Una mirada más allá de la suspensión de la aspersión del herbicida en los cultivos de uso ilícito

1. Monsanto y el glifosato
Miércoles 20 de mayo de 2015 Freddy_Ordonez Investigador de ILSA.
Columnista Online Ámbito Jurídico y Agencia Prensa Rural
@Freddy_Ordonez
Una mirada más allá de la suspensión de la aspersión del herbicida en
los cultivos de uso ilícito
El jueves 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE,
suspendió las aspersiones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, a
partir del concepto presentado por el Ministerio de Salud y Protección
Social ante el nuevo informe de la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la
Organización Mundial de la Salud, OMS. La decisión había sido
solicitada al Consejo por el presidente Juan Manuel Santos, en lo que
se presenta como una apuesta del Gobierno Nacional, de la que se
apartó el saliente Ministro de Defensa y el Procurador General de la
Nación.
El final de “las fumigaciones” es celebrado por el movimiento social
(será, sin dudarlo, un elemento central en Colombia de la marcha
mundial contra Monsanto del próximo 23 de mayo), en especial el
movimiento campesino, ya que es una demanda que éste había
elevado desde la década de 1990 [1], y muy especialmente con la
puesta en marcha e implementación del fracasado Plan Colombia.
Diferentes estudios han señalado lo inútil de la aspersión como
método de confrontación efectivo del problema de los cultivos ilícitos
y la efectividad de otras propuestas, como el desarrollo
alternativo [2]. En la misma línea la literatura sobre los efectos

2. nocivos del uso del glifosato en la “guerra contra las drogas” es
abundante, al igual que los casos y testimonios de impactos
socioambientales y en derechos humanos [3], e incluye
documentación oficial como el concepto emitido por el Inderena en
1984 (Vargas, 1999, p. 33 y ss.) y la Resolución 005/2000 del mismo
CNE, en la que se habla de riesgos potenciales en relación con la
salud humana, el medio ambiente y las actividades agropecuarias
(García y Mejía, 2001, p. 125-127).
¿Y después de la suspensión qué?
Una vez producida la decisión del Gobierno se presentan dos
escenarios para las organizaciones sociales y populares: (i)
Considerar alcanzado el logro frente a la suspensión del glifosato,
continuar en la construcción de propuestas y la concertación de
políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito soportadas en el
desarrollo alternativo y sostenible; y (ii) Avanzar en la construcción
de un discurso y un accionar en contra del uso del agroquímico
(Roundup) y de los productos de la compañía Monsanto, como parte
de la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología.
Estos escenarios no son excluyentes entre sí, pero centrarse sólo en
el primero puede implicar logros muy importantes, pero limitados,
como son mejoras en la situación socioeconómica de los campesinos
productores y obreros de la hoja de coca, incluso, inversión estatal en
zonas “cocaleras” con miras a la erradicación voluntaria y la
generación de alternativas, etc.
Un accionar que considere el segundo escenario conlleva a que los
campesinos no solamente logren lo anterior, sino que tengan mayor
poder sobre la cadena de producción de alimentos y evidencien que
las afectaciones del glifosato no están exclusivamente ligadas a su
uso en la “guerra contra las drogas”. En efecto, el concepto
preparado por el Ministerio de Salud y los estudios científicos que lo
soportan no hacen relación al uso del herbicida contra la coca, sino
que dan cuenta de su toxicidad (por un principio activo) y su
condición de probablemente carcinogénico en humanos existiendo
una asociación positiva entre exposición humana por uso agrícola del
glifosato y el riesgo de padecer cáncer (linfoma no-Hodgkin). De otra
parte, el glifosato afecta nuestra fauna y ambiente: en
concentraciones menores a la que se usaba para fumigar coca puede
ser letal en peces como la tilapia, yamú, el bocachico y la cachama
blanca, según estudios realizados por el Grupo de Investigación en
Toxicología Acuática y Ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia.
Monsanto y el régimen alimentario corporativo

3. Monsanto, empresa productora del glifosato, es una de las grandes
compañías del régimen alimentario corporativo (McMichael, 2009),
etapa actual del sistema agroalimentario capitalista caracterizado por
la hegemonía de las corporaciones en el marco de la economía
globalizada. A nivel mundial esta empresa es una de las tres
principales comercializadoras de semillas patentadas, controla el 41
% de la producción de semillas y el 90 % de las semillas modificadas
genéticamente; junto con otras cinco empresas acaparan el 75 % de
las ventas de agroquímicos del planeta (Holt-Giménez y Patel, 2010,
p. 43; Delgado, 2010, p. 34; Action Aid International, 2006, p. 65).
En el último periodo ha intentado -hasta el momento
infructuosamente- adquirir a la gigante suiza Syngenta. De darse esta
fusión, según reseña Portafolio, se estaría ante un negocio con ventas
de US$30.000 millones anuales en semillas y plaguicidas, la posición
dominante a nivel global de la compañía norteamericana del mercado
agrícola mundial de las semillas (híbridas y transgénicas) de maíz,
soya, algodón, a lo que se sumaría una amplia porción del mercado
de las semillas de productos vegetales, igual ocurriría en la
comercialización global de los plaguicidas (herbicidas, insecticidas,
etcétera). En este último mercado, Monsanto buscaría recuperar su
posición dominante con su producto estrella: el Roundup Ready
(glifosato) [4].
Monsanto en Colombia
En Colombia, Monsanto a través de la Compañía Agrícola Colombiana
S.A.S. ha logrado autorización del Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, para el uso de maíz transgénico en la alimentación y producción
de concentrados para animales domésticos; la importación de
semillas de maíz transgénico para siembra destinada al consumo
animal y humano, en áreas cafeteras; y la importación de semilla de
soya para siembras comerciales destinadas al consumo animal y
humano, en el Valle geográfico del río Cauca, entre otros. Esta
compañía fue multada con 500 millones de pesos por el mismo
Instituto por publicidad engañosa, al afirmar que una variedad de
algodón transgénico comercializado lograba un control de plagas del
97 %. La siembra del algodón transgénico y los elevados costos de
los insumos quebraron a los algodoneros de la Costa, perdiendo
además su independencia como productores agrícolas: “cada vez
dependen más de la semilla trangénica, Bolgard II (BT), de
Monsanto. Esta semilla bajó la productividad al menos 30 %,
mientras que, en varios casos, las semillas convencionales fueron
suspendidas por el ICA, por contaminación derivada de las
genéticamente modificadas” (Suarez, 2015, p. 16).
La multa en Colombia es una más de las que acumula la empresa
norteamericana:

4. En 2005, Monsanto aceptó pagar una multa de 1,5 millones de
dólares a la US Securities and Exchange Commission (Comisión de
Bolsa y Valores de Estados Unidos) después de que saliese a la luz
que entre 1997 y 2002 habían pagado más de 700.000 dólares en
sobornos para tratar de derogar una legislación que hubiese sometido
a una investigación seria el algodón biotecnológico en Indonesia
(Patel, 2008, p. 126).
Peligros del glifosato más allá de los cultivos de uso ilícito
Silvia Ribeiro, en el diario mexicano La Jornada, presenta cifras que
dan cuenta de por qué la preocupación por el uso del glifosato debe ir
más allá del uso de éste para fumigar cultivos de uso ilícito, debido a
que la aplicación del agroquímico está relacionada directamente con
afectaciones a la salud humana: (i) en 2013, un estudio de Amigos
de la Tierra encontró residuos de glifosato en la orina del 45 % de los
ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas, y otro en
Alemania, niveles de 5 a 20 % más altos en orina que los niveles
permitidos en agua potable; (ii) el movimiento Moms Across America
de EE.UU., encontró en 2014 presencia de glifosato en leche
materna, en porcentajes hasta mil 600 % superiores a lo permitido
por la directiva europea; (iii) en Brasil, estudios del investigador
Wanderlei Pignati, mostraron desde 2011, grave presencia de
glifosato en leche materna en el estado de Mato Grosso, así como
altos porcentajes de residuos de glifosato y otros agrotóxicos en el
agua que beben en escuelas y en 88 % de las muestras de sangre y
orina tomadas a maestros del municipio Lucas de Rio Verde de ese
estado; y (iv) en Argentina, los movimientos de madres y médicos de
pueblos fumigados de Córdoba, Santa Fe y otras provincias afectadas
por la siembra de transgénicos, denuncian desde hace años lo que
consideran un genocidio silencioso. En esos lugares, los casos de
cáncer y malformaciones congénitas, superan con mucho la media
nacional. En el Chaco, hasta 400 por ciento. Andrés Carrasco, en
2009, siendo jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e
investigador principal del Conicet, demostró con experimentos en
anfibios, que el glifosato tiene efectos teratogénicos, es decir,
produce malformaciones en fetos y neonatos (Ribeiro, 2015, abr. 4).
Por su parte el portal grastronomiaycia.com da cuenta de diferentes
hallazgos de trazas de glifosato en los cereales para el desayuno,
miel, salsa de soja, diferentes harinas de cereal, leche de fórmula
infantil e incluso en leche materna. La empresa, señala de forma
irresponsable que esto no representa riesgo para las personas y no
debe generar preocupación, según la misma fuente: “Un toxicólogo
que trabaja para Monsanto […] comenta que de acuerdo con los
especialistas médicos y otros expertos en seguridad alimentaria, la

5. presencia de una sustancia química en los alimentos no representa un
peligro para la salud humana, lo que importa es la cantidad”.
Desconociendo este tipo de situaciones, el riesgo potencial y la
necesidad de aplicar el principio de precaución, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, mantuvo el uso del glifosato para fines
agrícolas, decisión soportada en que, según se afirma en nota de
prensa, “el manejo y forma de utilización del herbicida en la
producción agropecuaria no produce efectos nocivos en la salud,
cuencas hídricas y sistemas ambientales”. La decisión fue celebrada
por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que agradeció “al
gobierno haber tenido en cuenta los argumentos expuestos por el
sector privado y los centros de investigación”. Esta decisión del
Ministerio avalada por el sector privado es una muestra del poder
político y económico de las corporaciones, específicamente de la
norteamericana Monsanto, y de lo que es la configuración del
régimen alimentario corporativo en el país.
Sobre el segundo escenario, el de la soberanía alimentaria
El caso de los algodoneros “estafados” en el control de plagas por
Monsanto, permite ver que las corporaciones no buscan beneficiar al
campesinado, sólo aumentar sus ganancias. No está de más recordar
que estas empresas productoras de agroquímicos y de Organismos
Genéticamente Modificados, OGM, operan bajo el principio capitalista
de la maximización de la ganancia.
La mayor parte de la investigación corporativa es impulsada por las
exigencias de lucros y control de mercados y no por las necesidades
de los agricultores pobres de los países en desarrollo. Se estima que
cerca del 80 % de la investigación pública está orientada a las
necesidades (Action Aid International, 2006, p. 39).
Siguiendo a Raj Patel (2008, p. 121), las corporaciones productoras
de semillas transgénicas vienen de la Revolución Verde, en tanto son
empresas fundamentalmente químicas, las semillas no se orientan a
mejorar la situación de los pobres del campo, sino son una
proyección de sus líneas pesticidas, de allí que quien produce
pesticidas produzca también semillas resistentes a sus propios
productos químicos.
Un producto de la Monsanto Corporation, es conocido como
«preparados para el RoudUp». Se trata de semillas modificadas, pero
no con la intención de mejorar el sabor o el poder nutritivo, ni para
que crezca mejor o para que soporte la sequía; la modificación tiene
por objeto solamente que esos cultivos soporten ser rociados con
RoundUp (Patel, 2008, p. 121).

6. Monsanto y otras corporaciones como Syngenta, buscan la
oportunidad de transformar la agricultura mundial de alimentos en
una agricultura productora de cultivos transgénicos, ampliando sus
posibilidades de negocio más allá del consumo humano (que ha
encontrado resistencias) al mercado de los agrocombustibles y el de
la alimentación de animales (como en Colombia). En algunos países
lo están logrando: en el 2008 el 80 % del maíz, el 92 % de la soja y
el 86 % del algodón en los Estados Unidos eran transgénicos (Holt-
Giménez y Patel, 2010, p. 113).
Ante el avance de las corporaciones, es necesario levantar la bandera
de la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los derechos de los
campesinos. La soberanía alimentaria como democratización de los
sistemas agroalimentarios, como posibilidad de priorizar producción
agrícola local, sostenible, segura y ambientalmente amigable, para la
alimentación de las poblaciones, mediante el acceso permanente de
los campesinos a la tierra y a las semillas (así como a los demás
elementos que posibilitan la producción agropecuaria), y soportada
en el reconocimiento de la potestad de los consumidores a decidir qué
alimentos quieren, cómo y quién los produce, es el principio y
derecho desde el cual se puede hacer frente a la arremetida del
sistema alimentario capitalista. Por su parte, la Declaración sobre los
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las
zonas rurales al reconocer el derecho de los campesinos a las
semillas y a la práctica de la agricultura tradicional (art. 5), a la
protección de los valores en la agricultura (art. 9), a la diversidad
biológica (art. 10) y a la preservación del medio ambiente (art. 11),
se convierte en una herramienta fundamental para adelantar
procesos de exigibilidad contra el dominio de las corporaciones
agroalimentarias.
El trascendental anuncio de la suspensión del glifosato en la lucha
contra el narcotráfico es un paso sin antecedentes en la pugna por la
definición del modelo agrícola y alimentario en Colombia, donde el
movimiento social, campesinos y consumidores de alimentos,
debemos tener un accionar orientado a la construcción de un modelo
diametralmente diferente al que Monsanto y las empresas nos
ofrecen. El horizonte es la soberanía alimentaria. Ese es el tamaño
del desafío.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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7. Delgado Cabeza, M. (2010). El sistema agroalimentario globalizado:
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[1] En 1994 y 1996 se dieron marchas campesinas en el sur del país
pidiendo la suspensión de las fumigaciones y la puesta en marcha de
planes de desarrollo alternativo. El glifosato ha sido usado desde
1984 para la destrucción de cultivos de uso ilícito: marihuana,
amapola y coca. (Vargas, 1999).
[2] Recientemente la Oficina en Colombia señaló cómo: “El Desarrollo
Alternativo en Colombia ha contribuido a la disminución sostenible de
los cultivos ilícitos al otorgar opciones sostenibles de sustento que
reemplacen los ingresos provenientes de las economías ilícitas […]
Durante la última década, Colombia ha construido una
institucionalidad encargada de liderar e implementar la política de
Desarrollo Alternativo como estrategia efectiva para la reducción de
la oferta de cultivos ilícitos”. Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, UNODC, (2014, p. 14).
[3] A manera de ilustración, García y Mejía (2001) exponen los
impactos en la salud pública; los trabajos de Jerez (2002), Valbuena
(2002), y Vargas (1999) presentan afectaciones a territorios rurales y
a campesinos e indígenas; y Molano (2015, may. 2) relata aspectos
sociales, económicos y militares de las fumigaciones en la “guerra
contra las drogas”
[4] Sobre esta posible fusión véase: Grupo ETC (2015, may. 18).