La nueva constitución ecuatoriana reconoce los derechos de la naturaleza y establece la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Declara como objetivos nacionales la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la conservación de ecosistemas y biodiversidad. Asimismo, garantiza la participación de las comunidades indígenas en la gestión de los recursos naturales en sus territorios y el derecho a ser consultadas sobre proyectos que puedan afectarlas.