TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ANALIZA LA POSICION RELATIVA MUNDIAL DE LA PERCEPCION DE LA CORRUPCION EN ESPAÑA.

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LA CORRUPCION EN ESPAÑA.
Manfred Nolte
Salvo los datos derivados de la actuación judicial y la adición ordenada de
aquellos casos convictos y confesos no es fácil obtener valores objetivos de la
corrupción de un área geográfica o país. Otra cosa distinta que, sin embargo,
adquiere el rango de estimación de aquella variable, es la percepción que la
sociedad tiene acerca de la corrupción reinante en su entorno próximo o en su
estado o País en general. La percepción se mide en opiniones o juicios de valor a
través de encuestas mientras que la medición de la corrupción efectiva
solamente es posible mediante la evidencia de sucesivas sentencias judiciales
que tengan la consideración de firmes y no recurribles.
Hablamos aquí de la percepción de la corrupción, de su estimación para un
determinado país y de su comparación y clasificación hasta formar una
apreciación ordinal de un ilícito frecuentemente registrado. Ya en la antigua
Roma el término corrupción aludía, etimológicamente, a la descomposición,
alteración y falsificación de los actos o contratos a través del soborno y la
seducción de administradores de la cosa pública. Roma publicó leyes severas en
virtud de las cuales a los funcionarios corruptos se les cortaba la nariz y se les
introducía seguidamente en un saco para ser arrojados al mar. Tanto más dura
era la pena cuanto más alto era el cargo que abusaba de su posición para
procurarse prebendas. ‘Corruptio optimi, pessima’, decía la máxima (la
corrupción del mejor, es la peor) y debía ser tenazmente perseguida.
Con todo y con ello ni Roma ni las civilizaciones posteriores han podido zafarse
de la corrupción de algunos o muchos de sus dirigentes. Tampoco la sociedad de
hoy, la nuestra, la de nuestro entorno actual. Existen en el mercado

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publicaciones que hace inventario de los casos efectivos de corrupción, también
los referidos a España.
La reciente publicación del ‘Índice de la percepción de la corrupción 2017’ nos
da pie para formular algunas reflexiones en torno al candente tema de la
corrupción en España. Su promotor y autor es ‘Transparencia Internacional’
(TI), una coalición de ONGs de desarrollo presente en más de 100 países que
produce un informe sobre la materia desde hace 2000. El índice, que clasifica
180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector
público por expertos y empresarios de cada país, usa una escala de cero a 100,
donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente.
Avanzando el contenido de la columna, el índice refleja un alto nivel de
corrupción en más de dos tercios de los países del mundo que obtuvieron
puntuaciones por debajo de 50, con una puntuación media de 43. España, por
su parte, obtiene en esta edición la puntuación más baja y la peor posición
relativa de su historia.
Empezando por las conclusiones globales, en 2017 el índice muestra que casi un
70% de los países suspenden en percepción de la corrupción. Los percibidos
como menos corruptos son Nueva Zelanda y Dinamarca. Siria, Sudán del Sur y
Somalia figuran en los últimos lugares. Por regiones, Europa Occidental lidera
con una puntuación promedio de 66 mientras que en la cola se hallan África
subsahariana, Europa oriental y Asia central.
Si analizamos la evolución de España desde el año 2000 hasta el 2017
verificamos un empeoramiento notable en el ranking mundial, al haber pasado
del lugar 20 al 42, (70 a 52 puntos) que sitúa a nuestro país como el de peor
trayectoria en la percepción de corrupción en Europa. España es junto a
Hungría y Chipre el país que más declina. De estar en el puesto 13 de la UE
hemos pasado al 20. Citando a TI, en 2017 hemos llegado a los niveles peores en
percepción de corrupción desde que los índices se consolidaron
metodológicamente.
Las razones de esta evolución tan decepcionante son múltiples y complejas, pero
en cualquier caso la corrupción es un síntoma de una enfermedad grave: el
fracaso de las Instituciones en cumplir su alto contenido democrático cuyo
resultado es una deficiente gestión de los recursos públicos, camuflada en
políticas y prácticas gubernamentales cínicas, espurias o simplemente ilegales.
El foco siempre estará en la combinación en una buena gobernanza y en el
sentido de responsabilidad colectiva.
No puede ocultarse la importante alarma e indignación social en la que se
encuentra inmersa la ciudadanía española por los repetidos casos de corrupción
que muchas veces parecen perpetuarse en la impunidad.
Es necesario, en consecuencia, abordar el tema con un vigoroso consenso
parlamentario y avanzar en la lucha contra esta lacra que nos atenaza. Son
muchas y conocidas las medidas a adoptar. Desde la aprobación inmediata del
Reglamento de la Ley de Transparencia, pendiente más de tres años después de
haberse publicado la Ley, hasta la promulgación de normas que amparen a los

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denunciantes de corrupción, la regulación de espacios de gobernanza
apropiados por lobbies, el reforzamiento de la fiscalía y del Poder judicial y la
asignación de órganos independientes dotados de medios para acotar el fraude
desde la prevención y la sanción. Y muchas más.
PROPUESTAS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PARA
PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN
1) Promover la despolitización de los órganos constitucionales y
disminuir de forma significativa el muy amplio poder y
representación de los Partidos políticos en éstos y en otras
instituciones del Estado y la Administración pública.
2) Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por
corrupción. Es importante que los eventuales corruptos sepan que
no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal
de sus delitos a través de la figura del indulto.
3) Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene
tantos aforados como España), así como las características del
aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y
actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.
4) Disminución sensible del clientelismo político, reduciéndose a tal
efecto el muy abultado número de cargos de libre designación
existentes en España.
5) Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador,
incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento
ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de
infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.
6) Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia,
todavía pendiente más de tres años después de haberse publicado la
Ley.
7) Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que
los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan
hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.
8) Regulación de los Lobbies: Es necesario que se regulen desde un
punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y
se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de
interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.

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9) Transparencia de las formaciones políticas: Necesario aumento
de la transparencia (tanto externa como interna) de los Partidos y de
las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.),
siguiendo las pautas y recomendaciones del GRECO (Grupo de
países del Consejo de Europa contra la Corrupción) y de
Transparencia Internacional España.
10) Necesario cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad
de contratos por parte de las instituciones públicas, publicando sus
contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector
Público (Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado).
11) Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre
designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, pasando a basarse su designación en los
principios de publicidad, mérito y capacidad (para evitar que sean
elegidos por los propios Cargos electos a los que van a controlar).
12) Educación: Los Partidos políticos y grupos parlamentarios han
de prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos,
debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles
educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la
ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de
la corrupción.