Derecho de amparo

Partes que lo integran
El artículo 5º de la Ley de Amparo, establece que las partes en el Juicio de Amparo son:
El Agraviado o Quejoso
Que son los sujetos que pueden intervenir en un Juicio de Amparo y en contra de quién
se va a decidir un derecho.
La Autoridad o Autoridades Responsables
Son órganos del Estado, del cual emanan los actos que se reclaman por el quejoso,
constituyéndose en la parte demandada en el Juicio de Amparo, es a quién se le atribuye
la violación de garantías.
El Acto Reclamado, que en si misma la fuente del inicio del juicio de garantías, por
naturaleza es un acto proveniente de un órgano de estado, es decir es un acto de
autoridad, que como tal contiene las siguientes características: Unilateralidad,
Imperactividad y Coercitividad.
Aclarando que existen dos clases de autoridades Responsables, que son: La Ordenadora
y la Ejecutora, la primera es aquella que emite un acto de autoridad, en tanto que la
ejecutora es la autoridad que va a materializar las ordenes emitidas por sus superiores
jerárquicos, en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de
autoridad, así como aquellas que pretendan ejecutarlo.
El Tercero o Terceros perjudicados
Se entiende como tal, a la persona que se ha visto favorecida por el acto de Autoridad
reclamado por el quejoso y que en tal virtud tiene interés en la subsistencia del mismo,
interviniendo en el juicio constitucional para solicitar que se sobresea tal juicio, o en su
caso que se niegue la protección de la Justicia Federal al quejoso, argumentando la
existencia de diversas causas de improcedencia del amparo, o bien manifestando que el
acto de autoridad reclamado es constitucional.
Es de señalarse que en el juicio de garantías, el tercero perjudicado es una parte que
puede existir o no existir, es decir no en todos los juicios de garantías hay tercero
perjudicado, debido a que el acto reclamado únicamente va a causar perjuicios en la
esfera del quejoso, sin que vaya a beneficiar a otro gobernado, pero en aquellos negocios
en que si existe el Tercero Perjudicado, este se convierte en el verdadero contrincante del
quejoso, debido al interés que tiene que se decrete la constitucionalidad del acto
reclamado, para que sus efectos beneficien su esfera jurídica, es por ello que
anteriormente se le llamaba tercero interesado u opositor.
El Ministerio Público Federal
El Ministerio Público, podrá intervenir en todos los juicios, e interponer los recursos que
señale esta Ley, Para procurar la pronta y expedita administración de justicia; en los
juicios de garantías en que el acto reclamado se le imputa, entonces interviene como

autoridad responsable, así como cuando participa en su calidad de representante del
Presidente de la república.
ACCIÓN DE GARANTÍAS:
1.1.-Concepto de juicio de amparo:
Es una institución jurídica por la que una persona física o moral denominada quejosa,
ejercita el derecho de acción ante un órgano judicial federal o local, para reclamar un acto
de autoridad llamada responsable, que el citado quejoso estima que ha violentado alguno
de sus derechos tutelados en la constitución, a efecto que se le restituya el goce de dicho
derecho violentado, previo al agotamiento de los recursos ordinarios previstos por la ley
que rige el acto que se reclama”.
1.2.- Concepto de gobernado.
Es la persona que puede ser agredida en su patrimonio por un acto de autoridad.
1.3.-Concepto de gobernante o autoridad.
De acuerdo a la suprema corte de justicia el término autoridad para los efectos del
amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en
virtud circunstancias, ya legales, ya de hecho y que, por lo mismo, estén en posibilidad
material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública
la fuerza que disponen.
Cuando el órgano del estado realiza sus actos en forma unilateral, imperativa y
coercitivamente, estaremos frente a una autoridad, siendo esa precisamente la que debe
de considerarse como tal, para los efectos del juicio de amparo.
1.4.-Concepto de acto reclamado:
Es aquel acto de autoridad que se precisa en una demanda de garantías y que se imputa
como violatorio de garantías individuales; desde luego, que para poder distinguirlo, dicho
acto debe provenir de una autoridad considerada como tal para los efectos del amparo,
consecuentemente, con los atributos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad.
1.5.-Concepto de juicio de contraposición a un recurso.
1.6.- Concepto de control constitucional por órgano político.
La defensa de la constitución por órgano político tiene las siguientes características:
• La protección de la carta magna se encomienda a un órgano creado exprofesamente
para desarrollar esta tarea. Actualmente el control constitucional se encomienda a la
suprema corte de justicia, sin actuar como tribunal propiamente tal.
• Al órgano de defensa constitucional, lo insta otro órgano de gobierno o un grupo de
servidores públicos o un ente público, no el afectado por el acto que se tilda de contrario a
la constitución.
• En este sistema, no se ventila un juicio si no un procedimiento en que no hay contienda.
• La sentencia que se dicta en este procedimiento, tienen efectos absolutos o erga -omnes
(beneficie a todas las personas afectadas por el acto impugnado).
Ejemplo la acción de inconstitucionalidad.
1.7.- Sistema control por órgano jurisdiccionalEn este tipo de defensa de la carta magna, la conservación de la pureza de la constitución
se presenta merced a la actuación de los órganos jurisdiccionales, quienes dirimen una
controversia diciendo el derecho contra las partes litigantes.

El control jurisdiccional por el órgano jurisdiccional, se identifica por la presencia de las
siguientes características:
• La defensa constitucional esta encomendada a los tribunales del estado.
• En este sistema se requiere de la instancia de la persona afectada en la esfera jurídica
quien demanda la nulidad del acto de autoridad respectiva.
• Ante el orégano de control Constitucional se sustancia un juicio propio tal.
• La sentencia que se dicte, tiene efectos relativos, es decir, favorece o perjudica
exclusivamente a quien se inconformo con el acto tildado de inconstitucional.
Ejemplo: juicio de amparo.
1.8.- Sistema control difuso o autocontrol:
El autocontrol constitucional ésta representado por la serie de facultades con que están
investidas las autoridades estatales para que en su momento ellas mismas puedan
revocar sus propios actos, cuando el estudio de que ellos hagan, aprecien que violaron la
constitución.
Este tipo de defensa de la constitución, no tiene ingerencia algún órgano de gobierno
distinto al mismo que dio nacimiento al acto de autoridad que contravino la ley suprema.
2.- TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN:
2.1.- Como se integra la Suprema Corte.La suprema corte de justicia se encuentra integrada actualmente por los 11 ministros,
bastando la presencia de siete de ellos para que pueda funcionar y uno de ellos es el
presidente, Contará con dos salas las cuales se compondrán de cinco ministros cada una,
bastando la presencia de cuatro de ellos para que funcione, cada sala será presidida por
un presidente que será designado entre los propios miembros de la sala, y el cual será el
responsable de la organización y buen funcionamiento, en todos los aspectos, para lo cual
emitirá acuerdos de trámite en torno a los asuntos de su competencia, al igual que loa
harán los presidentes de las salas.
Normalmente se identifica a las salas como: primera sala y segunda sala, la primera
conocerá de materia civil y penal, y la segunda de laborar y administrativo.
2.2.- Los dos niveles de conocimiento de la Suprema Corte.Funciona en pleno y en salas.
2.3.-Competencia de las Salas de la Suprema Corte:
ver apuntes
2.4.- Integración y radicación de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Se encuentran conformados por tres magistrados, de entre los cuales uno funge como
presidente, el cual será el responsable de la organización y buen funcionamiento, en
todos los aspectos, para lo cual emitirá acuerdos de trámite en torno a los asuntos de su
competencia. Son de circuito atendiendo al ámbito territorial en que desarrollen su tarea,
entendiendo por circuito a la circunscripción o demarcación territorial donde tiene
competencia el tribunal de circuito. Conocen del juicio de amparo directo.
2.5.- Jurisdicción territorial de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Republica.
Se entiende por circuito, una delimitación territorial en la que se ha dividido el País por
parte del Poder Judicial Federal, para el ejercicio de la función jurisdiccional,
precisamente a través de los Tribunales Colegiados de Circuito. En cada circuito pueden
existir dos o más tribunales colegiados, donde existen dos o más, se identifican

comúnmente como: Primer Tribunal Colegiado, Segundo Tribunal Colegiado, etc.
Michoacán ocupa el décimo primer circuito.
2.6.- Integración Juzgados de Distrito, y razones de ubicación necesaria de estos
Tribunales.
Los juzgados de distrito se compondrán de un juez y de un número de secretarios,
actuarios y empleados que determine y se autorice en el presupuesto. El juez será el
responsable directo de la organización y buen funcionamiento del tribunal a su cargo.
Conocen del juicio de amparo indirecto.
Son de distrito atendiendo al ámbito territorial en realizan sus tareas. Lo mismo que el
circuito, el distrito implica también una delimitación territorial, pero dentro de un circuito, es
decir, más reducida, en la que los jueces de distrito habrán de ejercer su función
jurisdiccional. Los juzgados también se identifican como Juzgado Primero de Distrito en el
Estado, Juzgado Segundo… etc.
2.7.- Carácter y jurisdicción de los Tribunales Unitarios de Circuito; su ubicación.
Los tribunales unitarios están conformados por un solo magistrado, que es el responsable
de la organización y buen funcionamiento del propio tribunal que preside, apoyado por el
personal necesario autorizado. Conocen del juicio de amparo indirecto. Son de circuito
atendiendo al ámbito territorial en que desarrollen su tarea, entendiendo por circuito a la
circunscripción o demarcación territorial donde tiene competencia el tribunal de circuito,
En cada circuito pueden existir dos o más tribunales unitarios, donde existen dos o más,
se identifican comúnmente como: Primer Tribunal Unitario, Segundo Tribunal Unitario,
etc.
2.8.- Jurado popular federal.
Esta conformado por siete ciudadanos designados por sorteo, en los términos previstos
en el Código Federal de procedimientos Penales. Su competencia lo es para resolver, por
medio de un veredicto, las cuestiones de hecho que le sean sometidas por los jueces de
distrito, con arreglo a la ley. Pero fundamentalmente, el jurado conocerá de los delitos
cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior
de la Nación, y los demás que determinen las leyes.
2.9.- Tribunales de los Estados y del Distrito Federal para tramitación de los casos
previstos por el artículo 107, fracción XII de la Constitución.
Son órganos que ejercen el Poder Judicial de la Federación, teniendo competencia en
amparo siempre y cuando se encuentren dentro del supuesto previsto por el Art. 107, frac.
XII de la Constitución (competencia o jurisdicción concurrente). Conocen exclusivamente
del juicio de amparo, en materia penal, contra actos de autoridades judiciales, por lo que
el precepto legal invocado trata de las salas penales de dichos órganos jurisdiccionales,
las que se integran atendiendo a las disposiciones reglamentarias de cada entidad
federativa.
Es la facultad que tiene el gobernado de elegir de entre el juez de distrito y el superior
jerárquico para que conozca del juicio de amparo
3.- DEMANDA:
3.1.- Requisitos de la forma y fondo de una demanda de amparo indirecto o bi-Instancial,
en los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo.
Artículo 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se

expresarán:
I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;
II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;
III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de
los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de
amparos contra leyes;
IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta
de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen
antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;
V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el
quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el
amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;
VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta
Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la
autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho
artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga
la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.
3.2.- Requisitos de la forma y fondo de la demanda de amparo directo o uni-instancial, en
los términos del artículo 166 de la ley de amparo.
Artículo 166.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se
expresarán:
I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;
II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;
III.- La autoridad o autoridades responsables;
IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo
del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del
procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el
motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.
Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al
juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será
materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar
como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el
tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia;
V.- La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que
hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la
resolución recurrida;
VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos
de la misma violación;
VII.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de
aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de
las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios
generales de derecho.
Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con
esta prescripción en párrafos separados y numerados.

VIII. (Se deroga).
3.3.- Consecuencias jurídicas para el quejoso, por la manifestación de los hechos que
narra en su demanda y bajo protesta de decir verdad.
Artículo 211, fracc I, LA.- Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y
multa de diez a noventa días de salario:
I.- Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u
omita los que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos
de los actos a que se refiere el artículo 17;
3.4.- Número de copias de la demanda y documentos presentados, tomando en cuenta
las partes del juicio y suspensión a petición de parte.
Amparo indirecto:
Artículo 120, LA.- Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades
responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el
incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme
a esta ley.
Artículo 121, LA.- Cuando el amparo se pida en comparecencia, el juez de Distrito, o la
autoridad ante quien se haya promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el
artículo anterior.
Amparo directo:
Art. 167 LA - Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente
de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional;
copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que,
dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de
Circuito a defender sus derechos.
3.5.- Contenido del auto adquisitorio de la demanda.
3.6.- Casos en que se debe rechazar una demanda.
Si se encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Art. 145 AI y 177 AD de
la L.A
Artículo 145.- El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si
encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin
suspender el acto reclamado.
Artículo 177.- El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de
amparo; y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y
comunicará su resolución a la autoridad responsable
3.7.- Que contiene una prevención, termino para suplirla.
Art. 146 AI y 178 AD de la L.A
Artículo 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere
omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se
hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias
que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene
los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias
dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o
deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.
Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones

conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito
tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio
o derechos patrimoniales del quejoso.
Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado
sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al
Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o
desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente.
Artículo 178.- Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haber satisfecho
los requisitos que establece el artículo 166, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará al
promovente un término que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o
corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se precisarán en la providencia
relativa.
Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la
demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable.
3.8.- Razón y requisitos de la demanda presentada por correo o telégrafo.
Artículo 23 Tercer Párrafo, LA: para los efectos de esta disposición, los jefes y
encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir,
sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se
demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios
que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del
despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades
administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción
que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de resistencia de
particulares y desobediencia.
Artículo 25, LA.- Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida
fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión,
se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios
relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que
corresponda al lugar de su residencia.
3.9.- Cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá
hacerlo otra persona?, en que casos y bajo que condiciones.
Artículo 16, LA.- Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal,
bastará, para la admisión de la demanda, la aseveración que de su carácter haga el
defensor. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o
tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.
Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó, la
autoridad que conozca del amparo le impondrá una multa de tres a treinta días de salario
y ordenará la ratificación de la demanda. Si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no
interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en
el incidente de suspensión; si la ratificare, se tramitará el juicio, entendiéndose las
diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya representante.
Artículo 17, LA.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado

se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra
persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el Juez dictará todas
las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea,
ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda
de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no
presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.
4.- AMPARO CONTRA LEYES:
4.1.- Ley heteroaplicativa, efectos, consecuencias, términos y oportunidades para el
ejercicio de la acción de garantías.
Es la que para dañar o agraviar al gobernado, requiere de un acto concreto de aplicación.
Por leyes heteroaplicativa se entiende a los actos de autoridad de observancia general,
personal y abstracta que requieren de un acto concreto de aplicación para dañar al
gobernado.
Este tipo de actos se impugnan en amparos dentro de los 15 días siguientes al en que
surten efectos la notificación del primer acto de su aplicación con relación al quejoso,
(articulo 21 y 73 fracción XII de la L.A) atacándose también al acto concreto de aplicación
de la ley por ser este el causante de la existencia del agravio personal y directo del
quejoso.
Artículo 21 de la L.A.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de
quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido
efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo
que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que
se hubiese ostentado sabedor de los mismos.
Articulo 73, Fracción XII, LA.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por
tales aquel contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que
se señalan en los artículos 21, 22 y 218.
No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en
amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción
VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya
promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa
legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el
interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer
caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro
del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída
al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido
exclusivamente motivos de ilegalidad.
Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en
el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.
A hora bien, cuando contra el primer acto de aplicación proceda un recurso ordinario y se
haga valer, podrá impugnarse la ley en amparo dentro de los quince días siguientes al en
que la notificación de la resolución del recurso mismo haya surtido efectos (Artículos 73,
Fracción XII Y XXI de la L.A), en el entendido en que debe de impugnarse tanto la ley
como la resolución recaída en el recurso ordinario o medio legal de defensa. La

procedencia de amparo en este último caso es absoluta a pesar de que no se haya
esbozado motivos de inconstitucionalidad (atacado la ley) en el recurso.
4.2.- Autoridades que deben señalarse:
Autoridad que expidió la ley
Autoridad que promulgo la ley
Autoridad que aplico el acto legislativo.
4.3.- Su fundamentación y actual procedencia
Artículo 103 Constitucional: Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia
que se suscité:
Fracción I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.
Artículo 114 de la L.A.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por
el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional,
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en
vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso:
4.4.- Principio de la relatividad de la sentencia en amparo contra leyes:
Una de las características del amparo consiste en que la sentencia en que se declare la
inconstitucionalidad del acto de autoridad impugnado, solo beneficia a quién demando la
nulidad de ese acto, siendo este el contenido del principio de la relatividad de los efectos
de las sentencias del amparo o formula Otero. Articulo 107 Fracción II constitucional y 76
de la L.A
4.5.- Procedimiento:
Amparo contra leyes auto aplicativas
Procede desde que las referidas leyes entran en vigor, contándose con un término de 30
días para interponer la demanda de amparo (Art. 22 Frac. I, LA), en la inteligencia de que
esta oportunidad para demandar el amparo está dada exclusivamente a favor de quienes
se encuentran dentro del supuesto legal impugnado al momento de entrar en vigor la ley.
Si el agraviado no hace valer el amparo dentro del tiempo mencionado, tiene una segunda
oportunidad para inconformarse con la mencionada ley, la que puede atar de
inconstitucional dentro de los 15 días siguientes al en que se haya aplicado por primera
vez en contra del gobernado, debiendo impugnarse tanto la ley, como el acto de
aplicación de ellas (Art. 73 frac. XII y 21, LA).
Por último, el afectado por este tipo de actos legislativos, puede promover demanda de
amparo dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación de
la resolución del recurso ordinario que haya hecho valer en contra del acto de aplicación
de la ley, contados a partir del día siguiente al en surta efectos la notificación de mérito,
procediendo el amparo contra la ley y la resolución impugnada.
En los dos últimos casos se equipara a la ley heteroaplicativa.
Amparo contra leyes heteroaplicativas
Por leyes heteroaplicativa se entiende a los actos de autoridad de observancia general,
personal y abstracta que requieren de un acto concreto de aplicación para dañar al
gobernado.
Este tipo de actos se impugnan en amparos dentro de los 15 días siguientes al en que

surten efectos la notificación del primer acto de su aplicación con relación al quejoso,
(articulo 21 y 73 fracción XII de la L.A) atacándose también al acto concreto de aplicación
de la ley por ser este el causante de la existencia del agravio personal y directo del
quejoso.
A hora bien, cuando contra el primer acto de aplicación proceda un recurso ordinario y se
haga valer, podrá impugnarse la ley en amparo dentro de los quince días siguientes al en
que la notificación de la resolución del recurso mismo haya surtido efectos (Artículos 73,
Fracción XII Y XXI de la L.A), en el entendido en que debe de impugnarse tanto la ley
como la resolución recaída en el recurso ordinario o medio legal de defensa. La
procedencia de amparo en este último caso es absoluta a pesar de que no se haya
esbozado motivos de inconstitucionalidad (atacado la ley) en el recurso.
4.6.- Suspensión:
La suspensión procedente es a petición de parte, por lo que debe ser solicitada por el
quejoso (Articulo 124 Fracción I) de la Ley de Amparo, debiendo reunirse los demás
requisitos que exige la ley de amparo para que se otorgue esta medida cautelar (que con
la concesión de la suspensión no se sigan perjuicios al interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público. Por tanto, el quejoso debe proporcionar elementos a
través de los cuales se acredite, aunque sea presuntivamente, su interés jurídico para que
se le conceda la suspensión del acto reclamado.
4.7.- Recurso contra la sentencia constitucional y la incidental:
Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:
IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de
Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo
37 de esta Ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los
acuerdos pronunciados en la citada audiencia.
4.8.- Ley auto aplicativa, sus características y diferencias frente a una ley
heteroaplicativa.
Ley auto aplicativa es el acto de autoridad que emana de un órgano legislativo con las
características de ser obligatorio, general, impersonal y abstracta, que impera y obliga al
gobernado desde el momento mismo en que entra en vigor.
Ley heteroaplicativa es la que para dañar o agraviar al gobernado, requiere de un acto
concreto de aplicación. Por tanto, la ley por si misma no lo afecta.
4.9.-Un ejemplo de una ley auto aplicativa.
Puede señalarse a las leyes fiscales, porque desde que se promulga ya esta dirigida a
cierto sector de la población. Ley del ISR
4.10.-Ejemplo de una ley heteroapliacativa.
Las leyes civiles, pues para causar una lesión requieren de un acto concreto de aplicación
de la ley, sin que por su sola entrada en vigor afecten al gobernado.
4.11.- ¿Para los efectos del amparo se consideran leyes los reglamentos administrativos
expedidos por el Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y Bandos
Municipales?
Si, como lo establece el artículo 114 de la L.A Fracción I.
Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:
I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por

el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional,
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en
vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso:
4.12.- Procede la suspensión en amparos contra leyes.
Si, pero la suspensión surte sus efectos solamente por lo que hace a la paralización del
acto concreto de aplicación de la ley, sin que ésta sea susceptible de ser suspendida.
4.13.- Término para interponer el juicio de amparo contra leyes:
Si se trata de una ley auto aplicativa son 30 días a partir de la vigencia de la ley, a partir
del momento en que haya entrado en vigor, artículo 22 Fracción I de la L.A. y si es
heteroaplicativa 15 días después de producido el primer acto de aplicación de la ley en su
perjuicio, artículo 21 de la L.A
4.14.- Se requiere señalar como autoridades responsables a los Secretarios de Estado
que refrendan las órdenes, mandamientos y reglamentos expedidos por el Presidente de
la República.
Si se trata de amparo contra leyes auto aplicativas no es necesario señalar como
autoridad responsable al servidor público que refrendo la ley.
Si se trata de amparo en estricto sensu no es necesario señalar como autoridad
responsable al servidor público que refrendo la ley.
5.- QUEJOSO:
5.1.- A quien se considera:
De acuerdo al artículo cuatro de la ley de amparo se establece que solamente puede ser
quejoso aquél a quien perjudique el acto que se reclama por su parte la S.C.J ha
entendido como quejoso a todo aquél que haya sufrido un agravio, esto es una ofensa,
daño o perjuicio en sus derechos o intereses protegidos por la constitución.
5.2.- El estado Mexicano puede ser quejoso, en que casos, bajo que condiciones y cual
es la materia del reclamo:
De acuerdo al Artículo 9o.- Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de
amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes,
cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.
Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley
se exige a las partes.
5.3.- Se puede hablar de capacidad procesal, goce o ejercicio en materia de amparo?
Si.
La capacidad de de goce es la facultad de ser titular se derechos y de obligaciones. Esta
capacidad se adquiere incluso antes del nacimiento.
La capacidad de ejercicio: es la posibilidad de ejercitar derechos y obligaciones por parte
de una persona. Legalmente, solo los mayores de edad tienen capacidad de ejercicio; sin
embargo no toda persona física puede ejercitar sus derechos y obligaciones si no, tan
solo quien sea mayor de edad y goce de salud mental.
Junto a las capacidades de goce y de ejercicio existe la capacidad procesal, que importa
la facultad jurídica de intervenir en un juicio, ya sea en nombre propio como representante
de una de las partes en el mismo. En todo caso, para gozar de esta capacidad (procesal)
es menester gozar de la capacidad de ejercicio.

Como requisito que debe reunirse para que un acto jurídico tenga validez, es
indispensable que en su celebración y perfeccionamiento intervenga personas con
capacidad de ejercicio; de lo contrario, ese acto será nulo. Así, solamente quien tenga
capacidad de ejercicio puede motivar que substancie un juicio de amparo, para que éste
se substancie en todas sus partes.
5.4.- Qué es la personalidad en materia de amparo:
Es la representación por disposición de la ley o por e l juez, vr. Represento a mi hijo.,
capacidad para estar en un juicio.
5.5.- Como se prueba la capacidad y la personalidad?
De acuerdo al Artículo 12 L.A: En los casos no previstos por esta Ley, la personalidad se
justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la
materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se
estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 13, LA.- Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante
la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos
los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias
respectivas.
Artículo 14, LA.- No se requiere cláusula especial en el poder general para que el
mandatario promueva y siga el juicio de amparo; pero sí para que desista de éste.
5.6.- Consecuencia y efecto jurídicos de la falta de personalidad o personería:
Articulo 16, 2do párrafo, LA: Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter
con que se ostentó, la autoridad que conozca del amparo le impondrá una multa de tres a
treinta días de salario y ordenará la ratificación de la demanda. Si el agraviado no la
ratificare, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en
el expediente principal y en el incidente de suspensión; si la ratificare, se tramitará el
juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya
representante.
5.7.- ¿Puede promoverse un incidente de falta de personería o personalidad en materia
de Amparo?
Si,
Este incidente se promueve pretendiendo hacer ver al juez que una de las partes que
interviene en el juicio, esta mal representada en el mismo, ya que la persona que se ha
ostentado como su apoderado, mandatario o representante legal carece de esa calidad.
5.8 Puede tener el carácter de quejoso: En cada caso señale los requisitos y las
condiciones.
Persona física nacional: siempre y cuando acredite su personalidad.
Persona moral nacional: si, siempre y cuando acredite su personalidad: Artículo 8, LA.Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos
representantes.
Persona moral extranjera: si de acuerdo al artículo 1 y 3 constitucionales con la condición
que acrediten su legal internamiento y estancia en el país.
Persona física extranjera: si de acuerdo al artículo 1 y 3 constitucionales con la condición
que acrediten su legal internamiento y estancia en el país.
Persona moral del derecho público: si, de acuerdo al artículo 9, L.A- Las personas

morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios
o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los
intereses patrimoniales de aquéllas.
Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley
se exige a las partes.
5.9.- ¿Podrá pedir amparo el menor de edad, sin la intervención de su legítimo
representante? En que casos y en que condiciones.
Artículo 6, LA.- El menor de edad podrá pedir amparo sin la intervención de su legítimo
representante cuando éste se halle ausente o impedido, pero en tal caso, el juez, sin
perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante
especial para que intervenga en el juicio.
Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la designación de
representante en el escrito de demanda.
5.10.- Podrá pedir amparo la persona sujeta a estado de interdicción?, en que casos,
condiciones y procedimiento.
Por si mismos no pueden por que no tienen capacidad de ejercicio, mas sin embargo
podrán ejercitar este derecho por medio de un representante legal.
6.- AUTORIDAD RESPONSABLE:
6.1.- Concepto:
Artículo 11 de la L.A.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena,
ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
6.2.- Con facultades de decisión.
Es la autoridad ordenadora y es la que da nacimiento al acto, (Lo ordena).
6.3.- Con facultades de ejecución:
Es la autoridad que materializa (ejecuta) el acto dictado por la autoridad ordenadora.
6.4.- Elementos:
6.5.- Pueden ser representadas en juicio, forma y alcances:
Artículo 19, L.A.- Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio
de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que
hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y
promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.
6.6.- Representación de Presidente de la Republica:
Articulo19, II párrafo, LA.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de
la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta Ley, en
los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del Procurador
General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento
Administrativo a quienes en cada caso corresponda el Asunto, según la distribución de
competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias
dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a
quienes otorguen esa atribución los Reglamentos interiores que se expidan conforme la
citada Ley Orgánica.
En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la
República, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el
Reglamento de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría.
6.7.-Inexistencia:
6.8.- Que debe entenderse por autoridad responsable para los efectos del amparo:
El término de autoridad responsable para los efectos de amparo, comprende toda
aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya
legales, ya de derecho, y que por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como
individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que
disponen, agregando, que tales autoridades lo son, no solamente la autoridad superior
que ordena el acto, si no también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y
contra cualquiera de ella procede el amparo.
6.9.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de
ejecutar la ley o el acto reclamado, es correcta esta enunciación?
Si de acuerdo al artículo 11 de L.A
6.10.- Puede ser autoridad responsable la Iglesia Católica?
No.
Únicamente si la ley que le da vida, la faculta a ordenar o a ejecutar por si misma, sin
tener que acudir al auxilio de otra autoridad el acto impugnado.
6.11.- Podrá considerarse como autoridad responsable a particulares, con aparentes
facultades de decisión y de ejecución, como puede ser la Federación mexicana de fútbol,
árbitros, paneles, convenidos en tratados, autoridades universitarias, cámaras de
comercio?
Si, pero será autoridad responsable, únicamente si la ley que le da vida, la faculta a
ordenar o a ejecutar por si misma, sin tener que acudir al auxilio de otra autoridad el acto
impugnado.
6.12.- Se considera como tal al que asesore o aconseje la resolución reclamada?
No de acuerdo al artículo 11 de la L.A.
7.- TERCERO PERJUDICADO:
7.1.- Concepto.En términos generales es quien resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en
el juicio de amparo y tiene, por lo mismo interés en que tal acto subsista y no sea
destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncia.
Es la persona física o moral a quien, en su carácter de parte, la ley o la jurisprudencia, le
permita contradecir las prestaciones del quejoso en el juicio de amparo.
7.2.- En materia civil.El tercero perjudicado es la contraparte del quejoso (artículo 5 Fracción III, inciso a, de la
L.A)
Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo:
III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:
a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o
controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio
cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;
Así, si la demanda es promovida por el demando el actor en juicio de origen comparece al
juicio de amparo como tercero perjudicado.

7.3.- En materia laboral:
Igual que en materia civil.
El tercero perjudicado es la contraparte del quejoso (artículo 5 Fracción III, inciso a, de la
L.A)
7.4.- En material Penal:
En el amparo penal, existe el tercero perjudicado siempre y cuando se impugne una
resolución emitida dentro de algunos de los siguientes incidentes:
Artículo 5, fracción III inciso b de la L.A:
b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del
daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso,
en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que
éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;
7.5.- En materia Agraria:
Igual que el civil.
7.6.- En materia Administrativa:
El sujeto que haya gestionado la emisión del acto reclamado tiene la condición de tercero
perjudicado en amparo en materia administrativa Articulo 5 fracción III inciso c, LA.
c).- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide
amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o
del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del
acto reclamado.
Ejemplo cuando una persona solicita una concesión y se le otorga, quien considere que
con esa concesión se afectan sus intereses podrá entablar una demanda de amparo
(teniendo la calidad de quejoso), y deberá de designar como tercero perjudicado,
(interesado) a quien obtuvo la concesión de merito.
7.7.- En amparo contra leyes:
Si se ataca una ley auto aplicativa con motivo de su sola entrada en Vigor en ese juicio de
garantías no habrá tercero perjudicado.
La existencia del tercero perjudicado del amparo contra leyes está condicionada a la
emisión de un acto de aplicación de la ley, actualizando la calidad de tercero perjudicado
solamente por lo que hace al acto concreto de aplicación legal, por lo que para determinar
quien es el tercero perjudicado será indispensable estudiar los supuestos en que se
actualiza este sujeto en el amparo a tendiendo a las diversas materias de especialización
de él.
7.8.- Consecuencias por su falta de designación e intervención en un juicio:
Artículo 16, LA.- Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal,
bastará, para la admisión de la demanda, la aseveración que de su carácter haga el
defensor. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o
tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.
Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó, la
autoridad que conozca del amparo le impondrá una multa de tres a treinta días de salario
y ordenará la ratificación de la demanda. Si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no
interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en
el incidente de suspensión; si la ratificare, se tramitará el juicio, entendiéndose las

diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya representante.
7.9.- En que condiciones se puede considerar como tercero perjudicado en una
controversia del orden penal, requisitos y condiciones para poder ser considerado con tal
carácter.
Solo hay tercero perjudicado hasta que se constituya en parte civil para reclamar el daño,
hasta que este probado el cuerpo del delito (auto de formal prisión o sujeción a proceso).
Hay tres vías para constituirse en parte civil:
• constituirse en el propio proceso penal para reclamar el daño al propio acusado.
• cuando el agraviado promueve un juicio civil conexo para el pago de la reparación del
daño, en otro expediente formando parte de la causa penal.
• Promover ante el juez civil la reparación del daño con base en una sentencia
condenatoria y ahí se determine la responsabilidad.
Se promueve juicio de responsabilidad objetiva ante el juez civil, el cual se llevara a cabo
el proceso civil conexo al proceso penal.
7.10.- Puede considerarse como tercero perjudicado al Ministerio público, cuando se
declaren actos provenientes de un proceso penal:
No
8.- MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL:
8.1.- Razón para ser parte.
Para procurar la pronta y expedita administración de justicia. (Art. 5, Frac. IV, LA).
IV.- El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer
los recursos que señala esta Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales
cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las
obligaciones que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita
administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias
civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar,
el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala.
8.2.- Puede dejar de intervenir por decisión propia, casos y efectos.
Art. 107, frac. XV, Const. El Procurador General de la República o el agente del Ministerio
Público que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrá
abstenerse de intervenir en dichos juicios cuando el caso de que se trate carezca, a su
juicio, de interés público.
8.3.- Puede suplir el Ministerio Público Fuero Común, el Federal en el juicio de amparo.
No, de acuerdo a los Art. 107, frac. XV y 124 de la Constitución.
(Es una facultad otorgada a la autoridad federal)
8.4.- Facultades, función y atribuciones
• Presentar escrito denominado pedimento, en el que expone sus consideraciones acerca
de la litis planteada.
• Desahogar la vista que le dé el juez de Distrito con la demanda de amparo penal,
cuando el quejoso no haya observado la prevención que se le haya hecho por ser obscura
la demanda (Art. 146, LA).
• Velar porque ningún juicio quede paralizado en su tramite (Art. 157, LA).
• Vigilar que no se archive un expediente, mientras no se haya dado cumplimiento a la
ejecutoria respectiva (Art. 113, LA).

• Cuidar que las sentencia de amparo en materia agraria en que se conceda la protección
de la Justicia de la Unión a un núcleo de población ejidal o comunal, queden debidamente
cumplidas (Art. 232, LA).
• Cuando subsiste una responsabilidad penal en el juicio de amparo, ésta tendrá que
hacerse efectiva mediante la consignación de hechos al Ministerio Publico y mediante el
ejercicio de éste de la acción penal ante la autoridad competente (Aras. 208 y 210, LA).
• Presentar alegaciones por escrito ante la Suprema Corte de Justicia o ante los
Tribunales Colegiados de Circuito (Art. 180, LA).
• Exponer su parecer en relación a los procedimientos de contradicción de tesis
jurisprudenciales, ya sean tesis de las salas (Art. 197, LA) o de los Tribunales Colegiados
de Circuito (Art. 197-A, LA).
• Denunciar la contradicción de tesis jurisprudenciales de las salas (Art. 197, LA) o de los
Tribunales Colegiados de Circuito (Art. 197-A, LA).
8.5.- El ministerio público podrá intervenir en todos los juicios de amparo e interponer los
recursos que señala la ley de la materia?
No, la ley lo limita en los siguientes casos:
Art. 5, frac. IV, LA. Tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que
solo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el ministerio Público
Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala.
8.6.- Puede intervenir en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales
locales?
Si, de acuerdo al Art. 5 frac. IV, LA
8.7.- Puede intervenir en tratándose de amparos indirectos en materia civil y mercantil, en
que solo afecten intereses particulares en que casos y en que condiciones.
NO puede de acuerdo al Art. 5 Frac IV, LA
8.8.- Puede intervenir en negocios en que se afecten intereses de la materia familiar, en
que casos y en que condiciones.
Si, de acuerdo al Art. 5 frac. IV, LA
9.- LOS SUPUESTOS COMPETENCIALES:
9.1.- Primer supuesto competencial: Amparo directo e indirecto.
9.2.- Segundo supuesto competencial: Competencia entre el Pleno de la Suprema Corte y
sus Salas, individualmente consideradas.
9.3.- Tercer supuesto competencial: Competencia entre los diversos Tribunales
Colegiados de Circuito de la Republica, por territorio y materia.
9.4.- Cuarto supuesto competencial: Competencia entre los diversos Tribunales Unitarios
de Circuito de la Republica, por territorio y materia
9.5.- Quinto supuesto competencial: Competencia entre los diversos Juzgados de Distrito
de la Republica, por territorio y materia
9.6.- Sexto supuesto competencial: Competencia auxiliar desarrolladora por los jueces de
Primera Instancia del fuero común, su razón de existencia, elementos, trámite y requisitos
9.7.- Séptimo supuesto competencial: La competencia concurrente que desarrollan los
señores Magistrados o Salas de los Supremos Tribunales de Justicia del Fuero Común,
procedimiento, requisitos, facultades y trámite.
10.- IMPROCEDENCIAS:

10.1.- Improcedencia general de la acción de amparo, consideraciones previas y razón de
existencia.
La improcedencia en el juicio de amparo, es la institución jurídica procesal en la que, por
razones previstas en la Constitución, en la Ley de amparo o en la jurisprudencia, se
desecha la demanda o se decreta el sobreseimiento, sin resolver la cuestión
constitucional planteada.
10.2.- Improcedencia constitucional consagrada por el articulo 60 in fine.
Contra actos del tribunal electoral:
Sostiene que las resoluciones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y contra
ellas no procede juicio o recurso alguno sin importar que el Tribunal Electoral actúe por
medio de las Salas Regionales o de la Sala Superior.
10.3.- Improcedencia constitucional por declaraciones en resoluciones de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión, en los términos del articulo 110, parte última.
Contra resoluciones dictadas en los Juicios Políticos:
Se refiere a que las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y
Senadores, en el juicio político contra servidores públicos, son inatacables, por eso es
improcedente el juicio de amparo contra ellas.
10.4.- Improcedencia legal por razón de la categoría de autoridad, fracción I del artículo
73.
I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia.
10.5.- La improcedencia por razón de la naturaleza política de los actos emanados de
determinadas autoridades, fracción VII y VIII del artículo 73.
VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia
electoral;
VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que
lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o
Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los
casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver
soberana o discrecionalmente;
10.6.- La improcedencia en razón de la litis dependencia, fracción III de artículo 73.
III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre
pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por
el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque
las violaciones constitucionales sean diversas;
10.7.- La improcedencia en razón de la cosa juzgada. Fracción IV del artículo 73.
IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de
amparo, en los términos de la fracción anterior;
10.8.- La improcedencia por carencia de razón de la consumación irreparable del acto
reclamado, fracción IX y X del artículo 73.
IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;
X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación
jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones
reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento

sin afectar la nueva situación jurídica.
Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de
primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones
para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que
conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que
corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la
resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;
10.10.- La improcedencia por cesación de los derechos del acto reclamado y por
insubsistencia de la materia de éste, fracciones XVI y XVII del artículo 73.
XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;
XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material
alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;
10.11.- La improcedencia por consentimiento tácito o expreso del acto reclamado,
Fracciones XI y XII del artículo 73.
XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentimiento;
XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los
que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los
artículos 21, 22 y 218.
No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en
amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción
VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya
promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa
legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el
interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer
caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro
del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída
al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido
exclusivamente motivos de ilegalidad.
Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en
el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.
10.12.- La improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, fracciones XIII,
XIV y XV del artículo 73.
XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo
respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del
procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun
cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la
fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.
Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe
peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa

legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el
acto reclamado;
XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o
proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual
puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas
leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o
medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los
que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente
de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de
acuerdo con esta ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado
carece de fundamentación;
10.13.- La improcedencia por razón de la materia del acto, Fracción II del artículo 73.
II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;
10.14.- Las causales de improcedencia deben ser invocadas por las partes o puede
hacerlas valer de oficio el Juez de amparo?
Son a petición de parte y de oficio.
Art. 73 último párrafo, LA.- Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser
examinadas de oficio.
10.15.- Las enumeraciones que hace el artículo 73 de la Ley de Amparo señalando las
causales de improcedencia, son limitativas o enunciativas?
10.16.- Pueden invocarse y aplicarse oficiosamente las causales de improcedencia?
Si, de acuerdo al Art. 73 último párrafo, LA.- Las causales de improcedencia, en su caso,
deberán ser examinadas de oficio.
10.17.- Consecuencias jurídicas por la existencia de causales de improcedencia.
Dependerá del momento en que se advierta que existe; así. Tenemos que puede haber
dos momentos procesales en los que puede sancionarse:
cuando la causal es notoria y el juez la descubre al recibir la demanda de garantías, la
sanción será el desecamiento de la misma.
Durante el desarrollo procesal del juicio de amparo, cuando sobreviene una causal de
improcedencia y el quejoso la hace del conocimiento del juez, la sanción será el
sobreseimiento en el juicio de amparo.
11.- SOBRESEIMIENTO:
11.1.- Concepto y razón.
Es una institución de amparo, mediante la cual se pone fin al juicio, sin resolver la
cuestión de fondo o problema de inconstitucionalidad.
11.2.- Resuelve la materia del acto reclamado.
No, porque el sobreseimiento es una resolución judicial que sin dirimir la controversia que
fue planteada por el quejoso, da por terminado el juicio de garantías.
11.3.- Desistimiento expreso o tácito de la demanda.
Artículo 74, LA.- Procede el sobreseimiento: I.- Cuando el agraviado desista
expresamente de la demanda;
El desistimiento es la institución por medio de la cual el actor en un juicio, decide

abandonar el trámite del mismo. Es necesario que el desistimiento sea expreso y que se
ratifique ante el juez del conocimiento.
La inactividad procesal podría considerarse como desistimiento tácito del quejoso
respecto de su amparo o recurso, al no mostrar durante ese tiempo interés en que se
resuelva.
11.4.- Muerte del quejoso, casos, efectos y ejemplos.
Art. 74, frac. II, LA. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada
solo afecta a su persona;
Este supuesto de sobreseimiento únicamente se da, cuando el quejoso demando la
protección de la justicia federal por violación a sus derechos estrictamente personales,
como podrían ser la vida, la libertad, la integridad física, la integridad moral, o el derecho
de habitación; pero no se dará el sobreseimiento cuando en el amparo se reclama la
violación a derechos de carácter patrimonial, pues de ser así, fallecido el quejoso, su
representante continuará con dicho juicio en tanto no intervenga la sucesión que tiene
interés en la prosecución.
11.5.- Existencia de causales de improcedencia.
Art. 74, frac. III, LA.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las
causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior;
El sobreseimiento se declara cuando aparezca o se descubra una causal de
improcedencia existente con anterioridad a la promoción del juicio de amparo, pero que
había pasado inadvertida o que surja o se produzca durante la tramitación del mismo.
11.6.- Inexistencia de los actos reclamados.
Art. 74, frac. IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado
que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a
que se refiere el artículo 155 de esta ley.
Para evitar la declaratoria de sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, el
quejoso debe aportar pruebas tendientes a demostrar que ese acto es existente.
11.7.- Cesación de los actos reclamados.
Art. 74, frac IV, 2do párrafo, LA: cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o
cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad
o autoridades responsables estén obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa
obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las
circunstancias del caso.
11.8.- Inactividad procesales, termino, efectos tanto en primera como en segunda
instancia.
Art., 74, frac. V, LA: En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en
trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado proceda de autoridades
civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una
ley, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal
durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha
promovido en ese mismo lapso.
En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente
durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el
tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o
la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o
recurrente, según el caso, sea el patrón.
Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el
sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia.
11.9.- Caducidad de la instancia, diferencias con el sobreseimiento.
Es La institución jurídica procesal que se origina por la inactividad de las partes, quejoso u
órgano judicial que conoce del amparo y que implica para el juzgador, el abstenerse de
resolver sobre la legalidad del recurso de revisión, manteniendo firme la sentencia
recurrida.
Diferencias:
• El sobreseimiento por inactividad procesal solamente se puede dar en primera
instancia.
La caducidad de la instancia sólo se da en segunda instancia (revisión), por inactividad
procesal.
1ra instancia: sobreseimiento
2da instancia: caducidad.
• El sobreseimiento termina con el juicio.
La caducidad de la instancia declara firme la sentencia recurrida.
12.- TÉRMINOS:
12.1.- Prejudiciales, concepto y razón de existencia;
Es el tiempo que corre antes de la presentación de la demanda; por tanto, es el tiempo
con que cuenta el agraviado por un acto de autoridad para demandar el amparo y la
protección de la justicia federal, transcurrido ese tiempo o periodo que marca la ley de
amparo (Artículos 21,22 y 218) sin que se entable la demanda, se entenderá consentido
tácitamente el acto reclamado, tornándose improcedente el juicio de garantías (artículo 73
Fracción 12 de la ley de A.)
12.2.- Términos para el ejercicio de la acción de garantías, explíquelos y ejemplifique;
• Amparo Indirecto y directo, regla general: artículo 21, LA. 15 días.
• Amparo indirecto contra leyes autoaplictivas: Art. 22, frac. I, LA. 30 días.
• Amparo indirecto contra leyes heteroaplictivas: Art. 21. 15 días.
• Cuando se este en el caso de amparo penal: Articulo 22 Fracción II de la L.A. en
cualquier tiempo.
• Amparo promovido por tercero ajeno al juicio si reside en la misma localidad donde se
lleva el juicio: Artículo 21 de la L.A. 15 días.
• Amparo promovido por agraviado si reside en una ciudad diversa donde se lleva el juicio
pero dentro de la Republica: Artículo 22 Fracción III. 90 días. Y 180 días si reside fuera de
la Republica.
• Si se promueve contra sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.
Artículo 22 Fracción III. 90 días
• Si se promueve por un núcleo de población ejidal Artículo 217.
• Si es promovido por un ejidatario o comunero individual en defensa de sus derechos
agrarios Articulo 218 L.A
Estudiar los artículos 21 y 22, LA.

12.3.-Días y horas hábiles;
Artículo 23 L.A.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los
juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o.
de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de
noviembre.
Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata
de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal,
deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales, y
cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión y
dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya
concedido.
Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y
telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni
para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos
enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan
de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan
disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo
prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en
materia federal señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.
La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que
éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales, ante el secretario, y en casos
urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las
horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de
suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo.
12.4.- Computo para todas las materias, menos cuando se reclaman las garantías del 22
constitucional;
Artículo 24 de la L.A y 26 de la L.A
Artículo 24.- El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas
siguientes:
I.- Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y
se incluirá en ellos el día del vencimiento;
II.- Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción
hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a
momento;
III.- Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el
día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva.
IV.- Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia,
teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún
caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.
Artículo 26.- No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de
esta ley, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o
tribunal en que deban hacerse las promociones.
12.5.- Habilitación de días y horas hábiles;

Articulo 23 Segundo Párrafo y el último. Puede promoverse en cualquier día y a
cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los
actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación
forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil
para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se
cumpla la resolución en que se haya concedido.
12.6.- Términos comunes en la tramitación del amparo indirecto;
Se entiende al período o lapso que la ley procesal respectiva, da a una parte en un juicio
o a un tercero dentro del mismo, para desarrollar una determinada conducta. Así pues, los
términos comunes imperan en relación alas partes (quejoso, tercero perjudicado,
autoridad responsable y ministerio Público Federal), al juez, a los testigos y peritos.
12.7.- Términos comunes en el procedimiento del amparo directo;
Se entiende al período o lapso que la ley procesal respectiva, da a una parte en un juicio
o a un tercero dentro del mismo, para desarrollar una determinada conducta. Así pues, los
términos comunes imperan en relación alas partes (quejoso, tercero perjudicado,
autoridad responsable y ministerio Público Federal), al juez, a los testigos y peritos.
12.8.- Consecuencias y efectos, por falta de cumplimiento;
• Términos para la acción de amparo causa improcedencia Artículo 73 Fracción XII
• Términos Comunes causa sobreseimiento de acuerdo al artículo 74 fracción V.
12.9.- Para reclamar una ley o decreto; a partir de que momento de contabiliza?
En el caso de leyes auto aplicativas artículo 22 Fracción I y dentro de 15 días de acuerdo
al artículo 73 Fracción XII.
Si es una ley heteroaplicativa dentro de los 15 días siguientes a cualquiera de los
siguientes eventos:
Que se haya aplicado por vez primera a la ley, impugnándose tanto esta como el acto de
aplicación.
Que se haya promovido un recurso ordinario o medio de defensa contra el acto de
aplicación de la ley, y resuelto que sea, procederá entablar la demanda de amparo contra
la ley y la resolución recaída al recurso, independientemente que no se hayan aducido
motivos de inconstitucionalidad de la ley dentro del recurso mismo.
12.10.- Término para interponer juicio de garantías contra sentencias, laudos o
resoluciones que pongan fin al juicio, cuando el agraviado no ha sido citado legalmente
para el juicio.
Artículo 22 Fracción III de la L.A.- Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y
resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado
legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la
interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la
República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos,
desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado
volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se
refiere el artículo anterior.
No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios
que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír

notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del
procedimiento que haya motivado el acto reclamado.
12.11.- Puede concederse el término de 90 a 180 días para la interposición del juicio de
amparo, en tratándose de ausentes, cuando estos tengan mandatarios o representantes
en el lugar del juicio?
No, de acuerdo al segundo Párrafo de la Fracción III del artículo 22 de la L.A
13.- NOTIFICACIONES:
13.1.- Concepto:
Por notificación se entiende al acto procesal que desarrolle un servidor público (actuario, o
empleado del juzgado) merced al cual hace del conocimiento de las partes en el juicio el
contenido de una resolución, a fin de que sepan cual es el avance del juicio o proceso.
13.2.- Personales:
Es aquella que se practica precisamente con la persona interesada en el asunto o con
quien ésta ha autorizado para que reciba notificaciones en su nombre (articulo 27 de la
L.A). La notificación personal se realiza entregando a la parte procesal a quien se
práctica, copia de la resolución o un extracto de la misma dentro de un papel que se llama
cedula.
13.3- Por lista.
Es la publicación de una síntesis en que se publica toda resolución emitida en cada en
juicio de amparo.
Articulo 28 Fracción III.- A los agraviados no privados de la libertad personal, a los
terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes,
personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que
se fijará en lugar visible y de fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de
despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes
mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas del mismo
día, se tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente.
En la lista a que se refiere el párrafo anterior, se expresará el número del juicio o del
incidente de suspensión de que se trate; el nombre del quejoso y de la autoridad o
autoridades responsables y síntesis de la resolución que se notifique.
13.4.-Por cedula.
Se hace a la autoridades responsables, importando la cedula un documento en que se
contiene el texto de la resolución que ha de notificarse. La notificación por cedula se hace
exclusivamente a las autoridades que tienen su residencia en la misma ciudad en que se
ubica el tribunal de amparo. Artículo 28 Fracción I y 29 Fracción I.
13.5.- Por correo.
En esta clase de notificación debe hacerse por medio del correo certificado teniéndose
por practicada la fecha en que sea entregada la pieza de correos en el domicilio de la
parte por notificar, glosándose al expediente el talón respectivo.
La práctica de este tipo de notificaciones es obligatoria para la oficina de correos de
acuerdo al artículo 23 de la ley de Amparo.
13.6.- Por edictos.
Cuando se desconoce el domicilio de una parte no obstante su búsqueda, no se tienen
datos sobre el mismo, el emplazamiento respectivo deberá de hacerse por edictos, que

son publicaciones en periódicos de circulación en la Ciudad donde se lleva a cabo delante
el juicio y se tiene la presunción de que ahí vive esa persona. Artículo 30 Fracción II
13.7.- Notificaciones al quejoso.
Artículo 28 Fracción II. Si el quejoso esta privado de su libertad personal.
Artículo 28 Fracción III. En que caso de no estar detenido.
13.8.- Notificaciones a la autoridad responsable.
Artículo 28 Fracción I, LA.-. Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia
de los juzgados de Distrito, se harán:
I.- A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros
perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina
principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el
libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón
correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de
recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará
el recibo correspondiente;
Artículo 27, ultimo parrafo, LA.- Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se
entenderán con el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo que deba
representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Procurador General de la
República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera que una
vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán
directamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las
actuaciones procesales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la
República le deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a su residencia oficial.
13.9.- Notificaciones al tercero perjudicado.
Si es un órgano de gobierno la notificación se hará por medio de cedula o de oficio, de
acuerdo al artículo 28 Fracción I, LA
Si no es un órgano de gobierno la notificación se hará personalmente de acuerdo al
artículo 30 Fracción I, LA
Y si se desconoce su domicilio se hará por edictos de acuerdo a la fracción II del articulo
30, LA
13.10.- Notificaciones al Ministerio Público.
Se le notifica por medio de lista de acuerdo al artículo 28 Fracción III, LA- A los
agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los
apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír
notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de
fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al
de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes mencionadas no se presenta a oír
notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha,
poniendo el actuario la razón correspondiente.
13.11.- Notificaciones a terceros extraños al procedimiento.
Artículo 30 fraccion I, LA.- se deben notificar personalmente:

I.- Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con
domicilio o casa señalados para oír notificaciones en el lugar de la residencia del juez o
tribunal que conozca del asunto, el notificador respectivo buscará a la persona a quien
deba hacerse, para que la diligencia se entienda directamente con ella; si no la
encontrare, le dejará citatorio para hora fija, dentro de las veinticuatro horas siguientes; y
si no se espera, se hará la notificación por lista.
El citatorio se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a
cualquier otra persona que viva en la casa, después de que el notificador se haya
cerciorado de que vive allí la persona que debe ser notificada; de todo lo cual asentará
razón en autos. Si la notificación debe hacerse en la casa o despacho señalado para oír
notificaciones, el notificador entregará el citatorio a las personas que vivan en esa casa o
se encontraren en el despacho, asentando razón en el expediente. El citatorio contendrá
síntesis de la resolución que deba notificarse.
13.12.- Notificaciones por telégrafo:
Deben practicarse acudiendo el empleado del juzgado federal a la oficina de telégrafos de
la población donde tenga su asiento el tribunal del conocimiento del juicio, a depositar la
pieza de autos correspondiente, teniéndose por practicada la notificación correspondiente
el día en que la parte a quien se baya a notificar, reciba el telegrama. Establecido en el
artículo 23 Tercer Párrafo y 31 de la L.A
13.13.- Sanción, consecuencias y efectos por la falta de notificación:
Artículo 32 de la L.A:.- Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que
establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán
pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el
expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el
procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.
Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no
suspenderá el procedimiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se
recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media
hora para cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la
nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al
empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.
Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se
impondrá al promovente una multa de quince a cien días de salario.
13.14.- Requisitos que contiene la notificación por lista en amparo indirecto:
Articulo 28, Fracción III, 2do Párrafo, LA. En la lista se expresará el número del juicio o del
Aunando a esos puntos debe mencionarse la fecha de la resolución por notificar y al final
de la lista la fecha de la misma a fin de determinar cuando se práctico la notificación
correspondiente.
13.15.- Requisitos de las notificaciones en amparo indirecto.
Art. 28 LA.- Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados
de Distrito, se harán:

perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina
principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el
libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón
correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de
recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará
el recibo correspondiente;
II.- Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o
en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por
medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él.
Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona
para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado;
También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o
prevenciones que se les formulen.
III.- A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los
apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír
notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de
fácil acceso, del juzgado. La lista se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al
de la fecha de la resolución. Si alguna de las partes mencionadas no se presenta a oír
notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha,
poniendo el actuario la razón correspondiente.
13.16.- Requisitos de las notificaciones por cédula.
1. La resolución que se notifica,
2. El día que se notifica,
• Sello de la autoridad,
• Número de amparo,
• Nombre del quejoso.
13.17.- ¿Puede promoverse incidente de nulidad de actuaciones por indebida notificación
o por notificarse de manera diversa a la prevista por la ley?
Si, y se llama incidente de nulidad de actuaciones o de notificaciones, como lo establece
el artículo 32 de la L.A
13.18.- Como se realizan las notificaciones de la competencia de los juzgados de Distrito:
a las autoridades responsables, a las autoridades que tengan el carácter de terceros
perjudicados, a los quejosos privados de su libertad, a los terceros perjudicados, a los
apoderados jurídicos, procuradores, defensores, representantes y personas autorizadas
para oír notificaciones.
Articulo 28 y 30 de la L.A
13.19.- Como se realizan las notificaciones de amparo del conocimiento de la Suprema
Corte de Justicia o Tribunales Colegiados de Circuito.
Artículo 29 de la L.A
13.20.- Cuales son las reglas que deben de seguirse para que sean validas las
notificaciones personales, en los términos de lo dispuesto por el artículo 30.

Artículo 30 Fracción I, II, y III, LA:
perjudicados, por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo,
cuando se trate de notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la
demanda; el que admita, deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso; el que
declare la competencia o incompetencia de la Suprema Corte de Justicia o de un Tribunal
Colegiado de Circuito; los autos de sobreseimiento; y la resolución definitiva pronunciada
por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo del
conocimiento de ellos. En todo caso, al oficio por el que se haga la notificación se
acompañará el testimonio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá agregarse a
los autos.
Los jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche o tenga por no
interpuesto cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la
Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo
promovidos ante dichos jueces, notificarán esas resoluciones a las autoridades
responsables por medio de oficio remitido por correo, en pieza certificada con acuse de
recibo, acompañándoles copia certificada de la resolución que tenga que cumplirse. El
acuse de recibo será agregado a los autos;
II.- Al Procurador General de la República se le notificará por medio de oficio el primer
auto recaído en los expedientes de la competencia de la Suprema Corte de Justicia.
Al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados de Circuito
se le notificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la
competencia de dichos Tribunales.
Las demás notificaciones al Ministerio Público Federal, se le harán por medio de lista.
III.- Fuera de los casos a que se refieren las fracciones anteriores, las notificaciones, en
materia de amparo, en la Suprema Corte de Justicia o en los Tribunales Colegiados de
Circuito, se harán con arreglo a las fracciones II y III del artículo precedente.
13.21.- En que condiciones y porque causas deben notificarse por la línea telegráfica
resoluciones judiciales.
Artículo 23, 3er Párrafo y 31de L.A.Artículo 23, 3er Párrafo. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de
las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo
alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo
por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las
autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun
cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La
infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el Código Penal
aplicable en materia federal señala para el delito de resistencia de particulares y
desobediencia.
Artículo 31.- En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario
para la mejor eficacia de la notificación, la autoridad que conozca del amparo o del
incidente de suspensión, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades
responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla conforme al artículo 28,
fracción I, _de esta ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente, _si se trata de cualquiera

de los actos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley, y a costa del
interesado en los demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notificación
podrá hacerse por la vía telegráfica, si el interesado cubre el costo del mensaje.
13.22.- El incidente de nulidad de actuaciones de notificaciones, puede hacerse valer
hasta que momento procesal; si suspende el procedimiento y cual es el trámite contra
este.
Artículo 32, LA.- Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las
disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a
que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expediente que
haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento
desde el punto en que se incurrió en la nulidad.
Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no
suspenderá el procedimiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se
recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media
hora para cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la
nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al
empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.
14.- INCIDENTES:
14.1.- Concepto y razón de existencia;
Procedimiento legalmente establecido para resolver cualquier cuestión que, con
independencia de la principal, surja en un proceso.
El incidente implica la presencia de una controversia anexa a la principal es decir, de una
litis accesoria a la de fondo, la cual puede ser resuelta en la misma sentencia definitiva o
en una sentencia especial.
14.2.- Interpretación del artículo 35 de la L.A.
Artículo 35.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial
pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley.
En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica de certificación en la que
se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado
el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas,
valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al Derecho.
Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien
además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen y quedará
sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la interlocutoria que dicten
los jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de
revisión.
Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial
pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos
casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que
dispone esta ley sobre el incidente de suspensión.
14.3.- suspensión;
14.4.- Incompetencia;
Artículo 53, LA.- Luego que se suscite una cuestión de competencia, las autoridades
contendientes suspenderán todo procedimiento, hecha excepción del incidente de

suspensión que se continuará tramitando hasta su resolución y debida ejecución.
14.5.- Nulidad de actuaciones;
Es un incidente de previo y especial pronunciamiento, que tiene una forma especial de
substanciarse y que prevé el artículo 32 de la L.A.
14.6.- Incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la fianza o contraafianza
otorgada en la suspensión.
Artículo 129, LA.- Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las
garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará
ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el
Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de
los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo;
en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se
procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin
perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden
común.
Artículo 125, L.A.- En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda
ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante
para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene
sentencia favorable en el juicio de amparo.
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicando que no
sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente
el importe de la garantía.
Artículo 126, LA.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin
efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que
guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que
sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.
14.7.- Tramitación de los incidentes; tipos de sentencia y recursos que admiten.
Sentencia interlocutoria.- Cuando el incidente es resuelto por una sentencia distinta a la
definitiva y sentencia incidental: cuando se dicta la sentencia del incidente en la sentencia
definitiva debiendo diferenciarse concretamente de la sentencia definitiva.
Y admite el recurso de revisión de acuerdo al artículo 83 Fracción II, III.
14.8.- Los incidentes en el amparo se substanciaran en el de especial pronunciamiento.
Artículo 35, LA.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial
pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley.
Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial
pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos
casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que
dispone esta ley sobre el incidente de suspensión.
14.9.- Señale el procedimiento del incidente de reposición de autos.
Cuando alguna de las pieza de autos o todo el expediente se ha perdido, se inicia este
incidente pendiente a reintegrar las piezas perdidas o a confeccionar nuevamente todo el
expediente.
Articulo 35 de la L.A:
En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica de certificación en la que

se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado
el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas,
valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al Derecho.
Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien
además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen y quedará
sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la interlocutoria que dicten
los jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de
revisión.
14.10.- Que incidentes se tramitan de previo y especial pronunciamiento.
• El de acumulación de expedientes,
• El de reposición de autos,
• El de nulidad de actuaciones.
14.11.- Que incidentes se deciden de plano y sin formar substanciación:
Artículo 35 último párrafo, LA.- Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza
fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de
substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la
sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión.
15.- SUSPENSIÓN:
15.1.- Qué es la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo.
La suspensión del acto reclamado es la institución jurídica que obliga a las autoridades
estatales señaladas como responsables en una demanda de amparo, a detener su actuar,
durante el tiempo en que está en trámite el juicio de garantías, evitando con ello que se
consume el acto con efectos irreparables y que el juicio quede sin materia.
La suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado,
de manera que si este no se ha producido, no nazca, y, si ya se inició, no prosiga, no
continúe, que se detengan temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o
resultados, que se evite que éstos se realicen.
15.2.- Objeto de la suspensión:
El objetivo de esta medida cautelar es la de mantener viva la materia del juicio de
garantías, para evitar que se consume de modo irreparable el acto reclamado
15.3.- Efectos de la suspensión del acto reclamado:
Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los
actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro
del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22
constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de
ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las
medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.
Frac II.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría
físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
15.4.- Procedencia de la suspensión según la naturaleza del acto reclamado: de
particulares, positivos, prohibitivos, negativos con efectos positivos, Consumados,
declarativos, tacto sucesivo, futuros inminentes y probables.
15.5.- Alcances y efectos de la suspensión cuando se reclama una ley como
inconstitucional

Derecho de amparo

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Derecho de amparo

Semelhante a Derecho de amparo (20)

Derecho de amparo