En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador, similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos

1. Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental
Fuente Rebelión 18-08-2014
Renán Vega Cantor. Revista CEPA
En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador,
similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo
que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración
renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales
imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del
dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica
nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de
estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a
mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se
consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para
explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales
o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas
que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el
conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes
derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales–
que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de
trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia)
hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se
consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El
extractivismo tiene características que lo identifican como modelo
económico y social, con unos mecanismos particulares de
funcionamiento político, como se describe brevemente a

2. continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto
que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas
décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las
inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el
territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la
mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial.
En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en
el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que
eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en
consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo
funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países
centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero
también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios
urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía
de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la
sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado
mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y
también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día
más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata
de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de
estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los
derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas
históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma
dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero,
aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la
finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones
efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la
economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la
generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de
actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que
queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se
obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el
incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la
eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de
su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas
de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales
para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este
país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa
dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que
quieran invertir su capital en nuestro territorio.
El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones
laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los
emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al

3. servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está
destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase”
a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin
contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales
para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio
Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo
extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas
mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por
concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron
deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto
tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100
efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras
tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el
Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan
esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los
dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al
Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un
territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan,
destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de
pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de
todo les pagamos para que hagan todo eso.
Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los
territorios, porque el Estado se compromete a proteger las
inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición
que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto
observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento
exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las
zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares
donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no
solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos
paraestatales que son un componente esencial del modelo
extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado
como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran
los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la
palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no
generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí
se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y
controlada por las multinacionales.
En concordancia la economía y el territorio colombianos se han
convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por
las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre
Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se
consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con
las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le
compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia.
Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los

4. residuos contaminantes que se exportan desde los centros
imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los
últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que
autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para
la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio
rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para
consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con
dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos
tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que
revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y
que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento
de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir
prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y
minerales.
En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de
enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno)
que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional
en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y
la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las
actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no
sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos
futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de
los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual
preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo
transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se
impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de
salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos,
indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del
progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio.
Consecuencias
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y
ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las
comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo,
genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un
territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de
las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y
se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El
extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de
los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja
de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al
mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que
sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista,
como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para
mencionar algunos casos.

5. La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de
la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación
española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa
destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades
económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en
marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma
inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la
riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos
abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar
ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la
Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las
empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo
(Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una
extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda,
Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de
chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado
de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las
de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de
la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto
destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos
que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería;
una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la
infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de
retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una
limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas
subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una
situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones
climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse
que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark,
Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy,
Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En
toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente
720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un
dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En
este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del
viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la
magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no
eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y
petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que
tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la
calidad de vida de todos los colombianos”.

6. La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a
percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio
en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el
aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y
explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y
la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera.
Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la
sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las
zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al
extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se
tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como
aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron
los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento
fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios
climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero
estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones
económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto
destructor en la medida en que la producción local, que permite la
subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a
alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que
la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al
mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con
lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un
resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el
período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron,
como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros
lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la
vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre
la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial.
Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros
cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba
las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con
destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones
climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son
más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al
mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas
regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales
(en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas,
básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El
último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio
climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser
Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y

7. la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante
contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo
aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan
van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el
área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que
teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo,
de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se
encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en
grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las
quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un
momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del
petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de
los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas
y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de
considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala
global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los
fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están
relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista.
Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por
anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed
insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats
locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los
más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a
la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción
de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que
sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera
con el trastorno climático.
Luchas
En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado
protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus
variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia
Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72
conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos
Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables
protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la
“locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas
se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San
Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores
petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen
sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están
interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la
misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la
Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los

8. hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades
locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos
bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa
en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica
la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años
denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la
consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la
AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado
en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten
directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo
hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran
en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las
mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de
la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos
adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en
esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de
lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde
el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas
por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como
acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se
enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la
expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería
y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional
Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del
extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan
un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas
organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus
territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el
petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser
extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se
constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo,
como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde
el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros
durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas:
Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para
superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República,
Bogotá, 2013.

9. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos
_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp
IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber
desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare,
en http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/
Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183
Citado en
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-
planificacion-y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html
Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las
hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia,
Valencia, 2006.
Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana,
marzo 31 de 2014.
IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá,
2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los
páramos, Bogotá, noviembre de 2009.
Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos
matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010.
Colombia es el país con más conflictos ambientales de América
Latina, http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/mapa/30830
(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y
compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial
Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4
volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo:
mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999;
Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre
otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado
es Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con
Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014.
Artículo publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá
2014, que acaba de entrar en circulación. Rebelión lo ha
difundido con el permiso del autor mediante una licencia de

10. Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en
otras fuentes.