La defensa del coronel retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, comunica a la opinión pública.

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COMUNICADO DE PRENSA
La defensa del coronel retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO
PLAZAS VEGA, hace saber a la opinión pública lo siguiente:
En las noticias virtuales del diario El Espectador en la tarde de ayer y en la
mañana de hoy aparece una información en la sección judicial que establece
que
“…Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantaron en
el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, la exhumación de
tres cuerpos en el marco de la investigación que se adelanta por los
desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia registrada el 6 y 7 de
noviembre de 1985…”
Hasta ahí la información es perfectamente normal. Pero dos párrafos adelante,
afirma:
“…El abogado Germán Romero, quien defiende los intereses de la
parte civil, aseguró que el comandante de la Brigada XIII, general
Jesús Armando Arias Cabrales y el comandante de la Escuela de
Caballería, coronel Luis Alfonso Plazas Vega ordenaron en su
momento sepultar estos cuerpos en una fosa común del cementerio
del sur de Bogotá, impidiendo el procesos científico y forense…”
Este párrafo contiene graves mentiras, del abogado Germán Romero, según lo
establece con precisión el diario. Pues en ningún momento el general Arias
Cabrales ni el coronel Plazas Vega, dispusieron tarea alguna con relación a los
cadáveres de los caídos en el acto terrorista de tan luctuosa fecha. Ni tenían las
facultados, ni lo hicieron.
Por otra parte, el abogado Romero comente el delito de calumnia, al afirmar
que los oficiales ordenaron la inhumación de los cuerpos con el propósito de
impedir el proceso científico y forense. El abogado Romero debe rectificar su
afirmación, a través del diario El Espectador.
Está plenamente documentado en el proceso penal, que los cuerpos que fueron
sepultados en fosa común del cementerio del sur, fueron trasladados por
disposición del Juez 78 de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Policía

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Nacional, doctor Carlos Darío Morales Álvarez, quien la comunicó al Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo Director era para la fecha el
doctor Egon Lichtenberger, persona que así lo declaró en el proceso, bajo la
gravedad del juramento. Existía el temor a que los terroristas del M-19
intentaran, como amenazaron hacerlo a través de llamadas telefónicas, asaltar
el instituto para robarse los cadáveres de sus compinches.
Dicen así algunos apartes de la declaración del mencionado facultativo, en su
declaración del 13 de marzo de 1987, ante el Juez Treinta de Instrucción
Criminal ambulante, doctor Alfonso Triana Rincón, actualmente en el proceso
4119 del Juzgado Segundo Penal Especializado, cuaderno 95 folios 38 y
siguientes:
“…Se hicieron cuatro envíos de cadáveres del Palacio de Justicia a fosa
común así: Primer envío en noviembre 9 de 1985…Segundo envío
noviembre 20 del 85…Tercer envío noviembre 23 del 85…Cuarto
envío noviembre 30 del 85… (Nota del juzgado: los anteriores datos
fueron tomados por el declarante de copia al carbón del memorando
fechado en esta ciudad el trece de marzo de 1987, suscrito por el
doctor EGON LICHTENBERGER en donde se relacionan todos estos
cadáveres según datos suministrados por la Sección de Identificación
del Instituto de medicina Legal, el cual se anexa a las diligencias)…”
Más adelante aclara el doctor Lichtenberger:
“…me consta que existía el rumor de posibles actos violentos por los
cuales había un notable refuerzo de agentes de Policía…”
“…El Instituto simplemente se limitó a cumplir una orden judicial…”
En el desplazamiento de los cuerpos hasta el cementerio del sur, tampoco
están involucrados miembros del Ejército Nacional. Correspondió a la Policía
Nacional, cuyo Director de Criminalística era el Mayor Gustavo Socha
Salamanca, según lo establece con claridad el Tribunal Especial de Instrucción
Criminal en su informe del 31 de mayo de 1986 a la Corte Suprema de
Justicia.
Específicamente los cadáveres fueron trasladados bajo el control del sargento
Segundo de la Policía Nacional Aarón Alarcón Sepúlveda, como está

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establecido en los documentos del proceso. Dice así el oficio 1342 JUPEM-78
del 9 de noviembre de 1985:
“…Sírvase señor Receptor de Cadáveres entregar al Sr. SS AARON
ALARCON SEPULVEDA, portador del presente, …los certificados de
defunción que a continuación se relacionan…(luego de la relación
viene la firma) Carlos Darío Morales Álvarez, Juez 78 de IPM…”
Todo lo anterior demuestra una grave irresponsabilidad del abogado Romero y
su interés de ocasionar daño a los oficiales mencionados en la nota de El
Espectador.
Atentamente
JAIME GRANADOS PEÑA