Por Francisco Carruitero

1. Límites constitucionales a la
potestad sancionadora de la
Administración Pública
Francisco Carruitero Lecca

2. Constitucionalidad de la potestad
sancionadora de la Administración
• Estado Liberal de Derecho (frente al tipo
de poder del Antiguo Régimen):
– Necesidad de monopolizar la potestad
sancionadora del Estado .
– Racionalizar y someter dicha potestad a los
mecanismos de limitación y control del poder,
propios de esta nueva forma de organización
estatal.

3. Constitucionalidad implícita
• Aún cuando no hay reconocimiento expreso, hay
reconocimiento tácito.
• La facultad sancionadora es inherente, porque a
través de la potestad sancionadora de la
Administración, esta puede cumplir sus fines
constitucionales.
• Art. 44º Const.: es deber del Estado la protección
de los derechos fundamentales, la seguridad de la
población, el bienestar general.

4. La potestad sancionadora de la
Administración como facultad
delegada
• La atribución de un autónomo poder
sancionador a la Administración, la
convierte en juez y parte.
• El poder sancionador de la Administración
es una potestad no autónoma,
esencialmente limitada, y sometida al
control jurisdiccional.

5. Límites constitucionales
• Principio de legalidad.
• Principio de motivación del acto
administrativo sancionador.
• Principio de proporcionalidad en el Derecho
Administrativo Sancionador.

6. 1. Principio de legalidad
- Es una auténtica garantía constitucional de los
derechos fundamentales .
- Es un criterio rector en el ejercicio del poder
punitivo del Estado Democrático.
• Const. Art. 2º.24.d):
– “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión
que al tiempo de cometerse no esté previamente
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca,
como infracción punible; ni sancionado con pena no
prevista en la ley” (subrayado nuestro).

7. Entonces...
• El principio de legalidad exige:
– Que por ley se establezcan los delitos.
– Que las conductas prohibidas estén claramente
delimitadas por la ley.
• Se prohíbe:
– la aplicación por analogía
– el uso de cláusulas generales e indeterminadas
en la tipificación de las prohibiciones.

8. Jurisprudencia TC
• Exp. Nº 2050-2002-AA/TC:
– “(...) los principios de culpabilidad, legalidad,
tipicidad, entre otros, constituyen principios
básicos del derecho sancionador, que no sólo
se aplican en el ámbito del derecho penal, sino
también en el del derecho administrativo
sancionador (…)”. (Fund. 8).

9. Su diferencia con el principio de
tipicidad
• El principio de legalidad no es igual al
principio de tipicidad.
• El principio de legalidad se satisface cuando
se cumple con la previsión de las
infracciones y sanciones en la ley.
• El principio de tipicidad constituye la
precisa definición de la conducta que la
ley considera como falta.

10. 2. La motivación del acto
administrativo sancionador
• La motivación de las decisiones administrativas no
tiene referente constitucional directo.
• Es un principio constitucional implícito en la
organización del Estado Democrático (arts. 3º y
43º Const.), como un tipo de Estado contrario al
poder absoluto o arbitrario.
• Estado Constitucional Democrático: el poder
público está sometido al Derecho y por ello, la
actuación de la Administración deberá dar cuenta de
esta sujeción a fin de erradicar la arbitrariedad.

11. En consecuencia...
• Para lograr la eficacia del Estado
Constitucional Democrático:
– Las decisiones de la Administración deben
contener una adecuada motivación.
– La motivación está en:
• Los hechos.
• La interpretación de las normas.
• El razonamiento realizado por el funcionario o
colegiado, de ser el caso.

12. Jurisprudencia TC
• Exp. Nº 090-2004-AA/TC:
– “(…) la motivación debe otorgar seguridad
jurídica al administrado y permitir al revisor
apreciar la certeza jurídica de la autoridad que
decide el procedimiento; para ello no se debe
utilizar las citas legales abiertas, que sólo
hacen referencia a normas en conjunto como
reglamentos o leyes, pero sin concretar qué
disposición ampara la argumentación o
análisis de la autoridad (…)”.

13. Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
• Art. 6º.3:
– “(...) no son admisibles como motivación, la
exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para el caso concreto o
aquellas fórmulas que por su oscuridad,
vaguedad, contradicción o insuficiencia no
resulten específicamente esclarecedoras para
la motivación del acto”.

14. • Art. IV del Título Preliminar, Ley 27444:ç
– 1.2) forma parte del debido procedimiento
administrativo el derecho del administrado a
obtener una decisión motivada y fundada en
derecho. Dicha motivación debe efectuarse en
proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico.

15. La importancia de motivar en
la sanción administrativa
• La sanción administrativa supone la afectación de
derechos.
• Entonces, su motivación es una obligación legal impuesta
a la Administración y un derecho del administrado.
• Con ello, el administrado podrá hacer valer los recursos
de impugnación que la legislación prevea.
• La motivación permite a la Administración:
– Saber que su actuación no es arbitraria.
– Saber que ha hecho una aplicación racional y razonable del
derecho y su sistema de fuentes.

16. 3. El principio de proporcionalidad en
el derecho administrativo sancionador
• El principio de razonabilidad o proporcionalidad es
consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho.
• Base: Const. Arts. 3º, 43º, 200°, último párrafo.
• El principio de razonabilidad: valoración respecto del
resultado del razonamiento del juzgador expresado en su
decisión.
• El procedimiento para llegar a dicho resultado es la
aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres
subprincipios:
– de adecuación.
– de necesidad y
– de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

17. El principio de proporcionalidad aplicado
al control de la potestad sancionadora de la
Administración
• - En la actuación de la Administración, el
principio de proporcionalidad cobra importancia:
márgenes de discreción con que actúa.
• - También, debido a la presencia de cláusulas
generales e indeterminadas como el interés general
o el bien común.
• - Ellas deben ser compatibilizados con otras
cláusulas o principios igualmente abiertos a la
interpretación: derechos fundamentales, dignidad
de las personas.

18. Doctrina
• “En la tensión permanente entre Poder y Libertad que
protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público y
por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado
de Derecho a través de la consagración que formula el
principio de legalidad y de la garantía y protección de los
derechos fundamentales, exige un USO JURÍDICO
PROPORCIONADO DEL PODER, a fin de satisfacer los
intereses generales con la menos e indispensable
restricción de las libertades”. (López González, José Ignacio.
El principio general de proporcionalidad en derecho administrativo,
Universidad de Sevilla, 1998, p. 108).