El documento saluda los esfuerzos de diálogo entre el gobierno de Santos y las FARC para buscar la paz, e insta a que las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y el pueblo participen plenamente en los procesos de cambio. También expresa preocupación por reformas legales que podrían conducir a la impunidad, y pide que se esclarezca la verdad sobre crímenes pasados para que no se repitan.

1. Comunicado Comisión ética del MOVICE sobre diálogos Gobierno Santos
y FARC
Saludamos los esfuerzos de acercamiento para la búsqueda de paz a través
del diálogo y la negociación política entre el gobierno del Presidente Santos y la
guerrillera de las FARC-EP. Deseamos que se habilite un acercamiento y una
respuesta a las manifestaciones reiteradas para dialogar de la guerrilla del
ELN
Este ambiente no hubiera sido posible sin el clamor permanente de la
sociedad, de valerosas comunidades y organizaciones, y el valor en el último
tiempo de Colombianas y Colombianos por la Paz, en cabeza de Piedad
Córdoba, que a través del intercambio epistolar han logrado respuestas
humanitarias y políticas de las guerrillas de las FARC y del ELN, con las
liberaciones de personas privadas de la libertad en poder de las FARC, con sus
manifestaciones respecto a la situación de privados de la libertad en centros
carcelarios de Colombia y en el extranjero de guerrilleros de las FARC y del
ELN, y con su apoyo concreto a propuestas humanitarias de las comunidades a
lo largo y ancho de Colombia en medio del conflicto armado.
Siendo testigos en nuestras visitas a diferentes lugares de Colombia de las
graves afectaciones que sufren las comunidades, organizaciones y personas
que afirman sus derechos en medio del conflicto armado, instamos al gobierno
que conduce está negociación propiciar una plena participación de las víctimas,
sus organizaciones y la sociedad civil organizada para que se conduzcan a
cambios económicos, sociales y políticos profundos y soberanos que son

2. causas que han dado origen al conflicto armado y la exclusión social,
respetando los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral para
no repetición.
Los eventuales acuerdos en un espacio de diálogo son una oportunidad para
sentar bases sólidas en proyecciones democráticas pero no son per se los
constitutivos de cambios democráticos. La transición hacia la paz duradera es
mucho más que justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, lo que
exige del Estado colombiano una disposición de voluntad política para redefinir
el presupuesto nacional en orden a la inclusión, a la protección de derechos, a
la protección de la riqueza biológica y de intercambios comerciales justos.
Una paz duradera no es contraria a los derechos de las víctimas a la verdad, a
la justicia, y a la reparación. Las discusiones en torno a mecanismos de
Justicia Transicional para encontrar fórmulas jurídicamente viables y
éticamente aceptables, no pueden partir de la renuncia de investigación penal.
Por el contrario, cualquier pretensión en este sentido debe partir de una
investigación eficaz y profunda, de lograr el esclarecimiento judicial de
estructuras de mando y beneficiarios, para que sea valorar los proyectos de
Estado y sociedad construidos por los responsables de crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y graves y sistemáticas violaciones de
derechos humanos. Entre ellas, por ejemplo, la necesidad del conocimiento y la
devolución de las personas desaparecidas o las garantías plenas para el
retorno con dignidad.
La paz requiere enfrentar muros consolidados de criminalidad con agentes y
estructuras estatales que han posibilitado el exterminio del movimiento social y
de expresiones políticas. Estas operaciones encubiertas han asegurado la
acumulación o la protección de la riqueza, y las lógicas de corrupción en el
ejercicio del poder.
Sin que se esclarezca a fondo la verdad de los crímenes cometidos contra esas
poblaciones, sus autores materiales y verdaderos beneficiarios, sin que haya
investigaciones penales diligentes, oportunas y por medios imparciales e
independientes con sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes
cometidos, y una reparación integral que recoja las demandas de las víctimas,
difícilmente es posible habilitar salidas penales. Ningún pacto puede ser de

3. espaldas a las víctimas y la sociedad. En este sentido, las guerrillas de las
FARC y del ELN deberán asumir sus responsabilidades éticas, políticas y
jurídicas, sin que se desconozca el carácter de sus delitos políticos, y que se
identifiquen con precisión las afecciones y los daños causados a personas en
su vida e integridad y libertad.
Invitamos al presidente Santos a considerar la propuesta de comunidades, en
las que hemos estado presentes, de pactar un cese al fuego verificable para
hacer creíble el proceso a quiénes han padecido como sujetos pasivos el
conflicto armado. Un cese bilateral hará creíble y llevará también a las
guerrillas actuar en consonancia con su voluntad hacia la salida al conflicto
Invitamos al presidente Santos a considerar la propuesta de comunidades, en
las que hemos estado presentes, de pactar un cese al fuego verificable para
hacer creíble el proceso a quiénes han padecido como sujetos pasivos el
conflicto armado. Un cese bilateral hará creíble y llevará también a las
guerrillas actuar en consonancia con su voluntad hacia la salida al conflicto.
Vemos con preocupación como se vulnera el camino hacia el diálogo con la
reforma a la Justicia Penal Militar y el llamado proyecto del Derecho
Operacional. Dos apuestas que proyectan la idea de la continuidad del conflicto
armado interno y que pretenden asegurar desde ya la impunidad y las fases de
militarización de la sociedad que se ha venido dando con la fase de
consolidación militar.
En la reforma de la justicia penal militar se plantea la presunción de la relación
con el servicio a las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública en las
que se cometan violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario se podrán comprender como acciones de servicio. La Reforma
deja abierta la posibilidad de manipular la escena del crimen, de omitir la
recogida de pruebas y elementos asociados que podrían comprobar la
responsabilidad de agentes estatales.
Esta Reforma desconoce el deber de garantía de los estados sobre los
ciudadanos, desnaturaliza el carácter de un Estado de Derecho y su
responsabilidad de PREVENIR Y SANCIONAR la responsabilidad por las
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario.

4. Aunque no ha sido reglamentado y se dice que no comprende a agentes
estatales, nos asaltan igualmente preocupaciones por interpretaciones de
aplicación del Marco Legal para la Paz, puede ser interpretado a través de la
selección y priorización de las investigaciones de los máximos responsables de
crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de
manera sistemática como una renuncia investigar la gran mayoría de los
crímenes cometidos. Adicionalmente, como una ventana de salida para los
pocos agentes estatales condenados quienes se podrían beneficiar con la
suspensión de la ejecución de la pena u otras alternativas. Se debe posibilitar
fórmulas transicionales respetando los derechos de las víctimas.
Si la verdad pretende propiciar una conciencia colectiva de lo que no debe
volver a repetir, la constitución de una Comisión de la Verdad, luego de unos
eventuales acuerdos con las guerrillas, debe considerar iniciativas del deber a
la memoria y del derecho a la verdad debe ya existentes, entre ellas, la que
hemos trabajado con organizaciones, comunidades y grupos de víctimas a
través de nuestra labor de comisionados, y que hoy se encuentran en
propuesta de Comisión de la Verdad de la Comisión Ética y del Movimiento de
Víctima.
La ausencia de un cese al fuego en las aproximaciones entre el gobierno y las
guerrillas, al lado de estas reformas legales y la continuidad de la militarización
y control social territorial preocupa como factores que generan mayores
víctimas, mayor victimización y hagan poco cierto la voluntad hacia la paz.
La lucha contra la impunidad, la depuración de la fuerza pública y entidades
estatales de personas responsables de graves violaciones de derechos
humanos para recuperar con hechos la confianza en las autoridades, una
mayor democratización y participación de amplios sectores de la sociedad civil
en la deliberación política, una limitación seria en la acumulación de la riqueza
y una distribución en conformidad con un Estado Social de Derecho y un
reconocimiento de los derechos de las víctimas, serán factores determinantes
para un proceso que posibilite una democracia profunda en Colombia.
Firman:

5. Alfonso Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina
Asociación France Amerique Latine; Francia
Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico
Comisión Ética contra la Tortura de Chile - Chile
Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile
Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Andrés Redondo, Pilar Sánchez,
Alberto Giráldez Dávila, España
Enrique Santiago, abogado, experto en derecho internacional, España
Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e
Historia, Méjico
Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign,
EEUU
Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora,
Argentina
Movimiento Sin Tierras, Bernardo Camilo da Silva, secretario de DDHH, Brasil
Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), Elizabeth Deligio,
Charity Ryerson, EEUU
Rick Ufford Chase; Director Ejecutivo de la Sociedad Presbiteriana de Paz de la
Iglesia Menonita, EEUU
Stephen Haymes, Universidad dePaul, EEUU
Thomas Gumbleton , Obispo Emerito de Detroit, EEUU

6. Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz;
Antonio Pigrau Solé, abogado, experto en derecho internacional, Espai
Catalunya-Comissió Ètica, España