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1. Entre el Estado y la política lingüística en el
Perú
(Foto:
Ministerio de Cultura)
El Perú es un país de muchas lenguas. Sin embargo, conocemos muy poco sobre cuáles
son, así como quiénes las hablan o dónde se hablan. Si, en este mismo momento,
nos hacemos estas preguntas, con mucha suerte podríamos señalar que el quechua es
una de las tantas lenguas y que esta se habla en la sierra. Tal vez tratar de calcular el
número de hablantes nos sería más difícil. Así como cualquier ciudadano no tiene
certeza sobre qué constituye la diversidad lingüística del Perú, el Estado tampoco la ha
tenido a lo largo de muchos años. Aun así, se han creado e implementado leyes que
rigen las lenguas. Es decir, se ha legislado sobre las lenguas sin tener certeza sobre el
tema. Sin embargo, en los últimos años, este panorama ha comenzado a cambiar.
En 1975, el entonces presidente Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley N° 21156, en
la cual se declara el quechua como una lengua oficial del Perú, al igual que el
castellano. A partir de su promulgación, se desarrollaron distintos esfuerzos que
podemos considerar como parte de una política lingüística en torno al quechua. La ley
señalaba que la enseñanza del quechua en la escuelas era obligatoria y era
responsabilidad de los, por ese entonces, Ministerios de Guerra, Marina, Aeronáutica,
Interior y Educación su cumplimiento. Para tal fin, se le encargó al Ministerio de
Educación la elaboración de diccionarios, textos y manuales. Así fueron publicados los
diccionarios y gramáticas de las variedades del quechua: Ancash-Huailas, Ayacucho-
Chanca, Cajamarca-Cañaris, Cuzco-Collao, Junín-Huanca y San Martin (Escobar 1976).
Asimismo, se declaró que las personas hablantes de quechua que participen en procesos
judiciales debían ser atendidas en dicho idioma. Finalmente, se daban por derogadas
todas las leyes que se opusieran a lo decretado, lo cual se planteaba con la finalidad de
lograr “la transformación de las estructuras culturales del país” (Presidente de la
República 1975).

2. No existe realmente ningún problema con que se reconociera la oficialidad del quechua.
La relevancia de esta lengua tenía lugar en el marco de la Reforma Agraria y el
reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas sobre la tierra. Sin
embargo, una política lingüística en torno al quechua visibilizó solo a esta lengua y
postergó el reconocimiento de las demás lenguas habladas en el país. Y así como no
fueron incluidas en esta ley, tampoco fueron contempladas en otra. La Ley N° 21156
evidencia que el Estado no solo no tuvo respuestas para las preguntas que nos
planteamos (cuáles son, quiénes las hablan, dónde se hablan), sino que tampoco se las
formuló. En 1977, el Estado obtiene información sobre las lenguas indígenas de la
Amazonía (nombres de las lenguas y familias lingüísticas a la que pertenecen, así como
el lugar en donde se hablan), como parte de una investigación que desarrolló el Sistema
Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) y que fue publicada como el
Atlas de Comunidades Nativas. No obstante, esta información ya había sido recopilada
anteriormente por otras instituciones; por ejemplo, el Instituto Lingüistico de Verano
(ILV), que comenzó, a mediados de 1950, a trabajar con poblaciones indígenas para
conocer sus lenguas. Aun cuando ya se contaba con datos sobre más lenguas del Perú, el
Estado no promovió su reconocimiento, como sí lo había hecho con el quechua. A pesar
de todo lo dicho hasta el momento, es importante recalcar que la Ley N° 21156 marca
un precedente importante sobre el reconocimiento del vínculo entre las lenguas y los
saberes que las poblaciones indígenas conservan y comunican a través de estas, lo cual
será desarrollado en posteriores leyes con mayor énfasis.
Pasan un poco menos de 30 años para que, en el 2003, durante el gobierno de Alejandro
Toledo, se promulgue la Ley N° 28106, de “Reconocimiento, Preservación, Fomento y
Difusión de las Lenguas Aborígenes”. Esta ley intenta asumir la realidad lingüística del
país, ya que no solo reconoce oficialmente a una lengua, como fue el quechua para la
Ley N° 21156. Se menciona explícitamente como lenguas oficiales, al igual que el
castellano, el quechua y el aimara. Se reconoce también la oficialidad de las demás
lenguas indígenas, aunque se desconocía cuáles eran. Por ello, se encarga al Ministerio
de Educación la elaboración y actualización del mapa “Patrimonio Lingüístico y
Cultural del Perú, Familias Lingüísticas y Lenguas Peruanas”. No he encontrado
registros disponibles de este mapa; sin embargo, existe uno que fue difundido entre los
años 2009 y 2010: el Mapa Etnolingüístico del Perú, el cual fue elaborado por el
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
(INDEPA). Este mapa contempla la existencia de 77 etnias o pueblos indígenas, 68
lenguas y 16 familias lingüísticas (INDEPA 2010). Además, ofrece información sobre
el número de personas que hablan estas lenguas y el número de comunidades donde se
encuentran sus hablantes. Dicha información se complementa con los resultados del II
Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, que incluye las preguntas
“¿Qué lenguas se hablan con más frecuencia en la comunidad?” y “¿A qué pueblo
indígena pertenece la comunidad?” (INEI 2008). Vale la pena señalar que si bien estas
preguntas aportaron a un mayor conocimiento sobre las poblaciones indígenas, la data
recolectada también presenta imprecisiones. Alguna de estas son debido a lo que se
entiende por persona indígena, que para el censo está en relación a la lengua ancestral y
al vivir en una comunidad. Hoy en día, sabemos que mucha población indígena habla
cada vez menos la lengua de sus ancestros y domina con mayor fluidez el castellano, así
como ha comenzado a migrar de las comunidades a las ciudades.
De esta manera, la legislación sobre las lenguas indígenas comienza a tener más clara su
labor, ya que contaba con respuestas para las preguntas sobre cuáles son estas lenguas

3. que están sujetas a la ley, así como quiénes son sus sujetos de derecho y dónde se
encuentran. No obstante, los lineamientos sobre cómo preservar y difundir las lenguas
no son del todo claros en esos años. Es decir, se señala que se deben conservar las
distintas denominaciones de manifestaciones culturales mas no se sugiere de qué
manera ello podría ser realizado o a qué instancia le compete estas acciones. Ello
motivó que se plantearan otros proyectos de leyes, como el que suscribe la entonces
congresista María Sumire. Ella afirma que la Ley N° 28106 “es considerada insuficiente
e incompleta, por parte de las entidades representativas de los pueblos indígenas”
(Sumire 2006).
En el 2011, un mes antes del inicio de gobierno de Ollanta Humala, se promulga la Ley
N° 29735, la cual declara de interés nacional el uso, preservación, desarrollo,
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. La también
conocida como “Ley de Lenguas” plantea una política lingüística nacional, la cual no
solo implica a las lenguas en sí mismas, sino además el conocimiento de la tradición
oral y las prácticas interculturales. Entre los lineamientos que ofrece la ley, podemos
enfatizar aquellos que disponen el reconocimiento de los derechos de las personas que
hablan estas lenguas, el estudio y documentación de las lenguas, la investigación y
preservación del conocimiento cultural, y la implementación y mejoramiento de la
educación intercultural bilingüe. Este marco legal, en contraste con los otros que hemos
comentado, además de plantearse las preguntas que nos vinimos haciendo (qué lenguas
existen en el Perú, quiénes y dónde las hablan), abarca una dimensión mayor para que la
preservación de las lenguas indígenas sea también el cumplimiento de los derechos
lingüísticos de sus hablantes.
En el Perú, durante los últimos años, se percibe un panorama favorable para las lenguas
indígenas. Desde el Estado, se han venido desarrollando medidas, como la traducción de
hojas de vida y planes de gobierno al awajún, así como otras lenguas, que hizo el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios electorales a nivel regional y municipal
del 2014. El mismo año también fue implementado, por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), El Registro Bilingüe Castellano Jaqaru, el cual
ha permitido que los hablantes de la lengua jaqaru obtengan partidas de nacimiento,
matrimonio y defunciones en su lengua. Asimismo, a partir de la labor del
Viceministerio de Interculturalidad y el Poder Judicial, los juicios que se desarrollaron
por ‘el Baguazo’ contaron con intérpretes de las lenguas awajún y wampis. Esto es solo
una muestra de las consecuencias que viene teniendo el inicio de una política lingüística
en el país. Si bien aún presenta vacíos, que se están buscando aclarar con la
implementación de su reglamento y a través del consenso con población indígena a
partir de la Consulta Previa, ha permitido, desde su promulgación, avances importantes.
Algunos de los avances que ha generado la promulgación de la vigente Ley N° 29735 es
la definición de una lengua indígena u originaria. Si bien ya contábamos con medidas
emprendidas para conocer qué lenguas indígenas existen, todavía no existía una
definición clara de lenguas indígenas u originarias. Es así que en esta ley se las define
como “aquellas [lenguas] que son anteriores a la difusión del idioma español y que se
preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional” (Art. 3). De tal manera, se
puede distinguir una lengua indígena u originaria de otras lenguas que se hablan en el
territorio peruano, como las lenguas propias de migrantes extranjeros que se han
establecido desde hace muchos años en el Perú; por ejemplo, el chino o el alemán. El
caso de la lengua de señas es particular, ya que si bien es un sistema lingüístico que

4. tiene propiedades que la distingue de las lenguas de señas de otros países, esta no es
considera una lengua indígena u originaria por no ser anterior a la expansión del español
en el país. No obstante, la lengua de señas peruana cuenta con la Ley N° 29535 que
reconoce su oficialidad.
Otro alcance se plantea en relación al cumplimiento de los derechos lingüísticos de los
hablantes de lenguas indígenas. De tal modo, una de las primeras medidas que se
emprendieron fue la capacitación de traductores e intérpretes indígenas, que estuvo a
cargo, en primera instancia, del Viceministerio de Interculturalidad. Si bien los cursos
de capacitación se dirigían primero a formar traductores e intérpretes para la Consulta
Previa a los pueblos indígenas sobre temas que los involucren directamente, los cursos
cambian su objetivo para enfocarse en la formación de especialistas que contribuyan en
el cumplimiento de los derechos lingüísticos. En el 2013, se crea la Dirección de
Lenguas Indígenas, instancia del Ministerio de Cultura que se encarga de velar por las
lenguas indígenas y los derechos de sus hablantes a partir de la Ley N° 29735. Esta
dirección continuó realizando los cursos de interpretes y traductores, de modo que
actualmente se cuenta con 173 personas capacitadas para 27 lenguas (Ministerio de
Cultura 2014). Asimismo, ha tenido una importante incidencia en cuanto a la difusión,
concientización e implementación de los derechos lingüísticos dentro de las mismas
entidades estatales y con sus funcionarios para el cumplimiento de la ley en todas las
regiones. A nivel de la población peruana, se ha puesto a su disposición el Mapa Sonoro
y Estadístico de Lenguas Indígena, herramienta virtual que da a conocer de modo
dinámico información sobre las lenguas indígenas que se hablan en el país. Lo particular
de esta herramienta es que además de conocer información sobre las lenguas, es posible
oírlas.
Sobre el reconocimiento e investigación de las lenguas, ya se cuenta con un Documento
Nacional de Lenguas Originarias del Perú, publicado por el Ministerio de Educación en
el 2013. En el mismo año, se publica una actualización del Mapa Etnolingüístico, el
cual ofrece información sobre qué lenguas se hablan en el Perú y en qué lugares. Así,
siguiendo la definición de lengua indígena u originaria, se reconoce la existencia de 47
lenguas. Las investigaciones ofrecen además datos sobre la extinción de un poco más de
35 lenguas y la situación de vulnerabilidad de casi 21 lenguas (Ministerio de Educación
2013). Estos datos han sido fundamentales para emprender la creación de alfabetos en
lenguas indígenas, que son utilizados en la elaboración de materiales para las escuelas
de Educación Intercultural Bilingüe. Es así que para el 2016 son aproximadamente 30
lenguas las que cuentan con un alfabeto consensuado por su población.

5. En el Perú, durante los últimos años, se percibe un panorama favorable para las lenguas
indígenas. Desde el Estado, se han venido desarrollando medidas, como la traducción de
hojas de vida y planes de gobierno al awajún y otras lenguas.
Si bien la vigente legislación ha comenzado a tener sus primeros logros, también se
debe reconocer que aun tienen una gran deuda con las lenguas “en peligro de extinción”
o “en serio peligro de extinción”, ya que se indica que estan deben recibir atención
prioritaria. .Por ejemplo, la lengua iskonawa, es hablada en la actualidad por 5 personas
mayores, entre las edades de 65 y 75 años, en la región Ucayali. El Estado todavía no
tiene una medida determinada para, por un lado, el cumplimiento de los derechos
lingüísticos de los iskonawas. Aun cuando los iskonawas más jóvenes no conocen la
lengua, deberían tener el derecho a educarse en la lengua de sus ancestros. Por otro lado,
tampoco se han propuesto medidas de revitalización de la lengua hasta el momento. Ello
es muy preocupante, debido a que el estado de salud de los hablantes del iskonawa ha
venido agravándose con los años.
El Perú continúa siendo un país de muchas lenguas, al menos hasta ahora. La
legislación sobre las lenguas en el país no ha sido diversa en número mas sí en cuanto a
sus objetivos y alcances. Han respondido a necesidades del contexto, como la Ley N°
21156, pero también han tratado de asumir sin mucho compromiso la complejidad
lingüística, como la Ley N°28106. La vigente ley N° 29735 nos ha brindado respuestas
más claras sobre qué lenguas se hablan, quiénes las hablan y dónde se hablan.
Asimismo, ha evidenciado que una política lingüística no solo debe dirigirse a las
lenguas, sino también a sus hablantes. Para ello, es importante saber cuántos son y
dónde se ubican, pero es todavía más fundamental saber en qué situación se encuentran
los hablantes de las lenguas y cómo se hacen cumplir sus derechos.