1. El control de convencionalidad
Yamile A. Amad

2. Dos dispositivos distintos con objetivos
diferentes:
-uno intenta afirmar la supremacía de la
Constitución
-otro la supremacía del PSJ
Tienen en común:
-manejan un mismo argumento: la invalidez
de la norma inferior opuesta a la superior

3. ¿Qué es el control de convencionalidad?
Confrontación entre las normas jurídicas
internas y aquellas que emergen de la
Convención Interamericana de Derechos
Humanos

4. Dos tipos de convencionalidad:
• Externo: función esencial que practica la Corte
Interamericana.
» Facultad que posee de juzgar en casos concretos si
un acto o una norma de derecho interno resulta
incompatible o no con la CADH.
» Arts. 1, 2 y 68 de la CADH: podrá disponer la
reforma o abrogación de dichas normas o prácticas
según corresponda.
• Interno: mecanismo mediante el cual un juez
nacional “inaplica” derecho doméstico y aplica la
Convención, mediante un examen de
confrontación entre ambos órdenes, en un caso
concreto y adoptando una decisión judicial en
miras a la protección de la persona humana.

5. Origen del concepto
• Mayrna Mack Chang c. Guatemala (2003): en
referencia a la jurisdicción de la Corte IDH.
• López Álvarez c. Honduras (2006): “si los
tribunales constitucionales controlan la
‘constitucionalidad’, el tribunal internacional de
derechos humanos resuelve acerca de la
‘convencionalidad’ de esos actos”
• Tibi c. Ecuador (2006): reitera concepto anterior.

6. “Almonacid Arellano y otros c. Chile”, sentencia
del 26 de septiembre de 2006
• Se resuelve la invalidez de un decreto ley que
perdonaba crímenes de lesa humanidad durante la
dictadura de Augusto Pinochet, debido a que resultaba
incompatible con la CADH por lo que a la luz de dicho
tratado “carecía de efectos jurídicos”.
• La Corte establece que la obligación del artículo 2 de la
CADH, que tradicionalmente se entendió legislativa,
incumbe también al Poder Judicial. Cuando el Poder
Legislativo falle en su tarea de suprimir y/o no adoptar
leyes contrarias a la CADH, será el Poder Judicial el que
deba abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria
a ella, en tanto se encuentra comprendido en el deber
de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma.
• Los jueces nacionales se convierten en “guardianes de
la convencionalidad”, operando como verdaderos jueces
interamericanos.

7. “La Corte es consciente que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello,
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en
el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del
Estado, también están sometidos a ella, lo que les
obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’
entre las normas jurídicas internas que aplican en los
casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana” (párrafo 124)

8. “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) vs. Perú”
“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella,
lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se
vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del
Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de
constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex
officio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de
las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no
debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o
actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia
de ese tipo de acciones”.

9. Evolución
Almonacid: Especie de control
Trabajadores Cesados: control de convencionalidad liso y
llano, como complemento del control de
constitucionalidad y de oficio. Ya no se trata de una
mera pauta interpretativa, sino que se encuentran los
jueces con la obligación de llevar a cabo el doble control.

10. Fundamentos del control de convencionalidad
• arts. 1 y 2 de la CADH
• Responsabilidad internacional del Estado
• Principio de Buena Fé. Pacta sum servanda
• art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969
• Efecto útil. Progresividad e internacionalidad de los DD.HH:
Cabrera Garcia: voto razonado de Eduardo Ferrer Mc. Gregor: “el ‘control
difuso de convencionalidad’, además, tiene fundamento en el artículo 29
del Pacto de San José, en la medida en que todos los poderes u órganos
de los Estados signatarios de dicho instrumento internacional, incluidos los
jueces y órganos de administración de justicia que materialmente realizan
funciones jurisdiccionales, se encuentran obligados, a través de sus
interpretaciones, a permitir de la manera más amplia posible el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dicho Pacto y de
sus protocolos adicionales (…), lo cual implica, a su vez, interpretaciones
restrictivas cuando se trate de limitaciones a los mismos, y siempre a la luz
de la jurisprudencia de la Corte IDH”.

11. FUNDAMENTO PRINCIPAL
• Sagüés, Bazán: Sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, cuya
finalidad trasciende las fronteras de cualquier
Estado.
• Proceso de transformación que ha sufrido el
derecho constitucional, incorporando el derecho
internacional de los derechos humanos que ya
no agota su fundamento en la relación de los
estados sino en la protección de los individuos.

12. Finalidad del control de convencionalidad
• Efectivo cumplimiento de los derechos y libertades protegidos por la
Convención Americana, sus protocolos y otros instrumentos que asignan
como órgano aplicador a la Corte Interamericana.
• Sagüés: “una herramienta sumamente eficaz para el respeto, la garantía y
la efectivización de los derechos descritos en el Pacto”; instrumento más
práctico e inmediato a fin de elaborar un sistema regional de protección de
los derechos humanos: el ius commune interamericano.
• Trabajadores Cesados…: voto razonado de García Ramirez: “La única
posibilidad tutelar razonable implica que una vez fijado el ‘criterio de
interpretación y aplicación’, éste sea recogido por los Estados en el
conjunto de su aparato jurídico: a través de políticas, leyes, sentencias que
den trascendencia, universalidad y eficacia a los pronunciamientos de la
Corte constituida --insisto-- merced a la voluntad soberana de los Estados y
para servir a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus
constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos
convencionales internacionales”
• Propósito eminentemente práctico: evitar la responsabilidad internacional
del estado. Así, a mayor control de convencionalidad interno menor
responsabilidad internacional.

13. ¿Quién realiza el control de
convencionalidad?
• Externo: Corte IDH cuando inspecciona si el
estado ha infringido o no normas
convencionales. Actividad principal del Tribunal.
• Interno: en principio, juez doméstico
– Almonacid: “jueces, como parte del aparato del Estado” están
también sometidos a la Convención, por lo que el “Poder
Judicial debe ejercer” el control de convencionalidad.
– “Trabajadores Cesados…”, aclaró que tal control debe ejercerse
por “los órganos del Poder Judicial (…) en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes”.
– “Cabrera García…” agregó a “los órganos vinculados a la
administración de justicia”
– “Gelman…” incluyó a “cualquier autoridad pública”.

14. Garantía de cumplimiento enmarcada en el
artículo 2 de la Convención.
Es evidente que son todas las autoridades
públicas las que deben conformar sus actos a
lo dispuesto en la Convención (tal como lo
prescribe el preámbulo y los artículos 1 y 2).
Pero el “control de convencionalidad”
propiamente dicho, sólo será realizado por el
Poder Judicial en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes.

15. ¿qué sucede con aquellos que no están
facultados para ejercer control de
constitucionalidad?
Ante la posibilidad de una violación a la Convención, la
remisión del caso al órgano o tribunal competente para
realizar el control de constitucionalidad a fin de que
efectúe además el control de convencionalidad.
Sin embargo, no siempre existen mecanismos sencillos
para remitir el caso al organismo pertinente.
Estas situaciones no pueden cercenar el control de
convencionalidad, principalmente atento a la prohibición
de invocar normativa interna para no dar cumplimiento a
tal obligación.
Por ello, el Estado que se encuentre con tal obstáculo
deberá adecuar su normativa a fin de no incurrir en
responsabilidad internacional (art. 2)

16. El alcance del control de convencionalidad
¿Qué normativa está sometida al
control de convencionalidad?
• Normas jurídicas internas que se
encuentren en situación de
confrontación con el Pacto.
Cualquier regla jurídica doméstica
(ley, decreto, ordenanza,
reglamento, resolución, etc.)
• Constituciones nacionales: “La
última tentación de Cristo”
• Opinión Consultiva OC-4/84
entendió la Corte que el término
leyes internas lo es para “toda la
legislación nacional y para todas
las normas jurídicas de cualquier
naturaleza, incluyendo
disposiciones constitucionales”.
¿Cuál es el material normativo
controlante?
• CADH más la interpretación que
de ella haga la Corte IDH:
sentencia u opinión consultiva
(interpretación mutativa por
adición)
• Restantes instrumentos que
conforman el bloque de protección
interamericano: corpus juris
convencional de los derechos
humanos de los que es parte el
Estado.
• - órgano de aplicación a la Corte
Interamericana.

17. Caracteres del control de convencionalidad
a. El control de convencionalidad “interno” no excluye el “externo”
b. Esto no implica el acceso a la CIDH como “cuarta instancia”.
Principio de subsidiariedad. La sentencia de la Corte IDH no
tiene por objeto la confirmación o revocación del fallo interno. art.
46.1 de la CADH. La Corte IDH revisa las actuaciones de los
jueces “siempre y cuando el análisis se derive del examen que
realice de la compatibilidad de la actuación nacional a la luz de la
Convención Americana…”
c. El control debe ser “difuso”. “respectivas competencias”: tal
expresión no debe entenderse como limitante para ejercer control
difuso, sino se trata solo de una manera de graduar la intensidad
del mismo.
d. El control debe ser de oficio: en virtud del principio iura novit curia.
e. Los efectos del control pueden ser retroactivos.

18. Pretensión del Tribunal
interamericano  dependerá del
seguimiento que cada país haga
de su jurisprudencia

19. Artavia Murillo y otros c. Costa Rica
• El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por las afectaciones
generadas a un grupo de personas a partir de la prohibición general de practicar la
FIV
• Hechos: el 3/2/95 el Ministerio de Salud aprobó el Decreto Ejecutivo No. 24029-S
que autorizaba y regulaba la práctica de la FIV para parejas conyugales. La FIV fue
practicada en Costa Rica entre 1995 y 2000.
El 7/4/95 se presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho DE, alegando
violación del derecho a la vida. El 15/3/00, la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de CR lo anuló por inconstitucional.
Nueve parejas presentaron una petición a la CIDH debido a esta situación. En todas
las personas se evidenció: i) las causas de infertilidad de cada pareja; ii) los
tratamientos a los cuales recurrieron para combatir dicha condición; iii) las razones
por las cuales acudieron a la FIV; iv) los casos en que se interrumpió el tratamiento
para realizar la FIV debido a la sentencia de la Sala Cuarta, y v) los casos en que
las parejas debieron viajar al exterior para realizarse dicho procedimiento.
• El 28/11/12 la Corte IDH consideró responsable a CR por la violadción de Artículo 1
(Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) ,
Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 24 (Igualdad
ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 27 (Protección a la familia) ,
Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo
7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)

20. • Entre las reparaciones dispuso: Adoptar medidas apropiadas para que quede sin efecto la
prohibición de practicar la FIV y regular los aspectos que considere necesarios para su
implementación
• Durante los primeros dos años y medio de la etapa de supervisión de cumplimiento, CR informó que
para dar cumplimiento a esta medida estaban en trámite en la Asamblea Legislativa tres proyectos
de ley; sin embargo, a la fecha de la RCS, más de tres años después de notificada la Sentencia,
ninguno de los referidos proyectos de ley había sido aprobada.
• Un tiempo antes, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 39210-MP-S denominado “Autorización
para la realización de la técnica de reproducción asistida de FIV y trasferencia embrionaria”, a fin de
dar cumplimiento con las reparaciones dispuestas por la CorIDH.
• Pocos días, éste fue impugnado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que
ordenó la suspensión del Decreto en cuestión por violación al principio de reserva de ley y porque la
modificación al ordenamiento jurídico, con arreglo a los procedimientos constitucionales que prevé el
artículo 2 de la CADH, es a través de ley formal. Al día siguiente, tanto los representantes de las
víctimas como el Estado comunicaron a esta Corte sobre la emisión de dicha decisión.
• Esta norma era la única medida adoptada por alguna autoridad u órgano estatal en más de tres años
desde la emisión de la Sentencia para dar cumplimiento a esta medida de reparación.
• “A pesar de ser un órgano directamente vinculado con la obligación de dejar sin efecto la prohibición
que estableció en el 2000, la Sala Constitucional emitió una sentencia que representa un obstáculo
para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, ya que
mantiene a Costa Rica en la misma situación jurídica que causó la violación a los derechos humanos
declarada en el 2012 en el presente caso”
• Por cinco votos contra uno, la CorIDH declaró que la prohibición de la FIV no puede producir efectos
jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir sobre si tener
hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida. En consecuencia, debe
entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica, y de forma inmediata, se debe permitir el
ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público.
• Por cinco votos contra uno, dispuso que se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S
de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación
posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia.

21. Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Anterior a 1994: Ekmedjian c. Sofovich
• Anterior a 2006: Simón : La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de
la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta
de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Posterior a 2006
• Mazzeo (2007): Citó textualmente el fallo de la CIDH en "Almonacid
Arellano vs. Chile“
• Videla (2010): "a los efectos de resguardar las obligaciones
asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los
poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia".
Reitera pauta de Mazzeo.
• Itinerancia: Derecho, Acosta, Felicetti, Carranza, etc.

22. Rodríguez Pereyra (2012)
“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de
que los 6rganos judiciales de los países que han
ratificado la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control
de convencionalidad, descalificando las normas internas
que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un
contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que,
por un lado, confiere rango constitucional a la
mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus
disposiciones al derecho interno y, por consiguiente,
habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada
por su intérprete auténtico, es decir, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los
tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de
convencionalidad, impida, por otro lado, que esos
mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de
salvaguardar su supremacía frente a normas locales de
menor rango.”

23. “Fontevecchia y otros c/
República Argentina”
• Desestimó presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto por la que solicitaba que se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema (en el marco
del Caso Fontevecchia).
• Voto conjunto: *la Corte IDH no es una “cuarta instancia” revisora de los fallos dictados por los tribunales
nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los
principios de derecho público de la Constitución Nacional.*el texto de la CADH no atribuye facultades a la
CI para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.) *revocar su propia
sentencia firme implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y
sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional
• Rosatti: *reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación
de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional)
*en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los derechos en juego
sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima intérprete de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica) y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que
hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen
*Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de
publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte
Interamericana, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional.
• Disidencia Maqueda: *“Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza
Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015), según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es
parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.