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El rompecabezas eléctrico español.
Manfred Nolte
El mismísimo Franz Kafka se las vería y se las desearía para desentrañar el gran
vodevil que desde hace años representa el sector eléctrico español, un sudoku
inacabable de disposiciones que tienen su penúltimo eslabón en el Real Decreto-
Ley 9/2013 publicado en el Boletín oficial del 12 de julio pasado, al que se
unirán próximamente nada menos que ocho reales decretos y dos ordenes
ministeriales, una de ellas de revisión de los peajes a partir de agosto próximo y
consiguiente subida del recibo de la luz del 3,2%. Desde 1998 se computan 33
cambios normativos en una industria eléctrica que al día de hoy presenta una
elevada concentración tanto en generación como en la red de transporte en alta
tensión, está dotada de una gran sobrecapacidad derivada de una demanda
menguante, afronta un alto grado de incertidumbre y acumula un déficit
insostenible.
Conviene coger una cierta distancia para descubrir las grietas que afectan al
edificio de nuestro sector eléctrico, al igual que al de otros países de nuestro
entorno, y subrayar la fragilidad del modelo vigente, incapaz de proveer con la
tecnología y recursos naturales actuales una demanda energética congruente
con cotas razonables de crecimiento, con una oferta previsible y un impacto
medioambiental aceptable. En consecuencia la primera alarma alude a un sector
conceptual, social y ecológicamente insostenible no siempre consciente de la
necesidad de su refundación.
Dado, además, que la reforma energética, y más en particular la eléctrica, figura
en el Plan general consensuado por el ejecutivo español con Bruselas, el nuevo
paquete normativo reviste una notable trascendencia. La Comisión Europea ya
ha apuntado que el déficit tarifario español constituye un desequilibrio
macroeconómico básico y podría llegar a ser computado como parte del déficit
presupuestario . Estos son los dos puntos nucleares que exigían, en el terreno de
la viabilidad financiera, una drástica acción del Gobierno. El aderezo lo
constituye las enormes costes económicos implicados y la distribución de
sacrificios que implica todo proceso de saneamiento y corrección estructural en
un terreno de juego estratégico como pocos para la marcha –buena o mala- de
un país. La electricidad se extiende por todas las arterias de la economía y
constituye un coste de transformación crítico en la cadena de creación de valor
añadido y en su agregado final, el PIB así como en la determinación del índice
de precios.
Por ello, el equilibrio regulatorio es una opción normativa asumida en España
prácticamente desde siempre y obedece al deseo de evitar posiciones extremas
que el legislador considera igualmente indeseables.
De una parte la regulación no debiera apartarse en exceso –salvados periodos
transitorios y compensables- de un genuino escenario de competencia suficiente
para atraer un nivel adecuado de inversión que proporcione un suministro
estable a los consumidores, familias y empresas. La competencia es buena para
la sociedad porque incrementa la eficiencia, lo que repercute en los
consumidores en forma de recortes en los precios. La actuación pública se

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limitaría a controlar cualquier influencia de tipo oligopolista, o de posición
dominante, que desvirtuase las reglas del libre mercado . De ahí que las
actividades de producción y comercialización de electricidad hayan encontrado
más cobijo en un régimen de competencia que las de transporte o distribución.
En efecto, la industria eléctrica es demasiado estratégica como para no
someterla a una vigilancia más estrecha con el objetivo de maximizar el bien
general. Como ‘commodity’ no almacenable la electricidad reclama una oferta y
demanda que se equilibren en todo momento, debiéndose asegurar, sin
embargo, la disponibilidad de los recursos necesarios a largo plazo . La garantía
de los niveles mínimos de seguridad de suministro, la coordinación de las
decisiones técnicas de inversión en generación y en transporte y la superación
de una óptica cortoplacista promoviendo el desarrollo de tecnologías de futuro
más costosas pero necesarias, como aquellas llamadas a combatir el cambio
climático, son razones todas que juegan en favor una determinada regulación
del sector.
Pero la intervención del regulador puede ser buena y eficiente o mala y
oportunista. ¿Cuál es el diagnóstico del sector eléctrico español al día de hoy?
España paga la energía eléctrica más cara que la media de países europeos.
Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico se han
incrementado en un 122%, mientras que el aumento de los costes ha sido de un
197% llegando a 35.000 y 40.000 millones de euros respectivamente. El
consumidor medio ha visto su factura aumentada un 63% y, pese a todo, los
ingresos no son suficientes para cubrir el crecimiento de los costes: la deuda
acumulada al 10 de mayo de 2013 asciende a 26.062 millones de euros. Claro
que para movilizar dicha deuda, el regulador –con su aval incorporado- permite
a las empresas eléctricas titulizarla o venderla a través de un Fondo especial
(FADE) y cargar las amortizaciones e intereses de esa deuda a la factura del
consumidor en un dilatado plazo de tiempo, posiblemente no inferior a 15 años.
Pero es que en la factura eléctrica aparte del precio de la energía se incluyen –
aunque sin desglose- otros costes supletorios que constituyen el peaje eléctrico.
Así, el transporte y la distribución de electricidad, las primas para fomentar el
desarrollo de las energía renovables, los subsidios al carbón y otras energías
ineficientes , la tarifa especial de grandes empresas industriales, el aludido
déficit de tarifa que tituliza el FADE, la moratoria nuclear, los bonos fiscales a
los más desfavorecidos y los extras peninsulares que son las primas de
solidaridad a las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. De modo que de cada
cinco euros de factura apenas dos se dedican a sufragar el coste de la energía y el
resto va a actividades accesorias al negocio típico electrico. Tienen razón las
empresas eléctricas cuando puntualizan que sin la carga desmesurada del peaje
eléctrico los precios de la energía practicados en España serían de los más
competitivos de Europa.
Todas estas externalidades y en particular las cifras del déficit del sector
eléctrico dan medida de la inviabilidad de la situación. El Gobierno estaba
obligado a atajar el desaguisado echado mano de unas medidas urgentes de
vigencia inmediata.
El ámbito de la reforma iniciada es muy amplio y complejo. Añadidamente, la

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batería de normas que se esperan, contribuye a volcar no escasa incertidumbre
sobre las empresas del sector. Lo esencial es que el déficit tarifario se reduce ya
en 2013 a cero, y el fondo seguirá amortizándose sobre un saldo decreciente
hasta su total extinción. Para ello y comenzando por el enjuague del déficit de
2013 que se eleva a 4.500 millones de Euros, el Gobierno carga su coste en
2.700 millones a las empresas eléctricas, 900 millones a subidas de peajes que
se reflejarán en la factura del consumidor y otros 900 millones con cargo a los
presupuestos del Estado.
Otras medidas afectan a aspectos diversos del puzzle eléctrico. Citemos algunos
ejemplos. Descartada definitivamente la formación de un nuevo déficit de tarifa,
si se produjese algún desfase coyuntural, el déficit sería enjugado por las
empresas eléctricas y el Operador del sistema, a cambio de lo cual se abriría una
periodo de recuperación de cinco años remunerado a tipos de mercado, eso si,
sin recurso posible a la figura de la titulización. Definido el equilibrio financiero
del sector, se prevé un aumento automático de los peajes si el déficit del año
supera el 2,5% de los ingresos esperados- unos 500 millones de euros- o el
nuevo saldo de deuda alcanza los 2000 millones de euros. Los peajes no se
reducirán mientras el déficit de tarifa no sea enjugado. La reforma elimina las
primas del régimen especial, esto es, las destinadas a la financiación de las
energías renovables, cogeneración y manipulado de residuos. Para estos
conceptos se suprimen las primas y se fija una remuneración a la inversión del
7,5% sujeto a unas condiciones que por su ambigüedad pueden ser
interpretadas según los criterios del Estado. También varía el tipo de
remuneración asignado a las eléctricas y al operador REE para el transporte y
distribución de la luz, fijado en el 6,5%. Se recortan los pagos por megavatio
disponible por las centrales para atender a incrementos súbitos de demanda al
igual que el cobra la industria por su disponibilidad a desconectarse en picos de
demanda. En cuanto al consumidor se diseñará un recibo fácilmente
comprensible, introduciendo la figura del autoconsumo.
Entretanto, UNESA, la patronal del sector, carga contra la administración a la
que acusa de convertirla en chivo expiatorio de políticas públicas funestas.
Alerta de indefensión jurídica –ya que se han revocado arbitrariamente normas
antiguas y recientes- e incluso amenaza con alguna acción legal sobre epígrafes
concretos. Los analistas internacionales han hecho sus proyecciones con mucha
cautela a la vista del ramillete de ordenes ministeriales que faltan. Mientras
tanto Fitch sitúa en vigilancia negativa a Endesa, Iberdrola, GNF y EDP,
previendo una significativa reducción de las inversiones. Otros integrantes del
lobby eléctrico como los Fondos de Inversión Internacionales han presionado
para repetir al consumidor una fracción mayor del coste de la reforma –hasta el
20%- pero el Gobierno se ha mantenido en su propuesta original.
Los portavoces de los consumidores, por su parte, alegan una vez más la falta de
transparencia de las empresas eléctricas, que si bien soportan una pléyade de
costes extraños, distorsionan sus precios mediante prácticas marginalistas
artificiales(‘windfall profits’) maquillando al alza el coste de su generación.
Adicionalmente recuerdan que la financiación de la deuda traslada
injustamente costes del presente a generaciones futuras y apuntilla con
irritación que el recurso al presupuesto público siempre representa un pago del
contribuyente.

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El inicio de la reforma del gran desaguisado energético que arrancó en 2005
probablemente no señale a ningún ganador y todos los agentes económicos
implicados sean alicuotamente perdedores. Se echa en falta una profunda
reflexión acerca de la importancia relativa de las causas que han concurrido a
producir desviaciones en las previsiones tan acusadas: elementos objetivos o
cíclicos como la crisis económica, fallos de previsión y malas gestión(cambios de
política energética, prioridad en el despacho de las energías renovables
promovida por Bruselas), y también y en gran medida el oportunismo electoral
en la gestión del bien energético siempre susceptible de un tratamiento
demagógico.
Y finalmente hay que cruzar los dedos para que el torniquete normativo
aplicado a la enésima sangría de la economía española sea tolerable y además
sea estable y , a ser posible, definitivo.