Este documento describe los principios que rigen la administración pública y los procedimientos administrativos en general, incluidos los principios de legalidad, organización, funcionamiento, y los principios constitucionales como la exigencia de procedimiento, legalidad, no arbitrariedad, objetividad, imparcialidad, igualdad, no indefensión y presunción de inocencia. También define el procedimiento sancionador como un procedimiento administrativo especial.