El magistrado instó a William Ortiz a que no declarase sin un abogado. 14 julio 2009 Diario Vasco

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Zestoa, 2009ko uztailak 2. ALKATEAK
ZESTOAKO UDALA
IRAGARKIA
2009ko ekainaren 30ean buruturiko
saioan, Zestoako Tokiko Gobernu
Batzarrak hasiera batez onartu du
Zestoako Planeamenduko Arau
Subsidiarioen Arroa Beheko
AB.R.1/1-Rezola Egikaritza Unitate-
ari dagokion Urbanizazio Proiektua.
Dokumentu hori "Inmobiliaria
Loyola, S.A."k sustatu du eta Nerea
Sudupe Uria arkitektoaren aldetik
landua izan da.
Indarrean dagoen legedian xedatu-
takoaren arabera, hartutako eraba-
kia eta onartutako dokumentua jen-
daurrean jartzen dira, iragarki hau
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik kontat-
zen hasita hogei eguneko epean,
alegazioak aurkez ahal daitezen.
ANUNCIO
Por acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Zestoa en sesión de 30
de junio de 2009, se ha aprobado
inicialmente el Proyecto de Urbani-
zación de la Unidad de Ejecución
AB.R.1/1-Rezola de Arroa Behea
de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Zestoa, promovi-
do por "Inmobiliaria Loyola, S.A:", y
redactado por la arquitecto Doña
Nerea Sudupe Uria.
En cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente, se somete el
acuerdo adoptado y el documento
aprobado a información pública, al
objeto de que en el plazo de veinte
días, a contar desde la publicación
del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa, puedan formu-
larse las alegaciones que se esti-
men pertinentes.
MIAMI. William Ortiz, sospechoso
de los tres asesinatos por los que
fue condenado a muerte el espa-
ñol Pablo Ibar, compareció ayer
en un tribunal de Fort Lauderda-
le (EE UU), donde un juez le orde-
nó que no hablara sin contar an-
tes con un abogado. Ortiz, de 37
años y preso en una cárcel de Flo-
rida por otros crímenes, compa-
reció en un vista judicial en la que
el juez del caso, Jeffrey Levenson,
hizo que se identificara y le instó
a no hablar hasta tener un aboga-
do «para proteger sus derechos».
A continuación, Benjamín
Waxman, abogado de Ibar, de 36
años, dijo al juez que sus exper-
tos estaban comparando 31 hue-
llas dactilares recogidas en el lu-
gar de los crímenes y facilitadas
por el Estado. «En una semana
aproximadamente es posible que
tengamos ya algunos resultados
preliminares», dio el letrado.
Pero en la audiencia, la Fisca-
lía y la defensa de Ibar divergie-
ron sobre la posibilidad de prac-
ticar pruebas de ADN a una ca-
misa azul hallada en la casa don-
de se cometió el triple crimen.
La Fiscalía insistió en que no
es posible practicar esas pruebas
porque no hay rastros de ADN en
la prenda, algo que contradijo
Waxman, quien sostuvo ante el
juez que «sí se pueden practicar
las pruebas, que hay material
para hacerlo y que se puede tes-
tar y comparar».
Waxman explicó posterior-
mente que ha surgido un «deba-
te» sobre si, «bajo las leyes, Or-
tiz tiene derecho a contar con un
abogado y está obligado a decla-
rar, ya que no ha sido arrestado
en relación con este caso».
En ese sentido, señaló que la
Fiscalía ha presentado una alega-
ción en un tribunal de apelacio-
nes en la que rechazan la posibi-
lidad de que Ortiz sea obligado a
comparecer con un abogado y a
declarar o que se le hagan prue-
bas de huellas dactilares o ADN.
El caso Ibar dio un giro inespe-
rado el pasado 19 de marzo cuan-
do su abogado defensor entregó
al juez una declaración jurada y
sellada de un testigo que asegura
que otra persona le confesó que
era el autor de los asesinatos im-
putados a Ibar , de padre español
y madre cubana ya fallecida.
El testigo Juan Gispert dijo al
abogado defensor que Ortiz le
confesó que él era el autor del tri-
ple asesinato por el que fue con-
denado el español en 2000.
Hechos de 1994
Ibar, sobrino del ex boxeador José
Manuel Ibar , Urtain, fue conde-
nado a la pena capital por los ase-
sinatos cometidos en 1994 de Ca-
simir Sucharsky, dueño de un
club nocturno, y dos modelos,
Sharon Anderson y Marie Rogers,
que estaban en su casa de Mira-
mar, crímenes que fueron graba-
dos por cámaras de seguridad.
Con esa información, el letra-
do de Ibar presentó en el 17 Cir-
cuito del Distrito Judicial del con-
dado de Broward una alegación
en la que pedía que se ordenase
una «comparación del ADN, las
huellas dactilares y el pelo de Or-
tiz con el ADN obtenido de una
camisa azul (hallada en la casa),
pelo y 31 huellas sin identificar».
Las huellas dactilares de los ase-
sinos se encuentran esparcidas
por todo el lugar donde se come-
tió el triple crimen, en mesas, pa-
redes y ventanas. Para Waxman,
es esencial, además, el hecho de
que las pruebas de ADN obtenidas
de una camisa azul hallada en la
casa donde se cometió el triple ase-
sinato no corresponden con el de
su cliente. A juicio de Waxman,
las abundantes y nuevas pruebas
presentadas durante las vistas que
se han celebrado deberían com-
portar la anulación de la condena
a Pablo. N EFE
EL SOSPECHOSO. William Ortiz, a quien un testigo acusa de los crímenes. /EFE
Comparece ante el juez el
sospechoso de los crímenes
que atribuyen a Pablo Ibar
El magistrado instó a William Ortiz a
que no declarase sin un abogado
Los familiares
de las víctimas
del incendio de
Guadalajara piden
penas más duras
J.V. MUÑOZ-LACUNA
TOLEDO. Las familias de ocho de
las once víctimas mortales del
incendio de Guadalajara de ju-
lio de 2005 solicitan siete años
de prisión para los técnicos fo-
restales de la Junta de Castilla-
La Mancha que coordinaron las
labores de control y extinción
del fuego. Reclaman también
tres años de cárcel para los car-
gos políticos y los excursionis-
tas que encendieron la barba-
coa con la que se originó el in-
cendio. Una petición de penas
que coincide con la que solici-
ta el PP.
En su escrito de acusación,
estas familias consideran que
los principales responsables de
aquella tragedia humana y me-
dioambiental fueron los siete
técnicos de la Junta que inter-
vinieron en el operativo de ex-
tinción a quienes se considera
autores de un delito de incen-
dio forestal por imprudencia y
otro de homicidio por impru-
dencia. Por el contrario, sólo se
solicitan tres años de cárcel
para los excursionistas y para
los ex altos cargos políticos de
la Junta como la ex consejera
de Medio Ambiente, Rosario
Arévalo o el ex director gene-
ral del Medio Natural, José Ig-
nacio Nicolás.
El consejero de Agricultura
y Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha, José Luis Martínez
Guijarro, indicó ayer que «está
fuera de cualquier racionalidad
que se pidan penas mayores a
quienes apagaron el incendio
que a quienes lo provocaron».
El viernes se cumplen cua-
tro años de la muerte de once
miembros de un retén cuando
trataban de controlar el avan-
ce de las llamas, que arrasaron
13.000 hectáreas. N COLPISA
La Fiscalía de Miami
se opone a que
se practiquen
pruebas de ADN