RESCATE DE LAS CAJS DE AHORRO, UNA DECISION CONTROVERTIDO

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LA MANZANA DE LA DISCORDIA.
Manfred Nolte
La bondad o, alternativamente, la perversidad del rescate público aplicado en su
día a las Cajas de Ahorro, promete ser una permanente manzana de la discordia.
En el famoso episodio de la mitología griega, una manzana dorada llevó tras las
disputas de las deidades a enfrentamientos tan encendidos que desembocaron
finalmente en la guerra de Troya. ¿Aciertan, en lo que nos concierne, quienes
condenan a los Gobiernos de turno por haber volcado fondos millonarios en la
nacionalización, rescate y privatización de las centenarias entidades de ahorro
descapitalizadas y quebradas en el contexto de la gran Crisis? Responder a esta
pregunta reclama relatar previamente los estragos y responsabilidad de los
gestores de las cajas quebradas y distinguir entre estos extremos y la idoneidad
de las medidas adoptadas para su reflotamiento.
Una nota informativa del Banco de España del 6 de setiembre pasado ha vuelto
a recordar la situación de las ayudas publicas que el Estado otorgó al sistema
financiero durante su proceso de reestructuración. Se refiere a los 53.553
millones aportadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) complementarios de las aportaciones al capital de las propias entidades
y de otros 7.942 millones de euros provinieron de las propias entidades
financieras mediante el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito (FGDEC), que se nutre de las aportaciones de la banca. Todo ello
convino en el saneamiento supuestamente suficiente del sector. La citada nota
ha venido a reiterar las críticas más acaloradas hacia quienes pusieron remedio,
a su manera, a la insolvencia de casi un veinte por ciento del sector financiero
español. Y es que, según testifica el Banco Emisor, hasta la fecha tan solo se han
devuelto 2.686 millones (un 5,3% de las ayudas otorgadas) y que la única
esperanza de recuperar una pequeña parte del rescate reside en la futura e
incierta privatización del 65% de Bankia en manos del Estado y en muy menor
medida de Banco Mare Nostrum (BMN). En otras palabras: 26.300 millones de
euros se consideran irrecuperables.

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Estas declaraciones no constituyen ninguna novedad para quien haya seguido
siquiera superficialmente las vicisitudes del proceso. Capitalizadas y reflotadas
las entidades fracasadas se procedió a su privatización a precio nulo o irrisorio,
lo que implica que las pérdidas registradas se consolidaron en las cuentas
publicas, y –aunque parte del agujero se haya financiado interinamente con
fondos europeos- constituyen en última instancia un pasivo para los
contribuyentes españoles, los actuales y los venideros.
¿De donde procede entonces la repetida enervación que el recuerdo de estas
realidades suscita? De dos conceptos, en mi opinión nítidamente diferenciados,
habiendo de conceder la razón al primero de los argumentos, para quitársela
seguidamente al segundo.
Se indigna, en primer lugar, la opinión pública, y con razón, de que la
desastrosa, y en ocasiones corrupta, gestión de los directivos y consejeros de las
Cajas rescatadas no haya recibido la réplica punitiva, el correctivo legal que un
desastre como el ocasionado merecía. Yo me subo sin ánimo de venganza a ese
carro no sin antes incorporar en el presunto colectivo de irresponsables y
delincuentes al propio supervisor, el Banco de España, y a las firmas
responsables de la auditoria de las cajas fallidas. Las Cajas de Ahorro suponían
en el momento de su derrumbe la mitad de los depósitos del sistema financiero
español y contribuían con su dividendo social a sufragar necesidades sociales
por valor de 3.000 millones de euros. El puñado de Cajas –algunas de ellas
modélicas- que superaron la tormenta, es hoy un grupo de Bancos que cotizan o
no en Bolsa y su obra social ha sufrido serios recortes o se da prácticamente por
extinguida. A ello se añade los más de 46.000 empleos perdidos por el sector
desde 2009. Inevitable desenlace, si se analiza una normativa frágil con la que el
control de las cajas recayó en unas pocas manos, convirtiéndolas en nido de
partidos, fundaciones, representaciones sindicales y otros grupos de interés
económico no profesionalizados, paso previo de chalaneos varios y políticas
inmobiliarias faraónicas, combinadas con dietas abusivas y auto jubilaciones
millonarias, que condujeron a las entidades a su ruina .
A día de hoy, con más de 300 responsables de las Cajas imputados, ninguno ha
ingresado en prisión. Los procesos abiertos a Bankia, NovaGalicia Banco, CAM,
Catalunya Banc, Caja Castilla-La Mancha, y las querellas registradas contra

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dirigentes de entidades como el Banco de Valencia, Banca Cívica o Catalunya
Caixa, no han hecho sino evidenciar la disparatada gestión y el desgobierno
generalizado que imperaba en aquellas circunstancias en las cajas de ahorros
españolas. Resulta deprimente escuchar días atrás de boca del Tribunal
Supremo, al confirmar las penas de dos años impuesta por la Audiencia
Nacional a cinco ex directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones que
se auto-concedieron -22 millones de euros en total-, que en su opinión tales
penas eran ‘exiguas’.
Desde Roma, la ley debe ser ‘dura lex’ no tanto para reparar catástrofes pasadas
como para perpetuar la memoria de los estragos y evitar repeticiones futuras de
las conductas irresponsables o delictivas. Hasta aquí la opinión pública acierta.
Pero yerra en la segunda apreciación. En efecto.
Se indigna la sociedad por agravio comparativo: ¿Cómo puede el Gobierno
destinar cifras astronómicas al reflotamiento de unas entidades fraudulentas y
distribuir al mismo tiempo con cuentagotas las consignaciones a determinados
esquemas de protección social? Por ejemplo:¿cómo pueden aplicarse 22.000
millones de euros de los contribuyentes a reflotar Bankia o 12.000 millones a
rescatar Catalunyia Banc y permitir simultáneamente que haya cientos de miles
de hogares españoles en los que ninguno de sus miembros tiene ingreso alguno?
Se aduce un tercer argumento: ¿Quién puede sufrir, sin rasgarse las vestiduras,
que una vez nacionalizada y saneada una entidad, se privatice y entregue esta al
mejor postor por un miserable plato de lentejas, en ocasiones por un solo euro?
¿Debe asistir impasible el ciudadano a convertirse personalmente en
financiador de un fiasco injustificable?
Pero la razón que fundamenta las intervenciones de todos los gobiernos es otra:
el rescate de la Banca nunca se hizo por amor a la Banca. Muy al contrario, se ha
acometido por responsabilidad hacia todos los administrados y muy en
particular para salvar los intereses de aquellos ciudadanos –millones- que
tienen un depósito en una entidad bancaria. Si una entidad financiera entra en
quiebra no habrá fondos para atender a los pasivos bancarios. Pero, ¿cuál es el
principal capítulo del pasivo de un balance bancario?: los depósitos de su
clientela. El gobierno entiende que debe proteger al depositante porque este no
debe quedar afectado por los avatares de la mala gestión y porque además porta
un ingrediente de alarma social que pueden propagarse hacia otras entidades
sanas y contaminar así a todo el sistema. Este riesgo ‘sistémico’ debe ser
abortado.
Los precios a los que se han venido los Bancos han sido nulos o simbólicos,
Cierto. Pero ¿nadie piensa que si de verdad hubiesen valido algo, las pujas se
habrían disparado? Justifiquemos los rescates: la economía y el sistema
financiero son vasos tan comunicantes que mantener a dicho sector a flote es
imprescindible para la estabilidad de la economía y la seguridad de los
ciudadanos.

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FUENTE:BANCO DE ESPAÑA