1. 4 OPINIÓN Diario de Noticias de Álava Martes, 3 de mayo de 2011
Cartas al Director
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Agur democracia
Tras este período de democracia que
acaba de terminar –salvo que el Tri-
bunal Constitucional lo remedie in
extremis– procede realizar algunos
cambios para adaptar bonitas teo-
rías a la práctica habitual. Uno
sería establecer el principio de que
es preferible que haya cien inocen-
tes condenados que un culpable
libre. Otro sería que la culpabilidad
se presume y, por fin, habría que
sustituir esa locución que tanto lle-
na la boca de los políticos que no
tenían tantos problemas durante el
franquismo de Estado de Derecho
por la de Estado de Derechas.
Manu Deop
Vitoria-Gasteiz
‘Castigos’ a la licencia
por maternidad
El pasado mes de septiembre, con
ocasión de la prórroga de contratos
a numerosos funcionarios interi-
nos del departamento vasco de Jus-
ticia que se encontraban sustitu-
yendo a funcionarios titulares
ausentes por comisión de servicios,
se prorrogó el contrato a todos
excepto a una trabajadora que se
encontraba en licencia por mater-
nidad. Posteriormente, otra fun-
cionaria embarazada fue adverti-
da, de forma verbal, de la no reno-
vación de su contrato de refuerzo
si la fecha de renovación coincidía
con la licencia por maternidad. Y
la última se ha producido al dene-
gar por dos veces, en el breve plazo
de tres semanas, comisión de ser-
vicios a una funcionaria de carre-
ra por encontrarse en el período de
acumulación de lactancia.
Resultan gravísimas estas con-
ductas de la Dirección de la Ofici-
na Judicial, dependiente de la Vice-
consejeria de Justicia del Gobier-
no Vasco, ya que los tratos desfa-
vorables basados en el embarazo o
los motivados por la concurrencia
de bajas laborales causadas por el
embarazo, al afectar exclusiva-
mente a la mujer, constituyen una
discriminación directa por razón
de sexo. La Ley Orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres dispone que, entre otras,
tienen la consideración de discri-
minación la situación en que una
disposición, criterio o práctica apa-
rentemente neutros pone a una
persona de un sexo en desventaja
particular respecto de personas del
otro. Estos hechos nos hacen recor-
dar que la igualdad formal plas-
mada en leyes e instituciones se
queda en muchos casos en eso: en
un plano formal y simbólico que no
garantiza per se el cumplimiento
de los derechos o la sanción en caso
de incumplimiento.
La igualdad real entre mujeres y
hombres en el mundo laboral y, en
este caso, en la Oficina Judicial y
Fiscal vasca es un objetivo lejano
al vulnerar un derecho básico
como es la protección de las muje-
res trabajadoras y su derecho a la
maternidad.
Alex Agote Gil
La ocultación de la enfermedad profesional
H
ACER visibles las enfermedades pro-
fesionales es el mayor reto preventi-
vo del sindicalismo actual y de los
defensores de la sanidad pública; un
objetivo que no puede ni debe reducirse al Día
Internacional de la Seguridad y Salud en el tra-
bajo. La actividad de los servicios de prevención
en las empresas vascas durante años se ha redu-
cido, en el mejor de los casos, a evitar los acci-
dentes de trabajo. Este es sin duda un problema
dramático y de mayor dificultad a la hora de
ocultarlo. Sin embargo, las jornadas laborales
perdidas por los accidentes no suponen ni el 10%
de los días de trabajo perdidos por la precaria
protección de la salud de los trabajadores cuan-
do se ignoran las enfermedades profesionales.
De manera lenta pero progresiva y gracias al
esfuerzo de todos, los accidentes han disminui-
do, consecuencia también de la destrucción de
empleo en sectores de riesgo. Pero hoy todavía
es necesario reforzar la acción preventiva.
Las enfermedades de tipo profesional, en su
gran mayoría, no son instantáneas a la exposi-
ción a unas condiciones de trabajo insalubres;
estas dolencias aparecen décadas más tarde. La
mortalidad ligada a enfermedades con un largo
periodo de latencia aparecen cuando el enfermo
está punto de finalizar su vida laboral, incluso
tras la jubilación. Los servicios de Osakidetza
han comunicado tan sólo 57 sospechas de enfer-
medad profesional en 2010, lo cual denota el
pasotismo de sus gestores políticos; supone ade-
más un deterioro de nuestra sanidad pública,
que debe asumir costes económicos millonarios
que corresponden a las Mutuas.
El dumping que practican algunos servicios
de Prevención está a la orden del día. El con-
trato con empresas para realizar la vigilancia
sanitaria de los trabajadores oscila entre 30 y 67
euros por trabajador al año. Quien abarata los
precios favorece el fraude y no tiene tiempo para
comunicar sospecha de las enfermedades detec-
tadas. Esta es una práctica fraudulenta con la
que urge acabar.
Si la enfermedad profesional queda oculta,
desaparecen los motivos para prevenir y se olvi-
da la mejora de las condiciones de trabajo. Como
resultado de esas malas prácticas, las Mutuas
hacen su negocio y alardean de la eficacia de su
gestión gracias a la externalización de las enfer-
medades y sus costes a Osakidetza. Asimismo,
la CEOE y otros agentes reclaman reducir las
cotizaciones por accidente y enfermedad profe-
sional y esto hay que impedirlo.
Jesús Uzkudun
Secretario de Salud Laboral de CCOO Euskadi
Másquepalabras
J AV I E R V I Z C A Í N O
Indignarse
CAPRICHOSA actualidad. El
domingo nos fuimos a la cama
con la certidumbre reconfirmada
de que hay repúblicas bananeras
que no tienen nada que envidiar
al reino de España y ayer al levan-
tarnos, comprobamos que a los
enemigos públicos número uno
del orbe se los puede apiolar para
jolgorio general. Luego, los due-
ños de este balón con forma de
mapamundi y los ujieres que
atienden en sus sucursales repar-
tidas por la esfera nos cantan las
mañanas con pleonasmos falsa-
rios como “juicio justo” o “prin-
cipios democráticos”.
Ni siquiera necesitan disimular.
Saben que por encima de ellos
sólo están los intocables Merca-
dos, que no se meten en menu-
dencias como la legalidad o la
libertad, salvo que crean que un
euro suyo está en juego. A partir
de ahí, hay barra libre, tanto para
que el líder del mundo fetén liqui-
de iconos creados por el mismo,
como para que un tribunal de las
colonias fulmine con un auto pre-
fabricado doscientas y pico can-
didaturas impolutas.
Junto al teclado en el que me
rasco estos picores tengo desde
hace unas semanas un ejemplar
de ¡Indignaos!, del nonagenario
Stéphane Hessel. Contando el pró-
logo de su coetáneo, José Luis
Sampedro, son apenas sesenta
páginas que hacen inventario de
algunos de los motivos que debe-
rían llevarnos a una cabreada
concienzación previa a plantar
cara a quienes nos toman global
o localmente por el pito de un
sereno. ¿Y? Y nada.
Me gustaría escribir otra cosa,
pues simpatizo con el autor y el
prologuista y he asentido ante
casi todas las razones para la
rebelión que van detallando. La
teoría, los motivos para el enca-
bronamiento, los tenemos abso-
lutamente claros. Falla, como
siempre, la puesta en práctica.
Tomemos como ejemplo cercano
y doloroso el pateo del Supremo a
Bildu. ¿Qué va a venir después de
la torrentera de mala sangre que
nos hemos hecho en Twitter y
Facebook? Poca cosa. Esperar a
ver si hay suerte y el jueves el
Constitucional está de buenas.
E
L pasado 25 de marzo, el
Comité para la Prevención
de la Tortura (CPT) del
Consejo de Europa publi-
có el informe de su visita en 2007 a
España, donde muestra su preocu-
pación por las alegaciones de seve-
ro maltrato que recogieron –unidas
a evidencias médicas– e insiste en
sus recomendaciones concretas
para prevenir la tortura. El 8 de
marzo, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo
(TEDH) condenó al Reino de Espa-
ña (caso Beristain Ukar contra Espa-
ña) por no haber investigado las
denuncias realizadas por el deman-
dante, que afirmaba haber sido tor-
turado en 2002. El 28 de septiembre
de 2010, el mismo tribunal había
condenado a España (caso San Argi-
miro Isasa) por el mismo motivo. En
ambos casos, el tribunal no certifi-
ca que hubiera torturas, pero con-
dena a España por una violación
procesal del artículo 3 del Convenio
de Derechos Humanos. Es decir, por-
que la imposibilidad de establecer
si hubo o no tortura se deriva pre-
cisamente de no haberse investiga-
do adecuadamente.
A la vista de ambas sentencias y
del informe del CPT, temporalmen-
te tan seguidas, y teniendo en cuen-
ta la función de intervención excep-
cional del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, el tema es de la
máxima gravedad y el tirón de ore-
jas al Estado español es de una
intensidad inusitada. No es para
menos: la falta de investigación no
sólo es desidia. Cuando sucede de
forma reiterada es un mecanismo
activo y consciente de impunidad.
Esta política choca frontalmente
con las obligaciones contraídas
legalmente por España al ratificar
los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, pero también
con la propia Constitución españo-
la, como lo ha recordado reciente-
mente el propio Tribunal Constitu-
cional en el caso Majarenas. En esta
sentencia insiste: los tribunales
ordinarios no investigan y están
incumpliendo su obligación.
Desgraciadamente, las sentencias
no son nada nuevo y la actitud de
España en relación a las denuncias
de tortura nunca ha sido garantis-
ta. Como insistentemente denuncia
Amnistía Internacional, las denun-
cias no se investigan y se archivan
directamente; cuando se investigan,
los procedimientos duran una
media de 15 a 20 años hasta que se
pronuncia la sentencia definitiva; si
a pesar de las trabas de todo tipo se
llega a identificar y condenar a algu-
no de los perpetradores, las senten-
cias suelen ser benignas, seguidas
además por indultos –expresamen-
te condenados y rechazados por la
jurisprudencia del TEDH– cuando
no de condecoraciones e incluso
ascensos. Las indemnizaciones civi-
2. Diario de Noticias de Álava Martes, 3 de mayo de 2011 OPINIÓN 5
Lafaltadeinvestigación
nosóloesdesidia;si
sucedereiteradamente
esunmecanismo
conscientedeimpunidad
-
Reconocer y acotar la
tortura, cuya existencia
afecta cada vez más al
cuerpo de la democracia,
exige valentía
Tribuna Abierta
P O R B E N I T O M O R E N T I N ( * )
Reino de España,
¿reino sin tortura?
Tribuna Abierta
P O R X O S É L U I S B A R R E I R O R I VA S ( * )
Un bochorno que
viaja de Poder a Poder
A
L haber elegido la vía de la acción preventiva con-
tra el terrorismo –que la Ley de Partidos instru-
menta de forma jurídicamente antidemocrática,
políticamente irresponsable y procesalmente cha-
pucera–, la bochornosa intención de interceptar la presencia
de los abertzales en las elecciones va comprometiendo de for-
ma sucesiva a todos los poderes del Estado, destruyendo su
credibilidad y obligando a sus funcionarios a hacer el ridícu-
lo. Y por eso cabe pensar que cuando esta pesadilla termine
tendremos que hacer enormes esfuerzos para restaurar nues-
tra fe en la independencia de los tres poderes, en la presun-
ción de inocencia y en el respeto formal de nuestras institu-
ciones a los derechos fundamentales de las personas.
Para que esta situación se hiciese posible, y para que nadie
se extrañe de que sean los ciudadanos los que tengan que
demostrar su inocencia mientras los ministros, jueces y fis-
cales hacen gruesos juicios de intenciones o hábiles ensayos
sobre contaminación criminal indirecta. Fue precisa una
minuciosacampañadeadoctrinamientoque,conunéxitoabso-
luto, digno de mejor causa, ha convencido a los ciudadanos de
que contra el terrorismo no hay distingos ni principios demo-
cráticos que valgan, y que es mucho mejor que haya veinte mil
inocentes injustamente privados de su derecho de voto pasi-
vo, y dos millones de vascos con su derecho de voto activo seve-
ramente limitado, a que haya un solo sospechoso de haber
tomado un txakoli en una herriko taberna que se haya colado
en una lista de la legalísima coalición Bildu.
Por eso elproblema esirresoluble.Porque mientrasa un polí-
tico, a un juez o a un diputado le sale gratis cualquier exceso
que pueda cometer en su institucional empecinamiento por
impedir la presencia de batasunos en las listas, no quiero ni
pensar qué le pasaría a un ministro de Interior o de Justicia,
a un juez o a un diputado al que pudiese atribuírsele no ya una
falta de celo, sino la más mínima vacilación a la hora de inter-
pretar o aplicar la ley pisando los sembrados de la democra-
cia o derribando las señales de la circulación jurídica. Porque
tantolaLeydePartidoscomoloquedeellasederivaestáhecho
para que la instrumentación política del terrorismo sea más
fácil y contundente de lo que era antes. Y por eso, porque todos
tenemos la sensación de que no hay nada que no pueda hacer-
se para derrotar al abertzalismo en los tribunales en vez de
hacerlo en las urnas, siempre queda la posibilidad de atribuir
connivencias terroristas a cualquiera que no desfile al paso
que marcan los tambores del PP o que se desvíe un milímetro
de sus himnos pseudopatrióticos.
Arrastrados de estos polvos, lo que tienen que hacer ahora
los policías, abogados del Estado y jueces no tiene nada que
ver con su obligación de probar hechos delictivos, sino con la
necesidad de obligar a Bildu a probar que no tiene nada que
ver con las intenciones que se le atribuyen, con las ridículas
contaminaciones que tipifica la ley o con las simples fabula-
ciones que, en una fatal interpretación de sus obligaciones,
acaban construyendo los servidores públicos.
Para redondear este bochorno sólo faltaba, pero ahí está, la
complacencia de una opinión pública y publicada que comul-
ga con mucho gusto con ruedas de molino y que abraza entu-
siasmada todo aquello que se expresa en lenguaje correcto. Lo
que menos parece interesarnos es volver a la normalidad la
política vasca, y sólo nos preocupa que si pasa algo –Dios no
lo quiera– podamos decir, como los niños repelentes, “yo no
fui”. Porque ahí termina, por desgracia, el programa ético que
inspira este bochornoso proceso.
* Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela
les de las víctimas se calculan con
el baremo utilizado para los acci-
dentes de tráfico, y no como exigi-
ría la gravedad de un delito, doloso
por naturaleza, contra el núcleo de
los derechos humanos.
Cuando se van a cumplir más de
30 años de la respuesta del Gobier-
no a los diez puntos para la erradi-
cación de la tortura de Amnistía
Internacional, y a la vista de los
sucesivos informes publicados des-
de entonces, una de las excusas más
oídas para no actuar consiste en
atribuir a los denunciantes de tor-
tura una aviesa intencionalidad y
pregonar que siguen consignas polí-
ticas de ETA, o que denuncian para
empañar el buen nombre del Esta-
do y lograr así ser ellos mismos exo-
nerados. Mientras, la investigación,
salvo honrosas excepciones, se ha
visto atravesada por numerosos obs-
táculos impropios de un Estado
democrático. Las sentencias de
Estrasburgo no sólo señalan estos
obstáculos –que ya conocemos gra-
cias al trabajo de los relatores sobre
la tortura de Naciones Unidas, del
CPT del Consejo de Europa y sus
respectivos informes–, sino que las
sentencias ponen de manifiesto algo
más: la inacción.
El propio Ararteko hizo público
recientemente en un pronunciamien-
to oficial que encima de su mesa hay
tres estudios que muestran la rele-
vancia de la problemática de la tortu-
ra. Uno de ellos, titulado Tortura: una
aproximación científica 2000-2008, fue
realizado por un grupo de médicos
forenses y muestra que existe una alta
correlación entre las denuncias de tor-
turas y tres variables: el cuerpo poli-
cial que ha hecho la detención, la
duración de la incomunicación y la
aplicación o no de los protocolos de
prevención existentes. Numerosos
detenidos que luego fueron puestos en
libertad sin cargos denunciaron tor-
turas y malos tratos. Por otra parte,
los informes del CPT señalan que la
incomunicación crea un contexto don-
de la posibilidad de tortura es mayor
y más difícil de investigar, aunque,
como señala Amnistía Internacional,
la tortura va más allá de la detención
incomunicada, especialmente en
casos de detenciones de personas
inmigrantes.
Hasta la misma Audiencia Nacio-
nal en el caso Egunkaria cuestiona
por qué no se investigaron las
denuncias de tortura. No ha habido
una sola condena de torturas en
materia de terrorismo desde que
entró en vigor el nuevo Código
Penal de 1995, hasta el caso Portu y
Sarasola. ¿A qué se espera para
abordar este grave problema con la
honestidad que se merece? ¿Dónde
queda la sensibilidad democrática
y el respeto hacia toda víctima de
una grave violación de derechos
humanos como ésta, independien-
temente de los motivos de su deten-
ción? No obstante, el Gobierno
actual sigue afirmando, como hicie-
ron los anteriores, que la tortura no
existe. Pero no se deciden ni a rea-
lizar una investigación seria e inde-
pendiente ni a seguir las recomen-
daciones de los organismos inter-
nacionales, y menos a establecer un
mecanismo independiente de inves-
tigación como han hecho otros paí-
ses de nuestro entorno cercano.
¿Por qué? Los gobiernos español y
vasco tienen que mostrar una
voluntad real de erradicar e inves-
tigar la tortura. De no ser así, van a
seguir produciéndose condenas por
no investigar las denuncias e infor-
mes internacionales cuestionando
al Estado español. Esconder la cabe-
za debajo del ala no es la manera de
abordar el problema. Enfrentar,
reconocer y ponerle coto a la tortu-
ra –un problema acumulado y
enquistado durante años, cuya exis-
tencia cada vez afecta más al cuer-
po de la democracia– exige valentía.
Para ello, el primer paso es sacarla
a la luz: investigar. Una investiga-
ción independiente, que ayude a
tomar decisiones sobre los casos
denunciados, el derecho de las víc-
timas y la prevención. Y que nos dé
una imagen real de su extensión. Es
posible, Chile lo hizo con la Comi-
sión Valech. ¿Cuántos años tendre-
mos que seguir esperando aquí?
* Firman también Xabier Urmeneta y Nerea
Goikoetxea, en representación de la
Asociación Pro Derechos Humanos Argituz
ONDA VASCA ARABA 98.0 FM
¿De verdad se ha hecho justicia como proclama solemne Obama? Si se entiende la justicia
omo mera venganza, es posible. Muchos compatriotas del presidente norteamericano pare-
cen coincidir con él. Pero no deja de ser un crimen de Estado. Bin Laden ha sido asesinado
sin juicio. Y mejor que pasear su cadáver como trofeo hubiera sido llevarlo en vida ante un
tribunal. Obama ha ido más allá que González y sus dudas sobre volar a la cúpula de ETA.
Impropio de un premio Nobel de la Paz.
El lapitzero
Obama