Tres diputados nacionales de diferentes partidos políticos emitieron una declaración conjunta instando al Congreso a sancionar una ley de acceso a la información pública. Argumentan que una ley es necesaria para garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a buscar, recibir e intercambiar información, y que la Corte Suprema también ha pedido urgentemente una ley para regular de manera efectiva el acceso a la información del Estado.

1. Buenos Aires, Jueves, 27 de Marzo de 2014
Declaración conjunta de los diputados nacionales Laura Alonso (PRO), Manuel
Garrido (UCR), Adrián Pérez (Frente Renovador).
POR UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La reciente sentencia de la Corte Suprema que ordenó al Ministerio de Desarrollo
Social brindar información referida a planes sociales ha puesto de relieve una vez más
la necesidad de contar con una ley de acceso a la información pública.
Una de las características centrales de nuestro sistema de gobierno republicano reside
en la publicidad de los actos de gobierno, requisito indispensable para la rendición de
cuentas de todos los funcionarios públicos. Para ello es fundamental garantizar el
derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos en cuanto la opinión pública
resulta en la sociedad contemporánea una herramienta de control más, junto a los otros
controles formales de los organismos e instituciones públicas.
Además el derecho al acceso a la información pública es también una herramienta
clave para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, a través de un pedido de acceso
a la información una persona puede conocer cuáles son los requisitos para ser
beneficiario de una beca de estudios o qué medicamentos oncológicos provee el
servicio de salud pública. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
afirmado que es una “condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus
opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una
sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.”
Nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos
con jerarquía constitucional consagran el derecho de toda persona a buscar, recibir y
difundir ideas e información por cualquier medio de comunicación. Si bien el derecho es
plenamente operativo, una ley es necesaria para ejercerlo de manera efectiva y

2. oportuna a todas las personas.
En esta línea, la Corte aprovechó la decisión para poner un freno a la denegación
arbitraria de información pública y puso el foco en la necesidad de sancionar una ley de
acceso a la información pública: “En este contexto, es indudable que para "garantizar
en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una
ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia del
principio de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo en que las
autoridades públicas deben satisfacer este derecho.”
Ante esta fuerte sugerencia de la Corte Suprema y frente a un reclamo constante de
diferentes sectores de la sociedad civil, sería una muestra de grandeza de la presidenta
permitir que se dicte una ley hacia el futuro que garantice este derecho constitucional.
Los abajo firmantes, desde nuestro rol de legisladores, hemos presentado diferentes
proyectos que darían cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Esta
declaración conjunta busca instar al Congreso a cesar en su inacción, darle pronto
tratamiento a las múltiples iniciativas parlamentarias existentes y sancionar una ley
producto del consenso de todas las fuerzas políticas que garantice la libertad de
expresión y el acceso a la información pública. Es nuestro aporte para contribuir a un
debate público formado, plural y responsable.
Manuel Garrido
Diputado Nacional
UCR
Adrián Pérez
Diputado Nacional
Frente Renovador
Laura Alonso
Diputada Nacional
PRO
Prensa Garrido: Laura Fernández: 15-6665-2096
Prensa Alonso: Jimena Rosli: 15-6477-0012
Prensa Pérez: Hernán Etchaleco 15-6157-4116