1. La Iniciativa de la Financiación Privada (PFI) en Quebec.
Costes más elevados a cambio de menor transparencia y democracia
PIERRE SKILLING
Consejero del Servicio de investigación del Sindicato de la función pública de Quebec
Traducción: CAS Madrid
En Quebec, el actual debate sobre la iniciativa de la financiación privada (PFI) ha
hecho resurgir el conflicto de valores entre los sectores público y privado. Los
PFI se pueden definir como “proyectos que recurren al interés económico
privado para llevar a cabo funciones que, tradicionalmente, se han considerado
misiones estatales.”1. Ahora bien, el interés privado no tiene nada que ver con el
público: el primero tiene como objetivo el beneficio y la rentabilidad y, el
segundo, el interés general y el bien común. La crítica de los PFI no intenta
demonizar al sector privado sino recordar que las relaciones que se establecen
entre el sector privado y el público tienen un riesgo muy elevado, sobre todo en
lo que se refiere a la accesibilidad y a la equidad de los servicios públicos.
El pasado otoño, se han celebrado varias audiencias públicas ante la Comisión de
Hacienda Pública de la Asamblea Nacional, en relación con el el proyecto de ley 61
sobre la Agencia de consorcios público-privados. Esta vez, tanto los sindicatos
como los organismos de control del gobierno (Comisión de Acceso a la Información,
Defensor del Pueblo, Intervención General de Quebéc, etc), han expresado su
preocupación por la falta de transparencia de la Agencia y las contradicciones entre
el marco en el que se anunció que se iban a encuadrar los PFI y la tarea de
promoción que se había encomendado a la Agencia. “Los PFI no son la panacea”,
declaran para desmentir que el modelo sea un pilar fundamental en el plan de
modernización del gobierno a pesar de que se está poniendo en marcha toda la
maquinaria para promocionarlo. La Tesorería afirma que “No todos los proyectos
serán PFI”, para intentar tranquilizar a los ciudadanos pero lo cierto es que el
proyecto de ley establece claramente que los PFI podrán aplicarse a cualquier
servicio público. Nos aseguran que se respetarán las normas éticas para evitar
conflictos de intereses en la Agencia de los PFI pero la redacción del proyecto de ley
es muy imprecisa y no dice nada sobre el conflicto de intereses en la puesta en
marcha de los consorcios.
Todo este mecanismo suscita serias preocupaciones. Y, lo que es peor, todavía está
pendiente el verdadero debate sobre la conveniencia de los PFI en Quebéc, la mejor
manera de financiar y gestionar la reforma y el mantenimiento de nuestras
1
Dorval Brunelle, Sylvain Bédard, Simon Careau y Pierre-Antoine Harvey, L'État et les partenariats public-privé au Québec, Rapport
de recherche préparé dans le cadre du Protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ, 31 de agosto de 2004, p. 30.

2. infraestructuras públicas. Lo que está claro es que la financiación de los PFI resulta
más cara que la financiación pública.
Existen varias razones que explican por qué un consorcio público-privado, a
menudo resulta más caro que la financiación pública convencional. Mencionamos
algunas a continuación:
los organismos públicos pueden obtener préstamos a intereses inferiores a los
que se conceden a las empresas del sector privado;
los contratos PFI son extremadamente complejos y, con frecuencia, tienen miles
de páginas; además, las negociaciones de los contratos tienen costes muy
elevados, sobre todo por los honorarios que se pagan a los consultores.
Los beneficios que obtiene el sector privado son costeados por los ciudadanos y
las ciudadanas, bien mediante el pago de tarifas o bien mediante la utilización
de fondos públicos. Un ejemplo, son los precios prohibitivos de la autopista 407
en Ontario, o el importante aumento del precio del agua en numerosos
municipios franceses.
Los elevados costes de los PFI restan capacidad financiera a los organismos
públicos, que siguen siendo los responsables de la prestación de servicios y que,
a menudo, se ven obligados a recortar servicios, como ha ocurrido con los
hospitales británicos construidos bajo el modelo PFI2.
Falso reparto de riesgos y falta de transparencia
“Bueno, de acuerdo, ¡los PFI son más caros!, pero ganaremos con el cambio”,
reconocen algunos defensores de este modelo. En efecto, la atracción que el actual
gobierno siente por los PFI se basa, en gran parte, en la idea de que se conseguirá
un “mayor valor añadido”, lo que significa que el contribuyente “obtendrá más por
su dinero” con los PFI. ¿Por qué? Según los defensores del modelo, el consorcio
permite compartir riesgos con el sector privado. Entre los promotores del sistema
se encuentra el gobierno británico de Tony Blair, que ha terminado por admitir que
la financiación privada puede resultar más cara que la financiación pública
tradicional, pero considera que esta desventaja se compensa al asumir el sector
privado los riesgos asociados a un fracaso o a un fallo del proyecto.
Sin embargo, un estudio científico realizado por Unison – el mayor sindicato
británico – demuestra que, en un número importante de proyectos PFI que
fracasaron, no ha sido posible demostrar que la transferencia de riesgos haya
existido realmente ni cuál ha sido el coste para los contribuyentes. Aunque se sabe
que, desde 1992, la deuda atribuible a los PFI se eleva a 35 miles de millones de
libras esterlinas (cerca de 82 miles de millones de dólares canadienses), sigue sin
conocerse en qué se han gastado verdaderamente los fondos públicos destinados a
dichos proyectos.
2
Seven Reasons Why Public Private Partnerships Do Not Improve Public Services, Londres, Unison, Nov. 2001, p. 3-4 . Ver también
René Lawandowski, « Les vices cachés des PPP », L'Actualité, 1 de diciembre de 2004, p. 54.

3. Por otro lado, investigadores del University College de Londres quisieron comprobar
si la relación entre la “prima de riesgo” pagada por el sistema público y la
transferencia de riesgos al sector privado había sido objeto de investigación por
parte de la Intervención General británica. Pero se demostró que la estructura de
los contratos PFI hace que resulte difícil evaluar la relación entre el riesgo real y la
prima de riesgo, sobre todo porque el socio privado es, habitualmente, un consorcio
o una “sociedad pantalla” creada para la ocasión, que no asume por sí misma el
riesgo sino que lo transfiere a otras empresas sub-contratantes. Según los
investigadores, el proceso de evaluación del gasto público de los PFI por el
Parlamento está lleno de obstáculos y la transparencia de la gestión, muy
debilitada3. (3)
Las enmiendas al Proyecto de Ley 61 darán más margen de maniobra al Interventor
general de Quebec para poder examinar los libros y cuentas de la Agencia de los
PFI, y de sus filiales. En lo que se refiere a los acuerdos sobre PFI, la Intervención
General corre el riesgo de tropezar con las mismas dificultades que los responsables
de la Intervención de Cuentas del Parlamento de Londres. Si esto llega a suceder,
no sólo los ciudadanos no tendrán acceso a los contratos firmados entre el sector
público y el privado sino que, previsiblemente, los parlamentarios y las instituciones
responsables del control del Estado verán denegados sus intentos para acceder a
informaciones cruciales para la buena marcha de los asuntos públicos - los
acuerdos relacionados con el modelo PFI son confidenciales, como se demuestra en
el caso del contrato del proyecto informático GIRES de Quebec y con el contrato de
privatización de la autopista 407 de Ontario-. Y como sucedió en Gran Bretaña, la
información de que podrá disponer el Interventor General no le permitirá evaluar
claramente el reparto de riesgos.
Las relaciones entre el sector público y el privado terminan mal cuando son
demasiado estrechas y mal controladas y siempre perjudican a los ciudadanos, que
son los que pagan el coste y sufren las consecuencias. Una de las principales
preocupaciones de los defensores del bien común es la transparencia de los PFI. Sin
embargo, no existe ninguna garantía de que ni los ciudadanos ni siquiera las
instituciones que controlan los asuntos de estado en su nombre - como el Defensor
del Pueblo y el Interventor General - vayan a tener acceso a toda la información
sobre los PFI, que el gobierno pondrá en marcha en los próximos meses y años. En
este contexto, lo previsible es que se acumule el trabajo para los organismos de
control y también para los sindicatos, los parlamentarios, los periodistas y todos los
ciudadanos y las ciudadanas que crean en el valor de la ética y de la transparencia
de los servicios públicos.
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3
Allyson Pollock y David Price, Public Risk for Private Gain ? The Public Audit Implications of Risk Transfer and Private Finance,
Londres, Unison, Julio 2004.