1. RUEDA DE PRENSA del 20 de enero de 2011
El Grupo Antiburocracia de Madrid (GAB) lo componen médicos de atención primaria (AP) de
la Comunidad de Madrid, sin ningún nexo con organizaciones políticas, sindicales, científicas
o de cualquier otra índole, interesados en disminuir la carga burocrática de los médicos de AP,
para, de este modo, disponer de más tiempo para atender correctamente a nuestros pacientes
y mejorar la calidad de la asistencia clínica.
Hemos solicitado ser recibidos por la Consejería de Sanidad para exponer nuestro punto
de vista y sugerencias sobre el modo de resolver cuestiones que nos preocupan; no solo a
nosotros, sino a 2400 médicos de AP que, con su firma, avalan nuestras propuestas y que son
apoyadas de forma explícita por la Mesa de AP del Colegio de Médicos y la mayor parte de las
sociedades científicas de AP y sindicatos. Como el tiempo transcurre sin recibirse respuesta,
queremos hacer público en este acto el listado de temas que deberían ser resueltos a través de
la intervención de la Consejería.
1.- Estimamos que la singular normativa de la anterior viceconsejera sobre bajas laborales
(IT), de 15 de diciembre de 2009, entra en conflicto y de hecho contradice el contenido del
RD 575/1997. Según esta norma, solo el médico de AP emite los documentos de las bajas
médicas, independientemente de quién recomienda el reposo o ha propuesto la incapacidad
laboral. Situación que crea tensión constantemente en el polinomio paciente-inspección-mutua-
médico de AP-médico que propone el reposo, y que sin duda está provocando que las bajas se
eternicen cuando el paciente entra en el laberinto de tratarse en un lugar, en el que le atienden,
en el mejor de los casos, cada 2 o 3 meses, recoger los papeles de forma semanal en otro (que
no tiene información del primero) y seguir revisiones en las mutuas, mientras los inspectores
intentan recabar información que no tienen los médicos de AP.
Haciendo gala de un encomiable sentido común, en otras comunidades autónomas se les
facilita la baja medica a los pacientes en el hospital cuando están ingresados y al alta, el
sistema informático transfiere el seguimiento de esa baja al medico de AP.
Lejos de mejorar la situación anterior, esta normativa aumenta la burocracia y desconcierta a
cada uno de los protagonistas de este embrollo, sin parangón en el resto de España.
2.- La normativa de 29 de agosto de 2008, también de la anterior viceconsejera, sobre recetas,
camina en sentido contrario a lo establecido en el resto de comunidades autónomas, en las que
o no existe legislación al respecto o dictan normas para que sea cada médico el que plasme en
receta oficial sus propias prescripciones en los servicios de urgencias. En Madrid no. En Madrid
es el médico de AP el que debe transcribir en receta oficial lo que otro médico ha prescrito, esté
de acuerdo o no, porque, de lo contrario, entra en conflicto con el paciente, al que hacemos
peregrinar de un lugar a otro en busca de sus recetas y que no tiene por qué entender de
discrepancias de opiniones entre diferentes facultativos. Cada médico debe ser responsable de

2. sus prescripciones como apunta la ley, las comisiones deontológicas y el sentido común.
El SUMMA 112 y los servicios de urgencias, en definitiva, pueden diagnosticar, iniciar un
tratamiento dando unas pocas pastillas, pero no prescribir, según la Consejería. Como es
lógico, todos los servicios de urgencias incumplen esta norma, prescribiendo en la hoja de
urgencias un tratamiento. La población atendida no podría entender otra forma de actuar. En
este punto, la Consejería tiene fácil la solución.
3.- La receta electrónica, y si es multiprescripción mejor, es una necesidad que solucionaría
una parte de los problemas anteriormente planteados. La receta electrónica funciona
perfectamente en comunidades como Andalucía, Catalaluña, Galicia, Extremadura, Valencia,
etc. Nuestra Consejería sigue anclada en el pasado y parece que sin ganas de modificar esta
situación.
Cada médico se responsabilizaría de sus propias prescripciones por el tiempo oportuno.
Por algún motivo, solo en tres países de Europa se hace una receta por fármaco y solo en el
nuestro de forma reiterada. Estamos perdiendo el tiempo constantemente en actos puramente
burocráticos decimonónicos.
Por otro lado, queremos hacer notar que el formato de la dosificación de las recetas imprimidas
en el sistema informático AP Madrid acarrea problemas de seguridad para el paciente y puede
producir reclamaciones patrimoniales si se produjese algún incidente no deseado.
4.- La gestión de las recetas y los partes de interconsulta de las residencias geriátricas es un
punto que nos preocupa y con amplio margen de mejora. La situación actual consiste en que el
servicio médico de la residencia geriátrica trata al paciente (diagnostica y prescribe) y de forma
mensual se pasan por el centro de salud para que el médico de AP transcriba la medicación
utilizada en recetas oficiales. Esto es, trascribir en recetas oficiales las prescripciones de
médicos privados, algo que expresamente prohibe la legislación. De igual modo sucede con las
peticiones de consultas con otros especialistas.
¿Alguien imagina que un arquitecto firme todos los meses planos en los que no ha intervenido
ni hecho cálculo alguno, y que le obliguen a responsabilizarse de ellos mediante su firma, una
vez construidos? Esto es lo que nos sucede a los médicos de familia de Madrid, todos los días .
5.- Comienza a ser esperpéntico el panorama informático en el que se desenvuelve el médico
de AP. La historia clínica electrónica (AP Madrid) tiene tantos fallos que hace más lento nuestro
trabajo en la consulta. En ocasiones llegamos a plantearnos si no será mejor hacer las recetas
de nuevo a mano.
La conexión con las historias clínicas del hospital es altamente irregular. Según los centros,
algunas pruebas complementarias vienen en formato de papel, otras digitalizadas, para otras
hay que entrar en el sistema informático del laboratorio, para otras hay que entrar en la historia
clínica del hospital; para tener acceso a lo escrito en otro centro de salud hay que abrir otro
programa distinto y un extenso etcétera acompañado de sus diferentes claves de usuario y
caducidad en los tiempos de apertura. Todo esto, añadido a la escasez de tiempo, hace que
la atención al paciente se deteriore en lo fundamental y conduce a que los suplentes sean
prácticamente disfuncionales por la variabilidad intercentros de los procedimientos.

3. 6.- Los certificados de asistencia a la consulta proliferan por múltiples motivos que no cabe
desarrollar en este documento. Estos certificados se realizaban en las unidades administrativas
de los centros de salud y se siguen realizando de esta forma en los hospitales. A pesar de la
existencia de una normativa al respecto, resulta ambigua en cuanto al apartado de quién lleva
a cabo estos documentos, de modo que, al final, es el médico de AP el que los emite. Cabe
preguntarse cuál es el valor clínico de este acto. Insistimos en que constantemente nos hacen
perder el tiempo en actos burocráticos, en un entorno en el que una parte muy importante de
nuestra labor es el tiempo que dedicamos a los pacientes.
Se hace necesaria una normativa explícita, a este respecto, que haga disminuir la carga
burocrática del médico de AP.
Es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dar respuesta a
los puntos anteriores. Al mismo tiempo nos dirigimos al Ministerio de Sanidad para que:
1.- Derogue el reciente decreto sobre receta médica y sustituya el arcaico modelo que
padecemos por una receta multiprescripción, independientemente de la introducción o no de la
receta electrónica, que compete a las CC. AA.
2.- Modifique la actual normativa y el modelo de IT, sustituyendo el actual por uno donde
no haya necesidad de dar baja laboral en los siete primeros días, como sucede en la mayor
parte de los países europeos, siendo el propio paciente quien autojustifica la ausencia en ese
periodo, y sean suprimidos los llamados partes de confirmación y el parte de alta: bastaría
con que el médico que firma la baja (el médico que atiende al enfermo,según el RD 575/97)
proponga una fecha probable de alta, en función de la duración probable de la incapacidad.
Como conclusión, queremos manifestar que los médicos de Atención Primaria firmantes del
documento mencionado (2400 médicos) ni queremos ni podemos seguir en las condiciones
actuales. Hemos reiterado nuestras peticiones para hacer nuestro trabajo más eficiente y
aumentar la calidad de la atención a nuestros pacientes, pero, por el momento, nuestras quejas
han sido ignoradas.
De seguir así, tendremos que optar por actuar de la forma que nos parezca éticamente más
correcta. Esto incluye dejar de transcribir, a partir del próximo uno de marzo, en recetas
oficiales prescripciones de pacientes que no conocemos, como es el caso de las residencias
geriátricas y dejar de prescribir fármacos que no estamos autorizados a indicar, este el caso
de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. También dejaremos de ser flexibles en el
cumplimiento de la normativa y nos ajustaremos textualmente a ella, es decir, cada médico del
sistema público de salud debe plasmar en receta oficial sus prescripciones.
Grupo AntiBurocracia de Madrid