Desde finales de los años setenta, se produce en la Región Latinoamericana un renovado período de expansión democrática conocido como la “tercera ola de democratización” (Mariani 2008a: 1). A poco más de treinta años de distancia desde aquel momento, el balance de las transiciones operadas desde regímenes autoritarios a otros democráticos es sin duda positivo, aunque con matices. Hoy en día todas las democracias de América Latina cumplen con los requisitos formales que permiten calificarlas como tales. En todo caso y pese al camino recorrido, persisten dudas acerca del grado de consolidación democrática alcanzado. Tanto en América Latina en su conjunto, como en la Región Andina en particular, asoman signos preocupantes que apuntan hacia la debilidad de lo que, siguiendo a autores como Verdesoto, denominamos como las “bases institucionales de la gobernabilidad democrática” (Verdesoto 2010a:1). Quizá la pérdida de confianza en la institucionalidad democrática y el extendido y creciente fenómeno de la “informalidad”, en los procesos operados por las instituciones, son los signos más evidentes del todavía bajo nivel de consolidación democrática que presentan los Países Andinos. El presente trabajo reflexiona, de manera breve, sobre las manifestaciones de la “informalidad pública” y sus efectos en el Área Andina, tomando como ejemplo el problema de la demarcación de territorios indígenas en Venezuela, en relación al caso del pueblo Yupka.

1. MASTER EN ESTUDIOS CONTEMPORANEOS DE AMÉRICA LATINA.
REGION ANDINA: EVOLUCION Y SITUACION SOCIOPOLÍTICA.
MANIFESTACIONES DE LA INFORMALIDAD EN LOS PAÍSES ANDINOS: LA
DEMARCACION DE TERRITORIOS INDIGENAS EN VENEZUELA, El CASO DEL
PUEBLO YUPKA.
INTRODUCCION.
Desde finales de los años setenta, se produce en la Región Latinoamericana un renovado
período de expansión democrática conocido como la “tercera ola de
democratización” (Mariani 2008a: 1). A poco más de treinta años de distancia desde aquel
momento, el balance de las transiciones operadas desde regímenes autoritarios a otros
democráticos es sin duda positivo, aunque con matices. Hoy en día todas las democracias
de América Latina cumplen con los requisitos formales que permiten calificarlas como
tales. En todo caso y pese al camino recorrido, persisten dudas acerca del grado de
consolidación democrática alcanzado. Tanto en América Latina en su conjunto, como en la
Región Andina en particular, asoman signos preocupantes que apuntan hacia la debilidad
de lo que, siguiendo a autores como Verdesoto, denominamos como las “bases
institucionales de la gobernabilidad democrática” (Verdesoto 2010a:1). Quizá la pérdida
de confianza en la institucionalidad democrática y el extendido y creciente fenómeno de la
“informalidad”, en los procesos operados por las instituciones, son los signos más
evidentes del todavía bajo nivel de consolidación democrática que presentan los Países
Andinos. El presente trabajo reflexiona, de manera breve, sobre las manifestaciones de la
“informalidad pública” y sus efectos en el Área Andina, tomando como ejemplo el
problema de la demarcación de territorios indígenas en Venezuela, en relación al caso del
pueblo Yupka.
LA INFORMALIDAD EN LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN LOS PAÍSES
ANDINOS.
La institucionalidad democrática de los Países Andinos experimenta durante los últimos
años un período de crisis y cambios profundos caracterizados por “la fragilidad de sus
instituciones, una expandida informalidad y la persistencia de rasgos de cultura política
afines al decisionismo, el caudillismo, el particularismo etc” (Mariani 2008a: 3). Esta crisis
se enmarca en lo que Verdesoto denomina como “crecientes niveles de desintegración
social” (Verdesoto 2010a:1) fruto de la transición del modelo de desarrollo hacia una
modernización operada de manera compulsiva y contradictoria, por su capacidad de
genera elevados niveles de pobreza y extrema desigualdad.
Siguiendo la tesis planteada por Verdesoto, la crisis de la institucionalidad democrática en
los Países Andinos presenta razones estructurales, coyunturales y políticas. En el nivel
estructural destaca el notable “vacío institucional”, en lo coyuntural existe una “masiva
informalidad” y en el ámbito institucional se producen “legitimidad (es) grises” (Verdesoto
2010a: 2) En nuestra opinión hay una relación causa-efecto entre las razones expuestas,
pues el “vacío institucional” propicia la creciente “informalidad”, que a su vez da lugar a
“zonas grises de legitimidad”, en las que al no entra la acción del Estado, por lo que se
hace evidente, de nuevo, el “vacío institucional”. Se produce de este modo un círculo

2. vicioso de difícil solución que ha venido fortaleciéndose durante los últimos años y que
tiene que ver con las falencias en la transmisión de la confianza desde las instituciones a
la ciudadanía.
La informalidad es sin duda el principal problema en la transmisión de confianza entre
instituciones y ciudadanía. Entendemos la misma en el sentido propuesto por autores
como Mariani para el que la informalidad supone la "distancia entre reglas y
comportamientos que se presenta siguiendo un patrón habitual y previsible" (Mariani
2008b: 3). Como señala Mariani, la democracia debería implicar un grado de previsibilidad
sobre los comportamientos de los actores, muy superior al de cualquier otro régimen pero
desgraciadamente la pauta que parece regular el comportamiento de las instituciones es
la “imprevisibilidad”. Suele ocurrir que la democracia no impide que quienes ocupan las
posiciones de mayor poder puedan ponerse fuera de los alcances de la ley. Lo anterior
genera la perdida de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, de ahí el
descrédito que impera en el ámbito Andino sobre la efectividad y confiabilidad de las
instituciones. Enfocar y resolver las carencias en el cruce entre informalidad y régimen
político es vital en una Región como la nuestra (Mariani 2008b: 3), por cuanto la extensión
de la informalidad puede acabar “carcomiendo” los cimientos del sistema democrático
hasta vaciarlo de contenido y destruirlo.
La otra cara de la informalidad es la transgresión rutinaria de la ley por parte de los
propios ciudadanos, que actúa a modo de resistencia social frente a las dinámicas
institucionales. Se entra aquí en el terreno de la “anomia”, entendida esta en el sentido
propuesto por Verdesoto, como “comportamientos económicos, sociales y culturales “ainstitucionales”, sin referencia en la ley ni en los acuerdos sociales básicos” (Verdesoto
2010a:1).
Siguiendo de nuevo a Mariani si consideramos que "Las instituciones son pautas que
regulan las interacciones entre actores" (Mariani 2008:4); lo que se espera es que las
pautas resulten tanto aceptadas como aplicadas de modo que exista sobre las mismas la
certeza de que seguirán funcionando en el tiempo. Cuando lo anterior no se produce la
visión que se impone a nivel ciudadano sobre las instituciones esta cercana a la idea de
que existe una brecha entre lo que se dice y lo que se hace que es fuente de todo tipo de
incertidumbres y riesgos y que alienta a buscar mecanismos alternativos a la ley para
resolver los problemas ciudadanos.
EL PROBLEMA DE LA DEMARCACION DE TERRITORIOS INDIGENAS EN
VENEZUELA: EL CASO DEL PUEBLO YUPKA.
Un ejemplo interesante de informalidad política/pública lo constituye el proceso de
demarcación de territorios indígenas del pueblo Yupka en Venezuela.
Con la promulgación de la "Ley De Demarcación Y Garantía Del Hábitat Y Tierras De Los
Pueblos Indígenas" en enero del 2001 se abre un capítulo fundamental en la lucha de los
pueblos indígenas de Venezuela para lograr ejercer el derecho a la propiedad colectiva
sobre sus territorios ancestrales que fue consagrado en el artículo 119 de la Constitución
de la República. Como entidad responsable de promover, asesorar y coordinar todo lo
relativo al proceso nacional de demarcación se crea, por decreto nº 1.392 de 3 de Agosto
del 2001, la "Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y
Comunidades Indígenas" cuyo trabajo hasta la fecha ha sido fuertemente cuestionado.

3. El pueblo Yukpa protagoniza una histórica lucha por la recuperación de sus territorios
ancestrales, de los que fueron desplazados, durante el período colonial y buena parte del
siglo XX, para dar paso a las haciendas ganaderas de Perijá. El caso se ubica en el
Estado Zulia, en la frontera Nor-occidental de Venezuela con Colombia, lo que agrava
significativamente el problema, ya que los Yukpas no sólo se enfrentan a los poderosos
intereses de los terratenientes ganaderos y la industria extractora de recursos naturales,
sino que también, en algunos casos, deben abandonar sus tierras debido a la presencia
de grupos irregulares armados.
Pese a los trabajos de delimitación iniciados por la Comisión Nacional de Demarcación
del Hábitat y Tierras, iniciados durante el 2001, sólo a finales del 2009, el 12 de Octubre,
se otorgaron los primeros títulos de propiedad colectiva para los Yupka, existiendo todavía
muchas dudas sobre la cantidad y calidad de los terrenos entregados1 . Esta situación
pone al descubierto el entramado de relaciones de poder, que ha sido construido entorno
a dichos territorios y que derivan en la ¨aparente¨ suspensión de los buenos propósitos de
la ¨Revolución Bolivariana¨ para con las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá y
su sustitución por grandes proyectos de explotación y transporte de recursos mineros en
la zona.
Cansados de esperar, los Yukpa decidieron recuperar por su propios medios varias
haciendas ubicadas en sus territorios ancestrales como medio de presión para acelerar la
demarcación. Desde entonces las comunidades Yukpa han experimentado un notable
incremento en el número de desalojos violentos, amenazas de muerte y agresiones
físicas por parte de “sicarios” contratados por los hacendados de la región. Como parte de
esta situación, en el mes de Julio del 2008 se produjo la muerte del anciano José Manuel
Romero, padre del Cacique de la comunidad Chaktapa, como consecuencia de las
heridas producidas en el desalojo de la hacienda Kusare. Hasta la fecha no se han
esclarecido los hechos que acarrearon la muerte de José Manuel Romero ni se han
derivado responsabilidades penales para los culpables. De la misma manera, justo un día
después de la entrega de los títulos colectivos en Octubre del 2009, se produce un nuevo
hecho violento en el que fallecen dos familiares del Cacique de Chaktapa, fuerte crítico
del proceso de demarcación de tierras impulsado por el Gobierno Bolivariano.
Detrás de toda esta problemática están presentes los intereses de los grandes proyectos
mineros y de infraestructuras que se quieren impulsar por parte de los organismos
multilaterales y el propio Gobierno Venezolano a través del IIRSA. Se trata de la
explotación de enormes yacimientos de carbón y fosfatos que existen en el eje final del
tramo Andino en la frontera Colombo-Venezolana. El problema estriba en que sobre los
territorios ancestrales en litigio ya existen derechos previos de explotación concedidos por
el Estado Venezolano a Corpozulia y diversas empresas internacionales, por lo que el
reconocimiento de los derechos indígenas sobre la totalidad de estos territorios tendría
que pasar necesariamente por la derogación o renegociación de dichas concesiones.
En todo caso el Estado Venezolano reconoce el derecho del pueblo Yukpa a recuperar
sus territorios ancestrales en el artículo 9 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat
y Tierras de los Pueblos Indígenas. Este derecho viene respaldado también en lo
establecido en el artículo 16, tercer párrafo, del Convenio 169 de la OIT y el artículo 28 de
la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El
1
Un buen análisis sobre las dudas entorno a los títulos entregados lo constituye los artículos: “Titulos “chimbos”
entregará Chávez el 12 de Octubre” http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4979.htm y “Táctica y estrategia del
etnocidio “revolucionario bolivariano”. http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5268.htm

4. Gobierno Venezolano está obligado a arbitrar los mecanismos alternativos de solución de
conflictos para resolver este caso tal y como se establece en el artículo 43 de la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. La misma ley en su artículo 46 obliga a
la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y
Comunidades Indígenas a realizar el pago de las cantidades de dinero que se
establezcan para satisfacer los derechos de terceros que pudieran ser perjudicados en
todo este proceso.
La Comisión Nacional se ha caracterizado por la lentitud en que ha desarrollado los
trabajos de delimitación y por la falta de información sobre los procesos en marcha. En el
lapso de casi diez años de trabajo de demarcación, se han otorgado, a nivel nacional,
unos 40 títulos de propiedad colectiva frente a los aproximadamente tres mil títulos
colectivos restantes. En general los títulos se entregaron en coyunturas de marcado
carácter "político" o por exigencia del Presidente Chávez, como fue el caso del 12 de
Octubre, Día Nacional de la Resistencia Indígena.
Los efectos sobre la institucionalidad y la legalidad relacionada con el mecanismo de
demarcación son evidentes, pues se impone el descrédito de todo el proceso y la
búsqueda de soluciones alternativas a las legales por parte de las comunidades
indígenas.
CONCLUSIONES.
En la línea de lo manifestado por diversos autores (Colmenares Olivar 2002 y Aguilar
Castro, 2004) el derecho a la autodeterminación y su expresión concreta en el ejercicio de
la autonomía sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Venezuela
quedaron reflejados de manera ambigua en la nueva Constitución Venezolana que data
del año 1999; en ese sentido, pese a la legislación complementaria posterior, se podrían
considerar como avances no definitivos y condicionados a la voluntad política del
gobierno de turno.
Pese a los avances logrados a nivel institucionales y legal2 , persisten dudas sobre la
materialización efectiva de los derechos de los PPII en especial en lo tocante a la
autonomía y autodeterminación, lo que en última instancia está estrechamente ligado con
la demarcación y recuperación de sus territorios ancestrales. Los retrasos en la entrega
de títulos de propiedad colectiva, la cuestionada calidad de los títulos entregados y los
“magros” resultados del proceso de demarcación a nivel nacional, generan escepticismo
entorno a la efectividad de los mecanismos de protección del actual gobierno. No parece
aventurado concluir, que en el caso de los territorios ancestrales indígenas en Venezuela,
la efectividad de los procesos de demarcación estará condicionada por la existencia o no
de intereses estratégicos nacionales sobre los territorios en litigio, lo que favorece la
2
Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, se produce, por primera
vez en la historia nacional, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas (PPII). Así mismo
se establece el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana. Desde la aprobación del texto
constitucional hasta la fecha presenta un balance positivo, aunque matizado, en relación al reconocimiento legal e
institucional del derecho al territorio y la autonomía. Entre los principales acontecimientos es necesario destacar la
aprobación y subsiguiente ratificación del Convenio 169 de la OIT, la promulgación de la Ley de Demarcación del
Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas en el año 2000, la Misión Guaycaipuro del año 2003, la Ley Orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas del año 2005, la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas en el año 2007, las leyes de Idiomas Indígenas y de Patrimonio Cultural Indígena, así como la ratificación de
la Declaración de las NNUU Sobre los Pueblos Indígenas, todos ello en el mismo año.

5. percepción de irregularidad o informalidad en el ejercicio de las funciones de la Comisión
Nacional de Demarcación.
Las medidas para evitar esta práctica informal parten fundamentalmente de los propios
pueblos indígenas tanto a través de la movilización social como de la interpelación de los
representantes indígenas en la Asamblea Nacional y en la propia comisión. Los
resultados obtenidos no han mejorado el desempeño de la Comisión Nacional de
Demarcación, debido a que la Comisión depende fundamentalmente del Poder Ejecutivo
y no existe sanción directa sobre su actuación. Además los avances legislativos e
institucionales en favor de los pueblos indígenas impulsados por el Gobierno Bolivariano,
y la participación activa de parte importante del Movimiento Indígena Venezolano en el
actual gobierno, le ha restado un tanto de capacidad crítica. En este sentido la necesaria
auditoría social (social accountability 3) de los propios PPII sobre el trabajo del Gobierno
en materia indígena, no ha sido especialmente incisiva. Tampoco se han promovido
acciones judiciales a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional, para mejorar el
desempeño, en esta materia, de las instituciones gubernamentales como la Comisión
Nacional de Demarcación.
En resumen, el reconocimiento formal por parte del Estado Venezolano de los derechos
colectivos de los PPII, en especial el derecho a la autonomía y sus territorios ancestrales,
tiene que acompañarse de la concreción de estos derechos y, en la línea de lo planteado
por diversos autores (Assies,Van Der Haar, Hoekema. 2008:9), “presenta el desafío de
lograr un equilibrio entre, por una parte, la participación indígena en el estado y sus
instituciones y por la otra, el respeto a la autonomía de las instituciones indígenas”.
3
Tomamos aquí la definición de “accountability social” propuesta por Mariani que “refiere al conjunto de medidas,
acciones y formas de participación ciudadana tendientes a controlar la legalidad del ejercicio del poder, denunciar –
presuntos-- ilícitos y transgresiones, y procurar –niveles crecientes de-- transparencia en la administración de los
asuntos públicos” (Mariani 2008b:12).

6. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.
1. Aguilar Castro, Vladimir (2004). “Política y Cuestión Indígena en Venezuela”.
Societé Suisse de Americanistes. Bulletin 68, pp 91-104. 2004.
2. Asamblea Nacional (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Asamblea Nacional (2006). Ley de Consejos Comunales.
4. Asamblea Nacional (2000). Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de
los Pueblos Indígenas.
5. Assies Willem, Van Der Haar, Gemma, Hoekema, André J (2002). “Los Pueblos
Indígenas y la Reforma del Estado en América Latina”. Papeles de Población.
Número 031 Enero-Marzo. 2002. Universidad Autónoma de México. http://
redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11203104
6. Caparó, Lily.(2009) “La lucha indígena, demarcación de territorio, y los tres Rs”.
Jueves 19 de marzo de 2009. Publicado en la página web del PSUV http://
juanmartorano.blogspot.com/2009/03/la-lucha-indigena-demarcacion-de.html"
7. Clarac, Jacqueline (2002). “La Política Indigenista Venezolana a Través del Tiempo.
Contactos y Conflictos Inter-étnicos en Venezuela: El Eterno Problema. Los
Problemas Recientes”. 09-44. Revista CENIPEC. 21.2002. Enero-Diciembre.
8. Colmenares Olivar, Ricardo (2002). “El Derecho a la Autonomía de los Pueblos
Indígenas en Venezuela”. 185-217. Revista CENIPEC. 21.2002. Enero a
Diciembre.
9. Quintero Weir, Jose Angel (2009). “Táctica y estrategia del etnocidio “revolucionario
bolivariano”. Soberania.org - 15/10/09. http://www.soberania.org/Articulos/
articulo_5268.htm.
10.Mariani, Rodolfo (2008a)“De las Transiciones a los Desafíos Actuales de la
Democracia!. Escuela Virtual, PNUD. www.escuelapnud.org.
11.Mariani, Rodolfo (2008b)“ Democracia e Instituciones en América Latina.
Informalidad y Accountability”. Escuela Virtual, PNUD. www.escuelapnud.org.
12.O´Donnell, Guillermo (1997). “Contrapuntos: ensayos escogidos sobre
autoritarismo y democratización” (Caps. X y XI, pags. 287 a 330); Ed. Paídos,
1997.13.Organizaciones y Movimientos Sociales de Venezuela (2009): “Carta abierta al
presidente Chávez para resolver el conflicto por el territorio Yukpa”. Para ¨Kaos en
la Red¨ [10.03.2009].www.kaosenlared.net/noticia/carta-abierta-presidente-chavezpara-resolver-conflicto-territorio-yuk
14.Portillo, Lusbi (2009). “Titulos “chimbos” entregará Chávez el 12 de Octubre”.
Sociedad Homo et Natura* / Soberania.org - 15/06/09. http://www.soberania.org/
Articulos/articulo_4979.htm

7. 15.Sociedad Homo et Natura (2009). ¨En Venezuela se están demarcando los
territorios indígenas para entregárselos a los megaproyectos mineros¨. (Aporrea)
[14.02.2009.21:13]. http://www.kaosenlared.net/noticia/venezuela-estandemarcando-territorios-indigenas-para-entregarselos-me
16.VERDESOTO, Luis (2010a?). “Introducción”. Modulo Regional Andino. Máster
Estudios Contemporáneos de América Latina. Universidad Complutense de Madrid.
17.VERDESOTO, Luis (2010b?). “Las Instituciones”. Unidad Tres. Módulo Regional
Andino. Máster Estudios Contemporáneos de América Latina. Universidad
Complutense de Madrid.
18.Otro recurso: http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=36&t=105357
Por Francisco José Tomás Moratalla.