Este documento describe los efectos de los actos administrativos y las formas en que pueden extinguirse o modificarse. Explica que los actos administrativos pueden extinguirse por vía administrativa o judicial. También cubre conceptos como la revocación, reforma, anulación y principio de autotutela de la administración. Finalmente, analiza las limitaciones del poder de revocar actos y distingue entre los efectos de la revocación según sea por razones de mérito o legitimidad.

1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
Asignación Nº 3
Efecto del Acto Administrativo
Notificación, publicación y ejecución, presunción de legitimidad.
Ejecutividad y ejecutoriedad.
Firmeza, fin de los efectos, revisión de los actos administrativos de oficio, noción,
principio de autotutela, convalidación, revocación, anulación y corrección por
parte de los administradores.
Iván José Cubillán Suárez
Prof. Emily Ramírez
Derecho Administrativo II
2015/BI-SAIA C
2015

2. EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Todo acto administrativo está destinado a producir los efectos jurídicos
queridos por su autor. Estos efectos concluyen frecuentemente, de una vez, al
ejecutarse el contenido del acto; y en ciertas ocasiones, pasado cierto tiempo, al
transcurrir el lapso preciso en el mismo acto. En ambos casos puede decirse que el
acto se ha extinguido por el cumplimiento de su ciclo normal, es decir, que el acto
administrativo se ha consumado.
Vía Administrativa y Vía Judicial
Siempre que una providencia de la autoridad administrativa pone fin a la
fuerza jurídica de un acto administrativo, se dice que se ha extinguido por la vía
administrativa. En algunas ocasiones los vicios de mérito pueden no dañar todo el
contenido del acto administrativo sino partes de él, y en virtud de ello, la
administración puede resolver no declarar la extinción del acto, sino su corrección o
modificación.
Los administrados que se crean agraviados por los efectos producidos por un
acto administrativo y lo estimen ilegal o inconveniente pueden:
- Obtener por la vía administrativa dentro de los límites establecidos, la revocación
o reforma de aquel.
- Que la autoridad que formuló el acto, o un superior jerárquico, según los casos,
pueda dictar la revocación o reforma.
La supresión de la fuerza jurídica de un acto administrativo puede ser también
declarada por los órganos jurisdiccionales por razones de legitimidad. Como los
tribunales no actúan de oficio, es necesario que la anulación del acto haya sido pedida
por un interesado. Cuando los interesados solicitan ante un tribunal la declaración de
la nulidad de un acto administrativo, se dice que hacen uso de la vía jurisdiccional. La
administración pública tiene la potestad de proceder por sí misma,

3. Notificación
La doctrina afirma que la publicidad es una exigencia indefectible para la
exteriorización de la voluntad de la Administración a través de sus órganos. Este
principio se aplica a actos generales y a particulares, con características particulares.
Para el caso de actos generales se requiere la publicación en un medio masivo y de
alcance general (Gaceta Oficial, Municipal, Electoral, entre otras.), lo cual hace
suponer un conocimiento de los destinatarios, la notificación es el instrumento de los
actos particulares para un conocimiento del contenido del acto por el afectado.
Los de carácter general requieren por la indeterminación de los destinatarios y
aplicación en el tiempo. En cambio los particulares, que dejan de existir luego de
ejecutados, deben de Notificarse de manera directa, para llegar al conocimiento del
destinatario de manera personal y expresa. Mientras no ocurra, los efectos jurídicos
del acto no podrán ser exigidos.
La notificación tiene 3 funciones básicas: de eficacia, de impugnación y de
legitimidad. La de impugnación actúa como presupuesto para determinar la fecha
cierta y efectiva para que transcurran lapsos de impugnación, efecto para la aplicación
del principio constitucional de tutela judicial efectiva, y el tercero se relaciona con
tendencias sobre legitimación activa para acceso al derecho de acción en el
contencioso administrativo, principio también constitucional que permite la
fiscalización por parte de los administrados de la integridad de la actuación
administrativa (Interés indirecto)
Principio de Autotutela de la Administración Pública
Salvo ciertas limitaciones establecidas por la ley, esto sin necesidad de acudir
a los tribunales a declarar la extinción o reforma de los actos administrativos que
considere total o parcialmente viciados por razones de mérito o legalidad. Zanobini lo
denomina “Principio de la Auto tutela de la Administración Pública”, el cual tiene

4. según el autor el mismo fundamento que el principio de la Ejecutoriedad de los Actos
Administrativos.
Así como la voluntad de la administración pública se impone sin medición de
los tribunales, cuando se trata de dar ejecución a sus actos, también dicha voluntad se
basta a sí misma, sin necesidad de intervención jurisdiccional, cuando por una u otra
razón declara la revocación o modificación de actos anteriores deben ser acatadas por
los órganos de la administración y su obediencia se impone a los particulares, sin
perjuicio del derecho que corresponde a quienes se consideran agraviados, de pedir a
los tribunales competentes se declare la nulidad de la revocación o reforma, lo que
implicaría el mantenimiento del acto anterior incólume.
Eficacia de los actos anteriores
Existen diferentes categorías sobre las decisiones de la autoridad
administrativa acerca de la validez de los actos anteriormente dictados por la
administración:
- Revocación por mérito: es la declaración de una autoridad administrativa en la
cual, por razones de conveniencia u oportunidad, se suprimen los efectos de un
acto administrativo.
- La revocación, se funda en un nuevo examen, hecho por la administración, acerca
de la conveniencia u oportunidad de una medida, siendo entonces la nueva
declaración una ratificación de la primera, y puede también la administración, en
vista del cambio ocurrido en las condiciones de hecho imperantes en el momento
de ser dictado el acto, considerar conveniente para la comunidad la eliminación de
dicho acto.
- Revocación por ilegalidad: esta es la decisión emanada de la administración que
declara la invalidez de un acto administrativo por infracción de una regla o
derecho. En este caso, la administración, conforme con el principio de autotutela,

5. se anticipa a la sentencia declarativa de la nulidad que pudiera ser dictada por un
tribunal competente.
- En Venezuela la declaración de nulidad de un acto administrativo por ilegalidad,
es decir, revocación por ilegalidad, solo puede ser hecha por la administración
cuando se trate de un acto absolutamente nulo, y no de un acto simplemente
anulable. En el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, la administración podrá en cualquier momento, de oficio o a
solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por
ella.
- Reforma: la reforma del acto administrativo la declaración de una autoridad
administrativa en virtud de la cual se modifica o corrige un acto administrativo
cuyos vicios afectan parte de su contenido.
- Declaración de caducidad: es la declaración de la autoridad administrativa
mediante la cual se suprimen los efectos jurídicos de un acto administrativo, en
virtud del incumplimiento del beneficiario en las obligaciones a su cargo,
derivadas de aquel.
- Declaración de decaimiento: es la disposición de la autoridad administrativa que
pone fin a los efectos jurídicos de un acto administrativo en razón de haber
desaparecido las condiciones de hecho o de derecho legalmente necesarias para la
formulación y subsistencia del acto.
Revocación y anulación del acto administrativo
Existen dos criterios para diferenciar la revocación de la anulación:
Criterio material: se toman en cuenta los motivos, razones o fundamentos de la
eliminación del acto. Desde este punto de vista se entiende por revocación de un acto
administrativo la declaración de extinción de este acto, pronunciada por razones de
mérito, esto es, por circunstancias relativas a la conveniencia u oportunidad del acto;
y por anulación, la supresión del acto administrativo producida por razones de
legitimidad, es decir, por infracción de una regla de derecho.

6. Criterio orgánico: toma en cuenta la naturaleza, administrativa o jurisdiccional, de la
autoridad que pronuncia la eliminación del acto. Dentro de este criterio se estima que
el rasgo distintivo de la revocación es que emane de la administración, ya sea de la
misma autoridad que emitió el acto, o de su superior jerárquico. Se considera, en
cambio, que la anulación del acto es el pronunciamiento de la extinción de un acto
administrativo, emanado de un órgano jurisdiccional, es decir, de un tribunal.
El segundo criterio expuesto es el que ha dominado en Venezuela, en la
jurisprudencia y en el lenguaje de los juristas. La distinción entre revocación y
anulación se basa en que la autoridad que extingue el acto pertenezca a la
administración o a la justicia.
- La revocación: la decisión que contiene es un acto administrativo.
- La anulación: la declaración constituye una sentencia.
Fundamentos del poder de revocación
En principio todo acto administrativo es revocable, existen dos excepciones.
Los actos administrativos se presuponen elaborados conformes a las reglas generales
preestablecidas, e inspirados en el interés de la comunidad. La conformidad de
derecho es la legitimidad, y la conformidad con el interés general, la oportunidad. Si
faltare uno de estos supuestos, esto es, si el acto resultare violatorio de una regla
jurídica o contraria a la utilidad general, la autoridad administrativa tiene derecho y
está en deber de revocarlo. Tal es el fundamento de la potestad de revocar los actos
administrativos.
Limitaciones del poder de revocar los actos administrativos
La potestad dela administración de revocar o reformar los actos
administrativos de alcance general dictados por ella, no tiene límites; todo reglamento
puede ser en todo instante derogado o reformado total o parcialmente por el órgano

7. competente para dictarlo; igualmente, las resoluciones ministeriales de efectos
generales pueden ser en cualquier momento revocadas o reformadas.
En cuanto a la potestad de revocar o reformar los actos administrativos
individuales, conviene distinguir entre los actos administrativos regulares y los
irregulares.
El acto administrativo individual que confiere derechos, siempre que no sea
absolutamente nulo, no puede ser revocado por la administración: En esta materia
asume particular importancia el principio de la seguridad jurídica, que exige el
respeto a las situaciones jurídicas establecidas. Esto se aplica tanto en los actos
subjetivos como a los actos condiciones, esto es, a las decisiones creadoras de
derechos subjetivos a favor de determinadas personas o atributivas a poderes jurídicos
preexistentes a ciertos sujetos. Pueden ser revocados libremente los actos graciosos,
por los cuales su autor haya concedido un puro favor, como la licencia otorgad a con
goce de sueldo, por el superior jerárquico al subalterno por motivos de salud, fuera de
toda prescripción legal; los actos por los cuales su propio autor ha dado un carácter
provisional; y los que están subordinados al cumplimientos de actos posteriores.
Los actos administrativos que confieren derechos que sean jurídicamente
regulares: Son intangibles, salvo disposiciones expresas en la ley. Tratándose, pues,
de un acto administrativo regular que crea o atribuye derechos a determinados
sujetos, carece la administración de facultad discrecional para revocar o reformar por
consideraciones de mérito, o de oportunidad, salvo que esa potestad se la confiera el
texto expreso de la ley, caso en el cual únicamente podrá ser ejercida con sujeción a
los procedimientos y formas provistas en el texto legal. El poder de revocar o
reformar actos administrativos regulares constitutivos o declarativos es por lo tanto,
un poder regulado. Por eso el nombramiento hecho regularmente no puede ser
revocado sino en caso que la autoridad que hizo la designación tenga, conforme a la
ley, la atribución de nombrar y remover libremente.

8. El acto administrativo viciado de nulidad absoluta: su revocabilidad esta fuera
de discusión. En el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
“la administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de
particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella”. La
palabra reconocer debe ser entendida como declarar. Este pronunciamiento puede ser
hecho en cualquier momento, es decir, el acto viciado de nulidad absoluta no se
convalida por la acción del tiempo. La declaración de nulidad puede ser hecha de
oficio a solicitud de parte interesada. En este caso el principio de auto tutela de la
administración sobre sus propios actos no encuentra limites en los derechos
adquiridos por los particulares, porque en los actos viciados de nulidad absoluta no
puede basarse derecho alguno.
En cuanto a los actos que confieren derechos subjetivos a los particulares, o de
los cuales puede desprenderse intereses legítimos, personales y directos para un
particular, aun tratándose de actos anulables, no podrían ser revocados por la
administración. Artículo 82 de la Ley , contra estos actos solo sería procedente el
recurso de nulidad, intentando dentro del plazo legal, ante el órgano competente de la
jurisdicción contencioso administrativa.
Alcance de los efectos de revocación
La revocación del acto administrativo unas veces hace desaparecer los efectos
del acto, inclusive los ya cumplidos, y otras veces sólo suprime sus efectos para lo
porvenir.
Los actos administrativo generales, pueden ser revocados o reformados porla
administración. Los reglamentos pueden siempre ser derogados o reformados total o
parcialmente. Son decisiones de carácter general, como lo son normalmente las leyes
y lo mismo que estas, producen efectos para el porvenir. Los efectos cumplidos bajo
el imperio de un reglamento derogado permanecen incólumes.

9. Cuando se trate de actos administrativos de efectos individuales, conviene
distinguir entre la revocación fundada en consideraciones de mérito y la revocación
basada en motivos de legitimidad.
Acto revocado por razones de mérito: se refiere a actos que solo producen efectos
para lo porvenir, los efectos de la revocación no se proyectan en el pasado.
Actos revocados por motivos de legitimidad: la revocación en estos casos es una
sanción de la grosera ilegitimidad del acto, y por lo tanto todos los efectos del acto
extinguido deben desaparecer. Sin embargo, por razones de equidad o conveniencia
pública, o en vista de los efectos definitivamente producidos para el día de la
revocación por el acto revocado, podrá la autoridad administrativa establecer los
límites a los efectos naturales de la revocación.
Declaración de caducidad
El acto administrativo se extingue por caducidad siempre que el interesado en
su mantenimiento deje de cumplir determinadas obligaciones que le impone el acto.
La caducidad no obra de pleno derecho, sino que es necesaria que sea declarada por
la autoridad administrativa. La declaración de caducidad, como los actos
administrativos en general, tiene la ejecutoriedad, es decir, , puede ser ejecutada por
la misma administración, sin necesidad de dirigirse a los tribunales. Si los interesados
se consideran agraviados por ese pronunciamiento, les asiste el derecho de pedir
judicialmente su nulidad, y por ende, la declaración de la subsistencia del acto cuya
caducidad ha sido pronunciada.
Declaración de decaimiento
La desaparición de algunas de las condiciones de hecho o derecho,
indispensables para la formación y subsistencia del acto administrativo es la causa de
extinción del mismo llamada decaimiento.

10. Autores Italianos han denominado esa causa de extinción; con el nombre de
invalidez ulterior de los actos administrativos. En la doctrina Italiana la invalidez del
acto administrativo puede provenir de vicios de legitimidad o de vicios de mérito;
asimismo, la invalidez ulterior puede provenir, según los referidos autores, de la
desaparición de algunos de los presupuestos qu fueron jurídicamente necesarios para
dictar el acto o que influyeron en su oportunidad. Según esto, puede haber invalidez
ulterior por razones de oportunidad (condiciones de orden público que hagan
peligrosa la actividad permitida con la autorización). Conforme a esta doctrina, un
acto administrativo, legítimo y oportuno en su origen, puede convertirse en inválido
por la desaparición de circunstancias esenciales para su mantenimiento o en razón de
nuevas exigencias de interés general.
Para Sayagués Laso, el decaimiento del acto administrativo puede provenir de
la desaparición de un presupuesto indispensable para la validez de acto, o de la
derogación de la regla legal en que el acto se fundaba, o en el cambio de la
legislación que haga jurídicamente imposible la subsistencia del acto.
En todos estos casos el pronunciamiento de la autoridad administrativa no es
la extinción del acto, sino el reconocimiento oficial de la cesación de los efectos
jurídicos de acto. En el caso del funcionario público cuya designación cesa de
producir efectos jurídicos por la pérdida de la nacionalidad, la providencia adoptada
por la autoridad en un acto declarativo la desinvestidura operada.
Convalidación
Resolución por la que se subsanan los vicios de que adolece un acto
administrativo anulable. El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha,
salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos.
La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios
de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo

11. dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio
consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá
realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el
acto viciado.
Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado
el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Jurisprudencia
Sentencia Nº 01705 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 14272 de fecha
20/07/2000.
Por causa del acto administrativo ha de entenderse los antecedentes o
circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo.
Va de suyo que tales antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho
deben existir o concurrir al tiempo de emitirse el acto. La causa del acto
administrativo consiste en el fin concreto que los órganos administrativos
persiguen en ejercicio de su actividad para satisfacer el respectivo
interés público.
Sentencia N° PJ0082009000164, Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso
Tributario, 05/08/2009.
“De manera que, los actos administrativos para que surtan sus efectos
legales deseados, necesariamente, deben llenar ciertos requisitos
esenciales de los cuales depende su eficacia y validez. En tal sentido, los
órganos de la Administración no pueden actuar caprichosamente, sino
que éstos han de hacerlo tomando en cuenta los supuestos de hecho y de
derecho correspondientes y todos sus actos deben tener un motivo que
justifique plenamente la acción administrativa; asi el que los actos
administrativos deban estar suficientemente motivados, no es sólo un
principio sustentado por la Doctrina, sino ampliamente desarrollado en
numerosas decisiones, tanto de estos Tribunales de Jurisdicción Especial
como del Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-
Administrativa, en jurisprudencia reiterada ha sostenido que:

12. "la motivación del acto administrativo constituye un elemento esencial
para su validez, la cual exterioriza los fundamentos de hecho y de
derecho sobre los cuales la Administración Tributaria sostiene dicho
acto, de tal manera que los administrados puedan saber el por qué se les
priva de sus derechos y en qué medida se les afecta, y en consecuencia,
puedan ejercer el derecho a la defensa que consagra la Constitución de
la República. La motivación de los actos administrativos no es otra cosa
que la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho sobre los
cuales se apoya el acto administrativo; y que tiene por objeto hacer del
conocimiento de la persona afectada, las causas del acto, para que pueda
ejercer su derecho de defensa, en caso de que el mismo le perjudique."
Igualmente en Sentencia de la Sala Político Administrativa se ha
establecido:
“...la motivación que supone toda resolución administrativa no es
necesariamente el hecho de contener dentro del texto que la concreta,
una exposición analítica o de expresar los datos o razonamientos en que
se funda de manera discriminada extensa (sic); pues una resolución
puede considerarse motivada cuando ha sido expedida con base en
hechos, datos o cifras concretas y cuando estos consten efectivamente y
de manera explícita en el expediente (...) la motivación del acto puede ser
anterior o concomitante y puede estar en el contenido de la norma cuya
aplicación se trata si su supuesto es unívoco o simple, es decir, si no
llegare a prestarles dudas por parte del interesado”. (Sentencia de esta
Sala de fecha 12 de julio de 1983).
Igualmente la doctrina ha sido pacífica al establecer los requisitos
esenciales que deben contener los actos administrativos, para que se
consideren motivados, en este sentido en cuanto a la motivación la
doctrina nacional ha sido conteste al señalar lo siguiente:
“En el Derecho venezolano la necesidad de la motivación no es objeto de
duda alguna a raíz de la vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (julio de 1981), por cuanto el artículo 9 exige en forma
expresa que los actos administrativos de carácter particular deberán ser
motivados la única excepción a la regla es que se trate de actos de simple
trámite o de una disposición expresa de la ley así lo establezca. A esa
norma se acompañan otras que reafirman la necesidad de la motivación
como es el artículo 18 ordinal 5° que al señalar los requisitos del acto
administrativo señala como tal “la expresión sucinta de los hechos, de
las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales
pertinentes”.(V Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo,
Ponencia de la Dra. Hildegard Rondón Sansó, Pág. 409, Editorial
Funeda, Caracas año 2000.)

13. En este mismo sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo de Justicia al establecer lo siguiente:
“(...) la inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos
consiste en la ausencia absoluta de motivación; más no aquella que
contenga los elementos principales del asunto debatido, y su principal
fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento del
juicio que sirvió de fundamento para la decisión. De manera que cuando
a pesar de ser sucinta, permite conocer la fuente legal, así como las
razones y hechos apreciados por el funcionario, la motivación debe
reputarse como suficiente.
En suma, que hay inmotivación ante un incumplimiento total de la
Administración de señalar las razones que tuvo en cuenta para resolver.
En cambio, es suficiente cuando el interesado como los órganos
administrativos o jurisdiccionales que revisen las decisiones puedan
colegir cuales son las normas y hechos que sirvieron de fundamento de la
decisión. Luego, si es posible hacer estas determinaciones, no puede,
ciertamente, hablarse de ausencia de fundamentación del acto (...)”.
(Sentencia N° 2582 de fecha 05 de mayo de 2005, Sala Político-
Administrativa, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso:
Seguros La Previsora contra la Superintendencia de Seguros) (negrillas
del Tribunal)
En la verificación de la liquidación, la administración podrá:
“2. Notificar a los contribuyentes en forma razonada y suficientemente
motivada, el monto que resulte de las modificaciones que introduzca en
los datos declarados o los cálculos efectuados por ellos.”
Sentencia Nº 01722 de Sala Político Administrativa, Expediente Nº 15450 de fecha
20/07/2000.
La Sala reiteradamente ha establecido sobre el vicio de desviación de
poder, que es una ilegalidad teleológica, es decir, que se presenta cuando
el funcionario, actuando dentro de su competencia dicta un acto para un
fin distinto al previsto por el legislador; de manera que es un vicio que
debe ser alegado y probado por la parte, sin que pueda su inactividad ser
subsanada por el juzgador. Por lo tanto, se entiende que la
Administración incurre en el vicio de desviación de poder, cuando actúa
dentro de su competencia, pero dicta un acto que no esté conforme con el
fin establecido por la Ley, correspondiendo al accionante probar que el
acto recurrido, como ya ha sido señalado, persigue una finalidad

14. diferente a la prevista a la Ley. Lo anterior implica, que deben darse dos
supuestos para que se configure el vicio de desviación de poder, a saber:
que el funcionario que dicta el acto administrativo tenga atribución legal
de competencia y que el acto haya sido dictado con un fin distinto al
previsto por el legislador; además, estos supuestos deben ser
concurrentes.

15. REFERENCIAS
ARAUJO JUAREZ (José): "Principios Generales del Derecho Administrativo
Formal". Editorial Vadell Hermanos. Valencia, l989.
BREWER CARIAS, (Alían): "El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos". Edit. Jurídica Venezolana, 1997.
BREWER CARIAS, (Alían): «Consideraciones sobre la distinción entre la causa de
los actos administrativos y la motivación como requisito de forma de los
mismos.» En Revista de la Facultad de Derecho, Nº 49.pp. 233-244. U.C.V.
Caracas, 1971.
BREWER CARIAS, (Alían): «El principio de la legalidad en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos». En: Revista del Consejo de la Judicatura, N°
22. Pp. 5-14 Caracas, Julio-septiembre 1981.
FERMIN de IZAGUIRRE (Iraida): "Temario de Derecho Administrativo". Editorial
Tacarigua. Caracas, 1997
FERNANDEZ (Tomás): "Nulidad de los Actos Administrativos". Edit. Jurídica
venezolana. Caracas, 1987.
LARES M. (Eloy): "Manual de Derecho Administrativo". U.C.V. Caracas, 1986.
LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Publicado en la
Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de julio de 1981.