Código orgánico integral penal

CÓDIGO
ORGÁNICO
INTEGRAL
PENAL
Año  I    ‐    Nº  180

Quito,  lunes  10  de
febrero  de  2014

Valor:  US$  5.00 + IVA

ING.  HUGO  ENRIQUE  DEL  POZO
BARREZUETA
DIRECTOR

Quito:  Avenida  12  de  Octubre
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Segundo Piso

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Suscripción  anual:  US$  400 + IVA
para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país
Impreso  en  Editora  Nacional

144  páginas

www.registroficial.gob.ec

Al  servicio  del  país
desde  el  1º  de  julio  de  1895
S U P L E M E N T O

2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
Oficio No. SAN-2014-0138
Quito, 03 de febrero de 2014
Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
Presente.-
De mis consideraciones:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las
atribuciones que le confiere la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, discutió y aprobó el CODIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL.
En sesión del 28 de enero del 2014, el Pleno de la
Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la
objeción parcial del Código Orgánico Integral Penal
enviada por el señor Presidente Constitucional de la
República.
Por lo expuesto, y de acuerdo al Artículo 407 de la
Constitución de la República del Ecuador y al Artículo 49
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el
texto del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL,
para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.
Atentamente,
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.
ASAMBLEA NACIONAL
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea
Nacional, me permito CERTIFICAR que el Pleno de la
Asamblea Nacional discutió y aprobó el “CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, en las siguientes
fechas:
PRIMER DEBATE:
28 de junio del 2012
03 de julio del 2012
SEGUNDO DEBATE:
09 de octubre del 2013
05 de noviembre del 2013
OBJECIÓN PARCIAL:
28 de enero del 2014
Quito, 3 de febrero de 2014
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.
ASAMBLEA NACIONAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas. La
Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone
obligaciones inaplazables y urgentes como la revisión del
sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia
y certidumbre.
La heterogeneidad de los componentes del sistema penal
ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos
legales difíciles de acoplar en la práctica, ha generado una
percepción de impunidad y desconfianza. Para configurar
un verdadero cuerpo legal integral se han considerado los
siguientes aspectos:
1. Dimensión histórica
En el Ecuador -desde su época republicana- se han
promulgado cinco Códigos Penales (1837, 1872, 1889,
1906 y 1938). La legislación penal vigente es una
codificación más y tiene una fuerte influencia del Código
italiano de 1930 (conocido como “Código Rocco”),
argentino de 1922, belga de 1867 y -este a su vez- del
francés de 1810 (“Código Napoleónico”). En suma,
tenemos un Código de hace dos siglos con la influencia”
trágica del siglo XX, que es la Ley penal del fascismo
italiano.
El Código Penal vigente, antiguo, incompleto, disperso y
retocado, ha sido permanentemente modificado. La
codificación de 1971 ha soportado, en casi cuarenta
años -desde octubre de 1971 hasta la producida en mayo
del 2010- cuarenta y seis reformas. A esto hay que sumar
más de doscientas normas no penales que tipifican
infracciones.
En materia de procedimiento penal Ecuador ha tenido más
de cinco leyes. El Código de Procedimiento Penal vigente
desde el año 2000, introdujo un cambio fundamental en

Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 -- 3
relación con el procedimiento de 1983: el sistema
acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió
múltiples modificaciones. En total, el Código se ha
reformado catorce veces. Estas reformas no tomaron en
cuenta las normas penales sustantivas y pretendieron
cambiar el sistema penal, modificando solamente una parte
aislada.
En relación con el Código de Ejecución de Penas, este
cuerpo legal se publicó por primera vez en 1982 y se ha
reformado diez veces. Las normas penales de ejecución
vigentes, elaboradas sin considerar las normas sustantivas
y procesales, son inaplicables por su inconsistencia.
Técnicamente no se puede rehabilitar a una persona que
nunca ha sido “habilitada”, ni reinsertarla en una sociedad
que tampoco es ideal para la reinserción. Además, el
sistema funciona solo si cuenta con la voluntad de las
personas condenadas. Esto ha generado, en definitiva,
espacios propicios para la violencia y la corrupción.
Es evidente que las normas sustantivas, procesales y
ejecutivas penales vigentes no responden a una sola línea
de pensamiento. Sus contextos históricos son muy
diversos. Las finalidades y estructuras son distintas, sin
coordinación alguna, inclusive contienen normas
contradictorias. Esto se traduce en un sistema penal
incoherente, poco práctico y disperso.
2. Imperativo constitucional
La Constitución al declarar al Estado como constitucional
de derechos y justicia, define un nuevo orden de
funcionamiento jurídico, político y administrativo. La
fuerza normativa directa, los principios y normas incluidos
en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad confieren
mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal,
porque las disposiciones constitucionales no requieren la
intermediación de la ley para que sean aplicables
directamente por los jueces.
Toda autoridad pública que posee competencia para
normar tiene la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución y a los tratados
internacionales que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y
nacionalidades. En ningún caso, las leyes, otras normas
jurídicas, ni los actos del poder público atentarán contra los
derechos que reconoce la Constitución (artículo 84).
Según el artículo 424 de la Constitución de la República
del Ecuador, las normas y los actos del poder público
deben mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia
jurídica. Desde este mandato, surge la necesidad de
adecuar y actualizar el derecho penal, con todos sus
componentes (sustantivo, adjetivo y ejecutivo), al nuevo
estándar constitucional.
En consecuencia es indispensable determinar la
correspondencia constitucional de los bienes jurídicos
protegidos y las garantías de quienes se someten a un
proceso penal en calidad de víctimas o procesados para
que estén adecuadamente regulados y protegidos.
3. Constitucionalización del derecho penal
El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función
contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un
lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la
perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha
sido gravemente lesionado. Desde la persona que se
encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir
excepcionalmente sus derechos, cuando una persona
vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de
una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los
límites para no caer en la venganza privada, ni en la
impunidad.
El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas
estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir,
debe existir cierta relación coherente entre el grado de
vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.
Además, la Constitución en su artículo 78 incorpora la
figura de la reparación integral. Para ello se integran
algunas instituciones, con el fin de evitar la severidad del
derecho penal y procurar que las soluciones sean más
eficaces.
4. Actualización doctrinaria de la legislación penal
El auge del constitucionalismo en las democracias
contemporáneas ha sido precedido de una renovación
teórica y conceptual. Parte del nuevo instrumental jurídico,
producido no solo por la doctrina sino también por la
jurisprudencia de tribunales constitucionales y penales,
nacionales e internacionales, son: la imprescriptibilidad de
ciertos delitos que tienen particular gravedad en el mundo
entero; el estado de necesidad en sociedades en las que hay
extrema pobreza y exclusión, como es la nuestra; las penas
prohibidas, para evitar arbitrariedades; la revisión
extraordinaria de la condena; la suspensión condicional de
la pena; supresión de delitos que pueden merecer mejor
respuesta desde el ámbito civil o administrativo; la
proscripción de un derecho penal de autor; la supresión de
la presunción de derecho del conocimiento de la ley, entre
otros.
En este contexto, se adecua la legislación ecuatoriana a los
nuevos desarrollos conceptuales que se han producido en
el mundo y en la región, como mecanismo para asegurar
un correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es
cierto, en otros países se ha dejado en manos de la doctrina
y la jurisprudencia este desarrollo conceptual, en el caso
ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido.
Las y los jueces penales han estado sometidos a una
concepción excesivamente legalista. A esto hay que sumar
la crisis del sistema de educación superior y la carencia de
investigaciones en todas las áreas del derecho penal y
criminología. Todo esto ha dado como resultado un
limitado desarrollo conceptual, teórico y técnico.
Por esta razón se incorporan los desarrollos normativos,
doctrinales y jurisprudenciales modernos y se los adapta a
la realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos
para promover una nueva cultura penal y el fortalecimiento
de la justicia penal existente.

5. Adecuación de la normativa nacional a los
compromisos internacionales
Se tipifican nuevas conductas penalmente relevantes
adaptadas a las normas internacionales. Se introducen
nuevos capítulos como por ejemplo, el que se refiere a los
delitos contra la humanidad y las graves violaciones a los
derechos humanos. En otros casos, cuando en instrumentos
internacionales suscritos por el Ecuador se establecen tipos
penales abiertos y poco precisos, se han diseñado los tipos
penales considerando las garantías constitucionales, la
efectividad del combate del delito y la precisión en
elementos de la tipicidad.
Por primera vez se tipifican infracciones como la omisión
de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la
violencia sexual en conflicto armado.
Desde esta perspectiva, se honran compromisos
internacionales y además se cumple con el postulado que,
en materia de derechos humanos, la Constitución y los
instrumentos internacionales de derechos humanos tienen
vigencia en el sistema jurídico infraconstitucional.
6. Balance entre garantías y eficiencia de la justicia
penal
Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre
combatir la impunidad y garantizar los derechos de las
personas sospechosas de haber cometido una infracción
penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema
que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se
acabaría condenando a la persona inocente.
El sistema penal tiene que llegar al término medio para
evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar
que exista algo parecido a la paz social en el combate a la
delincuencia.
Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado. La o
el juez es garante de los derechos de las partes en
conflicto. El proceso se adecua a los grados de
complejidad de los casos. Las personas sometidas al poder
penal –como víctimas o procesados- tienen, en todas sus
etapas, derechos y garantías.
7. La ejecución de las penas
El derecho de ejecución de penas ha estado doctrinaria y
jurídicamente divorciado del derecho procesal y del
derecho penal sustantivo, en todas sus dimensiones.
Una vez dictada la sentencia, sin que se debata la
prolongación de la pena, las y los jueces no tienen relación
alguna con el efectivo cumplimiento de la sentencia.
No existe control judicial sobre las condiciones carcelarias,
las sentencias no se cumplen efectivamente y la
administración ha estado a cargo de un órgano poco
técnico y con inmensas facultades discrecionales. Si a esto
se suman las condiciones carcelarias, que son deplorables,
la falta de estadísticas confiables, la ausencia de registros y
la forma arbitraria de establecer sanciones al interior de los
centros, se concluye que es urgente realizar una reforma
creativa, integral y coherente en el resto del sistema penal.
El trabajo, la educación, la cultura, el deporte, la atención a
la salud y el fortalecimiento de las relaciones familiares de
las personas privadas de la libertad, deben ser los puntales
que orienten el desarrollo de las capacidades de las
personas privadas de libertad y viabilicen su reinserción
progresiva en la sociedad.
En aplicación de la norma constitucional, especial énfasis
merece el trabajo de la persona privada de libertad que,
además de constituir un elemento fundamental del
tratamiento, es considerado un derecho y un deber social
de la persona privada de libertad.
También se regula el régimen disciplinario para evitar la
discrecionalidad de la autoridad competente o personal de
seguridad penitenciaria.
Es prioritario partir de una reforma integral destinada a que
los mandatos constitucionales se hagan realmente
efectivos, que implique una construcción normativa
conjunta, con una misma perspectiva y un mismo eje
articulador: garantizar los derechos de las personas.
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Constitución de la República del
Ecuador enmarca al ordenamiento jurídico nacional dentro
de los lineamientos de un Estado constitucional de
derechos y justicia y que es necesario realizar cambios
normativos que respondan coherentemente al espíritu de la
Constitución;
Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la
Constitución es la Norma Suprema del Estado y prevalece
sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico y, por lo
tanto, las normas y los actos del poder público deben
mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales;
Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador reconoce y
garantiza a las personas una vida libre de violencia en el
ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas
para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de
violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas,
niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual;
Que la Constitución, de conformidad con el artículo 75,
reconoce a las personas el derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus

derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedarán en
indefensión;
Que el artículo 76 de la Constitución ordena que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones
de cualquier orden, como en el caso de los penales, se
asegurará las garantías que integran el debido proceso,
garantías de la defensa para la persona procesada y
garantías para las víctimas, que deben ser canalizadas a
través de la ley penal;
Que la Constitución reconoce a las personas privadas de
libertad, de conformidad con el artículo 51, el derecho a no
ser aisladas, a comunicarse, a recibir visitas, a declarar
sobre el trato recibido, a contar con recursos humanos y
necesarios para gozar de salud integral, a la atención de sus
necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas, y a recibir atención preferente y
especializada en el caso de personas adultas mayores,
mujeres embarazadas o en período de lactancia, con
capacidades especiales, enfermas o adolescentes;
Que la Constitución prescribe en el artículo 78 que las
víctimas de infracciones penales tendrán derecho a
protección especial, a no ser revictimizadas y a que se
adopten mecanismos para una reparación integral que
incluya el conocimiento de la verdad, restitución,
indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición
y satisfacción del derecho violado;
Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución las
acciones por infracciones de genocidio, lesa humanidad,
crímenes de guerra, desaparición forzada de personas y
agresión a un Estado serán imprescriptibles;
Que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, las
acciones y las penas por las infracciones de peculado,
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son
imprescriptibles;
Que de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 396 de la
Constitución, las acciones legales para perseguir y
sancionar los daños ambientales son imprescriptibles;
Que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución
se debe establecer la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, deben existir
sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que
respetar los derechos de las personas y ser impuestas
mediante procedimientos adversariales, transparentes y
justos;
Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y
Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social
fueron promulgados antes de la entrada en vigencia de la
actual Constitución y que sus normas, deben ser
actualizadas y adecuadas a las nuevas exigencias del
Estado constitucional de derechos y de justicia;
Que el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia
de un sistema adversarial, que cuente con fiscales que
promuevan el ejercicio de la acción penal dentro de los
principios y fundamentos del sistema acusatorio, con
defensoras y defensores públicos que patrocinen
técnicamente a las personas acusadas de cometer una
infracción y a las personas que, por su estado de
indefensión o condición económica, social o cultural, no
puedan contratar los servicios de defensa legal para la
protección de sus derechos ,y con juezas y jueces que
dirijan el proceso y sean garantes de los derechos de los
participantes procesales;
Que para cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la
Constitución, es impostergable sustituir el actual sistema
de ejecución de penas por otro que tenga como prioridad el
desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas
penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus
responsabilidades al recuperar su libertad, rehabilitándose
y reinsertándose en la sociedad;
Que el sistema penal en su componente sustantivo
mantiene tipos obsoletos, pues no responde a las
necesidades actuales de la población; en su componente
adjetivo es ineficiente y no ha logrado afianzar procesos
justos, rápidos, sencillos, ni tampoco ha coordinado
adecuadamente las acciones entre todos sus actores; y,
en su componente ejecutivo no ha cumplido con sus
objetivos y se ha convertido en un sistema burocrático y
poco eficaz, lo que justifica una reforma integral y urgente
al Sistema Penal en su conjunto;
Que en la consulta popular de 7 de mayo de 2011, el
pueblo se pronunció sobre temas relativos al procedimiento
penal: la caducidad de la prisión preventiva y medidas
sustitutivas a la privación de libertad; y, a la necesidad de
tipificar el enriquecimiento privado no justificado y la no
afiliación al IESS de los trabajadores en relación de
dependencia;
Que la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de
la Constitución, tiene la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
derechos previstos en la Constitución e instrumentos
internacionales;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales
expide el siguiente:
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
LIBRO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
TÍTULO I
FINALIDAD
Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad
normar el poder punitivo del Estado, tipificar las
infracciones penales, establecer el procedimiento para el
juzgamiento de las personas con estricta observancia del
debido proceso, promover la rehabilitación social de las
personas sentenciadas y la reparación integral de las
víctimas.

TÍTULO II
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 2.- Principios generales.- En materia penal se
aplican todos los principios que emanan de la Constitución
de la República, de los instrumentos internacionales de
derechos humanos y los desarrollados en este Código.
Artículo 3.- Principio de mínima intervención.- La
intervención penal está legitimada siempre y cuando sea
estrictamente necesaria para la protección de las personas.
Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los
mecanismos extrapenales.
CAPÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL
PROCESO PENAL
Artículo 4.- Dignidad humana y titularidad de
derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son
titulares de los derechos humanos reconocidos por la
Constitución de la República y los instrumentos
internacionales.
Las personas privadas de libertad conservan la titularidad
de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la
privación de libertad y serán tratadas con respeto a su
dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento.
Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido
proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la
Constitución de la República, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado u otras normas
jurídicas, se regirá por los siguientes principios:
1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso
penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige
incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o
disposiciones legales para integrarla.
2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas
de la misma materia, que contemplen sanciones
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos
rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la
infracción.
3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar
sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento
de la culpabilidad penal de la persona procesada, más
allá de toda duda razonable.
4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico
de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no
se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.
5. Igualdad: es obligación de las y los servidores
judiciales hacer efectiva la igualdad de los
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal
y proteger especialmente a aquellas personas que, por
su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancias de vulnerabilidad.
6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a
recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo
proceso que se decida sobre sus derechos, de
conformidad con lo establecido en la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y este Código.
7. Prohibición de empeorar la situación del procesado:
al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá
empeorar la situación de la persona procesada cuando
esta es la única recurrente.
8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona
podrá ser obligada a declarar contra sí misma en
asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad
penal.
9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona
podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los
mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción
indígena son considerados para este efecto. La
aplicación de sanciones administrativas o civiles
derivadas de los mismos hechos que sean objeto de
juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración
a este principio.
10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad
personal y familiar. No podrán hacerse registros,
allanamientos, incautaciones en su domicilio,
residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden
de la o el juzgador competente, con arreglo a las
formalidades y motivos previamente definidos, salvo
los casos de excepción previstos en este Código.
11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el
sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia;
se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar
constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los
sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los
casos previstos en este Código.
12. Concentración: la o el juzgador concentrará y
realizará la mayor cantidad de actos procesales en una
sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de
manera exclusiva con la información producida en la
audiencia destinada para el efecto.
13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar,
en forma verbal las razones o argumentos de los que se
crean asistidos; replicar los argumentos de las otras
partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las
que se presenten en su contra.
14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de
conformidad con la ley, ejercerá la dirección del
proceso, controlará las actividades de las partes
procesales y evitará dilaciones innecesarias.
En función de este principio, la o el juzgador podrá
interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones,
encauzar el debate y realizar las demás acciones
correctivas.

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales
el impulso del proceso, conforme con el sistema
dispositivo.
16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los
casos de excepción previstos en este Código.
17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias
en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar
presente con las partes para la evacuación de los
medios de prueba y demás actos procesales que
estructuran de manera fundamental el proceso penal.
18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus
decisiones, en particular, se pronunciará sobre los
argumentos y razones relevantes expuestos por los
sujetos procesales durante el proceso.
19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos
a su cargo, se orientará por el imperativo de
administrar justicia de conformidad con la
Constitución de la República, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y este Código,
respetando la igualdad ante la Ley.
20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos
contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o
adolescente que participe en un proceso penal, tienen
derecho a que se respete su intimidad y la de su
familia.
Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato
que posibilite su identificación en actuaciones
judiciales, policiales o administrativas y referirse a
documentación, nombres, sobrenombres, filiación,
parentesco, residencia o antecedentes penales.
21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el
fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la
correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos
de las personas. Investigará no solo los hechos y
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad
de la persona procesada, sino también los que la
eximan, atenúen o extingan.
Artículo 6.- Garantías en caso de privación de libertad.-
En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a
una persona, se observarán las garantías previstas en la
Constitución y a más de las siguientes:
1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de
inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente
audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la aprehensión.
2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia
se efectuará inmediatamente después de la
aprehensión.
3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en
caso de duda, se aplicará la presunción de minoría de
edad hasta que esta sea desvirtuada por parte de la o el
fiscal dentro de la investigación.
4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser
incomunicada, aislada o sometida a tortura, ni siquiera
con fines disciplinarios.
CAPÍTULO TERCERO
PRINCIPIOS RECTORES DE LA EJECUCIÓN DE
LAS PENAS Y LAS MEDIDAS CAUTELARES
PERSONALES
Artículo 7.- Separación.- Las personas privadas de
libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de
libertad o en distintas secciones dentro de dichos
establecimientos, de acuerdo a su sexo u orientación
sexual, edad, razón de la privación de libertad, necesidad
de protección de la vida e integridad de las personas
privadas de libertad o las necesidades especiales de
atención, según las disposiciones del Libro Tercero de este
Código.
En ningún caso, la separación de las personas privadas de
libertad se utilizará para justificar discriminación,
imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes o condiciones de privación de libertad más
rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de
personas.
Artículo 8.- Tratamiento.- En la rehabilitación de las
personas privadas de libertad se considerarán sus
necesidades, capacidades y habilidades con el fin de
estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar
y respetar a los demás.
Artículo 9.- Participación y voluntariedad.- La
participación de las personas privadas de libertad en las
actividades y programas implementados en los centros de
privación de libertad es integral, individual y voluntaria.
Artículo 10.- Prohibición de privación de libertad en
centros no autorizados.- Se prohíbe cualquier forma de
privación de libertad en instalaciones o lugares no
autorizados legalmente, así como toda forma de arresto,
coerción o privación de libertad derivada de
procedimientos disciplinarios administrativos.
TÍTULO III
DERECHOS
CAPÍTULO PRIMERO
DERECHOS DE LA VÍCTIMA
Artículo 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la
víctima de las infracciones gozará de los siguientes
derechos:
1. A proponer acusación particular, a no participar en el
proceso o a dejar de hacerlo en cualquier momento, de
conformidad con las normas de este Código. En ningún
caso se obligará a la víctima a comparecer.
2. A la adopción de mecanismos para la reparación
integral de los daños sufridos que incluye, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos,
el restablecimiento del derecho lesionado, la
indemnización, la garantía de no repetición de la

infracción, la satisfacción del derecho violado y
cualquier otra forma de reparación adicional que se
justifique en cada caso.
3. A la reparación por las infracciones que se cometan
por agentes del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten
con su autorización.
4. A la protección especial, resguardando su intimidad y
seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos.
5. A no ser revictimizada, particularmente en la
obtención y valoración de las pruebas, incluida su
versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras
formas de intimidación y, para el efecto, se podrán
utilizar medios tecnológicos.
6. A ser asistida por un defensor público o privado antes
y durante la investigación, en las diferentes etapas del
proceso y en lo relacionado con la reparación integral.
7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el
que se sustancia el procedimiento así como a recibir
asistencia especializada.
8. A ingresar al Sistema nacional de protección y
asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del
proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este
Código y la ley.
9. A recibir asistencia integral de profesionales
adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el
proceso penal.
10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación
preprocesal y de la instrucción.
11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el
proceso, del resultado final, en su domicilio si se lo
conoce.
12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando
amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que
garanticen una investigación, proceso y reparación, en
relación con su dignidad humana.
Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se
permitirá su estadía temporal o permanente dentro del
territorio nacional, por razones humanitarias y personales,
de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional de
protección y asistencia de víctimas, testigos y otros
participantes del proceso penal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD
Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas
privadas de libertad.- Las personas privadas de libertad
gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la
Constitución de la República y los instrumentos
internacionales de derechos humanos:
1. Integridad: la persona privada de libertad tiene
derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual.
Se respetará este derecho durante los traslados,
registros, requisas o cualquier otra actividad.
Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que
implique tortura o cualquier forma de trato cruel,
inhumano o degradante. No podrá invocarse
circunstancia alguna para justificar tales actos.
Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones
étnicas, condición social, género u orientación sexual.
2. Libertad de expresión: la persona privada de libertad
tiene derecho a recibir información, dar opiniones y
difundirlas por cualquier medio de expresión
disponible en los centros de privación de libertad.
3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada
de libertad tiene derecho a que se respete su libertad de
conciencia y religión y a que se le facilite el ejercicio
de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se
respetarán los objetos personales con estos fines,
siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del
centro de privación de libertad.
4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado
reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y
recreación de las personas privadas de libertad y
garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo
podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines
productivos y comerciales.
5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de
libertad tiene derecho a que se respete su vida privada
y la de su familia.
6. Protección de datos de carácter personal: la persona
privada de libertad tiene derecho a la protección de sus
datos de carácter personal, que incluye el acceso y uso
de esta información.
7. Asociación: la persona privada de libertad tiene
derecho a asociarse con fines lícitos y a nombrar sus
representantes, de conformidad con la Constitución de
la República y la Ley.
8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas
cautelares personales tiene derecho al sufragio. Se
suspenderá para aquellas personas que tengan
sentencia condenatoria ejecutoriada.
9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad,
tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la
autoridad competente del centro de privación de
libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a
recibir respuestas claras y oportunas.
10. Información: la persona privada de libertad, en el
momento de su ingreso a cualquier centro de privación
de libertad, tiene derecho a ser informada en su propia
lengua acerca de sus derechos, las normas del
establecimiento y los medios de los que dispone para
formular peticiones y quejas. Esta información deberá
ser pública, escrita y estar a disposición de las
personas, en todo momento.

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la
salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto
física como mental, oportuna, especializada e integral.
Para garantizar el ejercicio de este derecho se
considerarán las condiciones específicas de cada grupo
de la población privada de libertad.
En los centros de privación de libertad de mujeres, el
departamento médico contará con personal femenino
especializado.
Los estudios, diagnósticos, tratamientos y
medicamentos serán gratuitos.
En caso de adicciones a sustancias estupefacientes,
psicotrópicas o preparados que los contengan o de
alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud
Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o
de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el
fin de lograr la deshabituación. La atención se realizará
en los centros de privación de libertad a través de
personal calificado para el efecto.
12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene
derecho a una nutrición adecuada, en cuanto a calidad
y cantidad, en lugares apropiados para el efecto.
Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo
momento.
13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada
de libertad tiene derecho a mantener su vínculo
familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de
privación de libertad cercanos a su familia, a menos
que manifieste su voluntad contraria o que, por razones
de seguridad debidamente justificadas o para evitar el
hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un
centro de privación de libertad situado en distinto lugar
al de su familia, domicilio habitual y juez natural.
14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las
restricciones propias de los regímenes de seguridad, la
persona privada de libertad tiene derecho a
comunicarse y recibir visitas de sus familiares y
amigos, defensora o defensor público o privado y a la
visita íntima de su pareja, en lugares y condiciones que
garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y
del centro de privación de libertad.
El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de
condiciones, sin importar su nacionalidad, sexo,
preferencia sexual o identidad de género.
La persona privada de libertad de nacionalidad
extranjera podrá comunicarse con representantes
diplomáticos o consulares de su país.
El derecho a la visita de familiares o amigos no se
considerará un privilegio y no se utilizará como
sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos
en que el contacto represente un riesgo para la persona
privada de libertad o para la o el visitante. La autoridad
competente del centro de privación de libertad
reportará a la o al juez de garantías penitenciarias los
casos de riesgo.
15. Libertad inmediata: la persona privada de libertad,
cuando cumpla la condena, reciba amnistía o indulto o
se revoque la medida cautelar, será liberada
inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente
la presentación de la orden de excarcelación emitida
por la autoridad competente. Las o los servidores
públicos que demoren el cumplimiento de esta
disposición serán removidos de sus cargos, previo
sumario administrativo, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
16. Proporcionalidad en la determinación de las
sanciones disciplinarias: las sanciones disciplinarias
que se impongan a la persona privada de libertad,
deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. No
se podrán imponer medidas sancionadoras
indeterminadas ni que contravengan los derechos
humanos.
TÍTULO IV
INTERPRETACIÓN
Artículo 13.- Interpretación.- Las normas de este Código
deberán interpretarse de conformidad con las siguientes
reglas:
1. La interpretación en materia penal se realizará en el
sentido que más se ajuste a la Constitución de la
República de manera integral y a los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma
estricta, esto es, respetando el sentido literal de la
norma.
3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear
infracciones penales, ampliar los límites de los
presupuestos legales que permiten la aplicación de una
sanción o medida cautelar o para establecer
excepciones o restricciones de derechos.
TÍTULO V
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Artículo 14.- Ámbito espacial de aplicación.- Las normas
de este Código se aplicarán a:
1. Toda infracción cometida dentro del territorio
nacional.
2. Las infracciones cometidas fuera del territorio
ecuatoriano, en los siguientes casos:
a) Cuando la infracción produzca efectos en el
Ecuador o en los lugares sometidos a su
jurisdicción.
b) Cuando la infracción penal es cometida en el
extranjero, contra una o varias personas
ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde
se la cometió.
c) Cuando la infracción penal es cometida por las o
los servidores públicos mientras desempeñan sus
funciones o gestiones oficiales.

d) Cuando la infracción penal afecta bienes jurídicos
protegidos por el Derecho Internacional, a través
de instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador, siempre que no se haya iniciado su
juzgamiento en otra jurisdicción.
e) Cuando las infracciones constituyen graves
violaciones a los derechos humanos, de acuerdo
con las reglas procesales establecidas en este
Código.
3. Las infracciones cometidas a bordo de naves o
aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula
ecuatoriana.
4. Las infracciones cometidas por las o los servidores de
las Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del
principio de reciprocidad.
Artículo 15.- Ámbito personal de aplicación.- Las
normas de este Código se aplicarán a todas las personas
nacionales o extranjeras que cometan infracciones penales.
Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los
sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán
las siguientes reglas:
1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo
a las leyes vigentes al momento de su comisión.
2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin
necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal
vigente al tiempo de ser cometida la infracción o
dictarse sentencia.
3. El ejercicio de la acción y las penas prescribirán de
conformidad con este Código.
4. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio,
lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición
forzada de personas, peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños
ambientales son imprescriptibles tanto en la acción
como en la pena.
Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se
considerarán exclusivamente como infracciones penales las
tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones
punibles, las penas o procedimientos penales previstos en
otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna,
salvo en materia de niñez y adolescencia.
LIBRO PRIMERO
LA INFRACCIÓN PENAL
TÍTULO I
LA INFRACCIÓN PENAL EN GENERAL
Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica,
antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista
en este Código.
Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.- Las
infracciones se clasifican en delitos y contravenciones.
Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa
de libertad mayor a treinta días.
Contravención es la infracción penal sancionada con pena
no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta
treinta días.
Artículo 20.- Concurso real de infracciones.- Cuando a
una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e
independientes se acumularán las penas hasta un máximo
del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón
exceda los cuarenta años.
Artículo 21.- Concurso ideal de infracciones.- Cuando
varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta,
se aplicará la pena de la infracción más grave.
CAPÍTULO PRIMERO
CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE
Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son
penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen
en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y
demostrables.
No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de
identidad, peligrosidad o características personales.
Artículo 23.- Modalidades de la conducta.- La conducta
punible puede tener como modalidades la acción y la
omisión.
No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la
obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.
Artículo 24.- Causas de exclusión de la conducta.- No
son penalmente relevantes los resultados dañosos o
peligrosos resultantes de fuerza física irresistible,
movimientos reflejos o estados de plena inconciencia,
debidamente comprobados.
SECCIÓN PRIMERA
TIPICIDAD
Artículo 25.- Tipicidad.- Los tipos penales describen los
elementos de las conductas penalmente relevantes.
Artículo 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el
designio de causar daño.
Responde por delito preterintencional la persona que
realiza una acción u omisión de la cual se produce un
resultado más grave que aquel que quiso causar, y será
sancionado con dos tercios de la pena.
Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que
infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le
corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta
conducta es punible cuando se encuentra tipificada como
infracción en este código.
Artículo 28.- Omisión dolosa.- La omisión dolosa
describe el comportamiento de una persona que,
deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material
típico, cuando se encuentra en posición de garante.

Se encuentra en posición de garante la persona que tiene
una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de
la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del
bien jurídico y ha provocado o incrementado
precedentemente un riesgo que resulte determinante en la
afectación de un bien jurídico.
SECCIÓN SEGUNDA
ANTIJURIDICIDAD
Artículo 29.- Antijuridicidad.- Para que la conducta
penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o
lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este
Código.
Artículo 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad.-
No existe infracción penal cuando la conducta típica se
encuentra justificada por estado de necesidad o legítima
defensa.
Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en
cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad
competente o de un deber legal.
Artículo 31.- Exceso en las causas de exclusión de la
antijuridicidad.- La persona que se exceda de los límites
de las causas de exclusión será sancionada con una pena
reducida en un tercio de la mínima prevista en el
respectivo tipo penal.
Artículo 32.- Estado de necesidad.- Existe estado de
necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio
o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se
reúnan todos los siguientes requisitos:
1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro.
2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor
que la lesión o daño que se quiso evitar.
3. Que no haya otro medio practicable y menos
perjudicial para defender el derecho.
Artículo 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa
cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho,
propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes
requisitos:
1. Agresión actual e ilegítima.
2. Necesidad racional de la defensa.
3. Falta de provocación suficiente por parte de quien
actúa en defensa del derecho.
SECCIÓN TERCERA
CULPABILIDAD
Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea
considerada responsable penalmente deberá ser imputable
y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su
conducta.
Artículo 35.- Causa de inculpabilidad.- No existe
responsabilidad penal en el caso de trastorno mental
debidamente comprobado.
Artículo 36.- Trastorno mental.- La persona que al
momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de
comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de
conformidad con esta comprensión, en razón del
padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente
responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una
medida de seguridad.
La persona que, al momento de cometer la infracción, se
encuentra disminuida en su capacidad de comprender la
ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad
con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal
atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el
tipo penal.
Artículo 37.- Responsabilidad en embriaguez o
intoxicación.- Salvo en los delitos de tránsito, la persona
que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo
los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes,
psicotrópicas o preparados que las contengan, será
sancionada conforme con las siguientes reglas:
1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al
autor en el momento en que comete el acto, no hay
responsabilidad.
2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero
disminuye considerablemente el conocimiento, hay
responsabilidad atenuada imponiendo el mínimo de la
pena prevista en el tipo penal, reducida en un tercio.
3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni
agrava la responsabilidad.
4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o
de preparar una disculpa, siempre es agravante.
Artículo 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las
personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley
penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.
CAPÍTULO SEGUNDO
EJECUCIÓN DE LA INFRACCIÓN
Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no
logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse
por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de
que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal
mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a
la realización de un delito.
En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena
aplicable será de uno a dos tercios de la que le
correspondería si el delito se habría consumado.
Las contravenciones solamente son punibles cuando se
consuman.

Artículo 40.- Desistimiento y arrepentimiento.- Quedará
exenta de responsabilidad penal por la infracción tentada,
la persona que voluntariamente evita su consumación, al
desistir de la ejecución ya iniciada o al impedir la
producción del resultado, sin perjuicio de la
responsabilidad por los actos ejecutados.
CAPÍTULO TERCERO
PARTICIPACIÓN
Artículo 41.- Participación.- Las personas participan en
la infracción como autores o cómplices.
Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la
responsabilidad penal de una autora, de un autor o
cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás
partícipes en la infracción penal.
Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las
personas que incurran en alguna de las siguientes
modalidades:
1. Autoría directa:
a) Quienes cometan la infracción de una manera
directa e inmediata.
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se
evite su ejecución teniendo el deber jurídico de
hacerlo.
2. Autoría mediata:
a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para
que cometa una infracción, cuando se demuestre
que tal acción ha determinado su comisión.
b) Quienes ordenen la comisión de la infracción
valiéndose de otra u otras personas, imputables o
no, mediante precio, dádiva, promesa,
ofrecimiento, orden o cualquier otro medio
fraudulento, directo o indirecto.
c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad,
amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un
tercero a cometer la infracción, aunque no pueda
calificarse como irresistible la fuerza empleada con
dicho fin.
d) Quienes ejerzan un poder de mando en la
organización delictiva.
3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un
modo principal, practicando deliberada e
intencionalmente algún acto sin el cual no habría
podido perpetrarse la infracción.
Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices
las personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con
actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución
de una infracción penal, de tal forma que aun sin esos
actos, la infracción se habría cometido.
No cabe complicidad en las infracciones culposas.
Si de las circunstancias de la infracción resulta que la
persona acusada de complicidad, coopera en un acto
menos grave que el cometido por la autora o el autor, la
pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió
ejecutar.
El cómplice será sancionado con una pena equivalente de
un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor.
CAPÍTULO CUARTO
CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN
Artículo 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y
agravantes.- Para la imposición de la pena se considerarán
las atenuantes y las agravantes previstas en este Código.
No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los
elementos que integran la respectiva figura delictiva.
Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la
pena se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal,
reducido en un tercio, siempre que no existan agravantes
no constitutivas o modificatorias de la infracción.
Si existe al menos una circunstancia agravante no
constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá
la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un
tercio.
Artículo 45.- Circunstancias atenuantes de la
infracción.- Son circunstancias atenuantes de la infracción
penal:
1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin
violencia, bajo la influencia de circunstancias
económicas apremiantes.
2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo
violencia.
3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las
consecuencias de la infracción o brindar auxilio y
ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona
infractora.
4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar
integralmente a la víctima.
5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de
justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u
ocultamiento.
6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la
investigación de la infracción.
Artículo 46.- Atenuante trascendental.- A la persona
procesada que suministre datos o informaciones precisas,
verdaderas, comprobables y relevantes para la
investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le
corresponda, siempre que no existan agravantes no
constitutivas o modificatorias de la infracción.
Artículo 47.- Circunstancias agravantes de la
infracción.- Son circunstancias agravantes de la infracción
penal:

1. Ejecutar la infracción con alevosía o fraude.
2. Cometer la infracción por promesa, precio o
recompensa.
3. Cometer la infracción como medio para la comisión de
otra.
4. Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto,
conmoción popular, evento deportivo o calamidad
pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la
infracción.
5. Cometer la infracción con participación de dos o más
personas.
6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias
dañosas de la infracción para la víctima o cualquier
otra persona.
7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de
la víctima.
8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación
de superioridad laboral, docente, religiosa o similar.
9. Aprovecharse de las condiciones personales de la
víctima que impliquen indefensión o discriminación.
10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos
mayores, mujeres embarazadas o personas con
discapacidad para cometer la infracción.
11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas o
personas con discapacidad.
12. Cometer la infracción con violencia o usando cualquier
sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la
víctima.
13. Utilizar indebidamente insignias, uniformes,
denominaciones o distintivos militares, policiales o
religiosos como medio para facilitar la comisión de la
infracción.
14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción.
15. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada.
16. Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de
instituciones o empresas públicas, con la finalidad de
pretender pasar por funcionarias, funcionarios,
trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores
públicos, como medio para facilitar la comisión de la
infracción.
17. Cometer la infracción total o parcialmente desde un
centro de privación de libertad por una persona
internada en el mismo.
18. Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un
delito con sentencia condenatoria en firme.
19. Aprovechar su condición de servidora o servidor
público para el cometimiento de un delito.
Artículo 48.- Circunstancias agravantes en las
infracciones contra la integridad sexual y reproductiva,
la integridad y la libertad personal.- Para las
infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la
integridad y la libertad personal, además de las previstas
en el artículo precedente, son circunstancias agravantes
específicas las siguientes:
1. Encontrarse la víctima al momento de la comisión de
la infracción, al cuidado o atención en establecimientos
públicos o privados, tales como los de salud, educación
u otros similares.
2. Encontrarse la víctima al momento de la comisión de
la infracción en establecimientos de turismo,
distracción o esparcimiento, lugares en los que se
realicen programas o espectáculos públicos, medios de
transporte, culto, investigación, asistencia o refugio, en
centros de privación de libertad o en recintos
policiales, militares u otros similares.
3. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad
grave, incurable o mortal.
4. Si la víctima está o resulta embarazada, se halla en la
etapa de puerperio o si aborta como consecuencia de la
comisión de la infracción.
5. Compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima.
6. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una
situación de vulnerabilidad, de extrema necesidad
económica o de abandono.
7. Si la infracción sexual ha sido cometida como forma
de tortura, o con fines de intimidación, explotación,
degradación, humillación, discriminación, venganza o
castigo.
8. Tener la infractora o el infractor algún tipo de relación
de poder o autoridad sobre la víctima, tal como ser:
funcionaria o funcionario público, docente, ministras o
ministros de algún culto, funcionarios o funcionarias
de la salud o personas responsables en la atención del
cuidado del paciente; por cualquier otra clase de
profesional o persona que haya abusado de su posición,
función o cargo para cometer la infracción.
9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de
la infracción.
CAPÍTULO QUINTO
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA
JURÍDICA
Artículo 49.- Responsabilidad de las personas
jurídicas.- En los supuestos previstos en este Código, las
personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho
privado son penalmente responsables por los delitos
cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la
acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o
control, sus órganos de gobierno o administración,
apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios,
representantes legales o convencionales, agentes,

operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados,
terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una
actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes
cumplan actividades de administración, dirección y
supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes
o instrucciones de las personas naturales citadas.
La responsabilidad penal de la persona jurídica es
independiente de la responsabilidad penal de las personas
naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en
la comisión del delito.
No hay lugar a la determinación de la responsabilidad
penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete por
cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso
primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona
jurídica.
Artículo 50.- Concurrencia de la responsabilidad
penal.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
no se extingue ni modifica si hay concurrencia de
responsabilidades con personas naturales en la realización
de los hechos, así como de circunstancias que afecten o
agraven la responsabilidad o porque dichas personas han
fallecido o eludido la acción de la justicia; porque se
extinga la responsabilidad penal de las personas naturales,
o se dicte sobreseimiento.
Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas
jurídicas cuando estas se han fusionado, transformado,
escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra
modalidad de modificación prevista en la Ley.
TÍTULO II
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO PRIMERO
LA PENA EN GENERAL
Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la
libertad y a los derechos de las personas, como
consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones
punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por
una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena
son la prevención general para la comisión de delitos y el
desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la
persona con condena así como la reparación del derecho de
la víctima.
En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la
neutralización de las personas como seres sociales.
Artículo 53.- Legalidad de la pena.- No se impondrán
penas más severas que las determinadas en los tipos
penales de este Código. El tiempo de duración de la pena
debe ser determinado. Quedan proscritas las penas in-
definidas.
Artículo 54.- Individualización de la pena.- La o el
juzgador debe individualizar la pena para cada persona,
incluso si son varios responsables en una misma
infracción, observando lo siguiente:
1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y
agravantes.
2. Las necesidades y condiciones especiales o
particulares de la víctima y la gravedad de la lesión a
sus derechos.
3. El grado de participación y todas las circunstancias que
limiten la responsabilidad penal.
Artículo 55.- Acumulación de penas.- La acumulación de
penas privativas de libertad procede hasta un máximo de
cuarenta años.
Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima
impuesta.
Artículo 56.- Interdicción.- La sentencia condenatoria
lleva consigo la interdicción de la persona privada de
libertad, mientras dure la pena.
La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause
ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la
capacidad de disponer de sus bienes a no ser por sucesión
por causa de muerte.
Artículo 57.- Reincidencia.- Se entiende por reincidencia
la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que
fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada.
La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos
elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente.
Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima
prevista en el tipo penal incrementada en un tercio.
CAPÍTULO SEGUNDO
CLASIFICACIÓN DE LA PENA
Artículo 58.- Clasificación.- Las penas que se imponen en
virtud de sentencia firme, con carácter principal o
accesorio, son privativas, no privativas de libertad y
restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad
con este Código.
Artículo 59.- Penas privativas de libertad.- Las penas
privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta
años.
La duración de la pena empieza a computarse desde que se
materializa la aprehensión.
En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido
bajo medida cautelar de prisión preventiva o de arresto
domiciliario, se computará en su totalidad a favor de la
persona sentenciada.
Artículo 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas
no privativas de libertad:
1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación,
programa o curso educativo.
2. Obligación de prestar un servicio comunitario.

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad,
en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia.
4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir
cualquier tipo de vehículo.
5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en
general.
6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u
oficio.
7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar
determinado en la sentencia.
8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las
infracciones de tránsito.
9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.
10. Prohibición de aproximación o comunicación directa
con la víctima, sus familiares u otras personas
dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se
encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual,
escrito, informático, telemático o soporte físico o
virtual.
11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en
determinados lugares.
12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio
ecuatoriano para personas extranjeras.
13. Pérdida de los derechos de participación.
La o el juzgador podrá imponer una o más de estas
sanciones, sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo
penal.
Artículo 61.- Expulsión y prohibición de retorno al
territorio ecuatoriano para personas extranjeras.-
Procede en delitos sancionados con pena privativa de
libertad mayor a cinco años. Una vez cumplida la pena, la
persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio
ecuatoriano por un lapso de diez años.
Si la persona extranjera expulsada regresa a territorio
ecuatoriano antes de transcurrir el período de tiempo
establecido en la sentencia condenatoria, comete el delito
de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente.
No obstante, si es sorprendida en la frontera, puerto o
aeropuerto o en general cualquier otra entrada o ingreso al
país, será expulsada directamente por la autoridad policial,
empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición
de entrada.
No se dispondrá la expulsión en los casos en que la
persona extranjera, con anterioridad a la fecha del
cometimiento de la infracción, haya contraído matrimonio,
se le haya reconocido una unión de hecho con una persona
ecuatoriana o tenga hijas o hijos ecuatorianos.
Artículo 62.- Tratamiento, capacitación, programa o
curso.- Consiste en la obligación de la persona sentenciada
de sujetarse al tratamiento, capacitación, programa o curso
que la o el juzgador ordene. El tiempo de duración se
determinará sobre la base de exámenes periciales.
Artículo 63.- Servicio comunitario.- Consiste en el
trabajo personal no remunerado que se realiza en
cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso
superará las doscientas cuarenta horas.
En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta
seis meses de restricción de libertad, el servicio
comunitario no se realizará por más de ciento ochenta
horas; en caso de contravenciones, por no más de ciento
veinte horas, respetando las siguientes reglas:
1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como
mecanismo de reparación a la víctima y en ningún caso
para realizar actividades de seguridad, vigilancia para
generar plusvalía o utilidad económica.
2. Que el tiempo para su ejecución no impida la
subsistencia de la persona con condena, pudiendo
ejecutarlo en tal caso después de su horario de trabajo,
los fines de semana y feriados.
3. Que su duración diaria no exceda de tres horas ni sea
menor a quince horas semanales.
4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con
discapacidades que hayan sido condenadas.
Artículo 64.- Prohibición de ejercer la patria potestad o
guardas en general.- La persona sentenciada con esta
prohibición no podrá ejercer la patria potestad o guardas,
por el tiempo determinado en la sentencia.
Artículo 65.- Inhabilitación para el ejercicio de
profesión, empleo u oficio.- Cuando el delito tenga
relación directa con el ejercicio de la profesión, empleo u
oficio de la persona sentenciada, la o el juzgador, en
sentencia, dispondrá que una vez cumplida la pena
privativa de libertad, se la inhabilite en el ejercicio de su
profesión, empleo u oficio, por el tiempo determinado en
cada tipo penal.
Artículo 66.- Prohibición de salir del domicilio o lugar
determinado.- Esta prohibición obliga a la persona
sentenciada a permanecer en su domicilio o en lugar
determinado, bajo las condiciones impuestas en sentencia
por la o el juzgador.
Artículo 67.- Suspensión de la licencia para conducir.-
La suspensión de autorización o licencia para conducir
cualquier tipo de vehículo, durará el tiempo determinado
en cada infracción de tránsito.
Artículo 68.- Pérdida de los derechos de participación.-
La persona sentenciada con la pérdida de los derechos de
participación, no podrá ejercerlos por el tiempo
determinado en cada tipo penal, una vez cumplida la pena
privativa de libertad.

Artículo 69.- Penas restrictivas de los derechos de
propiedad.- Son penas restrictivas de los derechos de
propiedad:
1. Multa, cuyo valor se determina en salarios básicos
unificados del trabajador en general. La multa debe
pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la
respectiva sentencia se ejecutoríe. No obstante, cuando
la persona sentenciada demuestre su incapacidad
material para cancelarla en las condiciones antes
previstas, la o el juzgador podrá autorizar que su
cumplimiento se realice de la siguiente manera:
a) Pago a plazos o por cuotas durante el mismo
tiempo de la condena.
b) Condonación de una parte de la multa si, además,
se demuestra extrema pobreza.
c) Servicio comunitario equivalente, únicamente en
las infracciones sancionadas con penas privativas
de libertad de un día a seis meses.
2. Comiso penal, procede en todos los casos de delitos
dolosos y recae sobre los bienes, cuando estos son
instrumentos, productos o réditos en la comisión del
delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos.
En la sentencia condenatoria, la o el juzgador
competente dispondrá el comiso de:
a) Los bienes, fondos o activos, o instrumentos
equipos y dispositivos informáticos utilizados para
financiar o cometer la infracción penal o la
actividad preparatoria punible.
b) Los bienes, fondos o activos, contenido digital y
productos que procedan de la infracción penal.
c) Los bienes, fondos o activos y productos en los que
se transforman o convierten los bienes
provenientes de la infracción penal.
d) El producto del delito que se mezcle con bienes
adquiridos de fuentes lícitas; puede ser objeto de
comiso hasta el valor estimado del producto
entremezclado.
e) Los ingresos u otros beneficios derivados de los
bienes y productos provenientes de la infracción
penal.
Cuando tales bienes, fondos o activos, productos e
instrumentos no pueden ser comisados, la o el juzgador
dispondrá el pago de una multa de idéntico valor,
adicional a la prevista para cada infracción penal.
En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro
de procesos penales por lavado de activos, terrorismo y
su financiamiento, y delitos relacionados con
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si tales
bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no
pueden ser comisados, la el juzgador dispondrá el
comiso de cualquier otro bien de propiedad del
condenado, por un valor equivalente, aun cuando este
bien no se encuentre vinculado al delito.
En los casos del inciso anterior, los bienes muebles e
inmuebles comisados son transferidos definitivamente
a la institución encargada de la Administración y
Gestión Inmobiliaria del Estado, entidad que podrá
disponer de estos bienes para su regularización.
Los valores comisados se transfieren a la Cuenta Única
del Tesoro Nacional.
Los objetos históricos y las obras de arte comisados de
imposible reposición pasan a formar parte del
patrimonio tangible del Estado y se transfieren definiti-
vamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
En las infracciones contra el ambiente, naturaleza o
Pacha Mama, contra los recursos mineros y los casos
previstos en este Código, la o el juzgador, sin perjuicio
de la aplicación del comiso penal, podrá ordenar la
inmediata destrucción o inmovilización de maquinaria
pesada utilizada para el cometimiento de estas
infracciones.
3. Destrucción de los instrumentos o efectos de la
infracción. Toda pena lleva consigo, según sea el caso,
destrucción de los efectos que de la infracción
provengan y de los instrumentos con que se ejecutó a
menos que pertenezcan a una tercera persona no
responsable de la infracción.
La o el juzgador podrá declarar de beneficio social o
interés público los instrumentos o efectos de la
infracción y autorizar su uso.
Artículo 70.- Aplicación de multas.- En las infracciones
previstas en este Código se aplicará además la pena de
multa conforme con las siguientes disposiciones:
1. En las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad de uno a treinta días, se aplicará la multa
de veinticinco por ciento de un salario básico unificado
del trabajador en general.
libertad de uno a dos meses se aplicará la multa de uno
a dos salarios básicos unificados del trabajador en
general.
libertad de dos a seis meses se aplicará la multa de dos
a tres salarios básicos unificados del trabajador en
general.
libertad de seis meses a un año se aplicará la multa
de tres a cuatro salarios básicos unificados del
trabajador en general.
libertad de seis meses a dos años se aplicará la multa
de tres a ocho salarios básicos unificados del
libertad de uno a tres años se aplicará la multa
de cuatro a diez salarios básicos unificados del

libertad de tres a cinco años se aplicará la multa
de diez a doce salarios básicos unificados del
libertad de cinco a siete años se aplicará la multa
de doce a veinte salarios básicos unificados del
libertad de siete a diez años se aplicará la multa
de veinte a cuarenta salarios básicos unificados del
libertad de diez a trece años se aplicará la multa
de cuarenta a sesenta salarios básicos unificados del
libertad de trece a dieciséis años se aplicará la multa
de cien a trescientos salarios básicos unificados del
libertad de dieciséis a diecinueve años se aplicará la
multa de trescientos a seiscientos salarios básicos
unificados del trabajador en general.
libertad de diecinueve a veintidós años se aplicará la
multa de seiscientos a ochocientos salarios básicos
unificados del trabajador en general.
libertad de veintidós a veintiséis años se aplicará la
multa de ochocientos a mil salarios básicos unificados
del trabajador en general.
libertad de veintiséis a treinta años se aplicará la multa
de mil a mil quinientos salarios básicos unificados del
En las infracciones en las que no existan penas
privativas de libertad se aplicará la multa prevista en cada
tipo.
Artículo 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las
penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son
las siguientes:
1. Multa.
2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes,
relativos a los bienes objeto de comiso penal cesan de
pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la
brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus
derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal.
Los bienes declarados de origen ilícito no son
susceptibles de protección de ningún régimen
patrimonial.
3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o
establecimientos, en el lugar en el que se ha cometido
la infracción penal, según la gravedad de la infracción
o del daño ocasionado.
4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad
sujetas a seguimiento y evaluación judicial.
5. Remediación integral de los daños ambientales
causados.
6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el
juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas
extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el
procedimiento legalmente previsto, a cargo del
respectivo ente público de control. En este caso, no
habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o
de reactivación de la persona jurídica.
7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o
definitivamente, según la gravedad de la infracción.
CAPÍTULO TERCERO
EXTINCIÓN DE LA PENA
Artículo 72.- Formas de extinción.- La pena se extingue
por cualquiera de las siguientes causas:
1. Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus
formas.
2. Extinción del delito o de la pena por ley posterior más
favorable.
3. Muerte de la persona condenada.
4. Indulto.
5. Recurso de revisión, cuando sea favorable.
6. Prescripción.
7. Amnistía.
Artículo 73.- Indulto o amnistía.- La Asamblea Nacional
podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos
por motivos humanitarios, conforme con la Constitución y
la Ley.
No concederá por delitos cometidos contra la
administración pública ni por genocidio, tortura,
desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio
por razones políticas o de conciencia.
Artículo 74.- Indulto presidencial.- La o el Presidente de
la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja
de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada.
Se concederá a la persona sentenciada que se encuentra
privada de libertad y que observe buena conducta posterior
al delito.
La solicitud se dirigirá a la o al Presidente de la República
o a la autoridad que designe para el efecto, quien evaluará
si la solicitud es o no procedente.

Si la solicitud es negada, se podrá presentar nuevamente
si ha transcurrido por lo menos un año más de
cumplimiento de la pena y si se ha observado conducta
ejemplar.
Artículo 75.- Prescripción de la pena.- La pena se
considera prescrita de conformidad con las siguientes
reglas:
1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el
tiempo máximo de la pena privativa de libertad
prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento.
2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el
tiempo máximo de la condena más el cincuenta por
ciento.
La prescripción de la pena comenzará a correr desde el
día en que la sentencia quede ejecutoriada.
3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad
prescribirán en el mismo plazo que las penas
restrictivas de libertad o las penas no privativas de
libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en
los demás casos, las penas restrictivas de los derechos
de propiedad prescribirán en cinco años.
La prescripción requiere ser declarada.
No prescriben las penas determinadas en las infracciones
de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de
guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de
agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito y daños ambientales.
CAPÍTULO CUARTO
MEDIDA DE SEGURIDAD
Artículo 76.- Internamiento en un hospital
psiquiátrico.- El internamiento en un hospital psiquiátrico
se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su
finalidad es lograr la superación de su perturbación y la
inclusión social.
Se impone por las o los juzgadores, previo informe
psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su
necesidad y duración.
TÍTULO III
REPARACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO ÚNICO
REPARACIÓN INTEGRAL
Artículo 77.- Reparación integral de los daños.- La
reparación integral radicará en la solución que objetiva y
simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al
estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la
víctima, cesando los efectos de las infracciones
perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las
características del delito, bien jurídico afectado y el daño
ocasionado.
La restitución integral constituye un derecho y una
garantía para interponer los recursos y las acciones
dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en
proporción con el daño sufrido.
Artículo 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las
formas no excluyentes de reparación integral, individual o
colectiva, son:
1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el
restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de
la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de
residencia anterior, la recuperación del empleo o de la
propiedad así como al restablecimiento de los derechos
políticos.
2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las
personas mediante la atención médica y psicológica así
como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y
sociales necesarios para esos fines.
3. Las indemnizaciones de daños materiales e
inmateriales: se refieren a la compensación por todo
perjuicio que resulte como consecuencia de una
infracción penal y que sea evaluable económicamente.
4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a
la declaración de la decisión judicial de reparar la
dignidad, la reputación, la disculpa y el
reconocimiento público de los hechos y de las
responsabilidades, las conmemoraciones y los
homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de
la verdad histórica.
5. Las garantías de no repetición: se orientan a la
prevención de infracciones penales y a la creación
de condiciones suficientes para evitar la repetición
de las mismas. Se identifican con la adopción de
las medidas necesarias para evitar que las víctimas
sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del
mismo género.
TÍTULO IV
INFRACCIONES EN PARTICULAR
CAPÍTULO PRIMERO
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
SECCIÓN PRIMERA
Delitos contra la humanidad
Artículo 79.- Genocidio.- La persona que, de manera
sistemática y generalizada y con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
religioso o político, realice cualquiera de los siguientes
actos, será sancionada con pena privativa de libertad de
veintiséis a treinta años:

1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental de
miembros del grupo.
3. Sometimiento intencional a condiciones de existencia
que acarreen su destrucción física total o parcial.
4. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir
nacimientos en el seno del grupo.
5. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un
grupo a otro.
Artículo 80.- Etnocidio.- La persona que, de manera
deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o
parcialmente la identidad cultural de pueblos en
aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa
de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Artículo 81.- Exterminio.- La persona que, como parte de
un ataque generalizado o sistemático, imponga condiciones
de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación
de alimentos, medicinas u otros bienes considerados
indispensables, encaminados a la destrucción de una
población civil o una parte de ella, será sancionada con
pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.
Artículo 82.- Esclavitud.- La persona que ejerza todos o
algunos atributos del derecho de propiedad sobre otra,
constituyendo esclavitud, será sancionada con pena
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Artículo 83.- Deportación o traslado forzoso de
población.- La persona que, desplace o expulse, mediante
actos coactivos a poblaciones que estén presentes
legítimamente en una zona, salvo que dicha acción tenga
por objeto proteger los derechos de esa persona o grupo de
personas, será sancionada con pena privativa de libertad de
veintidós a veintiséis años.
Artículo 84.- Desaparición forzada.- La o el agente del
Estado o quien actúe con su consentimiento, que por
cualquier medio, someta a privación de libertad a una
persona, seguida de la falta de información o de la negativa
a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre
el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida
el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años.
Artículo 85.- Ejecución extrajudicial.- La funcionaria o
el funcionario público, agente del Estado que, de manera
deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la
acción de terceras personas que actúen con su instigación y
se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos,
prive de la vida a otra persona, será sancionada con pena
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Artículo 86.- Persecución.- La persona que, como parte
de un ataque generalizado o sistemático, prive de derechos
a un grupo o colectividad, fundada en razones de la
identidad del grupo o de la colectividad, será sancionada
con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.
Artículo 87.- Apartheid.- La persona que cometa actos
violatorios de derechos humanos, perpetrados en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos
con la intención de mantener ese régimen, será sancionada
con pena privativa de veintiséis a treinta años.
Artículo 88.- Agresión.- La persona, independientemente
de la existencia o no de declaración de guerra, que estando
en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la
acción política o militar de un Estado, ordene o participe
activamente en la planificación, preparación, iniciación o
realización de un acto de agresión o ataque armado contra
la integridad territorial o la independencia política del
Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los casos
previstos en la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas, será sancionada con pena privativa de libertad de
veintiséis a treinta años.
Artículo 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de
lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población
civil: la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplaza-
miento forzado de la población que no tenga por objeto
proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de
libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada,
inseminación no consentida, esterilización forzada y la
desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa
de libertad de veintiséis a treinta años.
Artículo 90.- Sanción para la persona jurídica.- Cuando
una persona jurídica sea la responsable de cualquiera de
los delitos de esta Sección, será sancionada con la
extinción de la misma.
SECCIÓN SEGUNDA
Trata de Personas
Artículo 91.- Trata de personas.- La captación,
transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para
sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro
del país o desde o hacia otros países con fines de
explotación, constituye delito de trata de personas.
Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un
provecho material o económico, una ventaja inmaterial o
cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero,
mediante el sometimiento de una persona o la imposición
de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:
1. La extracción o comercialización ilegal de órganos,
tejidos, fluidos o material genético de personas vivas,
incluido el turismo para la donación o trasplante de
órganos.
2. La explotación sexual de personas incluida la
prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía
infantil.
3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la
servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil,
incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como
indemnización o transacción, temporal o para fines de
procreación.

5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para
el cometimiento de actos penados por la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación.
Artículo 92.- Sanción para el delito de trata de
personas.- La trata de personas será sancionada:
1. Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis
años.
2. Con pena privativa de libertad de dieciséis a
diecinueve años, si la infracción recae en personas de
uno de los grupos de atención prioritaria o en situación
de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el
agresor ha existido relación afectiva, consensual de
pareja, conyugal, convivencia, de familia o de
dependencia económica o exista vínculo de autoridad
civil, militar, educativa, religiosa o laboral.
3. Con pena privativa de libertad de diecinueve a
veintidós años, si con ocasión de la trata de personas,
la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos
o físicos graves o de carácter irreversible.
4. Con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años, si por motivo de la trata de personas se produce
la muerte de la víctima.
La trata se persigue y sanciona con independencia de otros
delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su
consecuencia.
Artículo 93.- Principio de no punibilidad de la víctima
de trata.- La víctima no es punible por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido
objeto de trata.
Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos
previstos en la legislación migratoria cuando las
infracciones son consecuencia de la actividad desplegada
durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.
Artículo 94.- Sanción para la persona jurídica.- Cuando
una persona jurídica es responsable de trata, será
sancionada con multa de cien a mil salarios básicos
unificados del trabajador en general y la extinción de la
misma.
SECCIÓN TERCERA
Diversas formas de explotación
Artículo 95.- Extracción y tratamiento ilegal de órganos
y tejidos.- La persona que, sin cumplir con los requisitos
legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes,
componentes anatómicos vitales o tejidos irreproducibles,
células u otros fluidos o sustancias corporales de personas
vivas, será sancionada con pena privativa de libertad de
diez a trece años.
Si la infracción se ha cometido en personas de grupos de
atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de
libertad de trece a dieciséis años.
Si se trata de componentes anatómicos no vitales o tejidos
reproductibles, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a diez años.
Cuando se produzca la muerte de la víctima se sancionará
con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años.
Si la infracción se comete sobre un cadáver, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez
años.
Si la persona que comete la infracción es un profesional de
la salud, quedará además inhabilitado para el ejercicio de
su profesión por el mismo tiempo de la condena, una vez
cumplida ésta.
Artículo 96.- Tráfico de órganos.- La persona que, fuera
de los casos permitidos por la ley, realice actos que tengan
por objeto la intermediación onerosa o negocie por
cualquier medio o traslade órganos, tejidos, fluidos,
células, componentes anatómicos o sustancias corporales,
será sancionada con pena privativa de libertad de trece a
dieciséis años.
Artículo 97.- Publicidad de tráfico de órganos.- La
persona que promueva, favorezca, facilite o publicite la
oferta, la obtención o el tráfico ilegal de órganos y tejidos
humanos o el trasplante de los mismos será sancionada con
pena privativa de libertad de siete a diez años.
Artículo 98.- Realización de procedimientos de
trasplante sin autorización.- La persona que realice
procedimientos de trasplante de órganos, tejidos y células,
sin contar con la autorización y acreditación emitida por la
autoridad competente, será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
Si los componentes anatómicos extraídos o implantados
provienen de niñas, niños o adolescentes, personas con
discapacidad o adultos mayores, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años.
Artículo 99.- Turismo para la extracción, tratamiento
ilegal o comercio de órganos.- La persona que organice,
promueva, ofrezca, brinde, adquiera o contrate actividades
turísticas para realizar o favorecer las actividades de
tráfico, extracción o tratamiento ilegal de órganos y
tejidos, será sancionada con pena privativa de libertad de
siete a diez años.
Artículo 100.- Explotación sexual de personas.- La
persona que, en beneficio propio o de terceros, venda,
preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar
uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con
pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas
adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad
catastrófica, personas en situación de riesgo o se

encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la
víctima y la persona agresora se mantiene o se ha
mantenido una relación consensual de pareja, de familia,
conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de
autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la
pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve
años.
Artículo 101.- Prostitución forzada.- La persona que
obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en
contra de su voluntad para realizar uno o más actos de
naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de
libertad de trece a dieciséis años, en alguna o más de las
siguientes circunstancias:
1. Cuando se aproveche de condiciones de vulnerabilidad
de la víctima o se utilice violencia, amenaza o
intimidación.
2. Cuando con el infractor mantenga o haya mantenido
una relación familiar, consensual de pareja, sea
cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente,
pareja o expareja en unión de hecho, de familia o
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de la víctima.
3. Cuando tenga algún tipo de relación de confianza o
autoridad con la víctima.
Artículo 102.- Turismo sexual.- La persona que organice,
promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o
contrate actividades turísticas que impliquen servicios de
naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a diez años.
Si las víctimas se encuentran en alguno de los siguientes
casos, la pena privativa de libertad será de diez a trece
años:
1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en
situación de vulnerabilidad, aun cuando hayan prestado
su consentimiento.
2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación.
3. La persona no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho.
Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas,
niños o adolescentes.- La persona que fotografíe, filme,
grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier
otro soporte físico o formato que contenga la
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o
simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual;
será sancionada con pena privativa de libertad de trece a
dieciséis años.
Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o
enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Cuando la persona infractora sea el padre, la madre,
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o
pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de
culto, profesor, maestro, o persona que por su
profesión o actividad haya abusado de la víctima, será
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años.
Artículo 104.- Comercialización de pornografía con
utilización de niñas, niños o adolescentes.- La persona
que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue,
almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio,
para uso personal o para intercambio pornografía de niños,
niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa
de libertad de diez a trece años.
Artículo 105.- Trabajos forzados u otras formas de
explotación laboral.- La persona que someta a otra a
trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios
laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena
privativa de libertad de diez a trece años.
Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o
servicios laborales en los siguientes casos:
1. Cuando se obligue o engañe a una persona para que
realice, contra su voluntad, un trabajo o servicio bajo
amenaza de causarle daño a ella o a terceras personas.
2. Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes
menores a quince años de edad.
3. Cuando se utilice a adolescentes mayores a quince
años de edad en trabajos peligrosos, nocivos o
riesgosos de acuerdo con lo estipulado por las normas
correspondientes.
4. Cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o
servicio utilizando la violencia o amenaza.
5. Cuando se obligue a una persona a comprometer o
prestar sus servicios personales o los de alguien sobre
quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda,
aprovechando su condición de deudora.
6. Cuando se obligue a una persona a vivir y trabajar en
una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a
esta, mediante remuneración o gratuitamente,
determinados servicios sin libertad para cambiar su
condición.
Artículo 106.- Promesa de matrimonio o unión de
hecho servil.- La persona que dé o prometa en matrimonio
a una persona, para que contraiga matrimonio o unión de
hecho, a cambio de una contraprestación entregada a sus
padres, a su tutora o tutor, a su familia o a cualquier otra
persona que ejerza autoridad sobre ella, sin que a la o al
futuro cónyuge o compañera o compañero le asista el
derecho a oponerse, será sancionada con pena privativa de
libertad de diez a trece años.
Artículo 107.- Adopción ilegal.- La persona que facilite,
colabore, realice, traslade, intervenga o se beneficie de la
adopción ilegal de personas será sancionada con pena
privativa de libertad de diez a trece años.

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