1. DEFINICIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA
"política educativa": se trata de las acciones del Estado en relación a las prácticas
educativas que atraviesan la totalidad social1 y, dicho en términos sustantivos, del modo a
través del cual el Estado resuelve la producción, distribución y apropiación de
conocimientos y reconocimientos. ( Pablo Imen)
“.. definición de política educativa como acción del Estado sobre la educación sistemática
restringe una concepción de educación permanente como derecho inalienable de todos los
ciudadanos a lo largo de su vida.( Teresa Sirvent)
“Las políticas no sólo crean marcos legales y directrices de actuación. También suponen
la expansión de ideas, pretensiones y valores que paulatinamente comienzan a convertirse
en la manera inevitable de pensar. Al fijar unas preocupaciones y un lenguaje, establecen
no sólo un programa político, sino un programa ideológico en el que todos nos vemos
envueltos.” Contreras, José Domingo. "La autonomía del profesorado". Editorial Morata,
España, 1997. pág. 174-175.
“…..la política de la educación nos facultará para conocer la realidad que le es propia
desde un doble plano: de una parte, será posible estudiar todo grupo social en el que se
manifieste cualquier tipo de poder en la aplicación de unos medios a unos fines –
hablaríamos entonces de política de la iglesia, de los sindicatos e, incluso, de la misma
familia en cuanto agente de la educación -; por otra parte, será necesario estudiar las
manifestaciones en la educación del poder político por excelencia, el Estado, el poder
político por antonomasia, garantiza la realización de sus objetivos gracias a la posibilidad
eventual del uso de la violencia, monopolio que se reputa legítimo en función de los valores
que encarna el Estado y que en las sociedades democráticas se concreta en la carta magna
que es la constitución” (Puellez Benítes, M; 1996).
“ La política Educativa, es el conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y
resoluciones, que conforman la doctrina pedagógica de un país y fijan así mismo los
objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzarlas...”( Tagliabue)
“La política educacional es la teoría y la práctica del Estado en el campo de la educación
Pública, por una parte, determina la actuación del Estado con el objeto de preparar por la
educación a las nuevas generaciones para el uso de los bienes culturales de la humanidad, y
para promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva del pueblo según las
leyes, instituciones, aspiraciones o ideales históricos de la Nación y por otra parte crea y
regula la organización de los Establecimientos escolares para la realización de tales fines”
( Ghioldi)
El fantasma de la desigualdad educativa( Pagina 12 )26- 06- 2006
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2. Por Pablo Imen(* Docente e investigador de la UBA, coordinador del Departamento de Educación del Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.)
El Gobierno anunció con bombos y platillos la revisión de la Ley Federal de Educación. A tres años de
gestión ministerial habría un reconocimiento, ciertamente tardío, de los efectos de la política
educativa inaugurada en los noventa y aún vigentes. La Transformación Educativa se orientó a los
objetivos de gestionar la pobreza (convirtiendo a las escuelas en depósitos de niños y ámbitos de
contención del conflicto social); el empleo (en un modelo de creciente desempleo estructural) y las
oportunidades de negocios, privatizando todo aquello que fuera posible (especialmente en la
educación superior). Asistimos a una política que desmembró al tradicional modelo de instrucción
pública, que amplificó la desigualdad educativa, que sumergió a los docentes en procesos de
descualificación y empobrecimiento de su trabajo, que hizo del Estado un instrumento de regulación y
control, ausente a la hora de garantizar derechos.
La resistencia oficial al tratamiento de una nueva ley podría entenderse mejor si consideramos que el
ministro Filmus y el viceministro Tedesco fueron principales protagonistas en la aplicación de las
políticas neoliberales hasta el presente. Además de un camino iniciado tardíamente, los primeros
elementos de este proceso son francamente decepcionantes. En primer lugar, por la forma. El
ministerio difundió un documento que aspira a ser pilar del debate, sobre el cual se elabore una ley
para la educación argentina en el siglo XXI. Y para abrir el debate a definiciones tan fundamentales,
habilitarán una única jornada de discusión de las escuelas, una decisión que implica un acto de
manipulación del consenso más que un proceso de participación real, inscribiéndose en una
lamentable tradición que convoca a discutir lo que no admite discusión alguna y que, sospechamos,
ya está decidido.
En segundo lugar, alarman los contenidos del documento, pues hay notables continuidades con la
política anterior, así como algunas rupturas que intentan adecuar el modelo educativo a la
reestructuración del capitalismo argentino en clave neokeynesiana. ¿Qué se conserva? El esquema
de fondo propone una política educativa centrada en una particular noción de “calidad educativa”:
expertos construirán saberes legitimados por el poder ministerial, conocimientos que los docentes
deberán aplicar y los alumnos absorber para luego ser medidos por el sistema. Se anticipa una
dinámica que formará engullidores de conocimientos.
En nuestra perspectiva, la educación es una práctica política y los sentidos de la educación son los
que merecen un debate amplio y profundo: cómo formar sujetos de derecho, personas con autonomía
de pensamiento que puedan participar de un proyecto colectivo, hombres y mujeres omnilaterales (en
el pensar, en el hacer, en el sentir) constituyen nuestra agenda de preocupaciones; apenas
formuladas, retóricamente, en documento ministerial. No es este punto el único que revela la
continuidad con las políticas neoliberales: a la noción de un Estado Evaluador se agrega la
continuidad de la enseñanza religiosa en las escuelas, y se convoca al docente a ser, otra vez, pieza
instrumental de la maquinaria que haga funcionar una mítica “sociedad del conocimiento”.
Reaparecen las consignas que responsabilizan a la educación por el (des)empleo, haciendo revivir la
teoría del capital humano en nuevos contextos.
Las novedades reflejan las exigencias del neokeynesiano en marcha, que reclama otros modos de
intervención educativa: homogeneidad de contenidos, nuevos dispositivos de cierta igualación
promovida desde arriba, las primeras definiciones dan señales de un nuevo centralismo en ciernes
que amerita una discusión de fondo. En la perspectiva de un cambio real y no meramente cosmético
se inscriben las posibilidades de construir una educación que contribuya a la construcción de un
orden igualitario y participativo. El documento ministerial hace campear, reincidente, el fantasma de la
desigualdad educativa. La política que lo encarna, consumada como tragedia en los noventa, hoy nos
es presentada como farsa.