Este documento presenta un recurso de alzada contra una resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. El recurso alega que la resolución contradice leyes existentes al designar al médico de atención primaria como responsable de emitir documentos de baja laboral, en lugar del médico que realizó el reconocimiento. También aumenta la burocracia y puede causar una atención fragmentada del paciente. El recurso solicita que se declare la nulidad de la resolución.

1. COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
D. ........................., mayor de edad, con N.I.F. ..........................., y domicilio a
efectos de notificaciones en ......................................................................, ante
la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid comparece y,
mejor proceda en Derecho, DICE:
Que mediante la presentación de este escrito y dentro del plazo legal de un
mes establecido al efecto, conforme a los arts. 107, 110, 114 y 115 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formulo RECURSO DE
ALZADA frente a la Resolución emitida por la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria (16/2009) de fecha de 14 de diciembre de 2009, por la que se dictan
instrucciones para mejorar la atención sanitaria integral del paciente y la
continuidad del mismo en las situaciones en las que, por la naturaleza del
proceso patológico, se precise tramitar la incapacidad laboral temporal, recurso
al que sirven de base los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que en su condición de médico de familia, viene prestando
servicios profesionales en el Centro de Salud ..........................,
de ............................, adscrito al Área Sanitaria .... del Servicio Madrileño de
Salud.
SEGUNDO.- Que, entre las funciones que tiene asignadas, figuran la de la
asistencia sanitaria de los pacientes asignados a su cupo, su reconocimiento y
valoración, y la emisión en su caso de los partes de baja, confirmación y alta de
incapacidad temporal de los trabajadores incapacitados para el desarrollo de su
actividad laboral, conforme al artículo 128 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
TERCERO.- Que el Real Decreto 575/1997 de 18 de abril, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación
económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal, determina
claramente quién expide los documentos de baja de la incapacidad temporal.
En su primer artículo literalmente dice: ”La declaración de baja médica, a

2. efectos de la prestación económica por incapacidad temporal, se formulará en
el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del Servicio
Público de Salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador
afectado. El parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las
actuaciones conducentes a la declaración o denegación del derecho al
subsidio”. Así mismo, la Orden Ministerial de 19 de junio de 1997, que
desarrolla el Real Decreto 575/97, señala en su artículo 2.1., que "el parte
médico de incapacidad temporal se expedirá, inmediatamente después del
reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo que lo realice".
CUARTO.- Que en este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo General
de Colegios de Médicos mediante la declaración de la Comisión Central de
Deontología sobre “Ética y deontología de los partes y certificados de bajas y
altas laborales en Atención Primaria y Especializada y la función de los
Médicos Inspectores en su control y supervisión”, al señalar que “las bajas
pueden ser expedidas por cualquier médico al servicio de la Sanidad Pública,
siendo igualmente aplicable para la expedición de los partes de alta”.
QUINTO.- Que con fecha de 14 de diciembre, la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria dictó la Resolución recurrida, que establece que será el médico de
Atención Primaria “el responsable de la emisión de los documentos de baja
laboral, confirmación y alta de los procesos de incapacidad transitoria”
(Instrucción 1ª).
SEXTO.- Que dicha Resolución establece que, en los casos en que el médico
de Atención Primaria no haya efectuado reconocimiento alguno, ni siga el
proceso del paciente por la naturaleza de su patología específica, como en el
caso de trabajadores ingresados en hospitales, fracturas óseas, etc., la citada
Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria estipula que “el Médico
de Atención Primaria, para complementar la información que precise en
relación al proceso responsable de la incapacidad, podrá solicitar en todo
momento información de los facultativos especialistas que intervengan en el
diagnóstico y tratamiento del mismo. Dichos facultativos especialistas estarán
en la obligación de remitir los informes solicitados, en los que se recojan las
actuaciones realizadas, los diagnósticos, tratamientos, posibilidades de
recuperación y aquellos otros datos que faciliten al Médico de Atención
Primaria la toma de decisiones, en relación con el proceso, en un plazo máximo
de 10 días hábiles”
SÉPTIMO.- Que en el plazo para la respuesta establecido por la Resolución
impugnada, conforme a los plazos de presentación ante la empresa, Inspección
Médica, mutuas de accidentes laborales e Instituto Nacional de la Seguridad
Social, establecidos por el artículo 2 del Real Decreto 575/1997 de 18 de abril,
el médico de Atención Primaria ya deberá haber expedido y haberse hecho
responsable de al menos un parte de baja y dos de confirmación sin haber
recibido información suficiente, más aún si el plazo se alarga por causas
imputables a la propia organización del Sistema Sanitario Público madrileño.
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3. ALEGACIONES
PRIMERA.- Que la Resolución 16/2009 de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria es emitida en aras de mejorar la atención sanitaria integral del
paciente y la continuidad de la misma en las situaciones en las que, por la
naturaleza del proceso patológico, se precise tramitar la incapacidad temporal,
tal como mencionan los artículos 4.7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias. En ellos se cita la
cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos, la continuidad
asistencial, evitar el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos
asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas y la necesidad de
disponer de procedimientos y protocolos, de elaboración conjunta e indicadores
para asegurar esta finalidad.
Sin embargo, el objetivo señalado no corresponde con el contenido de la
disposición. La citada Resolución dicta unas Instrucciones consistentes en el
fraccionamiento del proceso de incapacidad temporal (por una parte un médico
reconoce al paciente, mientras que es otro médico diferente el que expide el
documento de baja laboral), en proponer una atención parcial del paciente
obligando a que sea atendido en una instancia y que acuda de forma diferida a
otra para obtener un simple documento, que el primero podría haber expedido
antes de la entrada en vigor de dicha Resolución.
SEGUNDA.- Que la Resolución recurrida hace responsable en exclusiva de la
emisión de los partes de baja, confirmación y alta al médico de Atención
Primaria, eliminando la potestad y la obligación del médico Atención
Especializada que ha reconocido al trabajador de emitir dichos partes de
incapacidad temporal, contraviniendo el artículo 1 del Real Decreto 575/1997 y
Orden Ministerial que lo desarrolla.
TERCERA.- Que la Resolución recurrida obliga al médico de Atención Primaria
a la emisión de los partes de baja, confirmación y alta, sin haber reconocido
previamente al trabajador, tal como exige el artículo 1 del Real Decreto
575/1997 y Orden Ministerial que lo desarrolla, que señala que “todo parte
médico de baja irá precedido de un reconocimiento médico del trabajador que
permita la determinación objetiva de la incapacidad temporal para el trabajo
habitual” y que “la declaración de baja médica, a efectos de la prestación
económica por incapacidad temporal, se formulará en el correspondiente parte
médico de baja expedido por el médico del Servicio Público de Salud que haya
efectuado el reconocimiento del trabajador afectado”
CUARTA.- Que, objetivamente, aumenta la carga de tareas burocráticas de
las consultas Atención Primaria, de Atención Especializada y de las
inspecciones médicas, ya que obliga en primer lugar a emitir partes de baja,
confirmación y alta a los médicos de Atención Primaria a trabajadores que no
son seguidos en esta instancia, obliga en segundo lugar a emitir documentos
con la periodicidad que marca el Real Decreto 575/1997 dirigidos al médico
que propuso la baja, recabando información sobre el proceso, en tercer lugar
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4. obliga al médico que propuso la baja a elaborar un informe en un plazo de 10
días y con la periodicidad que le sea solicitado por el médico de Atención
Primaria.
Los médicos inspectores recibirán a aquellos pacientes de los que no se tenga
información por parte del médico que propuso la baja, para ser ellos los que
intenten recabar la información que el médico de Atención Primaria no ha
recibido. El proceso que es simple según el Real Decreto 575/1997 y la Orden
Ministerial de 19 de junio de 1997, que desarrolla el Real Decreto 575/97, se
complica y burocratiza fuertemente, teniendo un efecto contrario al que
persigue la Resolución.
Por todo ello, respetuosamente
SOLICITA
que, teniendo por presentado en tiempo y forma, este escrito y los documentos
que se acompañan al mismo, tenga por formulado RECURSO DE ALZADA
frente a la Resolución emitida por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de
14 de diciembre de 2009, se declare su nulidad de pleno derecho, se
retrotraigan sus efectos a la fecha anterior a su emisión, y se sigan emitiendo
los partes de baja, confirmación y alta según dictan el Real Decreto 575/1997 y
la Orden Ministerial. de 19 de junio de 1997, que lo desarrolla.
………………………a ….. de enero de 2010.
Fdo.: ______________________________________
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