1) Dos diputados amplían una denuncia presentada en febrero de 2011 sobre irregularidades en el manejo del fondo de pensiones de PDVSA. 2) Señalan que un ciudadano venezolano admitió en Estados Unidos haber manejado fraudulentamente $540 millones del fondo, desviándolos a cuentas personales y de sus empresas. 3) Solicitan que se investiguen estos nuevos hechos como posibles delitos de corrupción que afectan el patrimonio público venezolano.

1. Ciudadana
Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA
Su despacho.-
REF: Ampliación de la denuncia presentada en fecha
17FEB2011 sobre la existencia de un conjunto de hechos
antijurídicos que pueden constituir delito en la
empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Nosotros, ISMAEL CONCEPCION GARCIA y JULIO MONTOYA
venezolanos, mayores de edad, de este domicilio,
titulares de las cédulas de identidad número. V-
3.831.002 y V-7.733.142 actuando para este acto en
nuestra condición de Diputados a la Asamblea Nacional en
conformidad con lo establecido en los artículos 62, 70,
141, 168, 197 y 201 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 287 numeral 2 del Código
Orgánico Procesal Penal, acudimos a esta instancia del
Poder Ciudadano, para AMPLIAR LA DENUNCIA presentada en
fecha 17FEB2011, por cuanto existen nuevos indicios de
pruebas sobre los hechos que pueden configurar delito,
materializados en contra del Patrimonio Público
invertido en la empresa pública PETROLEOS DE VENEZUELA,
en adelante PDVSA y en consecuencia Patrimonio Público
del Estado Venezolano, en razón de las siguientes
consideraciones:
1

2. I
DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA
DENUNCIA Y HACE PROCEDENTE SU INVESTIGACIÓN
Fundamentándonos en el artículo 51 de la Constitución de
la Republica Bolivariana de Venezuela procedemos a
efectuar la siguiente ampliación de la denuncia
presentada en fecha 17FEB2011.
Artículo 51: toda persona tiene el derecho de
representar o dirigir peticiones ante
cualquier autoridad, funcionario publico o
funcionaria publica sobre los asuntos que sean
de la competencia de estos, y de obtener
oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen
este derecho seran sancionados o sancionadas
conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o
destituidas del cargo respectivo.
II
DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE
FUNDAMENTA LA AMPLIACION DENUNCIA
DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN
LOS HECHOS ANTIJURIDICOS.
2

3. En fecha 17FEB2011 anteriores se realizo formal denuncia
de los hechos irregulares que orbitan alrededor del
manejo del FONDO DE PENSIONES de los trabajadores PDVSA,
los cuales podrían ser considerados como delitos de
acción pública en contra del patrimonio del Estado a la
luz de la legislación venezolana.
En este orden de ideas procedemos a indicar nuevos
elementos de hechos directamente relacionados con la
denuncia citada ut supra, siendo oportuno destacar que
la información que se presentará es de carácter público,
comunicacional y no requiere por mandato/precedente
jurisprudencial de elemento probatorio adicional.
Criterio establecido y reiterado en el tiempo por el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional,
sentencia Nro.-98, en el expediente Nro.-00-0146, con
ponencia del Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.
En este estado, es importante reiterar a este órgano que
existe entre la República Bolivariana de Venezuela y los
Estados Unidos de Norte América, a los fines de
materializar la cooperación entre los países en materia
Penal, denominado CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
3

4. VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NRO.- 37.884, DE FECHA 20 DE
FEBRERO DE 2004.
Observación que realizamos por cuanto los elementos de
hechos que se enunciarán para la presente ampliación de
denuncia, se perpetraron en los Estados Unidos de Norte
América con dineros de la industria petrolera PDVSA, en
consecuencia, solicitamos que los elementos de hechos y
pruebas que se argumentarán en líneas posteriores sean
recabados y verificados de acuerdo a las normas del
tratado internacional citado anteriormente.
En virtud de lo antes expuesto, nos permitimos señalar
un conjunto de hechos, para que formen parte de la
investigación que debió aperturarse en razón de la
denuncia de fecha 17FEB2011. Hechos que constituyen la
presente Ampliación de la Denuncia:
1. De las actuaciones antijurídicas realizadas desde
su inicio en la Republica Bolivariana de Venezuela
y en los Estados Unidos de Norte América, por el
ciudadano FRANCISCO ILLARAMENDI donde el mismo se
declaró culpable del manejo doloso del FONDO DE
4

5. PENSIONES de los trabajadores de PDVSA, por ende,
del patrimonio público de la República Bolivariana
de Venezuela.
2. El proceso judicial se desarrolla actualmente en el
Distrito de Connecticut, de los Estados Unidos de
Norte América. Dicho proceso judicial inició en
fecha 28ENE2011, bajo el Número de Expediente 21828
nomenclatura asignada por la comisión de Valores
del Estado Norte Americano.
3. Los investigados, ahora culpables, del manejo
fraudulento del patrimonio público de la Nación son
de nacionalidad venezolana, por tal motivo al
tratarse de fondo perteneciente al estado
Venezolano y siendo con nacionales los
perpetradores del gran fraude contra el estado el
mismo debe velar en buena pro del proceso porque se
cumplan y sean resarcidos los daños ocasionados por
estos ciudadanos.
4. Es un hecho probado y aceptado por las personas que
realizaron el manejo fraudulento del dinero
depositado en el fondo MICHAEL KENWOOD CAPITAL
MANAGEMENT, LLC empresa encargada de la
administración del FONDO DE PENSIONES donde se
5

6. encontraban los aportes en dinero realizado por el
Estado venezolano, por intermedio de PDVSA, dinero
que representaba el aporte de los dignos
trabajadores petroleros durante años de esfuerzo y
trabajo.
5. El dinero que correspondía a esos aportes, fue
desviados a cuentas personales y también de las
empresas americanas relacionadas al ciudadano de
nacionalidad venezolana FRANCISCO ILLARAMENDI,
denominadas MICHAEL KENWOOD ASSET MANAGEMENT, LLC,
MK ENERGY AND INFRAESTRUCTURE, LLC y MKEI SOLAR,
LP.
6. En las noticias publicadas en distintos medios de
comunicación entorno al presente caso, aseguran que
el manejo doloso de dinero perteneciente al Fondo
en referencia asciende a la cantidad de QUINIENTOS
CUARENTA MILLONES DE DOLARES AMERICANOS ($
540.000.000,00), suma elavada manejada
fraudulentamente por el ciudadano FRANCISCO
ILLARAMENDI en beneficio propio y en perjucio de el
Estado Venezolano y de los trabajadores de PDVSA.
En sana lógica parece oportuno pensar y suponer que este
ciudadano FRANCISCO ILLARAMENDI, para la comisión de los
6

7. delitos que se ha declarado culpable actuó en
cooperación con otros funcionarios del Estado
Venezolano, tales como los que administran y
salvaguardan por delegación de la ley dichos recurso
públicos.
Es evidente entonces, que los hechos expuestos y que
solicitamos sean investigados a través de los
instrumentos internacionales pertinentes, aunado a los
hechos señalados en la denuncia de fecha 17FEB2011
podrían configurar los delitos consagrados en la Ley
Contra la Corrupción.
Expresan los artículos 3 y 4 Ley Contra la Corrupción:
“Articulo 3 Sin perjuicio de lo que
disponga la Ley que establezca el
Estatuto de la función Publica, a los
efectos de esta ley se consideran
funcionarios públicos o empleados
públicos a:
…omisis…
2. Los directores y administradores de
las sociedades civiles y mercantiles,
7

8. fundaciones, asociaciones civiles y demás
instituciones constituidas con recursos
públicos o dirigidas por algunas de las
personas a que se refiere el artículo 4
de esta ley, o cuando la totalidad de los
aportes presupuestarios o contribuciones
en un ejercicio provenientes de una o
varias de estas personas represente el
cincuenta por ciento (50%) o mas de
presupuesto o patrimonio; y los
directores nombrados en participación de
dichos órganos y entes, aun cuando la
participación fuere inferior al cincuenta
por ciento (50%), del capital o
patrimonio.
3. Cualquier otra persona en los casos
previstos en esta ley. A los fines de
esta ley deben considerarse como
directores y administradores, quienes
desempeñen funciones tales como:
a) Directivas, gerenciales,
supervisarías, contraloras y auditoras.
b) Participen con voz y voto en comites:
de: compras, licitaciones, contratos,
negocios, donaciones, o de cualquier otra
naturaleza, cuya actuación pueda
8

9. comprometer el patrimonio publico.
“Articulo 4 Se considera Patrimonio
publico aquel que corresponde por
cualquier titulo a:
…omisis…
10. Las sociedades de cualquier
naturalezaen las cuales las personas a
las que se refieren los numerales
anteriores tengan participación en su
capital social, así como las que se
constituyen con participación de
aquellas.
…omisis…
Se considera igualmente patrimonio
publico, los recursos entregados a
particulares por los entes del sector
publico mencionados en el articulo
anterior, mediante transferencias,
subsidios, contribuciones o alguna otra
modalidad similar para el cumplimiento de
finalidades de interés o utilidad publica
9

10. hasta que se demuestre el logro de dichas
finalidades.
Los particulares que administren tales
recursos estarán sometidos a las
sanciones y demás acciones y medidas
previstas en esta ley y en la ley
Orgánica de la Contraloría General de la
Republica y del Sistema de Control
Fiscal”.
No podemos obviar que se encuentra inmerso en el caso,
la responsabilidad solidaria de la empresa pública del
Estado denominada PDVSA, en relación a la posible
configuración del delito consagrado en los artículos 52
de la Ley Contra la Corrupción:
“Artículo 52. Cualquiera de las personas
señaladas en el artículo 3 de la presente
Ley que se apropie o distraiga, en
provecho propio o de otro, los bienes del
patrimonio público o en poder de algún
organismo público, cuya recaudación,
administración o custodia tengan por
razón de su cargo, será penado con
prisión de tres (3) a diez (10) años y
multa del veinte por ciento (20%) al
10

11. sesenta por ciento (60%) del valor de los
bienes objeto del delito. Se aplicará la
misma pena si el agente, aun cuando no
tenga en su poder los bienes, se los
apropie o distraiga o contribuya para que
sean apropiados o distraídos, en
beneficio propio o ajeno, valiéndose de
la facilidad que le proporciona su
condición de funcionario público.
Señalamos esto, toda vez, que mediante actuaciones
administrativas teñidas de supuesta legalidad podrían
estar favoreciendo a personas y/o instituciones
nacionales o internacionales que no son destinatarias
finales de los objetivos planteados para la utilización
del dinero de los trabajadores de la central petrolera,
lo cual conllevaría al franco detrimento del patrimonio
de PDVSA y por ende al estado Venezolano perjudicando
gravemente el fondo de ahorros del cual disponían los
trabajadores de la central petrolera, producto del
dinero de cada unos de ellos en relación a sus
contribuciones al fondo de pensiones al igual que los
trabajadores que actualmente aportan a dicho fondo con
el objeto de garantizarse un cierto grado de estabilidad
económica para si y sus familiares al llegar a su vejez
y correspondiente jubilación de la industria petrolera.
11

12. Salvo mejor apreciación del Ministerio Público, como
anteriormente indicamos y siguiendo la doctrina
establecida en la Sentencia de fecha 05 de agosto de
2005, bajo el Nro.-2.560, la cual señala: “…que no es
necesario que el denunciante califique el delito en la
denuncia que se formule, pues su labor es la de señalar
cuáles son los hechos que pueden ser considerados
antijurídicos,…” sin embargo consideramos que los hechos
narrados, con respecto a los funcionarios públicos,
pueden adecuarse (entre otros) dentro de los elementos
del tipo penal establecido en el artículo 52 de la Ley
Contra la Corrupción, que establece:
III
PETITORIO
En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 51, 197 y 201 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en
concordancia con lo establecido en el artículo 287
numeral 2 acudo ante su competente autoridad para
exponer:
PRIMERO: En razón de los hechos expuestos, solicitamos
12

13. se agregue la presente ampliación a la denuncia de fecha
17FEB2011, de la cual igualmente solicitamos nos sea
informado en nuestro domicilio procesal el Número de
expediente asignado a la misma y Fiscal del Ministerio
Público encargado del caso.
SEGUNDO: se nos indique las actuaciones realizadas por
el Ministerio Publico en la presente investigación para
que se determine el alcance de los delitos aquí son
denunciados y sean sancionado por la Ley penal vigente
los sujetos activos involucrados, en especial, se
determine la participación en el delito del ciudadano
FRANCISCO ILLARAMENDI en detrimento del patrimonio del
Estado Venezolano.
TERCERO: Sean verificadas en la Superintendencia de
Bancos las cuentas bancarias pertenecientes al ciudadano
FRANCISCO ILLARAMENDI Asesor en Inversiones Financieras
de Petróleos de Venezuela todo con el objeto que se
recaben las transacciones realizadas en estas cuentas
desde lapso de cinco hace (05) años hasta la presente
fecha.
CUARTO: Se oficie al Servicio Administrativo
Identificación Migración y Extranjería (SAIME)
solicitando los datos filiatorios del ciudadano
13

14. FRANCISCO ILLARAMENDI.
QUINTO: Servicio Autónomo de Registro y Notaria con el
objeto que sean indicados los bienes del ciudadano
FRANCISCO ILLARAMENDI en la república y sea solicitada
por ante un tribunal de la jurisdicción la prohibición
de Enajenar y Gravar sobre bienes del pre-citado
ciudadano y de su grupo familiar relacionado a sus
actividades fraudulentas.
SEXTO: Se realice auditoria contable, fiscal, financiera
y económica profunda y exhaustiva al FONDO DE PENSIONES
PETROLEOS DE VENEZUELA sobre el modo, aprobación y
ejecución de las colocaciones del dinero del Fondo de
Pensiones de los trabajadores de PETROLEOS DE VENEZUELA
para los periodos comprendidos desde el año 2006 a la
fecha actual la misma sea realizada por la
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO, FONDOS DE AHORRO Y
ASOCIACIONES DE AHORRO SIMILARES.
SEPTIMO: Solicitamos que se realicen todas las
actividades e investigaciones que correspondan y se
apliquen los mismos criterios orientadores establecidos
por este despacho en casos anteriores de igual
relevancia y connotación en el acontecer nacional, así
como se le fije oportunidad a la presente ampliación de
14

15. la denuncia y la misma sea anexada a su respectivo
expediente fiscal al cual pedimos comparecer para
exponer el conocimiento que tenemos de los hechos.
DOMICILIO PROCESAL: Av. Gloria, Qta. Gloria (PODEMOS),
Urb. el Bosque, Municipio Chacao del Estado Miranda y
Distrito Capital, Telf. 0212-2154174
En caracas a la fecha de su presentación.
ISMAEL CONCEPCION GARCIA.
Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado
Aragua.
JULIO MONTOYA
Diputado a la Asamblea Nacional pro el Estado
ZUlia
15