1. Susana Cepeda Islas. "¿Qué es la gerencia pública?”
Episteme No. 8 Año 2, Julio-Septiembre 2006
http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero7-06/
Fecha de consulta:
¿Qué es la gerencia pública?
Susana Cepeda Islas
UVM - Saltillo
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo mostrar en forma general el concepto de gerencia
pública, el cual se construye como una nueva propuesta administrativa gubernamental, que
tiene como objetivo el mejoramiento de la capacidad de gobierno, para lograr un incremento
en la gobernabilidad y contar con condiciones de mejora continua en los procesos
administrativos para resolver de manera eficiente y expedita los problemas que presenta la
sociedad.
Para lograr la eficiencia en el gobierno, se deben reclutar y seleccionar funcionarios que
tengan los conocimientos y dominen las técnicas adecuadas para la toma de decisiones y así
lograr la racionalidad administrativa. El concepto de gerencia pública es acuñado en la
administración privada, donde por su naturaleza ha dado buenos resultados, y es adoptado
por la administración pública. El problema es confundir lo privado y lo público, ya que el
primero se concentra en el superávit y el segundo se enfoca a lo social.
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Antecedentes
En el campo de la administración pública, se habla últimamente sobre el concepto de gerencia
pública, y no es para menos, ya que actualmente el contexto gubernamental se encuentra
inmerso en la complejidad, producto de la demanda constante y urgente de la ciudadanía por
satisfacer sus necesidades políticamente definidas.
En la actualidad vivimos en constantes cambios en los procesos sociales, económicos y
tecnológicos, entre otros. La administración pública no escapa a este mar de cambios mundiales.
Los procesos administrativos utilizados en la administración pública tradicional ya no dan
respuesta a los problemas nacionales que vive el país. Surge así la necesidad de un cambio radical
en las prácticas administrativas gubernamentales.

2. La administración pública va de la mano con el Estado. Cuando
éste ya no responde a la sociedad, tiene que trasformarse y
adaptarse a las nuevas propuestas sociales. De manera general
podemos mencionar, por ejemplo, que en el Estado gendarme el
objetivo era únicamente garantizar la seguridad y soberanía,
además de impartir justicia; posteriormente el Estado evoluciona y
cambia a un Estado benefactor, en el que la responsabilidad
estatal crece hacia la oferta de bienes públicos básicos como la
educación, salud, vivienda y algunos otros. Ahora el Estado es
neoliberal, donde el libre mercado marca el camino de la sociedad
[1].
En este marco también la administración pública tiene que evolucionar y pasar de la tradicional a
la nueva administración pública. Ésta nace debido a la crisis de legitimidad, consecuencia de los
graves problemas de ineficiencia, por un lado y, por el otro, a las demandas organizadas de los
diferentes grupos que conforman la sociedad.
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer qué es la gerencia pública como un
concepto que nace de la urgente necesidad de la incorporación de nuevas técnicas administrativas
a la administración pública, que coadyuven en la gestión gubernamental, para lograr la eficiencia
y la eficacia de los servicios que el gobierno proporciona a la ciudadanía. Es en este contexto que
aparece el concepto.
Algunos teóricos ubican este concepto a principios de la década de los setenta en Estados Unidos,
siendo en la década de los noventa donde alcanza una fuerte influencia sobre países europeos y
latinoamericanos. La gerencia pública tiene el predominio de dos corrientes: la de la política
pública y la de las escuelas de administración tradicional que comenzaron a recibir los postulados
de la escuela de administración y negocios. De esta manera la gerencia pública sale a la luz con la
principal meta de darse a la búsqueda de la eficiencia en las acciones realizadas por el sector
público, a través de la exploración de nuevas técnicas de administración privada.
La gerencia pública nace entonces como “una respuesta a la crisis de legitimidad de la
administración en su funcionamiento tradicional… Lo que la hace eficaz, bajo esta perspectiva, es
que la dirección tiene connotaciones de racionalidad; que la participación de los usuarios tiene
connotación de humanidad; que el marketing público tiene connotaciones al mismo tiempo de
racionalidad de la dirección y de la humanidad de quien se ocupa de las necesidades públicas” [2].
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Gerencia Pública
Es importante señalar que el nuevo manejo de lo público toma como punto de referencia el éxito
de la administración privada, que se basa en la excelente preparación de sus gerentes, de ahí que
se pretenda exportar estos conceptos a lo público.
A continuación analizamos dos definiciones. Para Adriana Plasencia, la gerencia pública “se define
como el conjunto de conocimientos y prácticas que permiten mejorar la racionalidad de la
dirección administrativa del Estado en términos sociales” [3]; sin embargo, Barry Bozeman
menciona que “la gerencia pública supone un focus sobre una estrategia (más que sobre un
proceso gerencial) sobre las relaciones interorganizacionales y sobre la intersección de la gerencia
y la política públicas” [4].

3. La definición de Plasencia apunta al compromiso que tienen los funcionarios públicos para mejorar
la racionalidad, lo cual implica el buen aprovechamiento de los recursos materiales, financieros y
humanos. La racionalidad técnica adquiere su valor cuando los empleados públicos son capaces y
eficientes para la realización de sus tareas; la racionalidad técnica se define por la eficiencia con
que se organizan, programan, distribuyen y evalúan los recursos que el Estado tiene para cumplir
su misión.
En este sentido, resalta que la toma de decisiones se debe apoyar en
un proceso de trabajo metódico, calculado y ponderado respecto a lo
que se necesita y lo que en realidad se dispone [5]. Bozeman intenta
dotar la definición de este concepto de un significado amplio
adecuado a las nuevas realidades que viven las sociedades
contemporáneas. Se ve el interés por reconocer el valor de la
gerencia pública como campo de estudio. La idea es conciliar la
finalidad política del quehacer del gobierno y la gerencia pública.
Ricardo Uvalle señala que el concepto de gerencia pública no se agota en sí mismo. Es parte de un
logos administrativo público; requiere tratamiento específico y enfoques originales. Es decir, el
ámbito de la gerencia pública tiene autenticidad. Abarca la totalidad de los movimientos del
Estado y es el apoyo más decidido para traducir los programas del bienestar y el progreso en
realidades alentadoras [6].
La preocupación de la gerencia pública es lograr la incorporación de los avances y entrar en la
búsqueda de nuevas técnicas administrativas para lograr la eficacia de la administración pública.
Para ello, se deben vincular los valores presentes en la sociedad, o los que aspiran a su
transformación.
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Objetivos de la gerencia pública
Antonio Quintín y Adriana Plasencia coinciden en las características que debe tener el perfil del
gerente público:
• Capacidad para gestionar en la complejidad. La complejidad es un elemento que estará
presente en la sociedad y que irá en ascenso. El gerente público debe tener las habilidades
necesarias para dar respuestas eficientes a ésta.
• Capacidad para la movilización del potencial humano de las organizaciones públicas. Esto
implica dotarse de elementos que lo conviertan en un líder y lo centren en la búsqueda de
procesos organizacionales que logren dar respuesta a la sociedad.
• Capacidad para la negociación. Que le permita atender las demandas de los grupos
sociales.
• Capacidad para actuar como agente de cambio. Desarrollar las capacidades para el trabajo
en equipo, como principio organizador para atender las actividades superiores a la
administración pública.
• Capacidades técnico-políticas. Debe comprender la interrelación entre las tres variables
fundamentales sobre las cuales se actúa: capacidad de gobierno, proyecto de gobierno y
gobernabilidad del sistema.
• Sensibilidad ética de la función pública. Desplegar todas sus capacidades para desarrollar
sus funciones dentro de un marco valorativo, de acuerdo a los intereses nacionales y el
bien común.

4. La gerencia pública tiene entonces como objetivo el mejoramiento de la capacidad de gobierno
para lograr un incremento de la gobernabilidad y tener en condiciones de mejora continua los
procesos administrativos, y así resolver de manera eficiente y expedita los problemas que
presenta la sociedad.
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Obstáculos
Ya se definió el concepto y los objetivos de la gerencia pública. Ahora es necesario señalar que no
bastan las buenas intenciones para implementar nuevos conceptos. Debemos tener en cuenta que
la cultura laboral del país no está preparada para sufrir cambios tan radicales. A continuación se
mencionan algunos de los obstáculos que observamos para la adecuada implementación de la
gerencia pública en el caso mexicano:
a) Un extenso aparato estatal en su conformación.
b) Un exceso de reglamentos que llevan a la ineficiencia.
c) No existe continuidad en los planes y programas gubernamentales.
d) La falta de una función pública adecuada y bien remunerada.
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Conclusiones
En indudable que el reto para los administradores públicos es cada día mayor. Esto implica
cambiar de paradigma, y convertirnos en gerentes públicos, con el cuidado que esto representa.
No confundirnos con la administración privada, ya que la diferencia radica en los fines.
La idea, entonces, es cambiar totalmente los procedimientos para que sean encaminados hacia
una lógica competencia y combatir ciertas prácticas cotidianas de la administración pública como
son: la falta de rendición de cuentas, la corrupción, el gasto excesivo, el desarrollo de un sin
número de controles que impiden que los procedimientos administrativos tengan un cauce fluido,
además de la desconfianza de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos, entre otras.
La gerencia pública propone un cambio en los administradores públicos. Éstos deberán capacitarse
para poder desarrollar las estrategias que les permitan crear una nueva organización
administrativa, dirigida a los valores del mercado y de la eficiencia, con la pretensión de resolver
los graves dilemas a los que se enfrenta la administración pública tradicional, que ahora parecen
encontrar respuesta en la gestión pública.
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Referencias bibliográficas

5. [1] Cabrero Mendoza, Enrique: Del Administrador al Gerente Público. INAP, México, 1997, p. 17.
[2] Burlaud, Alain y Laufer Roamin: Dirección Pública y Legitimidad. INAP, Madrid, 1989, p. 57.
[3] Plasencia Díaz, Adriana: Gerencia Pública. Colegio de Ciencias Políticas y Administración
Pública, México, 1994, p. 99.
[4] Bozeman , Barry: Public Management. The State of Art , Jossey-Bass , California , 1993, p. 12.
[5] Plasencia: Op. Cit. p. 104.
[6] En Revista del Instituto de Administración del Estado de México, A.C. , No. 9, enero-marzo de
1991, p. 205.
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Bibliografía
Bozeman, Barry (1993). Public Management. The State of Art, Jossey-Bass, California.
Burlaud, Alain y Laufer Roamin (1989). Dirección Pública y Legitimidad. INAP, Madrid.
Cabrero Mendoza, Enrique: Del Administrador al Gerente Público. INAP.
Plasencia Díaz, Adriana (1994). Gerencia Pública. México: Colegio de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Revista del Instituto de Administración del Estado de México, A.C. , No. 9, enero-marzo de 1991.
Quintín, Antonio (1993). “La especificidad de la gerencia pública y la gerencia pública deseable”,
en Memoria Política, UVC Venezuela, No. 3.
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Acerca de la autora
Susana Cepeda Islas. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la ENEP
Acatlán , UNAM. Tiene una especialidad en Formación de Educadores de Adultos por la UPN.
Cuenta con los siguientes diplomados: Calidad Total en el Servicio Público; Análisis Politológico; y
Administración Municipal, todos por la UNAM. Tiene el grado de maestría en Psicología Social de
Grupos e Instituciones por la UAM. Ha desempeñado diferentes cargos públicos en los niveles de
Gobierno federal, estatal y municipal. Su último cargo fue como jefa de la sección del área de
Administración Pública y Economía de la FES Acatlán-UNAM.
Catedrática en la UNAM en las materias de Teoría de la Administración Pública I y II,
Administración Pública en México, entre otras, durante nueve años. Ha impartido diferentes cursos
de capacitación para funcionarios públicos en el área de administración pública, imparte
diplomados y seminarios de titulación en Gerencia Pública y Políticas Públicas en el Colegio de
Ciencias Políticas y Administración Pública, actualmente es docente en la Universidad del Valle de
México – Saltillo y en la Universidad Autónoma de Coahuila en la maestría en Administración. Ha
publicado varios artículos en el área de administración pública y educación.
Es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública; miembro de la
Asociación de Egresados de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán; miembro del INAP y,
actualmente, es la vicepresidenta del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública.
En el conjunto de relaciones integrantes de la vinculación de sus servidores con la administración
pública, esta la esencia de lo que se conoce como función pública, la cual busca dar respuesta a la
naturaleza de esa relación, de ese vinculo de unión entre el servidor público y la administración.
Según Cátala (1998) la función pública como institución es el conjunto de valores, principios y normas,
formales e informales, que pautan el acceso, la promoción, la retribución, la responsabilidad, el

6. comportamiento general, las relaciones con la dirección política y con los ciudadanos y, en general,
todos los aspectos de la vida funcionarial considerados socialmente relevantes. La función pública es,
desde luego, una institución jurídica, pero su institucionalidad no se agota en lo jurídico-formal. Existe
también una institucionalidad informal integrada por los modelos mentales y las expectativas de los
funcionarios y los ciudadanos hacia el comportamiento adaptativo en la función pública.
La función pública como organización es un concepto completamente diferente se refiere a la suma de
recursos humanos concretos puestos al servicio de una o del conjunto de las organizaciones público-
administrativas. Esta suma de personas concretas opera dentro del marco institucional de la función
pública; pero se encuentra ordenado para obtener los resultados específicos de su organización. En
realidad, los funcionarios y empleados públicos están sometidos a dos órdenes normativos: 1. por un
lado al orden jurídico institucional, determinador, junto al orden institucional informal, del sistema de
construcciones e incentivos, y 2. al orden organizacional, determinado por los mandatos organizativos,
procedentes de la autoridad responsable de la eficacia y la eficiencia de la organización e investida de
la potestad autoorganizatoria, así como por la cultura administrativa especifica de cada organización.
En realidad, las normas institucionales y las normas organizativas de la función pública tienen
naturaleza enteramente diferente. Las primeras no sólo son indisponibles, sino que gozan de una
estabilidad y hasta rigidez importantes. Sólo el legislativo puede proceder a su cambio, y en el marco
siempre de los parámetros constitucionales. Por lo demás, el margen del cambio se limita a los aspectos
formales: sobre los aspectos institucionales informales se puede influir, pero en absoluto prever ni el
resultado ni la velocidad del cambio, dada la complejidad de factores de los cuales éste depende.
Contrariamente, las normas organizativas de la función pública tienen naturaleza instrumental, son
disposiciones orientadas a la más eficaz y eficiente consecución de los objetivos de la organización
administrativa correspondiente. Mientras las normas institucionales de la función pública garantizan
valores y principios de convivencia social a veces incluidos en la propia Constitución, las normas
organizativas son normas de disposición y gestión instrumental de recursos humanos para la
consecución de los fines de la organización. El bien jurídico protegido por unas y otras es
completamente diferente. La autoridad que puede producirlas, y el procedimiento para su producción y
modificación, también.
Las consecuencias de su infracción, también, Igualmente es diferente el tipo de conocimiento necesario
para articular razonablemente estas normas: el Derecho, la Ciencia Política y la Economía son
relevantes para las normas institucionales el “Management” es la racionalidad central de las normas
organizativas.
La primera constatación que se impone a quien pretenda estudiar la Función pública en el mundo es la
de extrema diversidad dentro del cuadro de las estructuras nacionales. Cada país tiene su propia
concepción de Función Pública, la cual es el reflejo de su civilización, de sus tradiciones, de su
geografía, de sus estructuras políticas, económicas y sociales. Estas funciones públicas difieren entre si.
Distintos autores clasifican de diversa forma los esquemas o modelos de la Función Pública. Para el
francés Gazier, citado por De Pedro (1997) existen dos concepciones opuestas de la Función Pública,
las cuales son construcciones del intelecto pero que informan los sistemas existentes y pueden
designarse bajo los vocablos de función Pública de estructura abierta y de estructura cerrada. Según él,
en su oposición está la clave de toda la diversidad y de toda la complejidad del problema de la Función
Pública. Tales sistemas no solamente son dos estructuras técnicas opuestas, sino dos filosofías, dos

7. concepciones de la vida profesional y de la existencia que se oponen entre sí. En los diferentes países
existe una mezcla de ambos sistemas, con una interconexión constante.
El régimen normativo de la función pública
en Venezuela
Durante más de treinta años estuvo vigente la Ley de Carrera Administrativa, sistema de la Función
pública venezolana de carácter mixto, integrado por un sistema de administración de personal, propio
de los sistemas abiertos de empleo público y por un estatuto de derechos, propio de los sistemas
cerrados de carrera puros.
Dicha Ley, según lo dispuesto en la exposición de motivos del decreto con fuerza de ley del Estatuto de
la Función Pública, pretendió regular los derechos y deberes de los funcionarios públicos, mediante el
establecimiento de un sistema de administración de personal estructurado técnicamente sobre la base de
méritos. Sin embargo, factores como el clientelismo, la falta de voluntad política para desarrollar un
cuerpo de funcionarios al servicio del Estado y no de intereses particulares, sean éstos partidistas,
sindícales, burocráticos o tecnocráticos, la desviación del legitimo ejercicio de la Administración
Pública y las limitaciones del propio instrumento jurídico no lo hicieron posible.
El sistema de la función pública de la Ley de Carrera Administrativa permitió en su momento,
estructurar un ámbito de la Administración Pública nunca antes atendido, sin embargo, su regulación,
no alcanzó a prever la evolución de la propia administración, ni los efectos que sobre las relaciones
estatutarias causaría el Derecho laboral.
Bases legales
La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, de fecha 30 de Diciembre de mil
novecientos noventa y nueve, publicada en gaceta Oficial No. 36.860, consagra en su Título IV “Del
poder Público” las bases fundamentales y las normas programáticas sobre las cuales se sustenta todo el
régimen funcionarial venezolano.
La Ley del Estatuto de la Función pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela No. 37.482 Extraordinaria de fecha once de Julio de Dos mil Dos, regula el régimen
General de la Función pública en Venezuela.
La derogada Ley de Carrera Administrativa del tres de Septiembre de mil novecientos setenta,
instrumento legal que durante más de treinta años reguló el régimen venezolano de la Función Pública.
El Reglamento general de la Ley de Carrera Administrativa, de fecha 19 de Septiembre de mil
novecientos noventa y uno, el cual no fue derogado por el estatuto, y por tanto continua vigente en
cuanto sus normas no colidan con lo establecido en la Ley del estatuto de la Función Pública
Cualidades del Servidor Público
El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, su eficiencia

8. del mismo se medirá en relación de que todas las acciones que se realicen estén enfocadas
a garantizar este fin.
La Administración Pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos (8). Esto es a las personas que integran y
conforman dicha armazón Institucional, llámeseles Servidores Públicos, Colaboradores,
Administradores o Funcionarios Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y
honestas. Donde el factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los
programas y políticas de Gobierno.
La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental
debido a los problemas de corrupción, opacidad y discrecionalidad, y a la deficiente cultura
de rendición de cuentas en el sector público.
Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y desempeño de la Administración Pública
Federal en su conjunto, lo que hace necesario mejorar la organización y la operación de sus
instituciones, de sus recursos y gestión. (9)
Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento a una serie de
ordenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la mayoría de sus funciones ante la
sociedad resultan ser casi-sacerdotales.
En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, donde el
cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se debe vivir día a día para
recobrar la confianza de la ciudadanía. (10)
Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, nos referimos también a aquellas
personas que desempeñan funciones de alta dirección, Directores, Gerentes, Subgerentes,
Jefes de Proyecto, Jefes de Área, Especialistas en Hidráulica en si todo el personal
administrativo, llámesele de confianza o de base (11), en cuya separación no estoy de
acuerdo ya que todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los cuales a veces
llegamos a pensar que por disposición gubernamental estamos dispensados de la

9. observancia de las normas morales y éticas, de adoptar una conducta moral aceptable, y
pretender que la ciudadanía nos sirva a nosotros mismos, pasando por alto que las funciones
que desempeñamos deben estar orientadas al logro de la satisfacción del cliente y ciudadano
(12), ya que este es quien paga nuestro sueldo a través de sus contribuciones (13).