La sentencia Campillay de 1986 estableció la primera doctrina de la Corte Suprema sobre el conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la información. Establece que un medio no es responsable si atribuye la información a una fuente identificable, usa tiempo verbal potencial, u omite la identidad de personas implicadas. La doctrina busca permitir la labor periodística sin obligar a verificar cada detalle, pero requiere que la atribución a una fuente sea sincera. Algunos autores argumentan que podría no ser suficiente si la