Elementos Esenciales para efectuar la Seleccion y Comprobacion / Javier Berro...
La Experiencia de los Pactos de la Moncloa - Encuentro programación "Pacto social" / José María Ivánez, Fundación Alternativas.
1. José María Iváñez
Fundación Alternativas
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Publicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL
Asunción, 15 noviembre 2011
2. 1. Introducción 2. Contexto
3. Los Pactos de
la Moncloa
4. Proceso
negociador
5.
Consecuencias,
conclusiones y
recomendaciones
4. Los Pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados
en el Palacio de la Moncloa durante la transición
española el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de
España de la legislatura constituyente, presidido
por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con
representación parlamentaria en el Congreso de los
Diputados, con el apoyo de las asociaciones
empresariales y el sindicato Comisiones Obreras y el
rechazo de la Unión General de Trabajadores y de
la CNT, con el objetivo de procurar la estabilización del
proceso de transición al sistema democrático, así como
adoptar una política económica que contuviera la
galopante inflación que alcanzaba el 47%.
5. Aprobados por el Parlamento
el 27 de octubre de 1977 se
dividen en dos paquetes: el
político (Programa de
Actuación Jurídica y Política) y
el económico (Programa de
Saneamiento y Reforma de la
Economía).
El económico dos
componentes: medidas
urgentes (contra la inflación y
el desequilibrio exterior) y
reformas necesarias a medio
plazo para repartir los costes
de la crisis.
Definición del
neocorporatismo: Los Pactos
son un modelo de
cooperación voluntaria entre
Estado, sindicatos y
empresarios
en la formulación y en la
actuación de los complejos
policy mixes para la
obtención de objetivos como
el pleno empleo, la
estabilidad de los precios y
el crecimiento económico o
la modernización de la
economía.
6. Una visión teórica de los pactos
de los Pactos de la Moncloa
permite verlos como una
aplicación de la teoría del
comparatismo mediante la
concertación social que permite
aplicar a la economía española
un modelo de política de rentas
7. Como ha señalado Schmitter, parecen existir dos
tipos ideales de democracia basados en la
relación entre los partidos políticos y los grupos
de interés.
Modelo norteamericano donde existe una profunda
separación funcional y estructural entre las
actuaciones de los partidos políticos y las de los
grupos de interés.
Modelo europeo, en particular en la Europa
septentrional y central, donde suele existir una
estrecha relación histórica entre el movimiento
sindical y cualquier partido que represente a la
izquierda o al centro-izquierda.
Las posibilidades de que pueda producirse una
concertación social son mayores en Europa
10. Coyuntura económica grave
Crisis del petróleo de 1973
Paro
Inflación tendente a hiperinflación
Fuga de capitales
Deuda exterior elevada
Corporativismo e intervencionismo en la
economía
Interlocutores sociales recién creados,
sindicatos, o en proceso de creación, patronal
11. Desde 1973 nueve paquetes de política
económica el noveno los Pactos
Desequilibrios sociales y económicos, de
forma que la crisis se hizo notar
especialmente entre las clases sociales
menos favorecidas
Desequilibrios regionales por política de
desarrollo industrial
Alta conflictividad laboral
12. AMI Acuerdo Marco Interconfederal
ANE Acuerdo Nacional de Empleo
AI Acuerdo Interconfederal
AES Acuerdo Económico y Social
13.
14. Después de la muerte del general Franco tres
posibles alternativas:
Continuidad sin cambios del sistema franquista,
Búnker.
Ruptura democrática: disolución inmediata de las
instituciones franquistas y formación de un
gobierno provisional, Junta Democrática.
Ruptura pactada o reforma para que se
desembocara paulatinamente en el sistema
democrático, Convergencia Democrática y el
sector aperturista.
15. Grandes masas despolitizadas conviviendo con
minorías fuertemente politizadas
Oposición descoordinada
Nuevo gobierno primero legitimado en urnas
Necesidad de una Constitución
Peligro de un golpe de Estado militar
16.
17. 1. División entre los franquistas Fraga versus
bunker
2. Necesidad de Suarez de contar con la
oposición
3. Desconcierto de la burguesía y el capital
4. Movilización popular
5. Reconocimiento y legalización de partidos y
sindicatos
6. Grandes dosis de patriotismo
19. Medidas económicas a corto
plazo
Reformas económicas
estructurales
Medidas de reforma política
20. Una política monetaria que frene la expansión de la
masa monetaria,
Una política presupuestaria que reduzca el déficit
público,
La fijación de un cambio de la peseta realista que
reduzca la deuda exterior.
La obligación de incrementar los salarios en base a la
inflación prevista y no a la pasada, con el objetivo de
que los salarios no aumenten más de un 22% como
promedio en 1978 respecto a 1977.
Contra el paro se presentan una serie de normas que
permiten la contratación temporal, sobre todo de
jóvenes que no han accedido nunca a un puesto de
trabajo.
Derecho de asociación sindical.
21. Reforma fiscal y la de la administración
tributaria para que todos los ciudadanos
paguen sus impuestos.
Aplicación de un control real a la liquidez y
solvencia de los bancos y cajas de ahorro,
Reforma en sentido flexibilizador del
mercado laboral: en tiempos de Franco el
despido era prácticamente imposible.
22. Se modifican las restricciones de la libertad de
prensa, prohibiendo la censura previa y dejando
al poder judicial las decisiones sobre la misma.
Se modificó la legislación sobre secretos
oficiales.
Se aprobaron los derechos de reunión, de
asociación política y la libertad de expresión .
Se creó el delito de tortura y se reconoció la
asistencia letrada a los detenidos.
Se despenalizó el adulterio y
el amancebamiento.
Se derogó la estructura del Movimiento Nacional.
Se restringió la jurisdicción penal militar.
23. Criterios previos, aprobados el día 9 de octubre
de 1977
Documento íntegro, aprobado el 27 de octubre
de 1977
Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica
y política, aprobado el 27 de octubre de 1977
Acuerdos de Cortes sobre el programa de
saneamiento y reforma de la economía y sobre el
programa de actuación jurídica y política.
Resolución del Congreso de Diputados de 27 de
octubre de 1977
Resolución del Senado de 11 de noviembre de 1977
24. Política presupuestaria
Seguridad Social
Política monetaria
Precios y salarios
Empleo
Transformaciones del sistema económico
25. Reforma fiscal ya iniciada.
Perfeccionamiento del control del gasto público.
Participación de la sociedad en la Seguridad Social.
Programa educativo para asegurar la plena escolarización.
Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de
suelo y a facilitar el acceso a la vivienda.
Transformación del marco de relaciones laborales por
medio del desarrollo de la acción sindical.
Reforma del sistema financiero, liberalización en el sector
privado y democratización de las instituciones públicas.
Modernización agraria, con revisión en las leyes de
desarrollo agrario, arrendamientos rústicos y fomento del
cooperativismo.
Estatuto de la empresa pública.
26. I. POLÍTICA DE SANEAMIENTO ECONÓMICO
Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social
Política monetaria
Política de precios
Política de rentas
Empleo
II. REFORMA FISCAL
Imposición sobre Personas Físicas
Restantes impuestos
Estructura recaudatoria
III. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL
GASTO PÚBLICO
IV. POLÍTICA EDUCATIVA
27. V. POLÍTICA DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA
Urbanismo y suelo
Vivienda
VI. REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Gestión de la Seguridad Social
Control y vigilancia de la gestión de la Seguridad Social
Inspección
Financiación
Prestaciones
Ayuda Familiar
Seguro de Desempleo
Pensiones
Seguridad Social Agraria
Salud y Asistencia Sanitaria
VII. REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO
28. VIII. POLÍTICA AGRÍCOLA, PESQUERA Y DE COMERCIALIZACIÓN
POLITICA AGRARIA
Ordenación de Cultivos
Ley de Arrendamientos Rústicos
Política de precios
Ley de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrarias
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
Seguros Agrarios
Cámaras Agrarias
Cajas Rurales
POLITICA PESQUERA
POLITICA DE COMERCIALIZACION
IX. POLÍTICA ENERGÉTICA Y ESTATUTO DE LA EMPRESA
PÚBLICA
Política energética
Estatuto de la Empresa Pública
X. CRITERIOS PARA LA ADAPTACIÓN A LAS INSTITUCIONES
AUTONÓMICAS
29. I. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Prensa
Secretos oficiales
II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL
III. DERECHO DE REUNION
IV. DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA
V. CÓDIGO PENAL
Relacionadas especialmente con la mujer
Relacionadas con las Leyes Fundamentales y referencias al
Movimiento Nacional
Relacionadas con las libertades públicas
Revisión de cuantías
VI. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
VII. CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
VIII. ORDEN PÚBLICO
IX. REORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE ORDEN
PÚBLICO
30. Firmantes de los Pactos de la Moncloa. Enrique Tierno Galván
(PSP), Santiago Carrillo (PCE), Josep María Triginer (PSC), Joan
Reventós (CSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV),
Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo
(UCD) y Miquel Roca (CiU).
32. ¿Por qué grupos parlamentarios y no sindicatos y
empresarios, cuando entre las medidas de ajuste era
clave la política de rentas para moderar alzas
salariales y costes financieros; cuando se estimaba
fundamental dar vuelta a la negociación colectiva
para desindexar la economía de la inflación?
Las organizaciones sindicales en formación, peleando
empresa a empresa, marcando su territorio ante unas
próximas elecciones de alcance nacional era
problemática.
Las patronales estaban en la misma situación, hasta el 6
de junio del 77, una semana antes de las elecciones, no
se habían puesto de acuerdo para crear la CEOE, que no
elegiría a Carlos Ferrer como su primer presidente hasta
el 22 de septiembre.
Cabe recordar que la libertad de sindicación de
trabajadores y empresarios había sido promulgada el 1
de abril de 1977.
33.
34. Contactos Suarez previos con PSOE y PCE para plantear un acuerdo de
estabilidad
Agosto negociaciones con los Sindicatos
Encargo a Fuentes Quintanas de preparar un acuerdo
Septiembre reunión presidida por Manuel Lagares asistieron economistas
organizaciones sindicales y DG Política Económica JL Leal
Acuerdo con el PSOE contenido:
Líneas de un ajuste a corto plazo
Reformas que había que realizar con y sin acuerdo
Reformas a negociar
Grupo de trabajo con Manuel Lagares, Blas Calzada, DG de Estadística .y
Raimundo Poveda redactó el Informe “Programa de saneamiento y
Reforma Económica” que dio lugar a los Pactos de la Moncloa
Negociación política con el Gobierno y discusión 8 y 9 de octubre en el
Palacio de la Moncloa con representantes de los Partidos. Resultado el
“Resumen de Trabajo”
Aprobación definitiva por el Gobierno el 18 de Octubre
35. CRITERIOS PREVIOS, APROBADOS EL DÍA 9 DE
OCTUBRE DE 1977
DOCUMENTO ÍNTEGRO, APROBADO EL 27 DE
OCTUBRE DE 1977
ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
JURÍDICA Y POLÍTICA, APROBADO EL 27 DE
OCTUBRE DE 1977
ACUERDOS DE CORTES SOBRE EL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LA ECONOMÍA Y
SOBRE EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN JURÍDICA Y
POLÍTICA. RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE
DIPUTADOS de 27 de octubre de 1977
RESOLUCIÓN DEL SENADO de 11 de noviembre de
1977
36. Los sindicatos pactan después de su
aprobación por miedo a un golpe militar
Relación entre CC.OO. y el PCE y UGT y el
PSOE
Los lideres sindicales lo aprobaron como
diputados en Cortes
Posteriormente lo aprobaron
40. Crearon las condiciones sociales y políticas
necesarias para la Constitución de 1978
Permitieron reconstruir la paz social y la
disciplina en el mundo del trabajo español.
Fueron una herramienta necesaria para
afrontar una crisis económica que se pensaba
resolver con un ajuste duro
Sentaron las bases para el desarrollo del
Estado del Bienestar
41. El crecimiento del PIB en 1978, estimado en el
Programa de Saneamiento en 1,1%, al final fue del
1,8%.
El aumento de los precios no llegó al 20%.
El déficit corriente se transformó en un excedente de
más de 1.500 millones de dólares.
La demanda nacional permaneció estancada en vez
de caer las seis décimas que se habían previsto.
Su mantenimiento se debió al mayor crecimiento de
las remuneraciones salariales, dos puntos por encima
de lo previsto
Y al fuerte aumento de las prestaciones sociales,
especialmente de las pensiones, que se
incrementaron en un 56%.
42. Sector Público: universalidad de los Presupuestos Generales del
Estado, integrando los de la SS. Replanteamiento de la financiación
del déficit. Racionalización de la gestión de las empresas públicas
Reforma fiscal: tres impuestos básicos: general sobre la renta de las
personas físicas, de sociedades y del valor añadido. Y otros dos de
control: patrimonio y sucesiones.
Sistema financiero: liberalización y reformas precisas para la
implantación de una política monetaria eficiente.
Marco de relaciones laborales: liberalización mediante un Estatuto
de los Trabajadores, flexibilización de las rigideces, introducción del
empleo temporal y admisión del libre despido para los nuevos
empleos.
Adaptación del sistema productivo: Plan Energético nacional para
reducir la dependencia del petróleo. Plan de reconversión y
reindustrialización para atender sectores básicos afectados por la
crisis, como el textil, el siderúrgico y naval. Liberalización gradual
del sector agrario y reformas jurídicas para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
43.
44.
45. Las políticas de rentas acompañadas de medidas de
política monetaria y fiscal servían para corregir o
controlar los desequilibrios.
La política de rentas actualmente esta dirigida no
tanto a controlar la inflación como a sostener y
mejorar la competitividad.
No ha tenido como fin actuar sobre la distribución de
la renta.
Los sindicatos han pretendido una y otra vez mejorar
la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Los acuerdos globales sobre moderación de los
salarios se han justificado sindicalmente desde la
corresponsabilidad en una situación de crisis y en el
sostenimiento del poder adquisitivo podría verse
erosionado en mayor medida, por la crisis.
46. Para el éxito de la política de rentas es preciso que los
sindicatos:
Haya una única central sindical
Altos niveles de afiliación
Que los acuerdos sean de obligado cumplimiento para los afiliados
sindicales
Que los sindicatos tenga un elevado nivel de implantación
geográfica e institucional
En cuanto a las organizaciones empresariales
Alto grado de unidad y coordinación
Asociaciones fuertes y con alta afiliación
Capacidad de hacer cumplir los acuerdos alcanzados
Que ambos dispongan de equipos técnicos
Que exista un cauce institucional para llevar a cabo las
negociaciones
Que no haya elementos distorsionadores, diferencias
salariales, grandes discreparías, etc..
47. Con los Pactos de la Moncloa se pretendió hacer frente
a la recesión económica. Paralizando los aumentos del
salario real, conquistados por los trabajadores desde el
principio de la crisis del régimen franquista, a cambio
de ofrecer algunas contrapartidas sociales en
enseñanza, protección de los parados, etc., y sobre
todo, reformar la hacienda, el gasto público y el
sistema bancario con el fin de propiciar la inversión
productiva.
En su aspecto político, los Pactos de la Moncloa
sirvieron para respaldar una serie de cambios previos a
la constitución y contribuyeron a formar el consenso
constitucional.
48. DIFICULTADES DE ORDEN POLÍTICO
Inestabilidad Institucional y Limitaciones a las Libertades Públicas.
Carencia de bases mínimas de acuerdos políticos.
DIFICULTADES DE ORDEN SOCIAL.
Limitaciones en los hábitos de disciplina social.
Persistencia, en algunos sectores, de una «cultura del conflicto» y
ausencia, en otros, de una verdadera voluntad concertacionista.
DIFICULTADES DE ORDEN TECNICO
Ausencia de una propuesta precisa de concertación.
Carencia de información suficiente y adecuada.
Preparación técnica insuficiente
DIFICULTADES DE ORDEN IDEOLÓGICO
A las dificultades tradicionales de la concertación social en América
Latina hay que añadir, en los tiempos más recientes, una que casi
parece insalvable: la distinta concepción ideológica del desarrollo y
del papel del Estado que tiende a prevalecer en los Gobiernos y en las
organizaciones empresariales, por una parte y, la que, en sentido
contrario, mantiene el movimiento sindical.
49. Concertación social agentes
Empresarios
Sindicatos
Gobierno
Excepcionalmente partidos políticos
Requisitos para la concertación social:
La existencia de un clima de libertades políticas, especialmente de una libertad sindical que permita el ejercicio
pleno de la autonomía colectiva por parte de organizaciones profesionales verdaderamente representativas de
empleadores y trabajadores.
La existencia de unas bases mínimas de acuerdo político y de estabilidad Institucional
Que tanto el Gobierno como los trabajadores y los empleadores tengan una actitud realmente favorable a la
concertación.
Las partes de un sistema de concertación social deben estar en posesión de una información adecuada no sólo de los
puntos específicos comprendidos en los acuerdos en negociación, sino también del entorno político, económico y
social en que ésta se desenvuelve.
Asimismo, las partes y sus representantes deben tener la capacitación técnica para poder analizar la información
disponible, y participar conscientemente en las negociaciones y establecer conclusiones racionales sobre el alcance
de los compromisos envueltos en la concertación y los posibles resultados de la misma.
Las organizaciones profesionales participantes en el proceso de concertación deben ser fuertes, suficientemente
representativas y preferentemente centralizadas o con un grado importante de centralización.
Las partes deberían seguir una metodología adecuada para poder lograr resultados efectivos en el proceso de
concertación. Dicha metodología debería incluir, en general, las siguientes etapas: una amplia convocatoria hecha a
los sectores cuyo consenso se requiere por un organismo o ente encargado de promover y coordinar el proceso; la
presentación de un proyecto contentivo de los puntos básicos sobre los cuales se pretende un acuerdo, el suministro
de informaciones adecuadas a los participantes, la apertura de un proceso continuo de consultas y negociaciones y si
se logran resultados positivos, la suscripción de un acuerdo.
Es recomendable, igualmente, prever mecanismos de control y seguimiento.
En 1977 la situación económica es explosiva:
En un país en el que el 66% de la energía es importada, la crisis petrolífera de 1973 ha pasado desapercibida, es decir los últimos gobiernos de Franco no han tomado ninguna medida frente al barril de petróleo que pasa en doce meses de 1,63 a 14 dólares.
Las exportaciones cubren el 45% de las importaciones, el país carece de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y pierde 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores, acumulando entre 1973 y 1977 14.000 millones de dólares de deuda exterior, lo que representa un importe superior al triple de las reservas de oro y divisas del Banco de España.
La inflación está a niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasa a mediados de 1977 al 44%, frente al 10% de promedio de los países de la OCDE.
Las empresas tienen deudas de centenares de miles de millones de pesetas lo cual contribuye a que el paro empiece su largo crecimiento: ya se sitúa en 900.000 personas de las cuales sólo 300.000 reciben subsidio de desempleo y seguirá subiendo hasta los actuales (1998) 2.000.000 de parados.
Al cabo, como advirtiera Fuentes Quintana, la economía en crisis constituía el problema político fundamental, dados los requerimientos de legitimidad de cualquier orden democrático, cuanto más en uno emergente.
Hay que considerar que el rigor de la crisis se puso de manifiesto de forma espectacular en 1977 cuando se alcanzaron un 42 por ciento de inflación que despertaba expectativas alcistas perpetuando el crecimiento de precios; un déficit de 5.000 millones de dólares en su balanza corriente en los años anteriores; una acumulación de más de 12.000 millones de dólares de deuda exterior; un déficit de las administraciones públicas de 131.000 millones de pesetas, con un desempleo todavía no excesivamente alto, aunque ya por encima de la media de los países de la OCDE, pero amenazado por efecto en el exterior de la crisis, que obligo a 230.000 emigrantes
españoles en Europa a volver; crisis todo ello con una estructura productiva heredada del pasado e irremediablemente dañada en muchos sectores industriales ".
Enrique Fuentes Quintana hace suya una declaración de un político republicano de 1932: «O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia».
En enero de 1976 tiene lugar una huelga casi general que paraliza la mayoría de las grandes fábricas de Madrid. Importantes huelgas obreras se darán también en Valencia, Barcelona, Asturias, Sevilla y Euskadi, y la dura represión policial culmina con los asesinatos de algunos trabajadores en Vitoria, Tarragona y Elda. Luego se producen los asesinatos de algunos carlistas demócratas en Montejurra a manos de pistoleros y carlistas fascistas protegidos por las fuerzas de orden público.
Suarez comenzó a actuar en dos frentes:
· Negociar secretamente con la oposición, y aceptar la realidad de los nacionalismos mediante la amnistía.
· Liquidación de las Cortes franquistas.
Para ello:
Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976).
b) La legalización de los partidos políticos (Febrero de 1977).
d) Las dificultades.
Los primeros meses de 1977 constituyen la etapa más difícil y delicada de la transición. Las tensiones en la calle eran muy fuertes tanto por parte de la extrema derecha como de la extrema izquierda. ETA seguía matando,
La situación económica generaba continuas huelgas y manifestaciones que daban una sensación de anarquía
3. Elecciones de 15 de junio de 1977 y consenso constituyente.
Partidos políticos.
Los resultados electorales.
En un clima de libertad, en el que todos los partidos pudieron defender su programa, se celebraron las elecciones generales el 15 de junio de 1977. Con el 78,7 % de participación, UCD consiguió 6.400.000 votos y 165 diputados de los 350 que tenía el Congreso de los diputados. Le seguía el PSOE, que obtuvo 5.371.000 votos y 118 diputados. Los comunistas (PCE y PSUC) obtuvieron 20 diputados y los franquistas de AP, 16. Respecto de los partidos nacionalistas podemos decir que, en Cataluña, el Pacte Democrática per Catalunya consiguió 11 diputados, Unió Democrática de Catalunya, 2, y Esquerra Republicana de Catalunya, 1. En el País Vasco, el PNV obtuvo 8 diputados y
EE, 1.
c) Proceso constituyente y los Pactos de la Moncloa. Abiertas las Cortes, éstas iniciaron la tarea de elaborar una constitución que
sirviera de base para iniciar la normalidad democrática, de ahí el carácter constituyente de la legislatura.
Entre la muerte de Franco y el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno fracasa el intento de mantener al anterior régimen con ligeros retoques. Esto fue debido a lo siguiente: el gobierno2Arias-Fraga sólo gozó del apoyo activo o pasivo de una parte del aparato del Estado, ya que tanto el Rey y algunos altos dignatarios civiles y militares, como un sector de la jerarquía católica no confiaban en un simple maquillaje del régimen, el gran capital se mantuvo a la expectativa o incluso tanteó otras salidas posibles; los partidos de la oposición le fueron hostiles; los EE.UU. estaban en situación de repliegue; los gobiernos y partidos europeos se dedicaron a promocionar a sus colegas españoles de la oposición y, en su mayoría, no avalaron la operación Arias-Fraga; y, sobre todo, los sectores más activos de la clase obrera y del pueblo no dieron tregua al gobierno.
El nuevo gabinete, el tercero de la Monarquía, y el primero legitimado por las urnas desde el 16 de febrero de 1936, fue una amalgama de las distintas corrientes que componían la Unión de Centro Democrático- UCD. Hubo un solo militar: el teniente general Gutiérrez Mellado, persona de talante moderado, por supuesto de origen franquista pero de talante demócrata, que fue nombrado Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa.
Las otras dos vicepresidencias fueron respectivamente a Enrique Fuentes Quintana (economía) y a Fernando Abril Martorell (asuntos políticos), ambos altos funcionarios en tiempos de Franco y ahora políticamente independientes, sin duda moderados y los dos senadores designados por el Rey.
Otros ministros fueron Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda), socialdemócrata que tendría una impresionante carrera política, Alberto Oliart (Industria y Energía), independiente, muy estimado por el Rey como se verá más tarde, Joaquín Garrigues Walker (Obras Públicas), empresario liberal integrado a la UCD y Landelino Lavilla (Justicia), ya ministro en el anterior Gobierno y por lo tanto senador por designación del Rey.
Los objetivos principales de las Cortes recién elegidas fueron dar una solución a la dramática situación económica y social del país y elaborar una Constitución democrática
En cuanto a la situación objetiva, hay que tener en cuenta dos datos: las clases populares no fueron en general más allá de las limitadas consignas de movilización dadas por los partidos y algunos organismos unitarios, aunque en varios casos si hubo algo de desbordamiento. Por otra parte, a la muerte de Franco, a pesar de haberse constituido ya Coordinación democrática, la oposición organizada seguía dividida, en los hechos, entre rupturistas y no rupturistas, de tal manera que el sector más avanzado del proletariado y la pequeña burguesía (agrupado en gran parte inicialmente en la ex Junta democrática y en la Asamblea de Catalunya) se encontró relativamente aislado ante la negativa
de la democracia cristiana y del PSOE28 a trabajar realmente por formar un gobierno provisional y a movilizar a la población.
Suárez leyó el documento de los Pactos de La Moncloa a finales de junio de 1977. «A las cinco de la tarde», recuerda Fuentes. Preguntaba por cada detalle. Cuando salió la carta que convocaba a los partidos políticos para llegar a un acuerdo definitivo, hubo varios miembros del Consejo de Ministros que expresaron su pesimismo sobre el hecho mismo de que todos los partidos acudieran. Primero llegaron los catalanes y los vascos, luego los comunistas y a continuación todos los demás. «Siempre he creído que Suárez había pactado con Santiago Carrillo su presencia en la reunión. Fraga, por Alianza Popular, intervino para decir que si el Gobierno había ganado las elecciones era al Ejecutivo, y sólo a él, a quien correspondía responsabilizarse de las dolorosas medidas que había que tomar. Pero se le convenció. Yo había sido profesor de todos los economistas que había en la mesa de negociación, y ello facilitó las cosas, porque sabían que no les iba a engañar. Tenía la seguridad de que no podíamos fracasar. De que estábamos viviendo un momento histórico que sería catastrófico desperdiciar.
Creo que en esa reunión me crecí y estuve muy convincente. Enrique Iglesias, el que fue secretario general de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [y hoy secretario general de Iberoamérica, un cargo consensuado por todos los países iberoamericanos, España y Portugal, con sede en Madrid], me dijo mucho tiempo después que así se lo había comentado Felipe González».
JOAQUÍN ESTEFANÍA
La larga marcha
El Programa de Saneamiento y Reforma fue aprobado por el Congreso el día 27 de octubre de 1977 con un sólo voto en contra, y el 11 de noviembre por el Senado, con tres votos en contra y dos abstenciones. El documento aprobado por las Cortes difiere poco del Programa de Saneamiento presentado por el Gobierno a principios del mes de octubre de 1977. En los primeros momentos no existían evidencias ciertas sobre el peso que en cada organización tenían antagonistas e integrados en el sistema democrático de mercado. Indudablemente, el acceso sin restricciones a los círculos políticos más altos daba carta de naturaleza a los nuevos sindicatos y a sus cuadros emergentes. Concretamente el jueves 4 de agosto, antes de almorzar con los directores de los principales diarios nacionales, el Presidente del Gobierno pasó la mañana con tres representaciones de otros tantos sindicatos. USO a primera hora, UGT hacia el mediodía y CC.OO a continuación. Los tres habían pasado unos días antes bastantes horas con el Vicepresidente Abril Martorell en Castellana 3, y en el Ministerio de Trabajo con su titular Jiménez de Parga. Aquellos nuevos modos se traducían en actitudes dialogantes, más allá de lo que la política minúscula dictaba en cada momento, como cuando Nicolás Sartorius, a la salida de una de las primeras visitas de Comisiones a la Presidencia dijo a la prensa que de pacto social, ni hablar, porque lo que hacía falta –siguió- era un gobierno de concentración, la pertinaz cantinela con que Carrillo distraía ante la galería y el propio PCE su apoyo al Gobierno. O también por encima de conflictos, como los que aquel verano paraban el transporte y la construcción en Asturias; en la Costa del Sol, la hostelería; la panadería en Madrid, etc.
Los dos grandes sindicatos, más embridados por los partidos comunista y socialista, no fueron tan críticos con la convocatoria de los políticos. En todo caso el profesor Jiménez de Parga, recién estrenado su ministerio de Trabajo, había atendido diligentemente una serie de reuniones individualizadas con UGT, CCOO y CEOE para conocer de forma oficiosa sus criterios ante el programa expuesto por el Gobierno en su primera declaración una semana antes. Y el Gobierno facilitó la visita del comité gestor de la organización empresarial a los ministerios económicos, comenzando por el de Hacienda.
Así fue cómo en aquellos meses del verano, día a día, entre La Moncloa, Castellana 3, Alcalá y Trabajo, fundamentalmente, se perfilaron los modos de actuación que hicieron posibles las primeras reuniones plenarias los días 8 y 9 de octubre en torno al texto del Programa base de los Pactos. El texto final que Manuel Lagares entregó a Enrique Fuentes fue examinado Exhaustivamente. En la tarde del domingo 18 de septiembre Suárez lo discutió punto por punto con Fuentes durante siete horas, hasta la madrugada del lunes. El Presidente convocó una reunión con los vicepresidentes y los ministros de Hacienda, Justicia, Comercio, Presidencia e Industria y Energía que dio el OK para ser enviado el llamado Programa de Saneamiento y Reforma Económica a los grupos parlamentarios junto a la convocatoria para el fin de semana del 8 y 9 de octubre. Aquellos días finales de septiembre, entre los diversos encuentros, de ellos más de uno con Carrillo, reanudamos en Castellana 3 las sesiones de análisis sobre la posible extensión del consenso a otros asuntos. Los encuentros con los líderes parlamentarios, centrados inicialmente sobre el ajuste y primeras reformas estructurales de la economía, pusieron sobre las mesas la conveniencia, incluso la necesidad, de atender otras cuestiones de índole netamente política. No eran temas menores los relativos a la libertad de expresión, una nueva regulación de los derechos de reunión y asociación, las reformas en los Códigos Penal y de Justicia Militar, y algunos más reclamados por las izquierdas, como las Leyes de Enjuiciamiento y de Orden Público.
Los acuerdos corporativos auténticos eran imposibles bajo un sistema de
«corporativismo estatal». Ahora son posibles debido a que existen intermediarios
e interlocutores válidos. En el último apartado volveremos al tema de
las bases ideológicas actuales para tales acuerdos. La historia de los pactos
sociales en el posfranquismo debería incluir un capítulo explicando cómo los
dirigentes sindicales hicieron tan rápidamente un cambio de lenguaje, abandonando
términos como explotación y lucha de clases a favor de análisis en
términos macroeconómicos convencionales.
Desde los Pactos de la Moncloa se construye el Estado del Bienestar en España frenandose tras el 1986 (La entrada en la CEE?)