidos evaluados en la PSU- por ser un factor importante del sesgo socioeconómico que presenta- y un aumento en la ponderación de herramientas que valoran el buen rendimiento escolar, tales como NEM y el ránking. - Implementación de Propedéuticos, mecanismos complementarios de acceso y procesos de nivelación en todas las IES. d) Derechos Educativos, Culturales y lingüísticos de los Pueblos Originarios Es necesario que el sistema educacional sea capaz de garantizar un sistema inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Propuestas - Incorporar como un principio básico de la Nueva Institucionalidad en Educación Superior el carácter intercultural y plurinacional del sistema. - Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios. - Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos. - Reconocimiento jurídico de los espacios utilizados por estudiantes indígenas (Hogares indígenas), además de la implementación de una política pública de Hogares.
  • 18. Educación Técnico – Profesional Hoy la educación técnica es una de las grandes deudas de nuestro modelo educativo. No existe iniciativa por parte del Estado para su fortalecimiento, y su regulación o su planificación. Se estima que por cada profesional que estamos formando, son 3 los técnicos que debiesen egresar: hoy en cambio la proporción es aproximadamente de 1 a 1. La educación técnica se orienta hacia necesidades sociales cualitativamente distintas a la educación profesional, abriendo nuevas posibilidades de desempeño personal y social. En los países altamente industrializados, la mayor cantidad de la población está calificada como técnico profesional. a) Reformas institucionales Es fundamental adquirir conciencia de la falta de una institucionalidad que regule y certifique la calidad de la educación que estamos entregando a nivel técnico, tanto escolar como superior. No existe un organismo que vislumbre los cambios en los sectores industriales y prevea cambios en la formación técnica, ni existe un sistema que asegure la flexibilidad entre los distintos tipos de estudio. Propuestas - Eliminación del SIMCE para establecimientos escolares técnicos profesionales, por no ser una herramienta de evaluación adecuada a las particularidades de este tipo de enseñanza. - Creación de una nueva institucionalidad que vele por el desarrollo, regulación, calidad y adecuada valoración de la educación técnico profesional tanto escolar como superior. Para ello proponemos que se genere un organismo dependiente tanto del ministerio de educación como del ministerio del trabajo desde el cual emanen las políticas para la formación de los técnicos de Chile. - Creación de una red estatal de instituciones que impartan la formación técnica a nivel superior, adecuando su desarrollo y aporte a las distintas regiones en donde se establezcan. - Creación de estándares particulares de licenciamiento y acreditación para instituciones técnicas (en educación escolar o superior). Estos deberán tener, al menos, la prohibición de toda clase de lucro, la pertinencia en relación a las necesidades del país, así como también metodologías propias afines a las características de la enseñanza técnico-profesional. - Generar mayor flexibilidad, tanto en la educación técnica media y superior, entre la educación técnica y la educación humanista. - Creación de una marco de cualificaciones, que haga compatibles los aprendizajes adquiridos tanto en la educación formal, como aquellos que se otorgan por medio de la capacitación o de la experiencia laboral. Ello implicaría la creación de una institución que pueda certificar competencias o aprendizajes en estas 3 áreas. b) Rol del estado y financiamiento El Estado debe recuperar su rol estratégico y asegurador de la calidad y pertinencia de la educación técnico-profesional. Ello significa, en general, aumentar los recursos que destina a esta área, ejercer un mayor control de la calidad y del uso de los recursos y consolidar una
  • 19. presencia fuerte de este tipo de educación en todas la regiones del país (para el caso de la educación superior) y ojalá en todas las comunas (en el caso de la educación escolar). Propuestas - Incremento en el aporte fiscal a los liceos técnico-profesionales, a fin de dotarlos de la infraestructura y materiales indispensables para el propio ejercicio del quehacer educativo. - Repensar el rol del Estado en la educación superior, entregándole mayores atributos de fiscalización y de planificación en el área. - Gratuidad de la educación técnico profesional, teniendo en cuenta requisitos de fin de lucro, regulación y transparencia de recursos, acreditación y tasas de retención. c) Reformas Curriculares Actualmente los estudios técnicos carecen de vinculación con los estudios humanistas y carecen también de una actualización constante que ponga al día a las especialidades con los avances del sector productivo. Asimismo, los currículum poseen una imposibilidad de convalidar aprendizajes que se generen en uno u otro lado, impidiendo que los estudiantes puedan cambiar de perspectivas. Asimismo, el sistema aún carece de una articulación con el sector productivo y de una formación que tenga contacto directo con lo que se realiza en dichos sectores. Propuestas - Avanzar hacia un nuevo modelo escolar de la educación TP a fin de que todos los estudiantes puedan elegir asignaturas técnico profesionales o humanistas. Dichas asignaturas sean certificadas en el área TP a fin de ser reconocidas en los sectores productivos. - Incorporar al currículum de los liceos técnico-profesionales elementos fundamentales de la educación científico-humanista, que permitan manejar un bagaje mínimo de conocimientos y eventualmente tener la posibilidad de optar por educación superior universitaria en vez de técnico profesional, sin verse perjudicados en relación a sus pares que egresaron de la educación científico-humanista. - Avanzar en la creación de un sistema dual de aprendizajes, que combine el estudio en la escuela con módulos de aprendizaje en los distintos sectores productivos. Esto tiene la ventaja de disminuir los costos de infraestructura, lograr mejores aprendizajes y generar mayor articulación y cooperación con el sector productivo. - Revisión constante del currículum técnico-profesional, tanto en educación escolar como superior, con el fin de hacerla coherente con los avances y las necesidades (nacionales y sobre todo regionales) del sector productivo respectivo a las distintas especialidades. Lo anterior, con el fin de garantizar un real aporte social y la empleabilidad de los estudiantes. d) Acceso Hoy en día, casi la mitad de la matrícula, tanto escolar como superior, proviene de la enseñanza técnica. A nivel escolar, dicha enseñanza posee mayores índices de retención, lo que se revierte en la educación superior. Asimismo, los índices de titulación en ambos niveles
  • 20. es relativamente bajo y, especialmente en la educación superior, el alto valor de los aranceles no ayuda a que los estudiantes puedan terminar sus estudios. Propuesta - Al igual que en el sistema escolar científico-humanista, es fundamental poner fin al copago, pues este funciona como mecanismo de segregación económica. - Asimismo, en fundamental avanzar en medidas tendientes a que todos los estudiantes de la educación escolar puedan titularse. - En la educación superior, es necesario avanzar hacia un sistema de nivelación previo a los estudios y adoptar medidas drásticas para detener los altos índices de deserción, que hoy alcanzan al 50% de los estudiantes terciarios en educación técnica. - Creación de un sistema de medición de competencias específico técnica, que priorice la continuidad entre la educación media técnico profesional y la superior del mismo tipo.