1. El PND 2014/ 2018: Revictimiza y se conforma con la promesa
de la reparación para las víctimas del conflicto armado
Lunes, 27 de abril de 2015
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO ENTRE EL MOVICE Y LA MESA
NACIONAL DE VÍCTIMAS PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES
SOCIALES EN LA AUDIENCIA POPULAR EL 27 DE ABRIL
Ponencia presentada por Alfonso Castillo Garzon,
en la audiencia pública al PND,
realizada en el congreso de la república
el día 27 de de abril de 2015
1. El ilusionismo de la PAZ
El Presidente Juan Manuel Santos ha desarrollado un estilo de
gobierno que consiste en hacer anuncios pomposos y repetirlos
decenas de veces hasta crear la sensación de que cada anuncio es
una realidad, de esta manera se hizo con la Idea de que la economía
colombiana estaba blindada frente a la crisis económica mundial,
igual ha sucedido con el logro de la paz, de ella se viene hablando
desde el primer gobierno del Presidente Juan Manuel y si bien es

2. cierto que el Presidente se la ha jugado por impulsar unas
negociaciones con las insurgencias, especialmente con las FARC-EP,
con quien adelanta diálogos en la Habana Cuba hace casi tres años,
también es cierto que dicho proceso está colmado de contradicciones
y amenazas, y está motivado en lo fundamental por la necesidad de
desarrollar negocios en condiciones más favorables a las que se
imponen en un país en conflicto.
De esta manera, se adelanta un dialogo con la insurgencia en medio
del conflicto, lo que implica que los colombianos y en especial los más
pobres continúan padeciendo las consecuencias de la guerra:
Desplazamiento forzado, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales,
minas antipersonal, y una larga lista de violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El
gobierno se niega a discutir los términos una tregua bilateral, a pesar
de varias iniciativas de la guerrilla por caminar en esa vía. A pesar de
los avances, en la mesa de diálogos de la Habana, también es
necesario reconocer que esa misma agenda está llena de asuntos
pendientes entre ellos quizás los aspectos más problemáticos de la
misma agenda.
Pero al mismo tiempo que se discute en la Habana los términos para
la solución del conflicto armado y el gobierno de Juan Manuel Santos
pinta el “paisaje fantástico de la paz” a través de los medios de
comunicación, se impuso una agenda legislativa contra las libertades
democráticas, se recorta y restringe el acceso a los derechos sociales,
se continúa fomentando la impunidad de crímenes cometidos por
agentes estatales, se legisla en favor de la explotación minera, se
continúan criminalizando y estigmatizando la protesta social, al
tiempo que se imponen normas en favor de los agronegocios, la
inversión extranjera y la gran minería depredadora de los recursos
naturales, al mismo tiempo las violaciones a los derecho humanos
siguen siendo tan graves como crecientes, al punto que continúan
asesinatos, amenazas desplazamientos contra sindicalistas,
defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras,
mientras el paramilitarismo se fortalece política y militarmente en
muchas regiones y las autoridades se niegan a actuar contra estos.

3. Es en este marco que se inscribe el proyecto de Plan Nacional de
Desarrollo que actualmente se discuten el congreso de la república,
con el cual el gobierno presentará brújula que guiara la inversión en
el periodo 2014 2018, el cual está lleno, como su gobierno, de
ambigüedades y contradicciones que intentan ocultar el continuismo
de la política extractivista de la locomotora minero energética, que
ahora se pretende poner avanzar a ritmo de tren bala, contra los
derechos de las comunidades y en desmedro de la soberanía
nacional.
2. Ricos de nuevo por el país (El verdadero nombre del plan)
Contrario a lo que plantea el Presidente Juan Manuel Santos el Plan
Nacional de Desarrollo que se discute, no traerá la paz él está
diseñado para atender las exigencias del club de países ricos (OCDE),
al que Colombia pretende ingresar y para ello atiende juiciosamente
la recomendaciones desmontar lo poco que queda estado de derecho,
para convertirse en estado regulador de relaciones económicas
capitalistas. Sin duda se trata de un plan para que los ricos de aquí y
de allá, hagan mejores negocios, con la explotación minera, el
desarrollo de infraestructura y los agronegocios.
Por esta razón el plan se hace sin incorporar los temas de la agenda
que se discute en la Habana, ni siquiera aquellos temas en los que ya
hay acuerdo, tampoco se incorporan las necesarias reformas para
atender la entre los sectores en conflicto social, no parecen los
compromisos con la cumbre agraria, se retrocede lo avanzado en la
mesa de discusión con los estudiantes en relación con la reforma a la
educación superior, tampoco se incorporan los anuncios para superar
los problemas de la salud. En fin, no hay transformaciones de fondo y
en cambio sí, profundización del modelo que sumergió el país en la
violencia, el despojo, la depredación salvaje los recursos naturales y
la desindustrialización.
No se trata este plan, de un ejercicio democrático que prepare el país
para el post acuerdo, por el contrario es el plan de desarrollo para
que los ricos saqueen de nuevo el país, como lo han hecho siempre,

4. no se lograra la equidad, ni la paz, palabras que se usan, para
favorecer los intereses que sectores económicos que sólo están
interesados en aumentar los márgenes de ganancia y utilidad, en sus
inversiones.
3. La materialización de los derechos de las Víctimas
Con lo dicho es necesario reiterar que el Plan Nacional de Desarrollo,
no es el instrumento para que las víctimas pueden concretar sus
derechos a la justicia, verdad, no repetición, ni mucho menos la
reparación integral, una rápida mirada al presupuesto deja ver con
claridad que el propósito del gobierno se centra en favorecer la
infraestructura, el aparato de guerra, mientras que los recursos para
favorecer la economía campesina, la reforma agraria y aun la
atención a las víctimas del conflicto, no son el mejor indicativo de la
equidad de la que tanto se habla. La victimas carecen de
instrumentos efectivos que les permitan conocer la verdad de la
vulneración de sus derechos y en ello el documento de bases del Plan
Nacional de Desarrollo no avanza pues no hay un compromiso real
con el fortalecimiento de la rama judicial del poder para que esa
mínima reivindicación sea satisfecha, esto para solo considerar como
ejemplo el derecho a la justicia.
Preocupa en cambio, como el PND pretende retomar temas ya
discutidos como el derecho real de superficie, el cual fue derrotado
por las víctimas y las ONG de derechos humanos cuando se discutió
la ley de víctimas, asimismo el Plan Nacional de Desarrollo se orienta
por la privatización de los baldíos, estos dos aspectos sólo pretende
favorecer los agronegocios en desprecio de la economía campesina
familiar.
No deja de ser preocupante para las víctimas como el PND ofrecer
poca financiación para el desarrollo de la ley 1448 al punto que
debemos hablar de la desfinanciación de la ley en el próximo
cuatrienio, lo que significa que las víctimas deben prepararse para
menos indemnizaciones y menos restitución de tierras, y desmejora
en la calidad de la atención.

5. No menos preocupante es el desconocimiento pago omisión por
completos del tema de enfoque diferencial de mujeres, en este
sentido el PND no incorpora las disposiciones jurisprudenciales que
exigen la incorporación de enfoques diferenciales para que las
mujeres pueden acceder a sus derechos a la reparación, la atención y
la restitución, ni el presupuesto, ni las metas dejan indicar
claramente que el plan tenga propósitos en este sentido, así las cosas
esta es una nueva prueba que demuestra la inconsistencia del
principio denominado de equidad del cual se van del plan.
4. Desfinanicación de la ley de Victimas
Llama la atención que aunque en el documento de exposición de
motivos se indique que “…en su compromiso con las víctimas del
conflicto armado colombiano, establece en este Plan Nacional de
Desarrollo acciones enfocadas en avanzar hacia la consolidación de la
paz, que contribuyen al goce efectivo de los derechos de las víctimas,
así como a la reparación integral, conforme a la Ley 1448 de 2011 y a
los pronunciamientos de la Corte Constitucional, especialmente los
contenidos en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de
seguimiento”; y de que éste PND sea el Plan del POSTCONFLICTO, se
destine solamente para el financiamiento de mecanismos de
transición $1.435.805 y para la superación del estado de cosas
inconstitucional con la garantía del goce efectivo de derechos de las
víctimas el monto de $8.504.824.
Según el informe de la Comisión de Seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de la Ley 1448/2011 en presentado en julio del año
2014, se concluye en el apartado presupuestal: a) el gasto
presupuestal orientado a las asistencia, atención y reparación integral
de las víctimas del conflicto armado ha registrado una tendencia
descendente en los tres años de aplicación de la Ley; b) el
crecimiento económico no refleja una mayor asignación presupuestal
a víctimas; c) Se hace necesario reformular el plan financiero para
ajustar cobertura y gasto en el horizonte propuesto por la Ley; d) es
necesario hacer un mayor esfuerzo fiscal para la asistencia, atención
y reparación a las víctimas, además revisar el CONPES de
financiación de la Ley 1448/2011.
Algunas preocupaciones en torno a la concreción de los derechos de
las victimas consagrados en la ley se sintetizan en los siguientes
aspectos
Reparación integral de las víctimas del conflicto armado
Es necesario destacar que en las bases del plan se avanza
considerablemente en el tema de reparación integral a víctimas, no
obstante es necesario advertir que las metas trazadoras establecidas
en las bases no son coherentes con los siguientes hechos:

6. ü El número de víctimas en Colombia asciende a 7.028.776[1], y la
meta de reparación integral por vía administrativa es de 920.000
para el cuatrienio, lo que equivale solamente al 13% del total de
víctimas reportadas en el Registro único de Victimas -RUV-.
ü El impacto sobre el total de víctimas que se menciona en el item
anterior, podría ser considerablemente menor, ya que se estima que
existe un sub registro de alrededor de 15%, es decir, que unas
800.000 personas no se encuentran en ninguna base de datos y que
constituyen víctimas del conflicto armado.
ü El número de víctimas que recibirían atención sicosocial en el
cuatrienio seria de 490.000, es decir, solo el 6.9%.
ü Más grave aún, es la meta establecida para la formación de víctimas
en el marco de las rutas de auto empleo y empleo para la reparación
integral, que es tan solo de 18.500, contradiciéndose con el objetivo
del plan de lograr la estabilización socio económica de las víctimas, y
una reparación transformadora. Teniendo en cuenta que la línea base
para 2014 es de 10.500, solo se aumentaría la atención en 8.000
personas durante 4 años.
ü En lo que respecta a la meta de víctimas indemnizadas durante el
cuatrienio, no es coherente que para cuatro años solo se
indemnizarían 9.174 personas.
Superación de la situación de vulnerabilidad causada por el
desplazamiento forzado por la violencia
En este ítem de las bases del PND se evidencia la ampliación de las
acciones que buscan asegurar la existencia de condiciones para la
superación de la situación de vulnerabilidad causada por el
desplazamiento forzado, no obstante se anota que:
Si bien es necesario el fortalecimiento del rol de la Unidad de Víctimas
y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, no se puede eliminar de tajo la responsabilidad del
Bienestar Familiar y los entes territoriales en el proceso de atención
integral (especialmente en materia de alimentación y albergue
temporal como parte de las medidas de asistencia de emergencia), ya
que la unidad no cuenta con presencia en todo el país.

7. Adicionalmente, el establecimiento de criterios para determinar que
un hogar desplazado ya no tiene carencias asociadas a la
“Subsistencia mínima” como estrategia para determinar que este ha
salido de las condiciones de vulnerabilidad, es una perspectiva
demasiado básica y simplista, ya que el enfoque de la reparación
debe ser transformador, es decir, que las personas reparadas no
queden en las mismas condiciones “mínimas” en las que estaban
antes de su desplazamiento, sino que efectivamente hayan elevado
su nivel de vida, garantizando así la no repetición de los hechos.
De la misma manera, el establecimiento de dichos criterios debe ser
extensivo a todos los demás hechos victimizantes.
Con referencia a las metas trazadoras, es de anotar que como en el
caso anterior estas son muy bajas con respecto a la realidad nacional,
así:
ü Teniendo en cuenta que el número de víctimas de desplazamiento
forzado es de 6.044.151[2], la meta de 500.000 personas víctimas
que han superado la situación de vulnerabilidad causada por el
desplazamiento es irrisoria.
ü La línea base del porcentaje de hogares que reciben soluciones de
vivienda urbana, que son víctimas de desplazamiento forzado es del
50%, y la meta para el cuatrienio es el mismo 50%, lo cual es
inconsistente con el objetivo de garantizar a las víctimas el goce
efectivo de derechos.
ü Una meta de 23.000 soluciones de vivienda rural, que en términos
absolutos representaría un aumento para el cuatrienio de 17.534 es
demasiado baja, teniendo en cuenta el gran número de desplazados
reportados en el RUV.
Reparación Colectiva a víctimas del conflicto armado
Establecer en las bases del PND que se avanzará en la
implementación de la estrategia de reparación colectiva de las
víctimas por medio del “desarrollo de acciones simbólicas”, lo que
equivale a la construcción de monumentos y las denominadas “obras
de infraestructura social”; en esta lógica, estas pueden constituir un
componente de la reparación, sin embargo estas acciones no suponen
reparación colectiva, máxime si se considera que la reparación
debería suponer el restablecimiento de los sujetos políticos
Retornos y reubicaciones urbanas de las víctimas de desplazamiento
forzado por la violencia y restitución de tierras

8. Hay alrededor de 1.390.000 hogares en condición de desplazamiento,
por lo que las metas trazadoras son considerablemente bajas y no
responden al objetivo del PND de lograr una paz estable y duradera.
Adicionalmente está el tema de la asignación de recursos que según
indicadores de las instituciones encargadas de implementar las
acciones de atención y reparación existe un déficit presupuestal en
los siguientes items:
1. Prevención atención a la población desplazada nivel nacional
(APD) para el 2015 un total de $799.340 millones de pesos, de los
cuales fueron aprobados $685.057 millones
2. Implementación de las medidas de reparación colectiva a nivel
nacional. para lo cual se desarrollan medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición en su dimensión material, política y simbólica. Para cumplir
con dichas acciones, la Unidad solicitó $117.500 millones de pesos
para el 2015, pero una vez comunicada la cuota de inversión
presupuestal solamente fue posible asignar a este proyecto $30.000
millones de pesos.
3. Implementación de procesos de retorno o reubicación de víctimas
de desplazamiento forzado, en el marco de la reparación integral a
nivel nacional. Se habían solicitado $69.932 millones de pesos, pero
al distribuir los recursos solo fue posible asignarle al proyecto un total
de $6.000 millones de pesos
4. Entidades territoriales a través de la cofinanciación para la
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del
desplazamiento forzado a nivel nacional. solicitado $27.916 millones
de pesos, pero al distribuir los recursos comunicados solo fue posible
asignarle al proyecto el mismo valor del 2014, un total de $18.000
millones de pesos.
Reparación Integral a Víctimas Actualmente hay un déficit de más
$270.000 millones para atender AHE y los recursos dispuestos en el
plan plurianual no se incluyen recursos para indemnizar de población
desplazada–Costo5.7 billones.
El CONPES 3726 establece 3 millones de víctimas con atención
psicosocial a 2021, y se han atendido 4.435 víctimas (SISMEG 31-12-
2014). Al bajar la meta PND a 490.000 se genera una brecha de
1.565.194 víctimas no atendidas.

9. Consideraciones al articulado
De la misma manera que en el proyecto de ley integraron artículos
referentes a la política pública para la atención de personas con
discapacidad, para niños, niñas y adolescentes, entre otros, es
importante agregar un artículo que explicite la Consolidación de la
Política Pública de Equidad de Género y de protección y garantía de
los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.
El artículo 114 referido a los Criterios de salida de la ruta de
Reparación Administrativa, por el cual se reglamentarían las acciones
y condiciones con las cuales se entiende que el Gobierno ha
garantizado la reparación administrativa a las víctimas, es insuficiente
en concordancia con el enfoque de reparación integral. Es necesario
establecer un conjunto de criterios que den cuenta de cuando una
víctima ha sido reparada en todas las dimensiones, y no solo
administrativamente.
Frente al artículo 118 que refiere a la atención integral a víctimas y
que modifica los artículos 47 y 65 de la ley 1448 de 2011, se suprime
la responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de
brindar a las víctimas parte de la atención humanitaria de
emergencia, trasladando dicha carga a la Unidad de Víctimas, sin
embargo, es necesario que se tome en consideración que esta no
tiene cobertura en todo el país, especialmente en las áreas más
alejadas de los centros poblados, como si lo tiene el ICBF.
5. Recomendación y propuestas

10. Incorporar al articulado el PND en discusión y respectivo presupuesto,
todos los temas del agenda acordados en la Habana de manera
conjunta
1. Incorporar el derecho a la verdad como derecho de las víctimas y
la sociedad colombiana para la superación del conflicto armado y el
logro de la paz duradera y estable
2. Incorpora reformas de fondo a la ley 1448/11 en los siguientes
aspectos:
 Montos de la indemnización
 Restitución de tierras
 Participación efectiva.
 Vivienda y tierras como mecanismo de ayuda humanitaria
transitoria y no de reparación como sucede actualmente
3. Garantizar el aumento de los montos destinados a la atención,
reparación-indemnización, reparación colectiva, vivienda para
víctimas, retorno y reubicación, en el 50% de lo que se encuentra
asignado en el actual proyecto de PND.
4. Ajustar las metas del PND de tal manera que permitan pie las
coberturas de atención, reparación y restitución por lo menos en el
50% de lo que actualmente están planteadas.
5. Suprimir del articulado del proyecto de ley de PND, los artículos 47,
48, 49, 117 y 118, por considerarlo regresivos y lesionar los intereses
de las víctimas del conflicto armado.
Llamamiento al movimiento de víctimas.
Hacer un llamado al movimiento de víctimas y al movimiento popular,
a fortalecer los procesos organizativos y de movilización, sólo allí está
la posibilidad a garantizar el goce efectivo de los derechos,
exhortamos a vincularse activamente a siguientes actividades
 Jornada de movilización del 1 de mayo
 Exigirle real reparación en el marco de la conmemoración que
seguramente realizará el gobierno, de los 4 años de promulgación
de la ley de víctimas, el próximo 10 de junio.
 Visibilizar la problemática de las víctimas en cada una de las
localidades y territorios del país, impulsando foros con los
candidatos a las corporaciones públicas que se elegirán el próximo
25 de octubre de 2015.

11. Abril 27 de 2015,
[1] BASES PND. Pág. 352
[2] BASES PND. Pág. 352