1. Compensaciones de carbono son “cómplices” de
acaparamiento genocida de tierras
Entre 2000 y 2010, unos dos millones de kilómetros cuadrados de
tierras en Asia, África y América Latina y el Caribe fue adquirido o
negociado bajo acuerdos firmados en nombre de gobiernos
extranjeros o empresas transnacionales.
14/07/14 Por Nafeez Ahmed*. Fuente: Ecoportal.net
Muchos de esos acuerdos se orientan hacia la producción de cultivos
o biocombustibles para su exportación a países ricos y desarrollados
– con la consecuencia de que los pequeños agricultores son
desplazados de sus tierras y pierden sus medios de vida, mientras las
comunidades locales pasan hambre. La concentración de la propiedad
de las tierras cultivables del mundo en manos de poderosos
inversores y corporaciones aumenta rápidamente, estimulada por la
escases de recursos y, asociada a ella, el aumento de los precios.
Según un reciente informe de la organización estadounidense Grain:
“Las gigantescas demandas de las industrias alimentaria y energética
hacen que la tierra cultivable y el agua no se utilicen para la
producción local de alimentos, sino para la producción de
commodities y su procesamiento industrial”.
Sin embargo, factores menos conocidos de este fenómeno incluyen la
“conservación” y las “compensaciones de carbono”. En el oeste de
Kenia, como informó la organización inglesa Forest Peoples
Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques, FPP), el
servicio forestal (KFS) de ese país desalojó por la fuerza a
15,000 indígenas sengwer de los bosques de Embobut y las Sierras
de Cherangany y quemó unas mil viviendas.
Desde 2007, sucesivos gobiernos de Kenia han amenazado con
desalojar a las comunidades sengwer de los bosques de Embobut. El
plazo final para que los pobladores abandonen los bosques expiró a
comienzos de enero, dando lugar al más reciente resurgimiento de la
violencia. El pretexto para desalojar a los indígenas – caracterizados

2. erróneamente como “ocupantes ilegales” – es que son los supuestos
responsables de la creciente degradación de los bosques.
En los bosques del Monte Elgo, otra zona de Kenia, los antecedentes
del KFS revelan una historia todavía más compleja. En 2010,
los indígenas ogiek recibieron un ultimátum para reubicarse, en
nombre de la conservación y la reforestación.
En febrero de este año, Survival International informó que, como los
sengwer, los agiek fueron desalojados violentamente de sus casas, en
flagrante violación de órdenes judiciales previas, con informes de
grupos de funcionarios del gobierno y sus simpatizantes ocupando
las tierras. Mientras sin dudar se vincula la deforestación con las
actividades de las comunidades pobres, el enfoque del gobierno
ilustra su favoritismo por intereses localistas sesgados. Además de
las comunidades indígenas, en los bosques habitan varios miles de
productores de te, trabajadores forestales y ocupantes ilegales.
La devastadora situación de los pueblos indígenas de Kenia es
sintomática del enfoque equivocado de las agencias internacionales
sobre la conservación.
El Proyecto de Gestión de Recursos Naturales (NRMP por su sigla en
inglés) del Banco Mundial y el gobierno de Kenia, lanzado en 2007,
ha financiado proyectos del esquema de Naciones Unidas de
Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques
(REDD+) en las sierras de Cherangany, incluyendo el financiamiento
a procesos de “preparación de readiness”, algunos de los cuales
comenzaron en mayo de 2013.
En el esquema de REDD las empresas del mundo desarrollado
compran créditos de carbono para invertir en la reducción de
emisiones de tierras boscosas. Esos créditos aparecen en los balances
de las empresas como reducciones de emisiones de carbono. En la
práctica, sin embargo, los esquemas de REDD estimulan a las
empresas a emitir más, mientras compran tierras y recursos en los
países en desarrollo a precios de regalo.
Un informe de FPP sobre el rol del Banco Mundial sostiene que la
implementación del proyecto NRMP – supervisado por las mismas
fuerzas del KFS que pretenden arrasar con todo en Cherangany –
viola las propias salvaguardas operativas del banco.
Una queja formal de los sengwer presentada al Banco Mundial en
enero del año pasado denunció que los abusos a los derechos
humanos cometidos por las fuerzas kenianas fueron “resultado
directo” del programa financiado por el banco:

3. “Un ejemplo del daño causado por el proyecto es que modificó el
límite de la Reserva Cherangany”, de acuerdo a FPP, “de manera que
las familias sengwer, sin ninguna información ni consulta previa, se
encontraron de un día para el otro dentro de la reserva y por lo tanto,
automáticamente, fueron objeto de desalojo por parte del servicio
forestal, efectivamente financiados por el Banco Mundial. Estos
desalojos incluyeron la quema de viviendas y depósitos de alimentos
en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013.” En una declaración de
febrero de este año, el Banco Mundial negó cualquier vínculo de su
programa con los desalojos forzados. Una carta dirigida al banco en
marzo por la Red No al REDD en África – un grupo de organizaciones
de la sociedad civil – con la firma de más de sesenta ONG
internacionales, acusó al banco de “admitir su complicidad en la
reubicación forzada de los sengwer así como ofrecer apoyo al
gobierno de Kenia para encubrir este genocidio cultural”.
La queja de los sengwer está siendo investigada por el Panel de
Inspección del banco. Si bien el informe no ha sido concluido, un
vocero del banco dijo que no será analizado por la junta antes de
agosto o septiembre. Durante las negociaciones internacionales sobre
el cambio climático de noviembre de 2013 en Varsovia, los delegados
llegaron a un acuerdo que permitiría a REDD avanzar aunque, sin
embargo, excluyó preguntas sobre quién debe controlar y
beneficiarse del nuevo valor del carbono contenido en los bosques.
En lugar de eso, el enfoque del Banco Mundial para definir los
derechos de carbono ha sido ampliamente criticado por la sociedad
civil ya que crea conflictos entre los nuevos derechos de carbono y los
derechos tradicionales preexistentes de las comunidades locales. La
falta de salvaguardas y medidas claras abren oportunidades sin
precedentes para el acaparamiento de tierras corporativo y estatal.
Tony La Viña, decano de la Ateneo School of Government de la
Universidad de Manila y presidente de las negociaciones
intergubernamentales de REDD en las conferencias climáticas de
Copenhague y Durban, dice: “Los mercados de carbono, cuando
estén funcionando, deben apoyar la administración de los bosques de
las poblaciones que viven en ellos, y no dar a los gobiernos
nacionales una nueva herramienta para la desposesión de sus
ciudadanos de los recursos naturales que han conservado por
generaciones y de los cuales dependen”.
Según la Red No al REDD en África, es precisamente porque los
pueblos indígenas y sus derechos no son considerados en los
principios de REDD que su implementación puede conducir al
genocidio. Este artículo se inspiró en una nota del realizador británico
Dean Puckett, quien viajará a Kenia en agosto para investigar el caso
de los segwer. *Dr. Nafeez Ahmed, periodista y académico

4. internacional, es autor de “A User’s Guide to the Crisis of Civilization:
And How to Save It” y la novela de próxima aparición ZERO POINT.
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The Guardian
http://www.theguardian.com