El documento discute el conocimiento como un bien público que es difícil de proteger y acumulable. Sin embargo, los dueños del capital están desarrollando estrategias para restringir su circulación y aumentar su valor de mercado a través de mecanismos relacionados con lo educativo, legal y tecnológico. Esto plantea preguntas sobre lo que puede ofrecer una escuela pública si el conocimiento es tratado como una mercancía y la necesidad de defender los derechos colectivos y espacios para compartir conocimiento y cultura.