1. SIP IAPA 68a Asamblea General, 12 al 16 de Octubre 2012 2012, São
Paulo, Brasil
Argentina
La prensa ha enfrentado un clima crecientemente hostil durante el último semestre. Una serie
de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y
amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y
ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del
periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente.
El acceso del periodismo a fuentes oficiales ha sumado más obstáculos. El discurso de los
funcionarios suele ser cerrado y refractario a las preguntas. La Presidenta, Cristina de Kirchner,
no ha dado una sola conferencia de prensa en todo 2012, pero utilizó la cadena nacional una
veintena de veces para hacer anuncios diversos no relacionadas con “situaciones graves,
excepcionales o de trascendencia institucional”, que son los casos que justifican legalmente su
uso. En muchas de sus alocuciones la Presidenta fustigó al periodismo e hizo referencias a una
“cadena ilegal del miedo y el desánimo”, en alusión al Grupo Clarín y a otros medios.
El 11 de julio de este año, en uso de la cadena nacional, la Presidenta acusó de evasor a un
operador inmobiliario, después de referirse a declaraciones que este realizara al diario Clarín
sobre complicaciones económicas en su sector. Este señalamiento público quebró el secreto
fiscal y constituyó un claro abuso de poder que se repitió, un mes más tarde, con una mención
de la Presidenta sobre el periodista Marcelo Bonelli, a quien relacionó con supuestos pagos
irregulares de una empresa. En ese discurso afirmó que era necesaria una ley de ética pública
para la prensa.
La inversión estatal en comunicaciones ascenderá durante 2012, de acuerdo a cifras
consignadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, a 7.143 millones de pesos, equivalentes, a
cambio oficial, a más de 1.500 millones de dólares. La mitad de este monto se adjudicará a
obras de la empresa estatal de soluciones satelitales ArSat, como la construcción de estaciones
digitales de transmisión e instalación de antenas. El programa Fútbol para Todos consumirá,
entre pagos por derechos y costos de producción, 1.378 millones de pesos; monto que se
suma a los casi 4.000 millones que costó el programa en sus tres años de existencia. La agencia
oficial de noticias Télam, Canal 7 de televisión abierta y Radio Nacional, insumirán este año
900 millones de pesos. Se estima, siguiendo el presupuesto oficial, que unos 590 millones se
volcarán a publicidad oficial, 347 se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sistema de
Televisión Digital Abierta y 166 al financiamiento de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la
Ley 26.522, conocida como Ley de Medios. Además del crecimiento geométrico de la inversión
en esta área, debe resaltarse el uso que se hace del aparato sostenido con esos fondos. La
televisación de los partidos que se emiten en el marco del programa Fútbol para Todos tiene al
Estado como anunciante exclusivo a través de avisos que suelen tener carácter proselitista. Los
medios públicos funcionan, dentro de sus espacios informativos, como órganos partidarios,
albergando programas dedicados a desacreditar a periodistas y medios independientes.
La pauta oficial es empleada, en general, de manera arbitraria, de acuerdo a la línea editorial
de cada medio y desconociendo fallos de la Corte Suprema de Justicia que condenan la
discriminación publicitaria. Hace más de un año que el Gobierno no informa sobre su

2. distribución pero un relevamiento privado, que monitoreó las variaciones de la publicidad
estatal en una gran cantidad de medios, estima que hubo un crecimiento, en los primeros ocho
meses de 2012 respecto del mismo período del año anterior, de casi un 70%. El estudio sobre
el reparto arroja que hubo medios con incrementos de un 240% entre un año y otro.
A principios de agosto, manifestantes de sindicatos de vendedores y distribuidores de diarios
impidieron la salida de los diarios La Nación y Clarín, configurando un delito específico del
Código Penal que fue acompañado por la inacción de las autoridades.
En ese mismo mes, la Asociación Consumidores Libres fue suspendida por publicar un
relevamiento de precios con cifras diferentes a las que elabora el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC). Paralelamente, otras asociaciones fueron notificadas por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación para que informen la metodología que
utilizan para hacer sus sondeos. Esta política persecutoria contra aquellos que exponen
números diferentes a los de las cuestionadas estadísticas oficiales es la misma que se aplicó
anteriormente a las consultoras económicas que fueron multadas o intimidadas por difundir
índices de inflación alternativos a los que avala el Gobierno.
Buena parte de los medios del interior sufren, en igual o mayor medida que los grandes
medios de la ciudad de Buenos Aires, presiones y discriminaciones de los gobiernos
provinciales y municipales. Pero a ese acoso se suman las enormes dificultades económicas
que ponen en jaque su continuidad. La capacidad contributiva de la inmensa mayoría de estos
medios se limita al pago de las cargas fiscales. Por eso resulta imperioso un cambio del actual
esquema fiscal, que desconoce los compromisos del Estado y pone en riesgo la supervivencia
de estos actores centrales de las comunidades argentinas. La mayoría de los más de 15.000
medios de la Argentina no pueden subsistir sin el amparo estatal.
La pluralidad informativa se puso a prueba durante la cobertura de la manifestación ciudadana
del 13 de septiembre último, una de las movilizaciones más relevante de los últimos años. Este
hecho fue cubierto de manera limitada o sesgada por un alto porcentaje de los medios
televisivos. Por eso el avance gubernamental contra aquellos que cubrieron los hechos de
manera amplia pone en juego no solo intereses corporativos y patrimoniales sino el derecho
de la ciudadanía a estar informado.
En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el 7 de diciembre
de este año vence la medida cautelar que frena la aplicación de dos artículos de la Ley de
Medios respecto del Grupo Clarín. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) emitió un spot publicitario, dentro de los espacios del programa Fútbol
para Todos y en horarios centrales de medios privados, intentando instalar su interpretación
del fallo del máximo tribunal. De ese aviso y de las declaraciones de diversos funcionarios se
infiere que el gobierno interpreta que, antes de esa fecha, el Grupo Clarín debería presentar
un plan de adecuación de sus medios para iniciar un inmediato proceso de desmantelamiento.
Los constitucionalistas que se pronunciaron sobre el tema coinciden en que en esa fecha
pueden producirse tres cosas distintas de lo que sugiere la campaña oficial. Podría haber un
fallo sobre el fondo de la cuestión (la inconstitucionalidad de los dos artículos), una prórroga
de la medida cautelar o podría comenzar a correr el plazo de un año contemplado por la Ley
para la desinversión por parte de aquellos grupos que excedan la cantidad máxima de licencias
estipuladas.
Dentro de este contexto se produjo, hace dos semanas, un irregular intento de recusar a un
miembro independiente del Consejo de la Magistratura, organismo que propone ternas de

3. jueces para cubrir vacantes dentro del Poder Judicial. Esa recusación le permitiría al oficialismo
lograr la mayoría agravada que necesita para proponer o remover jueces, poniendo en riesgo
la independencia del poder judicial. Una de las vacantes que debe ser cubierta, es la del
tribunal que debe pronunciarse sobre el planteo judicial del Grupo Clarín.
La aplicación selectiva de la Ley de Medios enciende una señal de alarma sobre lo que puede
ocurrir en el futuro próximo. Existen varios grupos mediáticos que no se ajustan a lo previsto
en distintos artículos de la norma, que no cuentan con medidas cautelares y que, no obstante,
no han sido intimados para cumplir con lo que ésta estipula. Silvia Vázquez, ex diputada
nacional y autora de la Ley de Medios, sostuvo que la ley podría emplearse para un
“linchamiento” contra un grupo mediático y reconoció que hay grandes cuestiones pendientes
en lo que hace a su aplicación. No se difundieron los resultados del censo de medios -instancia
necesaria para la readecuación del espacio radioeléctrico-, ni se realizó el plan técnico para
garantizar la viabilidad de los nuevos medios ni se llevó a cabo de manera exitosa el concurso
para la entrega de licencias de televisión. La precaria aplicación de la Ley, sancionada hace tres
años, genera el razonable temor de que termine generando un endeble esquema de medios
que, en su amplia mayoría, no sean sustentables y terminen dependiendo del amparo
económico del Estado y perdiendo toda posibilidad de independencia. La reciente designación
de un autodenominado militante kirchnerista al frente de la AFSCA, y la ausencia de
representantes de la oposición dentro de su directorio, se suma al fundado temor de un uso
instrumental de la Ley dirigido a desmantelar a un grupo de medios en particular.
Un párrafo especial merece el alto número de ataques que ha registrado el ejercicio de la
actividad periodística en los últimos meses. Un reciente informe de la Fundación LED (Libertad
de Expresión + Democracia) indica que en el primer semestre de este año se contabilizaron
161 ataques a periodistas o medios. Se trata de una cifra superior a la computada por FOPEA
(Foro de Periodismo Argentino) para todo 2011. Gustavo Tinetti, de Radio Cadena Nueve, 9 de
Julio, provincia de Buenos Aires; Sergio Loguzzo, de 6,7,8; Hernán Lascano, de La Capital,
Rosario; Aníbal Parma, de FM Génesis, Formosa; Rodrigo Alegre, David Santistebe y Federico
Gandolfi, de Periodismo para Todos, son algunos de los periodistas que fueron amenazados o
atacados físicamente por desconocidos, miembros de organizaciones sociales o manifestantes
en la vía pública, a raíz de su trabajo periodístico, en el período en análisis.
Las agresiones sufridas por Daniel Luna, de Canal 4 de Candelaria, Misiones; Hernán García, de
FM Uno, de Sancti Spíritu, Santa Fe; Marcelo Bertolino, de FM Estudio 2, de Pilar; y Gonzalo
Rodríguez, de CQC, en Pinamar, tuvieron como autores a altos funcionarios de estas
localidades.
Jorge Lanata y miembros de su equipo fueron retenidos por agentes venezolanos en el
aeropuerto internacional de Caracas, quienes lo interrogaron sobre las fuentes de sus
informes, se apropiaron de su equipamiento periodístico y borraron su contenido.
Por otra parte, subsiste la desigualdad entre los diarios de Junín, Democracia y La Verdad, este
último editado por el Arzobispado de Luján-Mercedes, que fue eximido de impuestos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, afectándose de este modo la igualdad ante la ley
y la libre competencia.