control de convencionalidad

1. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
PRESENTADO POR:
SUANNY GISSELLE PINZON PATARROYO
2011132016
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL TROPICO AMERICANO “UNITROPICO”
DERECHO
YOPAL
2014

2. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
PRESENTADO POR:
SUANNY GISSELLE PINZON PATARROYO
2011132016
PRESENTADO AL DOCTOR:
LUIS EDUARDO ARDILA QUIROZ
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL TROPICO AMERICANO “UNITROPICO”
DERECHO
YOPAL
2014

3. INTRODUCCIÓN
Desde el momento en que se iniciaron a ratificar y entrar en vigor tratados internacionales de
los cuales nuestro país es o ha sido parte, ha existido una marcada contradicción entre las
leyes internas de nuestro país y estos, lo cual se ha constituido como una de las principa les
preocupaciones de los órganos jurídicos.
Aunque nuestro país se encuentra enmarcado en una teoría monista internacionalista donde
la norma internacional se sitúa en un grado de jerarquía respecto a la norma interna, Colombia
tiene el deber de cumplir con las obligaciones que surgen a partir de tratados, convenios u
otras normas de carácter internacional, y por el contrario no podría incumplir estas con la
excusa de existir otros preceptos de carácter nacional que así lo impidan.
Desde que un estado decide hacer parte de un tratado o convenio cede su soberanía, lo cual
le implica estar sujeto a una serie de compromisos o condiciones las cuales fueron pactadas
dentro de ese tratado.
En Colombia la Comisión Interamericana de Derechos humanos (en adelante CIDH o
Comisión), ha adquirido relevancia o supremacía frente a la Constitución. Es por esto que se
ha llevado ante está diversos conflictos jurídicos los cuales no han tenido una feliz solución
por parte de los entes encargados de administrar justicia en el orden interno.
En este trabajo me propongo explicar el concepto de control de Convencionalidad, sus
principales principios, exponiendo dentro de este el control que se llevó a cabo por la CIDH,
frente al caso del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego.

4. 1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar una investigación acerca del control de Convencionalidad, dilucidando dentro de
este, el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar el concepto de control de Convencionalidad.
 Describir los principios
 Investigar la sentencia que destituyo e inhabilito al alcalde Gustavo Petro
 Analizar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-500 de
2014.

5. 2. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
El control de Convencionalidad puede ser definido como una garantía destinada a obtener la
aplicación armónica del derecho vigente1, es un mecanismo utilizado para evitar que una ley
o acto administrativo emitido por autoridades estatales, vulneren las obligaciones o principios
rectores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CtIDH) ha definido los
alcances del control de Convencionalidad en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs.
Perú en los siguientes términos:
“Es el control que pueden y deben ejercer los órganos de la justicia nacional con respecto a
actos de autoridad entre ellos, normas de alcance general, conforme a las atribuciones que
les confieren los ordenamientos a los que se hallan sujetos y las disposiciones del derecho
internacional de los derechos humanos, a las que se encuentran vinculados por diversos actos
de carácter soberano —ratificación o adhesión a un tratado, reconocimiento de una
competencia— los Estados a los que corresponden esos órganos nacionales. ”
La CtIDH se hace cargo por primera vez del deber de los jueces de efectuar control de
Convencionalidad en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, del 26 de septiembre
de 2006. Allí dijo:
“Si un Estado ha ratificado la CADH, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y
que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer una especie de control de Convencionalidad entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la CADH.”
1 ALBANESE, Susana, “”El control de Convencionalidad”, Ediar, Buenos Aires, 2008, p. 15

6. 2.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PARA LA VALORACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
Existen una serie de principios los cuales deben ser valorados al momento de realizar el
respectivo control de Convencionalidad, según el autor Andrés Gil Domínguez encontramos
los siguientes2:
a) PRINCIPIO DE AUTOEJECUTORIEDAD (o de eficacia directa)
Otorga carácter operativo a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, lo cual
implica la posibilidad de aplicar las disposiciones Comisiónales directamente en el orden
interno, sin necesidad de aguardar su desarrollo legislativo o administrativo previo.
b) PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
Una vez ingresado un derecho humano al sistema jurídico interno, se arriba a un estadio que
no puede ser desconocido ni retrogradado en el futuro. La progresividad supone una
tendencia hacia la extensión de los derechos humanos.
c) PRINCIPIO DE IRREVERSIBILIDAD
Consiste en la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho humano como
inherente a la persona, una vez que el Estado lo ha reconocido en un instrumento
internacional. La incorporación de un instrumento internacional produce efectos
irreversibles, de tal manera que si en un futuro el Estado denunciase el tratado sobre derechos
humanos, solo se liberaría de las obligaciones internacionales y del sometimiento a los
organismos de protección, pero el derecho reconocido permanecería en la esfera de los
derechos implícitos.
2 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “La regla de reconocimiento constitucional argentino”, Ediar, Buenos
Aires, 2007

7. d) PRINCIPIO PRO HOMINE
Indica que el intérprete y el operador han de buscar y aplicar la norma que en cada caso
resulte más favorable para la persona humana y para su libertad y sus derechos.
Este principio se encuentra receptado por el artículo 29 de la CADH:
“Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido
de: a) permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlas en
mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera
de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos
estados”
El principio pro homine se expande en dos vertientes diferenciadas: la normativa y la
interpretativa, lo cual implica que debe ser aplicado en la creación de la ley y en la
interpretación que de la misma se haga en el caso concreto.
e) PRINCIPIO FAVOR DEBILIS
Indica que en la interpretación de situaciones donde existen derechos en conflicto hay que
tener especial consideración a la parte que, en relación a la otra, se encuentra en inferioridad
de condiciones.
f) PRINCIPIO PRO ACTIONE
Requiere del tribunal que haga un juicio objetivo y fundado en torno a la verosimilitud de la
pretensión y de la acción que la viabiliza, de forma que no se incurra en rigorismos procesales

8. que estrangulen el sistema de derechos. Principio que se vincula en forma directa con el
derecho a la tutela efectiva (artículo 25 CADH)
2.3. CLASES DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
CONCENTRADO
Corte InterInteramericana de
Derechos Humanos.
Verifica de forma subsidiaria que
las disposiciones internas, los
actos de los estados parte de la
Comisión sean acorde y no esten
contra su contenido.
DIFUSO
ESTADOS: A través de todas sus
autoridades
los jueces nacionales deben
hacer la misma revisin que haria
la Corte, sobre la legislacion que
aplican o las conductas que
realizan los diferentes organos
del estado para que no
contrarien a la Comisión.
La Corte Interamericana realiza control de Convencionalidad, cuando en sus veredictos
descarta normas locales, incluso constitucionales, opuestas a la Convención (Sagúes 120,
2010)
Se ejerce el control de Convencionalidad difuso por parte de cada uno de los Estados como
una primera instancia

9. 2.4. FORMAS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Control concreto
• se realiza sobre
normas o leyes que ya
han sido aplicadas a
casos particulaes en
los que se considera
existe una vulneración
de derechos por la
aplizacion de dicha
norma.
Control abstracto
• sobre normas o leyes
que aun no han sido
aplicadas a un caso
concreto, pero que
violan derechos por su
simple existencia.
CONTROL CONCENTRADO
(Corte Interamericana)
CONTROL DIFUSO
(Poder judicial de los Estados)
Pueden realizar el
Control de
Convencionalidad
de ambas formas
Existen diversos tratados entre ellos la Comisión Interamericana de derechos Humanos y
todos aquellos que den competencia a la CIDH, La Corte Interamericana ha establecido que
al momento de hacer la revisión del derecho interno, debe contrastarse, además de con los
tratados que dan competencia a la misma Corte, con la jurisprudencia de la Corte

10. Interamericana, que ha emitido al interpretar la Convención Interamericana. Pero que,
además, como parte de esa jurisprudencia estaban los protocolos adicionales a la
Convención, las opiniones consultivas de la Corte, las medidas provisionales y las
interpretaciones realizadas en todas ellas, como parte del corpus iuris interamericano.3
3. CASO PETRO
Gustavo Petro Urrego fue elegido popularmente el 30 de octubre de 2011, como alcalde
mayor de la Ciudad de Bogotá, como primera autoridad es el principal responsable de la
prestación de los servicios públicos de la ciudad.
En la administración de Petro, se daría el cambio del modelo de recolección de basuras de la
ciudad, pues hasta ese momento se venía prestando por entidades privadas, Petro pretendía
que fuera una empresa del Distrito "Aguas de Bogotá" quien recolectara toda la basura de
Bogotá, aunque nueve entidades se opusieran a esta decisión, por la imposibilidad de llevarse
a cabo y por considerar que era ilegal, fue con el Decreto 564 del 2012 que se adoptaron
medidas para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el distrito capital basado
entre otros en los artículos 3114, 3225, 365 6, 367 ídem, inciso segundo7, de la carta
fundamental de 1991.
3 Caso Almonacid Arellano vs. Chile, op. cit .
4 dispone que al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le corresponde –entre otros-prestar
los servicios públicos que determine la ley y ordenar el desarrollo de su territorio.
5 establece respecto de la ciudad de Bogotá, “ Su régimen político, fiscal y administrativo será el que det erminen la Const itución, las leyes
especiales que para el mismo se dict en y las disposiciones vigentes para los municipios.” Correspondiéndoles a sus aut oridade s “ garantizar
el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Dist rito; a las locales, la gest ión de los
asunt os propios de su t errit orio.”
6 establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber del mismo asegurar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional. Igualmente tal disposición señala que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios…
7“ Los servicios públicos domiciliarios se prest arán direct amente por cada municipio cuando las características t écnicas y econ ómicas del
servicio y las conveniencias generales lo permit an y aconsejen (...)”

11. El día 18 de diciembre de 2012, inicio la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo
modelo de basuras para la Capital, ese mismo día y los dos siguientes se dejaron de recoger
alrededor de 10.000 toneladas de basura en Bogotá, pero el remedio fue peor que la
enfermedad, para solucionar esta crisis se optó por un sistema mixto donde se le entregó a
los operadores privados 36,95 por ciento de la operación de basuras y que el operador público
Aguas de Bogotá se quedase con el resto de la operación8.
Por medio de un contrato de leasing se arrendaron compactadores de basuras traídos desde
Estados Unidos que el distrito arrendó en internet, como era de esperarse hubo demora en la
traída de estos camiones, posteriormente la DIAN decomisó algunos de estos compactadores.
Al distrito le toco asumir el costo de adquisición por medio de licitación de otras maquina r ias
necesarias para suplir la prestación del servicio lo que genero un déficit, a simple vista se
observó que el nuevo modelo de aseo de la ciudad de Bogotá se retrasó y no cumplió con las
órdenes que había dispuesto la Corte Constitucional.
Fue debido a estas inconsistencias que:
El 9 de diciembre de 2013, un procurador delegado de la Procuraduría General de la
Nación resolvió destituirlo como Alcalde Mayor de Bogotá, e inhabilitarlo por 15 años para
ejercer cargos públicos, debido a las irregularidades en las que, para el Ministerio Público,
incurrió cuando realizó cambios en el sistema de recolección de basuras de la ciudad; el ente
administrativo determinó que la falta fue gravísima a título de dolo. El cambio del modelo de
basuras en la ciudad de Bogotá se dio a pesar de que nueve distintas entidades del Estado
advirtieron sobre la imposibilidad de cambiar el modelo de basuras.
Antes del fallo de primera instancia, Petro demandó al Estado colombiano ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos , pues considera que el proceso era una persecución
política en su contra llevada a cabo por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
8 ht tp://www.elt iempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13288226.html

12. El 13 de enero de 2014 se dio el fallo de segunda instancia que fue revisado por el Procurador
General de la Nación, donde se ratificaron las faltas que se le imputaban a Petro y se
ratificaban su destitución e inhabilidad. Sin embargo el día 14 de enero de 2014, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el marco de una acción de tutela interpuesta por un
ciudadano, por medio de un auto ordenó suspender temporalmente los efectos del fallo,
mientras el Tribunal toma una decisión de fondo sobre el particular.
El 6 de marzo de 2014 el Consejo Superior de la Judicatura revocó la suspensión ordenada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; asimismo, el 18 de marzo el Consejo de
Estado rechazó las tutelas que había recibido contra la destitución, con lo que dejó en firme
la sanción emitida por la Procuraduría. Sin embargo, el mismo 18 de marzo la
Comisión concedió medidas cautelares en favor de Petro y ordenó la suspensión inmediata de
la destitución; no obstante el 19 de marzo el presidente de la República, Juan Manuel Santos,
rechazó las medidas cautelares y ejecutó la destitución de Petro, nombrando Rafael
Pardo como reemplazo en calidad de Alcalde Encargado, cuya gestión duró 35 días hasta el
22 de abril, cuando la sala especializada de restitución de tierras del Tribunal Superior de
Bogotá revocó la destitución y ordenó la inmediata restitución del cargo a Petro, ante una
tutela que le ordena al Presidente de la República acatar las medidas cautelares proferidas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la restitución del cargo. Al día
siguiente, Santos, acata la decisión y restituye a Petro en el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá.
El 13 de mayo, el magistrado Gerardo Arenas del Consejo de Estado, otorgó medidas
cautelares mientras esta entidad resuelve de fondo la demanda de nulidad que presentó la
defensa de Petro contra su destitución, ante ello la Procuraduría interpuso recurso de súplica.
Pero el 6 de junio la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de del
Tribunal Superior de Bogotá, de acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (Cidh). Pese a esta última decisión Petro continuó en la alcaldía
porque "no invalida las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado" de otorgar medidas
cautelares.9
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Petro

13. 4. MEDIDAS CAUTELARES
Existe fuertes críticas respecto a la obligatoriedad de acatar las medidas cautelares:
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglame nto
de la CIDH.
Artículo 25. Medidas Cautelares
1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, 41.b de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 18.b del
Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un
Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con
una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un
riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los
órganos del Sistema Interamericano.
2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que:
a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede
tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un
caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la
amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción
preventiva o tutelar; y
c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza,
no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el
beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su

14. ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u
organización.
4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros
elementos:
a. los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita
determinarlas;
b. una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier
otra información disponible; y
c. la descripción de las medidas de protección solicitadas.
5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión
requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño
potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión
adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo
en cuenta la información aportada por las partes.
6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguie ntes
elementos:
a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos
por los cuales no hubiera podido hacerse;
b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la
determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y
c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada
por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre
justificada.
7. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas
cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas que incluirán, entre otros,
los siguientes elementos:

15. a. la descripción de la situación y de los beneficiarios;
b. la información aportada por el Estado, de contar con ella;
c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, urgencia e
irreparabilidad;
d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y
e. los votos de los miembros de la Comisión.
8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirá n
prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.
9. La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas
cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. En cualquier
momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la
Comisión deje sin efecto las medidas cautelares vigentes. La Comisión solicitará
observaciones a los beneficiarios antes de decidir sobre la petición del Estado. La
presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.
10. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como requerir a las
partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el
otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. Dichas medidas pueden
incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de
trabajo y visitas de seguimiento y revisión.
11. En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar una medida
cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan
de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los requerimientos planteados por el Estado
para su implementación.

16. 12. La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte
Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 76 del presente
Reglamento. Si en el asunto se hubieren otorgado medidas cautelares, éstas mantendrán su
vigencia hasta que la Corte notifique a las partes su resolución sobre la solicitud.
13. Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisionales por parte
de la Corte Interamericana, la Comisión no considerará una nueva solicitud de medidas
cautelares, salvo que existan nuevos hechos que así lo justifiquen. En todo caso, la Comisión
podrá ponderar el uso de otros mecanismos de monitoreo de la situación.
La CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Gustavo Francisco Petro
Urrego, Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. La solicitud de medidas
cautelares había sido presentada en el contexto de la petición individual P-1742-13, en la
que se alegan presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal (artículo 5), a
las garantías judiciales (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), al derecho a la
igualdad ante la ley (artículo 24) y a la protección judicial (artículo 25 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos). 10 la comisión considero que los derechos
políticos del señor Alcalde Petro se encontrarías en una situación de urgencia y gravedad,
de acuerdo a lo anterior la Convención Interamericana de derechos humanos le Solicita a
Colombia que suspenda los efectos de la decisión tomada por la procuraduría de destituir
e inhabilitar a Gustavo Francisco petro Urrego, a fin de que pueda cumplir con el periodo
electoral para el cual fue elegido, y de esta forma ejercer de adecuada forma sus derechos
políticos, hasta que la Comisión resuelva sobre la petición
Basándose que en Colombia no existe un medio rápido y eficaz para atacar las decisiones
administrativas, la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho podría llegar a tardar
5 o más años, siendo la acción de tutela improcedente contra las decisiones del Procurador.
De esta forma los recursos judiciales no garantizan que haya una actuación judicia l
10 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp

17. oportuna, la decisión en desproporcionada pues esta destitución se debería llevar a cabo
solo en condenas del orden penal.
Las medidas cautelares son parte de la función de la comisión de supervisar el
cumplimiento de los derechos humanos. Estas medidas tienen un doble carácter uno
tutelar y una cautelar las cuales buscan evitar y un daño irreparable
De forma colectiva vulnera los derechos políticos de los ciudadanos que votaron por él,
pues han sido privados del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, por
intermedio de la persona que eligieron.
El estado Colombiano alega que actualmente existen diferentes recursos para hacer valer
los derechos como lo son:
RECURSOS JURÍDICOS
ADMINISTRATIVOS JUDICIALES
Reposición
Recusación
Acción de
revocatoria directa
Control de nulidad
y restablecimiento
del derecho
Acción de tutela
Medidas
cautelares
Mecanismo
transitorio
Según lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión
podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas
cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión
con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su
jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas

18. podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido
a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o
determinables. En consecuencia, el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el
número de personas protegidas mediante su adopción; como se puede observar, muchas de
las medidas cautelares acordadas por la CIDH extienden protección a más de una persona y
en ciertos casos, a grupos de personas como comunidades o pueblos indígenas. Asimismo, el
Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no
constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. El 1º de agosto
entró en vigor el Reglamento modificado de la CIDH y establece que ¨las decisiones de
otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán
emitidas mediante resoluciones fundamentadas¨.
5. SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD Nº 500/14 DE CORTE
CONSTITUCIONAL, 16 DE JULIO DE 2014
Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Actor: NIXON TORRES CARCAMO
Demandado: LEY 734 DE 2002, ARTICULO 44 NUMERAL 1 PARCIAL
La Corte se pronunció respecto de la demanda formulada en contra de la expresión “e
inhabilidad general” contenida en el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002. Al
emprender el análisis integró al examen la expresión “Destitución” de ese mismo numeral al
considerar que la sanción de inhabilidad general solo puede ser aplicada de manera
concurrente con la destitución y, en consecuencia, conforman desde el punto de vista
sancionatorio, una unidad inescindible. Adicionalmente consideró que, aunque el
demandante no lo refiere expresamente, formula un cargo específico para demostrar su
Inconstitucionalidad.11
11http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2028%20comunicado%2016%20de%20julio%20
de%202014.pdf

19. La corte se lavó las manos con respecto al tema pues consideró que la decisión tomada por
el procurador está sujeta a la Constitución de 1991 y a la CIDH, por pues no vulnera ninguno
de los límites que definen el margen de configuración del legislador.
También es posible que el legislador establezca como sanción disciplinaria la destitución, la
cual puede ser emitida por el procurador o sus delegados
Adicionalmente la corte concluyo que los pronunciamientos de la CtIDH, solo puede obligar
al estado colombiano cuando este ha sido parte en el respectivo proceso, los cuales solo se
podrían reabrir cuando:
“(i) el parámetro de control haya sido una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido
estricto; (ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado
radicalmente y de forma clara el sentido de la norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible
con la Constitución Política ; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado
por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y reiterada. Así, el planteamiento del demandante según el
cual la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “López
Mendoza vs. Venezuela”, impone variar la decisión adoptada en la sentencia C-028 de 2006, no se
ajusta a las exigencias antes expuestas, por lo cual la hipótesis de reexaminar las disposiciones
amparadas por la cosa juzgada constitucional, no resulta considerable.”

20. CONCLUSIONES
Colombia debe estar sujeto a mecanismos internacionales, como el control de convencionalidad que realiza la
CIDH sobre las decisiones de orden interno, no solo porque es un estado parte de esta convención, sino porque
deben existir normas internacionales de carácter vinculante para los países.
De acuerdo a la supremacía de los tratados internacionales sobre nuestra carta magna de 1991, el deber ser de
las cosas es que cuando exista controversia con respecto a las decisiones tomadas por algún órgano jurídico
Nacional estas puedan ser dirimidas por una instancia de carácter internacional.
En mi opinión y para el caso concreto de Alcalde de Bogotá, las medidas cautelares que ordeno la CIDH, están
encaminadas a proteger derechos políticos y fundamentales, no solo de Gustavo Petro, sino también los
derechos colectivos de los ciudadanos que lo eligieron.

21. BIBLIOGRAFIA
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2028%20comunicado%2016%2
0de%20julio%20de%202014.pdf
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013.
Caso Gelman vs. Uruguay.Supervisión de cumplimiento de sentencia.
Contradicción de Tesis 293/2011 sobre jerarquía de los tratados, bloque de
constitucionalidad y obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana
Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Introducción general al control de convencionalidad. Miguel Carbonell.
El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera
sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano. Eduardo Ferrer Mac-
Gregor y Fernando Silva García.
El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los jueces nacionales.Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.)
Admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Sergio García Ramírez.
El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano, y sus anticipos en el ámbito
de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el Sistema
Europeo. Néstor Pedro Sagüés.
El control de convencionalidad: la idea del bloque de constitucionalidad y su relación con
el control de constitucionalidad en materia electoral. Roselia Bustillo Marín.