Análisis ley de ecucación superior 1995

LEY DE EDUCACION SUPERIOR (1995)
Conflictos y discusiones en torno al tratamiento legislativo de la Ley

“Yo prefiero ver a la juventud de mi patria movilizada detrás de un ideal, que aburguesada
en la búsqueda solamente del destino individual…” Antonio Cafiero.

Cátedra: Talento

Autor: García, Ignacio Andrés

DNI: 32.890.937

Correo: ign_garcia@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires

Índice.

Antecedentes………………………………………………………………………………………………………………… 4

El menemismo asciende al gobierno, nueva lógica, cambia el contexto……………………… 6

Tratamiento y media sanción en la Cámara de Diputados……………………………………………. 10

Discursos relevantes de análisis en la cámara de diputados…………………………………………. 14

Tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores………………………………………………… 19

Discusión y debate en el Senado…………………………………………………………………………………… 27

Conclusión…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

1

Introducción.

Hoy en día se vuelve a discutir la necesidad de reformar la Ley de Educación
Superior (LES) en el ámbito universitario, vemos la profunda necesidad de volver a los
años noventa para rescatar el debate político en el cual se aprobó dicha legislación.
Entendemos que el análisis del contexto en el cual se discutió la LES es de suma
importancia para construir un panorama de las normativas que hoy rigen a la educación
superior publica. Es necesario volver el tiempo atrás y analizar sobre que formas, ideas y
discusiones se aprobó la tan problemática LES. Sobre dicho contexto se pretende rescatar
los principales conflictos que se han desarrollado durante los años previos a la aprobación
y especialmente la discusión que se da en el seno del congreso.

Gracias al recorrido histórico sobre las leyes que reglamentaron la educación
superior que se realizó en la Cátedra y teniendo como orientación teórica los trabajos de
Brunner, Buchbinder, Krotsch, Nosiglia, Paviglianitti, etc. en el presente trabajo se
considera que la LES es el primer intento de regular de modo global la realidad jurídica y
política de la educación superior pública. También incluiremos dentro del marco del
trabajo las teorías de Oszlak y O´Donnell sobre el análisis de políticas públicas. Este
trabajo, a su vez, pretende eliminar, desde el principio, ciertos prejuicios sociales y
académicos sobre las leyes que se aplicaron durante los gobiernos menemistas, aunque
no podemos ignorar las consecuencias nefastas que provocaron las reformas estructurales
y la lógica de las políticas neoliberales. Por lo tanto creemos como tarea fundamental
hacer un esfuerzo por separar los elementos positivos y negativos que la LES incorporó al
sistema educativo superior y el proceso político en el cual, la misma fue aprobada y
aplicada, para ganar profundidad en el marco de una nueva discusión sobre las
herramientas jurídicas que legislan sobre la universidad.

El trabajo estará estructurado de la siguiente manera. En un primer apartado se
volverá a la década de los años ochenta para rastrear antecedentes que ayuden a
comprender el proceso analizado. En el segundo apartado nos detendremos en el primer
gobierno menemista, la política de reforma del Estado y el contexto internacional. En el
tercer apartado se detallaran los hechos sucedidos en el último transcurso en la cámara
de diputados. En el cuarto apartado trataremos de rastrear los principales discursos de
los bloques parlamentarios al momento de la sesión que le dio media sanción al proyecto
de ley. De estos discursos buscamos reflejar cuales son los puntos conflictivos del
tratamiento y el contenido de esos discursos. No se pretende hacer un análisis de cada
discurso, sino reflejar el contenido y profundidad de los mismos. En el quinto apartado se
detallaran los sucesos que tuvieron lugar en la cámara de senadores, los cuales
aproximadamente se extendieron un mes hasta la definitiva aprobación. Un sexto

2

apartado se pretenderá dialogar con y entre los discursos dados la última sesión en la
cámara de senadores. Sesión que fue totalmente diferente al realizado en la cámara baja,
no solo por el tiempo en el cual el mismo transcurrió, sino también por la profundidad y la
riqueza de las argumentaciones tanto a favor como en contra de la ley. En este apartado
nos concentraremos en aquellos discursos que son significativos para el análisis de la ley y
mediante los cuales se pretenderá reflejar los procesos políticos por el cual fue aprobada
la misma. Por último se brindarán las conclusiones pertinentes a lo analizado.

3

Antecedentes.

La ley de Educación Superior N° 24.521 fue la forma de aplicación del gobierno
menemista del proyecto económico-político neoliberal en la universidad. La aprobación
de la misma está íntimamente relacionada con la década previa y el retorno a la
democracia. El marco reglamentario que encauzaba el funcionamiento de las
universidades se vio retrocedido al momento previo al golpe de 1996, por decisión
explicita del gobierno de Alfonsín. Con lo cual se dejaron de lado toda aquella legislación y
normativa que fueron introducidas en los años de democracia que intermediaron los
últimos dos golpes militares.1 El gobierno radical avanzo sobre las universidades, primero
interviniendo la mayoría de las casas de estudio, remplazando a los directores y rectores
colocados por las autoridades cívico-militares de la última dictadura. Posteriormente se
procedió a normalizar la mitad del claustro docente y por último se fueron conformando,
con aval del gobierno, las asambleas universitarias. Todo esto posibilitó que el radicalismo
se convirtiera en la fuerza principal e indiscutible de casi todo el arco universitario
nacional.

El radicalismo se comprometió a forjar una nueva relación entre Estado y
Universidad que garantizara la plena autonomía de las casas de estudio frente al poder
político electo. Sin embargo la reconstrucción universitaria no fue “inocente” y el
radicalismo lo hizo en base a sus objetivos políticos: “La reconstrucción universitaria
iniciada en 1983 se llevó a cavo sobre fundamentos que implicaban una visión
absolutamente crítica de lo actuado durante la dictadura, pero también de la experiencia
de los años setenta”2. Esto nos demuestra que la nueva relación, Sociedad-Estado que
impulsaba el radicalismo, no estaba alejada de su proyecto universitario. La interpretación
de la historia reciente bajo la teoría de los dos demoños, la cual caló hondo en la sociedad
(especialmente en las instituciones del Estado), atravesará desde las bases hasta la cima a
la universidad de los años ochenta. “Esto obligaba a generar nuevas reglas y
procedimientos para el funcionamiento del mundo académico, entre ellos el rechazo de
pleno a la violencia como forma de resolución de conflictos, la necesidad de admitir el
disenso y de asegurar la convivencia entre sectores con disidencias políticas e
ideológicas”3.

Si bien en los primeros años de la década del ochenta se vivió un clima de
optimismo en la universidad, el proyecto político radical estuvo intrínsecamente

1
Hacemos referencia a la Ley Taquini, la cual durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón fue
consensuada entre justicialistas y radicales.
2
Buchbinder, Pablo (2005) Historia de las universidades Argentinas. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
Pág. 216.
3
Ídem 2.

4

relacionado con el desempeño del gobierno nacional. Durante casi toda la década existió
una amalgama muy fuerte entre los dirigentes universitarios, los dirigentes estudiantiles y
el poder ejecutivo, lo cual producirá hacia el final de la década fuertes problemas internos
en el radicalismo. Con la renuncia temprana de Alfonsín, el radicalismo perdía la
posibilidad de gobernar el país, sin embargo su estructura política universitaria seguirá
casi intacta. Las limitaciones para cambiar y transformar la universidad nacional desde el
radicalismo poco a poco iba encontrando más límites, es así que la “…orientación
profesionalista seguía predominando en el conjunto del sistema (…) El modelo clásico de
las universidades divididas en facultades, hegemónico a principios de siglo XX
predominaba claramente al comenzar la última década del siglo” 4. El periodo que abarca
del 83 al 90, se produjo una reconstrucción del sistema universitario, pero esa
reconstrucción estuvo fuertemente relacionada con un partido político: La Unión Cívica
Radical. Así como a nivel nacional se configuro un determinado tipo de transición a la
democracia, las universidades se han visto influenciadas por la excesiva importancia de las
instituciones y los procesos formales de toma de decisiones. Lo cual produjo que el
proceso de reconstrucción sea lento y limitado, en términos legales se habían retrocedido
casi cien años, la Ley Avellaneda estaba en plena vigencia y practica.

4
Pág. 217.

5

El menemismo asciende al gobierno, nueva lógica, cambia el contexto.

El fuerte apoyo político y social que el menemismo tuvo para expandirse
rápidamente en el seno de la relación Sociedad-Estado, no lo tuvo en el mismo grado en la
estructura cristalizada entre Universidad-Estado. Esto provocó que el menemismo viera en
la universidad uno de sus principales enemigos públicos por vencer y reestructurar. La
universidad re-significada en un nuevo lenguaje que interpelaba a la sociedad carente de
modernidad y el ejemplo más significativo del atrasó. Así la universidad será analizada
como parte de aquel Estado elefante que era excesivo en el gasto público y responsable
de la inflación y la posterior crisis económica. Esto provoco en parte, el efecto esperado
por el menemismo, la relación Universidad-Sociedad no volverá a ser la misma de las
décadas anteriores.

El menemismo impulsó y ubicó en el plano de discusión nuevas problemáticas en la
agenda pública de las universidades. Problemáticas que si bien tenían un alto componente
real y material5, se vieron multiplicadas por la decisión del gobierno de querer dar
respuestas en términos de una nueva matriz socioeconómicas se iba configurando. En esta
agenda se posicionaron como problemáticas de urgente solución las dificultades de la
administración de las universidades en general, el manejo del presupuesto de las mismas,
la oferta curricular de las carreras de grado, el ingreso de los estudiantes, el lugar que
ocupaba la universidad en la sociedad (es decir cuál era su misión en la sociedad) y los
ingresos del personal docente y no docente. Como dice Buchbinder: “durante los noventa,
la legitimidad del sistema universitario abierto, signado por el ingreso irrestricto y la
gratuidad y consolidado en los ochenta, fue puesto en cuestión en el marco de las ideas
neoliberales (…) En el contexto privatizador y conservador de la década de 1990 se
pusieron en cuestión el sentido social, la prioridad y la naturaleza de la inversión en
educación superior”6. Así como el menemismo supo instalar el discurso de que las
empresas publicas eran gigantes que funcionaban mal, sin reconocer ninguna función
redistributiva o social, las universidades empezaban a transitar el mismo camino, la lógica

5
Entendemos que hacia el final de la década de los ochenta y inicios de la próxima la universidad no lograba
dar respuestas certeras a un determinado grupo de cuestiones problematizadas. En un país que había sido
atravesado por un golpe militar que busco cambiar la matriz socioeconómica, y que en parte lo logro con
éxito, se puede pensar que la universidad posterior se intento reconstruir en los pilares de una Sociedad y
un Estado que prácticamente poco quedaban del mismo o que su funcionamiento era totalmente distinto.
La relación Sociedad-Estado que se estructuro desde los años cuarenta hasta los setenta estaba en total
decadencia y poco quedaba de la misma, en este sentido organizar una institución como la universidad en
base a una relación que ya no existía era prácticamente un proyecto que tenia los días contados.
6
Pág. 220.

6

del mercado debía remplazar la lógica publica de las institucional que formaran los
profesionales que el nuevo sistema socioeconómico requería7.

En este contexto las ideas importadas, disfrazadas como recomendaciones, desde
el Banco Mundial pusieron los esfuerzos en dos cuestiones que se convertirán en
hegemónicas durante el resto de la década y que hoy en día siguen presentes: la calidad y
la evaluación.8 Esto implicaba un fuerte cuestionamiento a lo que se estudiaba, como se
hacía, para que servía y principalmente quien era el que lo daba y como lo realizaba. El
docente tendría que ser evaluado en un sentido de productividad y efectividad en su labor
de enseñar.

Desde 1993 el gobierno llevo a cabo estas ideas a través de la creación de la
Secretaria de Política Universitaria dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, con
lo cual se inició un proceso gubernamental destinado cambiar parte del funcionamiento
del sistema de educación superior universitario y no universitario. En este sentido como
una primera medida se vio flexibilizado el régimen salarial de los docentes; con lo cual se
posibilito el pago de remuneraciones en calidad de incentivo a la enseñanza y a la
investigación en aéreas que estén vinculadas con el sector productivo. Se incremento la
injerencia de la universidades privadas en el sistema educativo, mediante un decreto ese
mismo año se dictamino que las mismas gocen de plena autonómica institucional y
académica una vez cumplido 15 años de funcionamiento, lo cual le permitía modificar los
planes y otorgar títulos de alcance nacional sin necesidad de ser autorizadas previamente
por el Ministerio de Educación. Ese mismo año también se crearon los Consejos de
Planificación Universitaria Regional (CPUR), los cuales eran integrados por representantes
de las casas de estudios y de los gobiernos provinciales de cada región. Su objetivo era
organizar y coordinar la educación superior a nivel regional.9

Bajo este nuevo contexto el gobierno menemista, se propuso trasformar la
educación superior universitaria y no universitaria desde la Secretaria de Políticas
Universitaria y posteriormente con la sanción de la Ley 24.521. Esta última creemos que
tuvo un impacto profundo en el sistema universitario, no solo su aprobación es
significativa, sino que lo que nos interesa ver y tratar de reflejar en este trabajo es el

7
Si bien se hace a modo de comparación, la universidad pública no tuvieron la misma caracterización que las
empresas del Estado, ya que en ningún momento de la década de los noventa se entiende que la misma no
tiene una función en la sociedad. Sin embargo si se ha cuestionado fuertemente cual era el sujeto o actor
social que podía gozar de la universidad pública. En este sentido si fue atacado su concepción universal que
la atravesó la segunda mitad del siglo XX.
8
Krotsch, Pedro (1993) La universidad en transición: ¿del Estado al mercado? Revista Sociedad n° 3. Buenos
Aires.
9
Brunner, José Joaquín y otros autores (1995) “Una Agenda de Problemas, Políticas y Debates en el umbral
del año 2000”. Publicado por la Universidad de Colombia. Bogotá. Disponible en: www.schwartzman.org.br

7

proceso por el cual se llego a aplicar la misma. Proceso en el que se vieron involucrados
muchos actores e intereses en pugna.

La ley en este trabajo es interpretada como uno de los instrumentos y
herramientas que políticamente el menemismo utilizo muchos de sus recursos materiales
y políticos para alcanzar la aprobación de la misma. Sería erróneo pensar y prejuzgar de
antemano que la aprobación de la ley fue simplemente un trámite para el oficialismo
gracias a su amplia mayoría que contaba en las dos cámaras del congreso. Como
recomiendan Oszlak y O´Donnell en sus trabajos de análisis de políticas públicas, es poco
útil analizar las fotografías de los conflictos políticos y sociales, cuando en realidad
tenemos que prestar atención a la película formada por todas ellas. No se puede reducir el
análisis de la Educación Superior a una cuestión de mayorías parlamentarias, sin saber
cuáles son los actores involucrados y que es lo que dicen esos actores: “La frase musical es
un todo sucesivo y diferenciado, aunque no aditivo; la calidad de cada nuevo acorde se ve
teñida por el contexto musical precedente, el cual adquiere, a su vez, significados
retroactivos a medida que se incorporan nuevos acordes (…) cada uno de ellos condiciona
el futuro desarrollo de la frase musical (…) de la obra que ésta integra. Las políticas
estatales serían algunos “acordes” de un proceso social tejido alrededor de un tema o
cuestión. En tal sentido adquirirán significación solo y en la medida en que fueran
sistemáticamente vinculadas al tema o cuestión que los origina” 10. A través de lo que nos
dicen los autores, creemos que tanto la ley de educación superior 24.521 y todo el
conjunto de políticas públicas universitarias menemistas, son respuestas por parte del
Estado a un tema o cuestión problematizada, que es sin dudas la falta de regulación de la
Educación Superior en Argentina.

La nueva agenda mundial en temas educativos hacia presión en el sistema
argentino de una forma particular. Bajo un nuevo paradigma, a través de la sanción de la
ley y de las políticas públicas educativas del gobierno menemista se busco diferenciar las
casas de estudios públicos, aumentando la oferta de las instituciones privadas. Se
posibilito e incentivó a las universidades públicas a conseguir recursos por fuera del
circuito que hasta ahora era formal, la universidad debía producir. Se intensifico la
injerencia del poder político, el poder ejecutivo en el seguimiento, control y asignación de
recursos del proceso educativo con la creación de la Comisión de Evaluación y
Acreditación.11

10
Oszlak y O´Donnell (1982) “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de
investigación” en Revista Venezolana de Desarrollo Administrativo N° 1. Caracas, pag.108
11
Krotsch, Pedro (2001) Educación Superior y reformas comparadas. Universidad Nacional de Quilmes.
Unidad III.

8

Sin embargo, entendemos que no se puede reducir todas las cuestiones educativas
problematizadas durante los noventa a la sola decisión de un gobierno de cambiar la
matriz socioeconómica. También debemos tener en cuenta el contexto mundial en el cual
están sumergidos los cambios de la estructura del Estado y la sociedad. El proceso de
globalización acelerado que vivía el mundo se caracterizó no solo por trastocar la
económica de los países, sino también por afectar aspectos políticos, sociales y culturales,
uno de estos es la educación. La función y el rol del mercado convirtió en un espacio
decisorio con mas gravitación que antes en el proceso de desarrollo y crecimiento de las
naciones. La matriz social que había existido durante cuatro décadas se terminaba de
desestructurar, el lugar que habían ocupado las empresas estatales eran remplazado por
empresas privadas, de la lógica publica se traspasaba hacia lo lógica privada o de mercado.
Eficiencia en la asignación de recursos y competitividad fueron algunos de los términos en
los cuales se media este nuevo mercado político decisorio, bajo este nuevo lenguaje la
Educación Superior también se vio afectada. Con este nuevo paradigma en boga, las
instituciones universitarias transitaron hacia modalidades descentralizadas de
organización académica, lo cual vio afectado los contenidos curriculares de las carreras de
grado. Las universidades privadas tuvieron un espectacular crecimiento en el país en la
década del noventa, no solo por su creación sino por la participación e injerencia en los
procesos decisorios gubernamentales, Nosiglia y Zaba expresan al respecto: “A partir de la
Ley Nº 24.521 se observa una mayor equiparación en la participación de las universidades
privadas respecto de las públicas en las decisiones sobre políticas para este nivel de
enseñanza. Esta equiparación se traduce en su inclusión en los distintos órganos de
gobierno y coordinación interuniversitario. Sin embargo, la particular relación con el
Estado y, principalmente, el gobierno y la gestión interna de las instituciones privadas les
otorga una dinámica diferencial frente al cambio.”12 A la vez, las universidades públicas
empezaron a competir en un mercado contra la oferta de las instituciones privadas y sus
atractivas propuestas para los estudiantes de carreras cortas y títulos intermedios. Poco a
poco la universidad toda se va inundando de un sentido empresarial, en el cual las
misiones puestos por la sociedad se van perdiendo y así, se va modificando la relación
Universidad-Sociedad.13

12
Nosiglia, Maria Catalina y Zaba, Stella Maris (2003) El impacto de la ley de educación superior en las
universidades públicas y privadas ¿es posible la comparación? Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Buenos aires.
13
Brunner, José Joaquim (1997) “Educación Superior, Integración Económica y Globalización” Revista
Perfiles Educativos v XIX n 76/77. Universidad Autónoma de México. México D. F.

9

Tratamiento y media sanción en la Cámara de Diputados.14

La iniciativa enviada al congreso nacional por parte del PEN y la voluntad siega de
la mayoría oficialista por aprobar la misma lo más rápido posible se encontraron con una
población estudiantil movilizada, dispuesta a defender hasta el último momento la
aprobación de esta ley o cualquier ley que no fuera consultada o consensuada con
aquellos que posteriormente le afectaría su aprobación. La oposición política en el
congreso se vio favorecida por las diferentes protestas que se realizaron desde el arco
estudiantil y académico. Sin embargo la oposición no contaba con los legisladores
necesarios para poder hacer frente a la mayoría oficialista. A la vez la oposición se
encontraba fragmentada y no actuaba de una forma homogénea, el principal bloque, el
partido radical, encontraba límites concretos a sus acciones y su capacidad de negociación
se desdibujaba cada vez más, a medida que transcurría el tiempo.

El 24 de mayo en la cámara baja del congreso se habilita del tratamiento del
proyecto de ley 24.521 sobre la Educación Superior en general. Durante la sesión de aquel
día se desarrollo una etapa crucial sobre el futuro del proyecto, en un contexto político
favorable al oficialismo que (había ganado las elecciones legislativas nacionales) los
incipientes acuerdos que se habían llevado a cabo con las principales fuerzas políticas
parlamentarias opositoras fueron dejados de lado. Se mantenían desacuerdos de fondo
importantes, los cuales el oficialismo entendía como innegociables y la oposición como
necesarios para tratar un proyecto de ley de esta envergadura. El tema histórico de la
autonomía universitaria y el arancelamiento de los estudios de grado parecían posiciones
insalvables entre oficialistas y opositores. Temas que obligaba una vez más a aplazar la
sesión y dejaba en claro la imposibilidad de llegar a un acuerdo bajo las reglas
parlamentarias y la necesidad de negociar sectorialmente. Hacia afuera de las paredes del
congreso el contexto era diferente, los estudiantes movilizados, empujaban para que se
realice un debate abierto y que tenga en cuenta a los actores involucrados en el tema15.

El día se iba acercando a su fin y la iniciativa del oficialismo no conseguía su
necesaria media sanción. Si bien el mismo consiguió habilitar el tratamiento de la
iniciativa, no pudo avanzar más allá. La estrategia del oficialismo era cerrar lo antes
posible el debate, sin una amplia discusión de los puntos implicados en la ley. El
radicalismo por su parte se retiró del recinto en rechazo de lo que denunciaron como un

14
El siguiente apartado se realizó a partir de la consulta de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 del
periodo de 15 de Mayo de 1995 hasta el 10 de Junio de 1995, consultados en la Hemeroteca de la Biblioteca
Nacional.
15
Las marchas y movilización que se darán durante este proceso no tendrán el carácter masivo que habían
gozado otras discusiones anteriores como “laica o libre”, otro signo de que la relación Sociedad-Estado había
o empezaba a tomar otro rumbo.

10

procedimiento antirreglamentario según el procedimiento normal de las sesiones
parlamentarias. La sesión quedo aplazada debido a que el oficialismo no obtenía el
quórum necesario para tratar el temario, por lo cual se pospuso a un cuarto intermedio
hasta el 31 del mismo mes.

El 31 de mayo se realizo la reunión de cuarto intermedio en la cual el secretario de
política universitaria Juan Carlos Del Bello, anunciaba la posibilidad de cambios al
dictamen de mayoría antes que la misma se discuta en el recinto. La estrategia del
menemismo consistía en mostrar estas modificaciones como un consenso alcanzado entre
diferentes sectores y actores en pugna a lo largo del tiempo y no como una negociación
hecha a las apuradas para obtener el quórum necesario. Si bien el radicalismo se opuso a
la actitud “dialoguista” del menemismo por considerarla un engaño, el dialogo de los
principales dirigentes en las comisiones, especialmente en la de educación, no se
interrumpió. Por el lado del peronismo la encargada de las negociaciones era la diputada
Patricia Bullrich y por el lado del radicalismo el diputado Enrique Mathov. A pesar de las
promesas de modificaciones, al cuarto intermedio se elevaron dos dictámenes, uno de
mayoría perteneciente al peronismo y otro de minoría del radicalismo. En el mismo cada
parte expuso sus límites de negociación. El radicalismo seguía viendo como negativo la
cuestión de la autonomía universitaria y el riesgo de arancelar los estudios de grado. Del
bello expresaba claramente cuál era el límite del oficialismo: las modificaciones
introducidas posibilitaban la mejora de la propuesta oficial, pero la estructura original de
la ley no se tocaría. El oficialismo se negaba a negociar algunos puntos considerados como
fundamentales: El régimen de gobierno que le asegura la mayoría a los docentes y
establece que los alumnos deben tener el 30% de las materias aprobadas para ingresar al
gobierno de las facultades El proceso de creación de universidades nacionales bajo
parámetros de excelencia, calidad y factibilidad. El sistema de títulos habilitantes, con
requisitos especiales para las carreras que afectan el interés general. Un mecanismo de
evaluación externa obligatoria. El levantamiento de la prohibición de establecer
contribuciones para los alumnos en el nivel de grado.

Frente a esta actitud del oficialismo las críticas desde la oposición parlamentaria se
hicieron notar. Principalmente se atacaba al gobierno con la posibilidad del
arancelamiento de los estudios de grado, ya que la misma podría significar el
desentendimiento del estado en el sostenimiento de las universidades, a pesar de que la
recaudación de dicho arancel este obligatoriamente dirigido la promoción de becas y
ayudas “solidarias”. Además alegaban que dicho artículo era inconstitucional debido a que
en la reforma constitucional se había establecido una clausura de que cualquier ley que
intente regular la Educación Superior se tendría que regir por los principios de autonomía
y gratuidad. Por otro lado también se critico el avance sobre la evaluación que el gobierno

11

quiere impulsar sobre los docentes y sobre los contenidos de las materias para poder
tener un control más exacto de los recursos que utilizan las universidades. A lo cual el
oficialismo respondió que el artículo 53 de la ley es explicito en cuanto a las atribuciones
en materia económica de las universidades: “las instituciones universitarias tienen
autarquía económico-financiera y en ese marco, tienen atribuciones para generar recursos
adicionales a los aportes del Estado Nacional”16. Con respecto a la creación de la CONEAU
y la posibilidad de realizar evaluaciones externas obligatorias se lo atribuyo a una
necesidad de mejorar la calidad de los contenidos y las funciones.

Mientras el oficialismo y la oposición dejaban en claro sus posturas puertas
adentro, fuera del congreso se iba multiplicando los estudiantes y académicos que
realizaban un abrazo simbólico al mismo. El mensaje de la oposición estudiantil era claro,
si la oposición parlamentaria no podría frenar al menemismo, aquellos lo harían más
contundentes prohibiendo el ingreso de los legisladores al edificio. Esta situación sumada
a la gran cantidad de ausentes y la imposibilidad de la oposición y oficialismo de generar
quórum provoco que la sesión sea nuevamente aplazada para la semana próxima. En ese
mismo momento el radicalismo jugaba una carta importante, el diputado Mathov propuso
que se retrasara la discusión parlamentaria de la Ley hasta que se realice la Asamblea
Nacional Universitaria convocada para el 17 de Junio. Desde el justicialismo se entendió
que dicha maniobra solo consistía en poner en funcionamiento la “máquina de impedir”,
el presidente de la comisión de Educación también considero que dicha propuesta no
tenía mucho sentido porque ya se habían realizado las consultas necesarias para discutir la
ley en el recinto. La moción fue rechazada por falta de quórum, y tanto a oficialistas como
opositores no les quedo más que esperar la próxima sesión.

Si bien durante la semana no se produjeron hechos relacionados directamente con
el tratamiento de la ley, tuvieron amplia repercusión los hechos de violencia sucedidos en
la puerta del congreso. Un sector del estudiantado que había prohibido el ingreso a varios
legisladores fue condenado por la mayoría de los medios como sectores que no aceptaban
las reglas de la democracia. Lo cual se transfirió a casi todo el arco del movimiento
estudiantil, visto como un movimiento que no respetaba el disenso y dispuesto a utilizar la
violencia para cumplir sus objetivos políticos17. El oficialismo aprovecho la circunstancia
para mostrarse como una fuerza política proclive al dialogo y al consenso, y categorizar
como violenta y antidemocrática a la oposición. Si bien varios funcionarios en
declaraciones públicas abrían las puertas a una posible introducción de cambios al texto,
la realidad era que el oficialismo avanzo en la constitución del quórum necesario sin el
acuerdo de la primera fuerza opositora. Por su parte el radicalismo y el Frepaso

16
Ley 24.521

12

anunciaban que si el oficialismo no conseguía el quórum de forma propia, sus legisladores
no bajarían al recinto a discutir el proyecto o a posibilitar el mismo. Lo cierto es que la
oposición se le iba acabando el tiempo y no conseguía desarrollar una estrategia certera
que frenara las posibilidades reales de que el oficialismo en la próxima sesión pudiera
aprobar el proyecto de ley. Dentro del radicalismo a la vez existían dos posiciones, una
impulsada por su brazo estudiantil, Franja Morada, de total oposición a la ley y otro sector
más dialoguista que tenía peso entres los dirigentes radicales y legisladores.

Sin acuerdo y con las negociaciones ancladas entre justicialistas y radicales, el
oficialismo el 7 de junio de 1995 logro el quórum necesario para el tratamiento en el
recinto del proyecto de ley. Dicho quórum fue posible gracias a los legisladores de la
UCeDe, el MODIN y los partidos provinciales18. Iniciada la sesión se llevo a cabo la votación
de la moción presentada semana atrás por el diputado Mathov de posponer la misma
hasta que se pronuncie la Asamblea Universitaria Nacional, sin embargo la misma no fue
aprobada. Mientras tanto el oficialista Matzkin proponía una lista de orden de oradores en
la cual solo haya un orador por fuerza política, propuesta que fue duramente criticada por
el presidente del bloque radical Raúl Galván. La sesión se vio interrumpida por los
constantes enfrentamientos entre legisladores oficialistas y los pocos opositores
presentes, lo cual obligo al presidente de la cámara a un cuarto intermedio para que se
reunieran los presidentes de los bloques parlamentarios. Sin embargo una vez que los
legisladores volvieron al recinto el acuerdo que se había alcanzado se cayó y Matzkin
propuso cerrar la lista de oradores que hasta ese momento se habían anotado en total 17
legisladores. Aprobada dicha moción de orden se procedió al debate de la ley, en la cual
pocos fueron los legisladores que se oponían a la aprobación de la ley. Una vez terminada
la discusión con 114 votos a favor el proyecto de ley consiguió la media sanción esperada
por el oficialismo. A la vez se aprobaron algunas modificaciones, insignificantes a la
estructura de la ley que habían sido negociada con algunos partidos menores, la más
importante fue la introducción de la clausula del artículo 50 que habilitaba a las facultades
grandes (mayores de 50.000 alumnos matriculados) a generar sus propias políticas de
ingreso. Así la discusión en diputados llegaba a su fin y se iniciaba el proceso de
tratamiento en la cámara de senadores.

18
La composición de la Cámara de Diputados para ese entonces se distribuía de la siguiente manera: de un
total de 265 el Partido Justicialista tenía 132 bancas, la UCR 83, los Partidos Provinciales 24, el Frepaso 14, el
MODIN 6, la UCeDe 4 y el Partido Intransigente 1.

13

Discursos relevantes de análisis en la cámara de diputados.

La posición principal de la UCR frente al tratamiento en el recinto de la ley ha sido
dejar en claro que el oficialismo era la fuerza política que en soledad iba a aprobar un
proyecto de ley que destruya la universidad en términos de autonomía y gratitud. Esta
idea es bien expresada por el diputado Galván: “Quedarán en soledad el partido oficialista
junto con el ministro de Educación y asumirán la responsabilidad histórica de haber
hollado la autonomía universitaria y de haber violado la Constitución Nacional en lo
referido a la gratuidad de la enseñanza de los jóvenes argentinos”19. También se hicieron
puntual hincapié en la forma autoritaria que tuvo el oficialismo para aprobar a la “fuerza”
la ley, en palabras del diputado Carlos Alberto Álvarez, “éste será un proyecto de ley
aprobado compulsivamente por una mayoría circunstancial”20. Por otro lado el oficialismo
para defender su proyecto de ley, trato de caracterizar al radicalismo, primera fuerza
opositora, como los culpables de impedir la votación de leyes importante para el país, el
presidente del bloque justicialista, demuestra categóricamente dicho pensamiento: “Las
leyes más importantes que el país ha tenido fueron sancionadas con los radicales detrás
de las cortinas. El país ha juzgado esa actitud”21. A pesar de que sean las dos fuerzas
mayoritarias en el parlamento, los diarios de sesión del 7 de Junio no demuestran mayor
contenido en las intervenciones de los diputados justicialistas y radicales.

La postura principal de la UCEDE puede extraerse de las palabras del diputado
Durañona y Vedia: “Mi intervención será muy limitada y es para expresar el voto favorable
del bloque de la UCEDE. Recorriendo los distintos artículos del proyecto en consideración,
encontramos que esta es una norma razonable y correcta (…) También quiero señalar tres
aspectos en los que me opongo (…) uno de ellos se vincula con la intervención de las
universidades por el Congreso de la Nación. Me parece que no es presentable que los
cuerpos políticos cuenten con esa atribución (…) Otro aspecto que no comparto es el
relacionado con la intervención judicial en los estatutos universitarios (…) tampoco
comparto el criterio de que determinadas funciones sean asignadas con acuerdo de la
Cámara de Diputados, la ley no puede atribuir a los cuerpos de la constitución funciones
que no les ha sido reconocidas por ésta” 22. Si bien la UCEDE ha votado junto al oficialismo
el proyecto de ley, es interesante el último punto del discurso del diputado, ya que como
bien dice las funciones encargadas a cada poder político están determinadas
puntualmente en la Constitución Nacional, es más, existe un capítulo dedicado a las
atribuciones de dicho poder. Pareciera aunque sea un poco llamativo que una fuerza

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Diario de Sesiones. Cámara de Diputados de la Nación 18° Reunión. Junio 7 de 1995.
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política voto una ley que está siendo a la misma vez cuestionada por su aparente
inconstitucionalidad. Frente a este mismo punto la diputada Guzmán, a pesar de anunciar
su voto negativo, expresa: “me parece que lo referido a la intervención de las
universidades es un avance en relación con proyectos anteriores y la ley existente. No se
puede permitir que se intervenga universidades por decreto del Poder Ejecutivo; se
necesitan las garantías de las intervenciones declaradas por el Congreso de la Nación y por
causas gravísimas, prácticamente casi tan graves como las referías a la intervención a una
provincia”23. Estos dos discursos demuestran las dos caras contrapuestas de un mismo
problema, por un lado la UDECE hace referencia al aspecto técnico de la forma de
intervención que propone la ley y lo condena. En cambio el discurso de la diputada
Guzmán se enfoca en el aspecto práctico de la intervención, el cual debe estar negado al
poder ejecutivo nacional para que no se intervengan las universidades discrecionalmente.
Aunque esta postura parece razonable, la ley en el caso de que el congreso se encuentre
políticamente dividido, o sea que ninguna fuerza política pueda formar mayoría por si sola
o en alianza con otras, no se especifica el modo de operar en caso de que sea necesario.

En palabras del presidente del MODIN, el diputado Rico expresa: “El MODIN viene
dispuesto a manifestar su voto negativo con respecto al proyecto de ley contenido en el
dictamen de mayoría por dos razones fundamentales. Por un lado, se insinúa y crea un
mecanismo para que el gobierno se desentienda de su responsabilidad de sostener la
cultura nacional (…) Advertimos en esta iniciativa una intencionalidad de dejar las puertas
abiertas para que el Estado se desentienda de este problema (…) Otro inconveniente es
que se pretende sancionar una ley que introduce el arancelamiento y vulnera la igualdad
de oportunidades para que todos los jóvenes de nuestro país, mediante el ingreso
irrestricto a la cultura superior, accedan a mejores condiciones de vida”24. A pesar de esta
advertencia, el MODIN, voto afirmativamente la votación nominal del proyecto, a pesar de
que el mismo no sufrió algún tipo de cambio que posibilite el mejoramiento de los puntos
expresados por el diputado Rico que caracterizo al proyecto como comprometido “con la
banca acreedora, con el Departamento de Estado norteamericano y con el Fondo
Monetario Internacional”25. A pesar de que el discurso del diputado Rico sea uno de los
mas agresivos en cuanto a las cuestiones que critica del proyecto, el MODIN ha votado
afirmativamente en la votación nominal.

Desde el espacio del bloque Demócrata Progresista el diputado Natale expresa cual
es la postura de la fuerza que integra y nos invita a pensar la autonomía de la universidad
desde una postura bastante particular: “el Bloque DP votará negativamente el proyecto de

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ley en tratamiento (…) El proyecto de ley adolece de un exceso enunciativo, que realmente
desnaturaliza muchos de los objetos buscados (…) Los reformistas de 1918 aspiraban a una
universidad que fuese un culto al saber y al conocimiento (…) Este es el sentido de
autonomía universitaria concebido en 1918, pocas veces entendido por aquellos que creen
que la autonomía significa tener en la universidad un bastión de lucha electoral (…) Aspiro
a que las universidades argentinas sean auténticamente autónomas, y no cotos de caza de
ningún sector partidista de la política argentina…”26.Este tipo de discursos evocan
confrontaciones de antaño que se han ido dando en la historia de la universidad nacional,
una vez más se vuelve al mismo circulo si la universidad tiene que ser un espacio de
discusión y participación política o simplemente un espacio donde se discuta pero no se
practica. Creemos que esta discusión tanto en la actualidad como en los años noventa
perdió mucha vigencia, ya que es necesario entender que la universidad siempre va a ser
un espacio de lucha política, porque nunca va a dejar de ser una institución más del
estado. Institución que cristaliza en parte la relación que existe entre Estado-Sociedad y
Estado-Universidad. Por lo tanto la universidad no puede estar ajena a la práctica de la
política que es la herramienta que posibilita el cambio y el progreso de la misma.
Entendemos que el discurso del diputado Natale es propio del pensamiento conservador,
pensamiento que en parte está reflejado en el texto de la ley.

El diputado Balter por el partido Demócrata Mendocino expresa su apoyo al
proyecto en general. Sin embargo queremos rescatar una parte de su discurso que nos
resulta interesante para la discusión del arancelamiento de la universidad: “hoy en día la
universidad se ha transformado en una elite económica, porque contrariamente a lo que
dicen los jóvenes que se manifiestan en contra de esta ley, argumentando que ella va a
impedir el acceso a la universidad a quienes no tienen posibilidades económicas, la
realidad de nuestros días indica que solamente un grupo de privilegiados puede llegar a la
educación.”27. Desde la postura contraria el diputado Solanas se expresa sobre el mismo
tema: “En las calles esta el estudiantado (…) las encuestas señalan que entre el 70 y 75 por
ciento de los estudiantes pertenecen a hogares de capas medias y capas pobres (…) se
intenta arancelar la universidad y en realidad es otra gran mentira, porque ninguna
universidad de excelencia del mundo logra recuperar más del 7 por ciento de su
presupuesto con el arancel. El problema del financiamiento de las universidades se
relaciona directamente con la concepción del modelo socioeconómico.”28. Por otro lado, la
diputada Guzmán expresa: “No quiero renunciar al principio de la gratuidad de la
enseñanza pública (…) tenemos que volver al principio de que la educación no es un gasto
sino una inversión (…) en el artículo 75 de la Constitución, los constituyentes establecimos
26
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el principio de gratuidad de la enseñanza universitaria y también el de la equidad. Aquí se
han olvidado el principio de equidad que pedimos que se aplique”29. Los tres discursos son
ricos para pensar una vez más el tema de la gratuidad de la enseñanza pública superior, si
nos regiríamos solamente por lo que dice la Constitución Nacional cualquier proyecto de
ley que intente autorizar el cobro de un arancel tendría que ser declarado
inmediatamente como inconstitucional. Sin embargo las interpretaciones de los textos
constitucionales son hechas a medida de quien las necesita, nos resulta más interesante
discutir otro plano del tema del arancelamiento que esta expresado en los discursos de
Balter y Solanas que es el tema de justificar o no el arancelamiento en base al sujeto o
estudiante que participa de la vida universitaria. Creemos que ambas posturas parten de
la misma concepción, si el sujeto es pobre no corresponde arancelar, si el sujeto es rico
conviene arancelar, posturas que dejan de lado el sentido universal de la educación
pública y el sentido universal de las políticas públicas.

Nos parece interesante remarcar uno de los discurso más profundos de la sesión,
que es el del diputado Pellín, perteneciente al bloque parlamentarista del Grupo
Provincial: “Estamos debatiendo sobre este tema trascendental, sobre la verdadera ley
estratégica hacia el futuro, y cuando los historiadores, los antropólogos y los cronistas
revisen el Diario de Sesiones se encontrarán con una serie de discursos que no se han visto
acompañados por el marco que necesariamente debía tener este debate. Nuestro voto
será negativo (…) A mi juicio hay dos temas centrales que deberían estar presentes en la
discusión de una ley universitaria: la renovación pedagógica que necesita nuestra
universidad y la reivindicación de su rol (…) Esta universidad de modelo profesionalista al
servicio de las demandas del mercado es una universidad que cercena todo lo que tiene de
rol rector la universidad…”.30 Con respecto al arancelamiento de las casas de estudio el
diputado hace una apuesta interesante: “Hay suficientes técnicos en el país y experiencia
internacional para que tributaristas de nota puedan resolver este problema y no imponer
un arancel a la capacitación”31.

Nos resulta profundamente interesante lo que se desprende de las últimas
palabras, dos ideas importantes para discutir de donde provienen los recursos y como son
asignados. En un primer lugar para el diputado la cuestión del arancelamiento se reduciría
a un problema técnico de redistribución de los recursos, lo cual nos parece erróneo, ya
que la distribución de todo recurso proveniente del Estado, está hecha en una lógica
política y no meramente técnica. La otra idea interesante para discutir y que nos resulta
positiva es que los recursos que necesita la universidad para su funcionamiento público y

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gratuito deben provenir de un sistema tributario mas distributivo y igualitario que aquel
que imperaba en la sociedad de los noventa y que prácticamente sigue intacto hoy en día

Este discurso además nos interesa en demasía porque como bien dice el diputado
al volver sobre las sesiones tanto del día de la votación de la ley, como en sesiones
previas, pocas veces nos encontramos con discusiones con profundo contenido político.
Cuando decimos “contenido político” hacemos referencia a las razones y fundamentos
que esgrimen los partidos para estar a favor o encontrar de una ley. En este sentido, es
dificultoso encontrar fundamentos concretos que expliquen las posturas de los partidos,
solo en el discurso de algunos diputados se puede encontrar una defensa o critica
profunda al proyecto de ley oficialista. Desde otro punto de vista las discusiones
analizadas tendrán riqueza informativa para aquel que busque explicar o desentramar
cuales fueron las diferentes estrategias, en un sentido práctico, de los partidos a la hora
de tener la palabra. Sería erróneo decir que este tipo de discusiones por no tener razones
o fundamentos fuertes no implica una discusión política, por el contrario es tan política
como cualquier otra discusión, sin embargo no se nos puede escapar el contexto. Es una
discusión política en un momento en el cual la política no transitaba por los caminos de la
confrontación abierta de ideas e intereses. La política irónicamente transitaba más los
caminos privados que los públicos.

18

Tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores.32

El contexto.

Una vez ingresado a la cámara de Senadores el proyecto de reforma de la
educación superior universitaria y no universitaria, con media sanción de la cámara de
diputados, los legisladores oficialistas y sus aliados tardaron aproximadamente un mes en
aprobar la normativa. Recordemos que la iniciativa tardo casi un año en conseguir el voto
afirmativo en la cámara baja, hecho que posteriormente será analizado en detalle. Si bien
el oficialismo poseía una clara mayoría en la cámara de senadores y una disciplina
partidaria más alta que entres los diputados, el menemismo tuvo que sortear algunos
obstáculos externos e internos. Estos últimos pueden entenderse como tensiones entre
algunos senadores y el poder ejecutivo a la hora de generar consensos. Problemas
internos que estuvieron estrechamente relacionados con la imagen que se tendría del
gobierno en el caso de aprobar la ley sin ningún tipo de dialogo con la oposición. Imagen
que ha sido consecuencia de la forma autoritaria que le ha dado media sanción en la
cámara baja.

Desde el oficialismo dos posiciones se constituyeron como hegemónicas. Por un
lado la mayoría de los legisladores y funcionarios abogaban por la idea de que el momento
de dialogo, disenso-consenso con otras fuerzas políticas opositoras, se había terminado.
Dar concesiones a la oposición en este caso sería interpretado como una lectura errónea o
inútil de las últimas elecciones legislativas. A la vez que se alimentaria la estrategia
obstruccionista o aquella “maquina de impedir” de la oposición. Por último se intentaba
instalar una sensación de urgencia y necesidad inmediata, si la ley no era aprobada antes
de que termine las sesiones ordinarias del año, el caos de las universidades terminaría
imperando. Por lo tanto el proyecto aprobado en diputados no tenía que ser modificado. 33

Por otro lado algunos pocos legisladores oficiales entendían que la posibilidad de
generar más consenso para aprobar la ley, brindaría una imagen política más favorable y
democrática al gobierno menemista. Esto se traducía en la posibilidad de introducir
cambios concretos al proyecto de ley con media sanción. Lo cual buscaba llevar adelante

32
El siguiente apartado se realizó a partir de la consulta de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 del
periodo del 10 de Junio de 1995 hasta el 25 de Julio de 1995, consultados en la Hemeroteca de la Biblioteca
Nacional.
33
En este punto nos resulta interesante profundizar la idea de que si bien el oficialismo legalmente no podía
utilizar la herramienta ejecutiva del DNU, es llamativo dar cuenta de que todas aquellas leyes o reformas de
fondo el menemismo las ha presentado a la opinión pública como necesariamente urgentes. El objetivo y el
resultado de esto creemos que mas allá de conseguir lo que se buscaba es que durante el proceso de
aprobación de dichas reformas, o sea el curso normativo necesario para que dichas reformas sean legales,
esta vaciado de discusión política. Lo cual le daba una ventaja al oficialismo, mientras menos se discutían las
reformas, mas posibilidad tenían las mismas de que se aprueben y se apliquen.

19

un tratamiento parlamentario mas armónico tratando de que no se repita el contexto de
movilizaciones masivas estudiantiles y los actos de violencia que se desarrollaron en el
congreso y en las universidades. Además buscaba aprovechar la postura de ciertos actores
parlamentarios opositores que compartían con el gobierno la necesidad de reglamentar la
vida universitaria nacional con un sentido más moderno que el actual.

En cambio en la oposición parlamentaria, que tenía un grado de dispersión menor
que en diputados se pueden catalogar dos posturas o estrategias diferentes: un sector de
los senadores opositores fue mas reaccionario y su oposición a la ley era concreta y
tajante. Se tendría que resistir a la aprobación de la misma por ser una ley mal parida
desde el comienzo del proceso y mediante la movilización y la denuncia pública intentar
evitar que la misma sea tratada y posteriormente aprobada. Para ellos el proyecto era
extremadamente reglamentista insertaba una lógica de mercado en uno de los últimos
bastiones de las instituciones públicas. Además denunciaban que la mayoría del proyecto
estaba pensado en base a las directivas y recomendaciones del Banco Mundial a los países
con problemas para afrontar los cumplimientos de la deuda externa34.

El otro sector de los legisladores opositores le abrían una puerta a la posibilidad de
la negociación y al dialogo con el oficialismo. Su posición era mas pragmática en el sentido
de que eran consientes que el gobierno tenía los votos y las voluntades para llevar
adelante la aprobación sin ningún tipo de cambio. Si bien su posición era frágil, ya que
dependía de la voluntad oficial de negociar, aspiraban con conseguir una ley un poco mas
consensuada, menos reglamentista y menos violenta contra las costumbres y demandas
históricas de la universidad (autonomía y gratuidad). La estrategia era opuesta a la del
otro grupo opositor, ya que aquellos buscaban en el factor “espacio” la forma de lucha
(desplazar del congreso el debate y llevarlo a la calle y a otras instituciones donde se vea
reflejada la opinión e intereses de todos los actores). En cambio el sector dialoguista
entendería que es una necesidad de “tiempo” (retrasar lo máximo posible el tratamiento a
la espera de que el contexto y las necesidades del oficialismo cambien y posibiliten la
negociación de cambios concretos en el texto). Tanto en el debate en diputados como en
el del senado, la primera postura opositora no pudo lograr triunfos contundentes que
signifiquen una derrota al oficialismo y una revisión del proceso del tratamiento de la ley.
Muchas de las movilizaciones que se han hecho han quedado registradas en las crónicas
de aquellos tiempos pero en ningún momento llegaron a significar un problema o una
traba para que la Ley de Educación Superior 24.521 sea aprobada y puesta en marcha. En
dicha acción política se puede reflejar el accionar de un movimiento estudiantil
prácticamente solo en las calles, sin mucho apoyo de la sociedad. Los pocos triunfos

34
Recordemos que la crisis del tequila se inicio en diciembre de 1994 y trajo altas consecuencias negativas
para la economía argentina.

20

opositores en a lo largo del debate y proceso han sido conseguidos por la actitud mas
dialoguista, aunque no fueron muy significativos.

Los cien metros libres se convirtieron en cien metros con vallas: Problemas internos para
el oficialismo.

Una semana después de la aprobación en la cámara baja, el 14 de Junio, se hacía presente
uno de los primeros obstáculos que debía sortear el oficialismo: la imposibilidad de
obtener un rápido dictamen de mayoría en la Comisión de Educación. Por diferentes
razones la mayoría que el menemismo contaba en el recinto no se veía reflejada en la
distribución o asignación de bancas dentro de la comisión. El oficialismo necesitaba el
dictamen de mayoría para permitir el ingreso del proyecto al tratamiento en el recinto. En
un principio la idea original del oficialismo mas reacio a dialogar era pasarse por alto el
dictamen de comisión y directamente votar nominalmente el proyecto en el recinto. Para
lo cual necesitaba mas de dos tercios del total de miembros, por lo cual la iniciativa no
prosperó y el oficialismo se vio obligado a desplegar toda su ingeniería política para
sortear este obstáculo.

El senador justicialista Guillermo Snopek fue el encargado de presentar la
propuesta de modificación del número total de legisladores en la comisión. La cual tenía
un total de nueve, entre los cuales cinco eran opositores y cuatro oficialistas. La propuesta
consistía en aumentar a un total de once legisladores y garantizar así el ingreso de dos
senadores justicialistas para respetar la mayoría que tenía el gobierno en el recinto. Esta
propuesta fue llevada a cabo a pesar de que el reglamento del senado, articulo 225 es
taxativo: “no se puede modificarse la integración de una comisión mediante un trámite
sobre tablas, se requiere el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales”35. Bajo
esta normativa se ampararon los senadores opositores José Genouf, por el radicalismo y
José Antonio Romero Feris del Pacto Autonomista Liberal. Para ellos la propuesta consistía
en un nuevo avasallamiento y demostración de autoritarismo del gobierno menemista.
Otros legisladores denunciaron que la propuesta echar por el oficialismo, y su
metodología, era totalmente ignorada y no comunicada a los presidentes de los bloques
parlamentarios, los cuales habían tenido una reunión un día antes y dicho tema no se
había mencionado. En cambio el oficialismo justificaba la necesidad de dicha reforma en la
necesidad y urgencia, nuevamente, de acelerar los procesos parlamentarios para poder
dar respuesta al conflicto presente en el mundo universitario.

Ese mismo día, después de varias horas de debate entre la mayoría de los
senadores oficialistas y los pocos senadores opositores, ya que el radicalismo se había

35
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 1995.

21

retirado del recinto, la propuesta de modificación de la comisión fue aprobada. Así la
comisión quedo integrada por una mayoría de seis senadores justicialistas, tres radicales,
un frepasista y otro del pacto autónomo liberal. Ahora si el menemismo se hacía de una
mayoría en término de números, sin embargo los obstáculos no terminaron ahí.

Dentro de la comisión, dentro de los senadores oficialistas exactamente, existían
dos posturas disímiles, como las que fueron anunciadas en la introducción a este
apartado. El poder ejecutivo nacional no podría ejercer una disciplina total al interior de
sus fuerzas, terminaba el día y el oficialismo no podía constituir un dictamen de mayoría
que posibilitara el tratamiento sobre tablas. El sector mas proclive al dialogo con la
oposición era constituido por el senador Antonio Cafiero y la senadora Olijela del Valle
Rivas, que impulsaban una prolongación de los tiempos parlamentarios para que la ley sea
aprobada con un consenso aun mayor, además un acuerdo previo con la oposición dentro
de la comisión, facilitaría el proceso en el recinto. A su vez posibilitaría que otros actores
que no fueron escuchados o fueron explícitamente silenciados en la discusión en
diputados sean tenidos ahora en cuenta.

El 20 de junio, tres días después del primer intento oficialista por dar dictamen de
mayoría en la comisión, el ministro de Educación Jorge Rodríguez, se reunió en el senado
con todo el bloque justicialista para transmitir la preocupación del Poder Ejecutivo por el
dilatamiento del proceso y la necesidad de aprobar cuando antes el proyecto de ley. La
postura del poder ejecutivo era simple, el proyecto se había debatido ampliamente y
durante mucho tiempo en la cámara de diputados, como prueba de esto se tenían las 43
modificaciones realizadas y aprobadas por el oficialismo a la hora de votar los artículos en
particular. Por lo tanto la ley tenía que ser aprobada tal cual como salió de la cámara baja,
ya que la misma gozaba de un consenso político y en menos de atacar la autonomía y la
gratitud, la reforzaba.

Un día después de la visita del ministro al senado, la Federación Universitaria
Argentina realizaba una nueva marcha en contra de la ley. Por su parte el oficialismo
seguía sin conseguir el dictamen de mayoría. El sector duro del gobierno bregaba una vez
más por la posibilidad de discutir el proyecto directamente en el recinto, a lo cual la
mayoría de los senadores oficialistas no acepto. Así el apriete del ministro a los
legisladores no sugirió el objetivo buscado, la cámara de senadores no parecería ser lo
mismo que la diputados. Los disensos dentro del oficialismo eran varios, en el periódico
pagina 12 de aquel día se publicaron declaraciones del senador Cafiero que buscaba llevar
adelante un proyecto de referéndum para resolver el problema del arancelamiento de las
universidades, lo cual no prospero entre oficialistas y opositores.

22

Ese mismo día se efectivizo el pase a comisión de la ley, o sea una semana mas
tarde de que la iniciativa había llegado al senado. Las posiciones y estrategias se iban
aclarando, había un mínimo de consenso en el hecho de que se respeten los tiempos
parlamentarios y no se llevase al recinto hasta que no haya un dictamen de mayoría. Sin
embargo la postura del oficialismo no cambiaba, expresada a través del senador Pedro
Molina y Luis Rubeo, el gobierno insistía en la no medicación del texto aprobado en
diputados. A la vez el senador Cafiero se constituía como el legislador que funcionaba de
intermediario entre la oposición y el oficialismo. Por otro lado algunos actores opositores
buscaban otros medios de dialogo para acercar posiciones, es el caso del rector de la
universidad de Buenos Aires Shuberoff que se reunió en los días próximos con el
presidente del senado Carlos Ruckauf, para trasmitirle la preocupación por la actitud
oficialista y acercarle los resultados que habían acordado la Asamblea Nacional
Universitaria. En dicha reunión también se manifestó la necesidad de desarrollar un
amplio debate que incluyera a más actores involucrados en el tema a tratar. De la reunión
el rector salió conforme y con la promesa de que el oficialismo no realizaría un
tratamiento liviano a la cuestión, sin embargo horas más tarde el ministro de educación
expresaba que se respetarían los tiempos del senado pero que no se podía desconocer y
descartar el trabajo realizado en la cámara de diputados.

Truco!... Envido primero!

El 27 de junio, casi una semana mas tarde de que se haga efectivo el pase a comisión y sin
repercusiones en los medios de alcance nacional, el justicialista Cafiero jugo sus cartas y se
anticipo a sus compañeros de bloque. La presidente de la comisión, del Valle Rivas, estuvo
ausente ese día en el senado, y Cafiero, en calidad de secretario adjunto convocó sin aviso
a la reunión de comisión. A la misma solo acudieron dos senadores justicialistas, además
de Cafiero y dos senadores radicales y frepasistas.

De la reunión se llegó a un acuerdo para organizar una serie de entrevistas con los
diferentes actores involucrados y así poder ampliar y profundizar el debate antes de que
se pase el proyecto al recinto. La jugada de Cafiero la hizo en el momento oportuno, ya
que era una de las pocas posibilidades que tenía el sector mas dialoguista de abrir el juego
a otros actores. Y a la vez se posibilitaba, aunque sea mínimamente, la introducción de
cambios a la ley o algún tipo de apoyo y que el justicialismo no se viera solo en el recinto
aprobando la ley, a pesar de contar con la mayoría necesaria. Esto significaba para la
oposición un respiro en la escalada del conflicto.

Según lo acordado los días siguientes a la reunión estaban organizados de la
siguiente manera: el 29 del mismo mes se citará al ministro de Educación y al Secretario
de Políticas Universitaria. El día 30 de junio asistirán los dirigentes estudiantiles de la FUA,

23

el CRUP y el rector de la UBA y por último el 3 de Julio serán citados los representantes de
la CONADU, los dirigente de la Federación Argentina del Trabajado de Universidades
Nacionales (FATUN) y la JUP. Según algunos medios de comunicación este acto se
interpreto desde la casa rosada como una desobediencia y un retraso innecesario a los
planes oficiales de sancionar lo más rápido posible la ley.36

Al día siguiente de la reunión Cafiero junto a los senadores opositores asistieron a
una reunión realizada en la Universidad de Buenos Aires, con el propósito de discutir el
escenario parlamentaria y realizar un comunicado en conjunto entre todos los rectores
para expresar sus demandas. Los cuales puntualizaron e hicieron hincapié en la
concepción de autonomía y gratuidad que desplegaba la ley sobre la universidad. Por su
parte Cafiero se comprometió a garantizar la posibilidad de introducir modificaciones,
siempre y cuando la ley una vez devuelta a diputados sea aprobada sin discusión. Un día
después en la comisión de Educación eran recibidos el ministro del Educación y el
secretario de políticas universitarias. De esta reunión se pudo extraer cuales eran las
posturas enfrentadas. Los funcionarios oficialistas insistían en la idea de sancionar la ley
así como estaba. Cafiero junto a otros senadores buscaban llegar a un acuerdo. Y por
último los senadores opositores que intentaban retrasar el pase al recinto o en todo caso
posibilitar un nuevo debate en diputados.

Una vez finalizada la reunión poco fructífera con los funcionarios tuvo su
oportunidad del Consejo Interuniversitario Nacional. Del mismo asistieron los titulares de
la universidad de Quilmes, lomas de Zamora, misiones, matanza y los rectores de la UBA,
de la Universidad de La Plata, de Rio Cuarto, de Mar del Plata y el rector de la UTN. De
esta reunión también se puede extraer dos posiciones bien definidas, hacia dentro del
CIN, una la de los rectores y titulares peronistas que apoyaban la normativa sin
modificaciones y por el otro lado, los rectores radicales que se oponían a la aprobación tal
cual había sido hecha en diputados. Sin embargo estos últimos eran consientes de que la
única posibilidad de salir con una imagen positiva para su gestión era promover algún tipo
de cambio a la normativa y no verse vulnerados por una ley que en su totalidad y en sus
partes no les favorecía. Antes de que terminara la reunión los legisladores presentes y
miembros del CIN llegaron a un acuerdo por el cual, estos últimos relazarían un proyecto
que corrija la ley y los primeros se comprometían a tratarlo en la próxima reunión de
comisión.

36
Esta forma de actuar del senador Cafiero es posible entenderla si nos retrotraemos a los últimos años de
la década del ochenta. Momento en el cual Cafiero y Menem se disputaban la embestidura del próximo
candidato a presidente por el justicialismo. Esto ayuda a entender que si bien Cafiero fue parte del gobierno
menemista, es necesario aclarar que dentro del mismo había diferentes posturas frente a determinados
temas y cuestiones problematizadas.

24

De las reuniones con los dirigentes estudiantiles no se pudo llegar a buenos
términos, ya que la postura de la FUA era simplemente oponerse a la ley en su totalidad,
no había espacio para negociar. A la vez los principales dirigentes radicales de la FUA
empezaron a ser cuestionados dentro del amplio movimiento estudiantil y se empezaron
a notar fracturas que dejaron en una posición de mayor debilidad a la única federación
estudiantil reconocida a nivel nacional.

Una vez finalizadas las rondas de reuniones se esperaba que una vez reunida la
Comisión de Educación se discutiera la información aportada por los actores
entrevistados. Si bien la Comisión debía reunirse al día siguiente que terminaron las
entrevistas, Cafiero, ante la falta de quórum para sesionar, pospuso una semana la
reunión, lo cual se puede entender como una posibilidad al CIN para que pueda elaborar
un documento consensuado entre peronistas y radicales que flexibilice la postura del
gobierno y posibilite la introducción de cambios a la normativa. En este sentido el
oficialismo seguía sin poder realizar un dictamen de mayoría de la comisión y evitar tener
que discutir el proyecto del CIN.

Proyecto Alternativo y esperanza.

El martes 11 del mes de julio, como había sido dispuesto una semana atrás, se
volvió a reunir la comisión de Educación, en la cual se presento el proyecto realizado por
el CIN, el mismo fue recibido por la presidenta de la Comisión nuevamente en su función,
la cual se comprometió con el rector de la UBA a discutir lo máximo posible el proyecto de
ley alternativa. En palabras de Shuberoff, el proyecto significaba una salida al intento del
oficialismo de avanzar sobre la autonomía universitaria. En el mismo sentido, el secretario
de política universitaria, Del Bello, entendía que el proyecto alternativo significaba un
encuentro positivo entre oficialismo y oposición y además afirmaba que la estructura
esencial de la ley propuesta por el poder ejecutivo no se veía trastocada por el nuevo
proyecto. Pareciera que se estaba llegando a buen puerto y la posibilidad de introducir los
cambios finalmente se lograría. Sin embargo el proyecto elaborado por el CIN no tuvo
buenas respuestas en los demás sectores opositores. Tres rectores no firmaron y se
alejaron del mismo por considerarlo como un disfraz o un poco de maquillaje al proyecto
oficial. Las voces críticas se hicieron escuchar mas allá y tanto las organizaciones
estudiantiles y docentes universitarias (FUA y CONADU) se opusieron a la ley alternativa y
a cualquier tipo de ley parecida.

A pesar de las voces opositoras, en la reunión de comisión se comenzó a avanzar
en las negociaciones y algunos senadores opositores entendían que el proyecto
alternativo era, aunque sea un poco, mejor que el original. No obstante, varios senadores
oficialistas advirtieron la imposibilidad de que los radicales garanticen que los demás

25

legisladores de su bloque voten las modificaciones acordadas. Una vez más las
negociaciones se empantanaban y la presidenta de la Comisión de Educación, buscando
prolongar el debate, propuso la reunión para una semana más tarde.

De la alternativa al fracaso…

Al día siguiente de la presentación del proyecto alternativo del CIN, los senadores
del justicialismo se reunieron por la noche a puertas cerradas con el ministro de educación
y el sector de política universitaria. Si bien las opiniones dentro del bloque seguían siendo
diferentes, la opresión ejercida desde el poder ejecutivo obtuvo el objetivo buscado. Sin
mucha discusión se constituyo un dictamen de mayoría acompañado en su totalidad por
cuatro senadores y en disidencia parcial dos senadores, lo cual daba por finalizada la
discusión en comisión y la posibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición. El proyecto
fue presentado sin modificaciones en el recinto. Simultáneamente el oficialismo
desestimaba el proyecto alternativo del CIN y la oposición se quedaba sin una estrategia
frente a la determinación del oficialismo de aprobar la ley tal cual salió de diputados.

La oposición estaba cada vez más dividida por la no materialización de triunfos
frente al oficialismo y este solo debía esperar a que pase el tiempo reglamentario para
poder aprobar la ley. La única esperanza de los opositores podía encontrarse en la
posición dialoguista de los senadores Cafiero y Del Valle, que habían sido presionados
para impulsar el dictamen de mayoría en la Comisión. Hasta el 20 de junio, día en que se
votaría el proyecto, el amplio espectro opositor convoco a movimientos y marchas en
defensa de la educación pública a pronunciarse contra el arancelamiento y el avance del
oficialismo en la autonomía universitaria.

El día esperado por el oficialismo llego y desde temprano se incorporo a la lista de
órdenes del día el proyecto de ley n° 24.521. El recinto, con pocos senadores en sus
bancas y muchos dirigentes en los pasillos y palcos, fue el contexto de un debate sin
mucha atención, los pocos oradores que se manifestaban se oponían a la aprobación de la
ley, pero ningún argumento contundente, ni el de la propia senadora justicialista, Del Valle
Rivas, pudo parar la determinación menemista. El senador radical, Cendoya, recordó que
había sido Perón el que quito el arancelamiento a la universidad nacional y ponía en juego
la ironía de que ese gobierno se convertiría en el que restituiría una lucha histórica del
peronismo. Diez horas mas tarde que empezó el debate, llego el momento de votar y,
como se esperaba, el oficialismo no tuvo inconvenientes para aprobar la ley. Con 26 votos
constituidos por los senadores justicialistas, el Movimiento Popular Neuquino y el
Movimiento Popular Fueguino, el proyecto quedo definitivamente aprobado sin ninguna
modificación. El recinto poco a poco se iba vaciando, afuera varios militantes estudiantiles
insultaban a los senadores oficialistas, mientras estos cantaban la marcha peronista.

26

Discusión y debate en el Senado.

Como se pudo reflejar en la descripción de los hechos sucedidos en el proceso de
tratamiento de la ley en la cámara de senadores, dicho proceso si bien fue corte en
tiempo no ha significado para el gobierno un mero trámite parlamentario. Las diferencias
hacia adentro del oficialismo fueron notorias y se reflejan en el diario de sesiones del 20
de julio de 1995, pero no se puede dejar de reconocer que el proceso estuvo atravesado
por la necesidad y la urgencia que le imprimió el gobierno el requerimiento de una ley que
regule la situación legal del sistema universitario argentino. Esto mismo lo expresa de
forma clara la senadora justicialista Del Valle Rivas: “estamos por primera vez ante un
texto legal que abarca todo el nivel superior, esto solo ya configura un avance, un paso
adelante en el tratamiento del problema (…) En primer lugar, estoy convencida de que un
proyecto de ley de tamaña envergadura, significación y repercusión, no debe sentirse
sometido a un tratamiento signado por la urgencia y el apresuramiento (…) Debo señalar
que puede ser mejorado, precisado y enriquecido sin desvirtuar su estructura e
intencionalidad”37. El discurso de la senadora nos refleja una parte de los obstáculos que
tuvo que atravesar el gobierno en el tratamiento de la ley, dicha opinión nos interesa aun
mas considerando que la senadora tucumana fue la presidenta de la Comisión de
Educación de aquel momento, esto nos demuestra en parte el nivel de conflicto que
generó la aprobación de la ley que priorizó los intereses del gobierno por sobre las
demandas de otros actores involucrados en el conflicto.

Otro punto a destacar del discurso de la senadora es lo referido a cuáles son los
temas específicos que reglamenta la ley: “… un excesivo avance de las funciones del
ministerio de educación nacional, tal como cabe observar en los artículos 42, 43, 50”38. Los
dos primeros artículos nombrados hacen referencia al reconocimiento de los títulos
oficiales, los planes de estudio y las carreras, que, a partir de esta ley, tendrán una
excesiva injerencia el Ministerio de Educación, el Consejo de Universidades y la CONEAU.
Esto a nuestro entender posibilito que el poder político, en este caso, el poder ejecutivo,
se atribuya funciones que hasta ese momento eras llevadas a cabo dentro del sistema
universitario formal e informal, lo cual históricamente fue consecuencia de la autonomía
que gozaron las casas de estudio en el país: “es ahí donde juega la autonomía que debe
ser preservada inequívocamente de acuerdo con los lineamientos de la tradición de la
universidad argentina y del precepto constitucional”39.

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Diario de Sesiones. Cámara de senadores de la nación. 31° reunión, 20 de julio de 1995
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En cuanto al tema de la autonomía el senador Cendoya recuerda la reforma
universitaria de 1918: “se trato de una reforma que cuestiono con absoluta severidad el
funcionamiento de la universidad como centro cerrado, excluyente de la participación
popular… como consecuencia de esa experiencia histórica incontrastable, la convención
reformadora de Santa Fe decidió que garantizar la autonomía es un registro ineludible
para la validez de la legislación que se dicta en la materia… no se pueden delegar
facultades de tipo legislativo, ni institucional al Ministerio de Cultura y Educación, como lo
hace insistentemente el proyecto de referencia”40. Como pudimos ver en la discusión de
diputados ciertas responsabilidades y funciones asignadas al poder ejecutivo son de
dudable constitucionalidad, ya que las mismas están estipuladas en la constitución
nacional. A la vez, para el senador Cendoya y para Del Valle Rivas, la autonomía de las
universidades se ve aún mas vulnerada cuando la ley determina la composición de los
claustros, las condiciones que debe tener un alumno para conservar la posición de regular
y el tan discutido régimen económico financiero puntualizado en la asignación de
recursos, generación de bienes adicionales y el sistema de becas.

En cuanto al problema de los claustros, en especial el de docentes, el senador
Aguirre Lanari hace una fuerte crítica: “cuando se habla de la integración del claustro
docente, no se diferencia entre los profesores titulares, adjuntos o asociados, por una
parte, y los auxiliares docentes, por la otra (…) Podría darse el caso de que la
representación docente fuera mayoritariamente de auxiliares docentes”41. Este ha sido
uno de los artículos (art. n°53 inciso a) que fue modificado en el transcurso de debate en
la cámara de diputados, ya que el proyecto original del poder ejecutivo se utilizaba el
termino claustro de profesores. Este artículo se puede entender como una embestida al
gobierno de las facultades ya que en su mayoría estaban integrados por radicales.

Si nos referimos al tema del sostenimiento y régimen económico financiero la ley
establece en su primer capítulo que la distribución de los recursos del estado estará en
función de la eficacia. A lo cual el senador Fadel se pregunta: “quién va a medir la
eficiencia y cómo lo hará (…) presumo que esto va a significar un avance sobre las
autonomías de las universidades, este proyecto de ley se entromete en cosas en que no
debería entrometerse y delega cosas que no debería delegar, ampliando de esta manera la
autarquía”42.

Otro tema que es interesante discutir es el referido a los conceptos de calidad y
evaluación, como fueron nombrados a principio del trabajo. Estos conceptos se plasman,

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en parte, a través de la ley, en la CONEAU. Si bien la creación de la misma y la aceptación
de dichos conceptos pareciera estar apoyada por mas fuerzas políticas que el oficialismo,
la implementación de la comisión es por lo menos discutible; el senador Romero Feris
opina: “es excesivamente reglamentarista (la ley) y también burocrática cuando se crea
una superestructura de organismos tales como el consejo universitario, los consejos
regionales de planificación universitaria y la CONEAU (…) en este aspecto no estoy de
acuerdo con la implementación, ya que ella, tal como esta propuesta, significa un avance
del estado nacional, expuesta a cambios periódicos de orientación política sobre la
conducción académica, restándole legitimidad al sistema de evaluación en su conjunto” 43.
La ley deja un vacío legislativo en cuanto a que la composición de la misma debe estar
integrada por tres legisladores de cada cámara sin explicitar como deben ser elegidos los
mismos y a que fuerza parlamentaria corresponden. A la vez podría suceder que la
Comisión sea compuesta por siete miembros del mismo color político, lo cual dotaría al
gobierno de un poder decisorio altamente concentrado. Este poder concentrado es
expresado de otra manera por el senador Cendoya: “considero que este enclave
burocrático, que está mas allá de la permanecía política de los funcionarios, marca un
grave problema, que es la burocratización de la enseñanza en muchos aspectos, en
especial en lo referido al delicado y novedoso tema de la evaluación universitaria”44.

Desde otro punto de vista el senador Aguirre Lanari expresa en cuanto a la
CONEAU que: “disponer como norma legal que deben asegurarse instancias externas de
evaluación institucional resulta ser un tema muy delicado, puesto que implicaría un avance
sobre los estatutos, las formas especificas de cada universidad y las funciones de sus
órganos de gobierno”45. Sin embargo el texto deja aún mas dudas en cuanto a la
indefinición de las pautas y funciones que será responsable la Comisión una vez creada. En
este punto también nos resulta interesante rescatar la opinión del justicialista Cafiero:
“este nuevo instituto de la acreditación y evaluación de la calidad necesita ser mirado con
mucha escrupulosidad, no vaya a suceder que la universidad de Buenos Aires tenga que
ser evaluada por la universidad de Harvard para tener patente de calidad”. A pesar de que
la creación de la comisión fue públicamente rechazada por varios de los actores
involucrados en el sistema universitario, resulta llamativo que en el dictamen de minoría
opositor, en la sección de evaluación y acreditación, el texto sea casi idéntico al dictamen
de mayoría. Lo que nos da a entender que tanto oficialistas y la mayoría de los opositores
aceptaron en la práctica las recomendaciones del banco mundial. Siguiendo esta idea el
senador Avelín expresa: “es por ello que creía que el primer debate debía ser el del
conocimiento, luego el del financiamiento y, finalmente, el de la reglamentación, sin
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abrevar en el tema de que todo lo que ocurre es que un banco internacional nos dijera que
hiciéramos eso, pero si en la lógica interpretación de que análisis parciales, colocados
como verdades absolutas, luego pueden provocar errores.”46. En el mismo sentido, en un
documento UNESCO, donde se analiza la evaluación de la calidad y de la jerarquización de
la oferta académica, la calidad de la educación superior es un concepto multidimensional
que depende en gran medida de un marco conceptual de un sistema determinado, como
dice el senador Bordón: “es importante no confundir la liberalización de las relaciones
económicas y la necesidad de promover un espíritu empresarial, con la ausencia de
políticas sociales públicas, en particular en relación con el financiamiento de la educación
superior”47

Por último queremos puntualizar sobre el tan controvertido tema del
financiamiento y la decisión del gobierno de posibilitar el arancelamiento de los estudios
de grado. En este punto queremos darle importancia a la opinión del senador Bordón:
“muchos de nosotros fuimos sometidos al examen comunicacional en los siguientes
términos: ¿arancel si? moderno: pase, aprobado. ¿Arancel no? antiguo: universidad
ineficiente, alumnos vagos, país retrasado, país cerrado y proteccionista”48. Si bien
estamos de acuerdo con que la discusión arancel si, arancel no, está mal planteada desde
su base, como expresamos anteriormente en el debate en diputados, no coincidimos con
la justificación que hace el senador. Este, en realidad, deja de lado dicho debate para
criticar al menemismo en su política socioeconómica, justificando la concepción que el
gobierno tiene del conocimiento y el futuro del país. Creemos que la cuestión del
arancelamiento es dañina para el sistema educativo universitario y nos apoyamos en
palabras de la UNESCO: “la introducción de pagos de matrícula, por ejemplo, es un punto
sensible en la educación superior y, en consecuencia, debe abordarse con la debida
cautela, ya que toca a muchos aspectos de la justicia y movilidad social, equidad educativa
y políticas sociales y fiscales del estado en general…”49.

El tema del arancelamiento, como también se dijo anteriormente, rosa la
inconstitucionalidad, sin embargo, la misma ley es contradictoria entre sus artículos, ya
que en el articulo n°58 se especifica que el estado nacional es el responsable de asegurar
el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales
que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Entonces
nos preguntamos, ¿si el estado es aquel que tiene que garantizar financieramente a las
casas de estudio, porqué el gobierno insiste con la necesidad de arancelar las mismas? El

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UNESCO (1995) ”políticas para el cambio y el desarrollo de la educación superior”. París.

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senador Lafferriere decía: “el ministerio de economía de la nación tiene dos veces y media
mas presupuesto que la totalidad de las universidades nacionales y no forma técnicos, ni
científicos, ni profesionales, etc. (…) Si alguno tiene recursos para pagar, pues no anulemos
la filosofía de la gratuidad. Avancemos en el reclamo de la progresividad impositiva.”50. El
senador Fadel entiende en el mismo sentido que: “si tenemos que hablar de justicia y
equidad en este tema deberíamos comenzar por analizar y reformular de raíz nuestra
estructura impositiva”51. La senadora Del Valle Rivas expresa: “hay que dar muestras
patentes de la voluntad de sostener la gratuidad de la enseñanza, aun cuando pudieran
existir algunos procedimientos de obtención de ingresos complementarios por servicios
que las universidades brindan y que consideran según su criterio, que deben ser
retribuidas”52. Nosotros entendemos que la discusión del arancelamiento fue una
estrategia del gobierno para desregular el sistema universitario tal cual como se hizo con
el sistema educativo en general y el sistema general de administración del estado. Como
dice el senador Fadel: “quizás se trata de obtener una desregulación de la educación para
someterla a la lógica del mercado”53. Una universidad pública que cobra un arancel por
sus estudios esta al mismo nivel que una universidad privada: entonces, ¿qué diferencia
hay entre una universidad privada y una pública arancelada?

Una de las pocas justificaciones desde el oficialismo a este tema tan controvertido
es la que hacia el senador Menem: “en la discusión de la convención reformadora había
dos posiciones: el radicalismo quería consignar únicamente lo de gratuito, mientras que el
justicialismo, además, deseaba incluir lo de equitativo, para dar lugar precisamente a que
pudiera establecerse una taza de servicios. (…) No se dice que tiene que ser gratuito, sino
que se habla de los principios de gratuidad y equidad.(…) Nosotros entendemos que no hay
peor desigualdad que tratar de la misma manera a los desiguales, entonces, no se le puede
dar el mismo trato a quienes pueden pagar por sus estudios que a quien no puede
hacerlo.”54. A lo cual el senador Cendoya responde: “entonces, valdría lo mismo decir
gratuita y equitativa, que onerosa y equitativa, en función de que vamos a disminuir la
onerosidad sobre la base del funcionamiento de la equidad” 55. A esto es interesante
agregar que a partir de la reforma constitucional del ´94, los tratados internacionales de
derecho tienen jerarquía constitucional y en el pacto de derechos sociales de Nueva York
se establece que la educación pública, toda, debe tender hacia la gratuidad, lo que choca

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con las recomendaciones del banco mundial que proponen que los gastos de educación
sean compartidos entre las familias y el estado.

Volviendo al texto constitucional el senador Avelín dice: “cuando se dice que la
gratuidad es un principio, no puede haber lugar a dudas, ni a dobles interpretaciones, por
mas que se acompañe el principio de gratuidad con el de equidad. (…) En consecuencia, la
gratuidad mas la equidad es lo que hace operativo el cumplimiento del verdadero principio
que es el de la igualdad de oportunidades, lo cual significa que a nadie debe quedar
vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por razones
económicas”56 y es el mismo senador el que hace una de las criticas mas interesantes y
profundas del debate citando a un constitucionalista participe de la reforma constitucional
y del mismo color político que el gobierno nacional: “la eliminación de la gratuidad para la
enseñanza universitaria dejaría abierta la puerta para su eliminación en la enseñanza de
nivel primario y secundario, en cualquier momento se puede eliminar esa palabra.”57. Con
esto último queremos cerrar el debate realizado en la cámara de senadores, ya que a
nuestro entender, la aprobación de la ley vulnero una de las políticas sociales universales
que duro medio siglo en la historia de nuestro país. Fue en momentos del primer gobierno
de Juan Domingo Perón, cuando se eliminaron los aranceles que se cobraban para
estudiar en la universidad, lo cual se hizo con un sentido político explicito y en base a un
cambio de la matriz social y económica que buscaba incluir a todos aquellos que habían
sido excluidos. Fue el gobierno menemista, neoliberal, el que termino de destruir aquella
matriz socioeconómica con sus leyes de reforma del estado y destruyo, en parte, los
conceptos de autonomía y gratuidad universitaria en pos de un país dependiente del
sistema económico internacional.

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Conclusión.

Profundizando la política “modernizadora” en cuestiones relativas a la relación
Estado-Sociedad el gobierno menemista intento, a través de una ley, modificar la relación
entre el Estado y la Universidad y esta última con la sociedad. Si bien en un principio
intento generar un proyecto marco, la ley termino buscando modificar profundamente la
educación superior en la Argentina. Los objetivos de la ley pueden ser caracterizados en
tres conjuntos diferenciados: el primer conjunto engloba a todos los artículos que
plasmaron las ideas y “recomendaciones” extranjeras sobre la educación superior. Esto se
refleja en la incorporación de la evaluación de calidad y eficacia por parte del gobierno y la
CONEAU. En el segundo conjunto podemos incluir aquellas normativas que vulneraron la
autonomía de la universidad y traspasaron funciones a otras instituciones burocráticas
para poder reconfigurar un escenario de poder diferente dentro de las facultades. En
parte la normativa se convierte en un ataque directo al gobierno radical de las facultades.
En el último grupo podemos agrupar algunos artículos generales en los cuales había un
amplio consenso en la comunidad educativa que cualquier ley de educación superior
pensada en aquellos tiempos debía contener. Sin embargo hay ciertos temas y demandas
por parte de la comunidad educativa que la ley no responde, uno de ellos, es el tema de la
interdisciplinariedad de las universidades.

A partir de lo analizado entendemos que el gobierno menemista busco modificar la
relación Universidad-Estado a partir de una ley, pero la aprobación y sanción de la misma
no significaron para la fuerza política que le dio origen a la ley, una concreta posibilidad de
transformar dicha relación. El menemismo, el justicialismo, no pudo quebrantar el poder
que tenían cristalizado el radicalismo dentro de la estructura universitaria. Sin embargo
esto no es lo único que nos interesa, ya que la ley no logro desregularizar en un sentido
concreto la realidad cotidiana de las universidades. La universidad nacional siguió siendo
el lugar de preferencia del estudiantado argentino, y en donde el nivel de los estudios no
ha decaído. Lo cual no se logro a partir de la creación de la CONEAU, sino que es necesario
entenderlo como parte de la relación entre la universidad y la sociedad. Antes y después
del menemismo la sociedad siguió prefiriendo la universidad pública antes que las
universidades privadas a pesar de que estas últimas hayan experimentado un enorme
crecimiento en la década de los noventa. Sin embargo estas cuestiones requerirán un
análisis mas profundo para pensar una nueva ley de Educación Superior que destierre
mucho del lenguaje que instalo el menemismo en la legislación de la universidad.

Por último y mas abocado a lo que el trabajo se propuso, pudimos ver que el
proceso y aprobación de la ley no significó una simple cuestión de mayoría parlamentaria.
Como en toda política pública toda acción desde el Estado produce consecuencias, las

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cuales provocan respuestas de los actores involucrados y nuevamente se producen
acciones del Estado. Las políticas públicas no son lineales, no se pueden entender desde
una mera aplicación y una ejecución, sino que como un entramado complejo que siempre
provoca ganadores y perdedores. El Estado actúa (o no actúa) en base a las cuestiones
problematizadas en la agenda publica, en este sentido el menemismo busco dar respuesta
a la problemática de las universidades, pero desde una ideología concreta y excluyente, el
neoliberalismo. El cual no se ve solamente plasmado en las políticas públicas, sino
también en los discursos, acciones individuales de los funcionarios y legisladores del
gobierno.

El trabajo nos invita a volver sobre lo sucedido en la década del noventa para
rescatar la palabra que todavía está viva, ya que mucho de lo que se dijo e hizo es
necesario tenerlo presente para la construcción de un ideario de país. Las leyes podrán
pasar por la historia, sin embargo para nuestra historia el viaje continua, porque la historia
no está muerta, está más viva que nunca.

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Análisis ley de ecucación superior 1995

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