El documento analiza los costes reales de la enseñanza privada concertada en comparación con la pública. Señala que aunque los defensores de la concertada argumentan que es más eficiente basándose solo en el gasto público, omiten considerar las cuotas y donaciones que pagan las familias, lo que eleva significativamente el coste total. Los datos oficiales muestran que el coste anual de la concertada es más del doble que el de la pública, y gran parte de la diferencia procede de las cuotas regulares pagadas por los padres a los

1. La enseñanza privada concertada es más cara de lo que cuentan
Pedro García, Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL)
Algunos defensores de los conciertos educativos muestran las cifras de gasto
público por estudiante para aducir que la enseñanza privada es más eficiente que
la pública. Una mirada más detallada lleva a conclusiones distintas. Por una parte,
algunas comunidades como la madrileña permiten desgravar hasta 900 euros por
hijo en concepto de gastos de escolaridad, compra de uniformes o aprendizaje de
idiomas. En el mismo sentido muchos colegios privados concertados tienen
constituidas fundaciones declaradas de utilidad pública cuyas aportaciones
desgravan un 25%. Toda desgravación fiscal es gasto público enmascarado bajo la
forma de reducción de ingresos que puede leerse como una subvención para quien
lo recibe. La principal diferencia con la subvención es que el montante total queda
opaco para la ciudadanía.
Cuando hablan de eficiencia suelen centrar el foco en el gasto público, olvidando
las aportaciones realizadas por las familias que también forman parte del coste
educativo aunque sea asumido privadamente. Además, este gasto privado
constituye un mecanismo de selección de estudiantes que busca aumentar la
homogeneidad del alumnado y reducir sus costes, incrementando indirectamente
la heterogeneidad y, por tanto, los costes de la pública.
Que la concertada es un sacaperras para los padres, además de para el Estado, es
una conclusión a la que, por diferentes vías, llegan estudios tanto privados como
públicos. En septiembre de 2012 se hizo público un informe de la OCU que concluía
que el coste anual de un colegio concertado era un 69% más caro que uno público,
incluyendo en ese coste la obligación de “pagar algún tipo de cuota ya sea en forma
de donación o justificada por la prestación de unos determinados servicios que se
ofrecen sin opción a renunciar a ellos”.
Las cifras oficiales apuntan en la misma dirección. El Instituto Nacional de
Estadística en la última Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación,
correspondiente al curso 2011/12 y hecha pública el 28 de diciembre de 2012,
ofrecía los siguientes costes anuales (en euros) por alumno para cada etapa
educativa en función del tipo de centro.
Infantil 2º
Ciclo
Primaria E.S.O.
Pública
Privada
concertada
Pública
Privada
concertada
Pública
Privada
concertada
Total 697 1765 865 1613 645 1514
Clases lectivas 0 509 0 298 0 276
Actividad extraescolar en centro 47 94 37 92 6 60
Serv. y Act. Complementarias 263 581 267 507 104 329
Bienes y servicios 355 545 457 560 368 581
Act. Extraescolar fuera del centro 32 - 104 155 167 268
Fuente: Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación.
Las diferencias saltan a la vista. El coste de la privada concertada viene a ser más
del doble que en la pública y una parte importante de la diferencia reside en las
“clases lectivas” donde se incluyen las aportaciones regulares de los padres sin
contrapartida explícita. Por eso es conveniente recordar que el artículo 88 de la

2. vigente LOE dice que “… en ningún caso podrán los centros públicos o privados
concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de
carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a
fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las
enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los
alumnos”.
Estas cifras dejan en evidencia a las autoridades educativas: saben que esa ley se
incumple pero ellas también incumplen su obligación de vigilancia y control.