Noticias sobre ley general servicio docente

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Noticias ley general servicio docente
A maestros evaluación o despido; acotarían al máximo al
SNTE
El proyecto del gobierno federal para reglamentar la reforma educativa
castiga la venta de plazas y limita a los comisionados sindicales
14/08/2013 23:24 Leticia Robles de la Rosa
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913660

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto.- El presidente Enrique
Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de
nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
sobre las decisiones del sistema de enseñanza nacional.
Propone que ninguno de los maestros que actualmente
ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte
que los docentes que se nieguen a la evaluación serán
despedidos.
Quienes ocupan una plaza provisional también estarán
sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres
oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de
evaluaciones anuales.
La iniciativa del gobierno pone fin a los comisionados
sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su
labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros
magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y
“herencia” de plazas.
Regula las cuotas escolares voluntarias, las cuales, reitera, no
son obligatorias, pero estarán sujetas a la transparencia.
La tarea es limitar el poder del SNTE
El presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer al Congreso
de la Unión el paquete de reformas y nuevas leyes educativas
para poner fin al poder del SNTE sobre las decisiones del
sistema de enseñanza, porque el ingreso y permanencia de
los docentes será responsabilidad única de las autoridades,
no del sindicato de maestros.

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Además, propone terminar con el tema de los comisionados
sindicales que cobran sin cumplir su labor docente. “Las
personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo,
cargo o comisión no educativa, deberán separarse del
Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras
dure el empleo, cargo o comisión”, se indica. De igual forma,
busca evitar los paros magisteriales como presión política, sin
justificación laboral, pues plantea que sean despedidos los
maestros que se ausenten tres días, consecutivos o
alternados, a lo largo de un mes, al igual que aquellos
profesores que se nieguen a someterse a la evaluación.
Dan impulso a evitar venta de las plazas
En la Ley General del Servicio Profesional Docente se
establece que el sindicato no tendrá la facultad para interferir
en el ingreso y permanencia de los maestros.
El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo su decisión de
devolver al Estado la rectoría del sistema educativo nacional y
limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir
en los procesos de ingreso, permanencia, comisiones,
asesorías, ascensos y permisos, que corresponden sólo a las
autoridades educativas.
Ayer, el Presidente de la República envió a la Comisión
Permanente el paquete de reformas y nuevas leyes en
materia educativa, entre ellas la Ley General del Servicio
Profesional Docente, cuyo objetivo es romper la inercia
laboral en el sector.

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La propuesta del mandatario federal incluye castigar e impedir
la herencia, compra y venta de plazas de ingreso y
promoción, así como los cachirules.
Plantea facultar a los directivos de escuelas a pedir la
sustitución de un maestro si no encaja en el perfil, y considera
el despedir a los supervisores que no se excusen cuando
incurran en conflicto de intereses.
Además, asienta un golpe a la dinámica histórica del SNTE y
los gobiernos estatales, pues ordena que todo el personal que
cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar a
sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para
ocupar esas plazas, mediante concurso y evaluación;
además, todo los supervisores y directivos que carezcan del
perfil o no realicen esas labores deben retornar a la docencia.
Advierte también que “las personas que decidan aceptar el
desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa
tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin
goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Precisa que ninguno de los maestros con plaza definitiva que
actualmente trabaja será afectado en sus derechos; incluso si
no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras áreas.
También advierte que el personal con nombramiento
provisional tendrá que someterse a las nuevas reglas de
evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido.
La iniciativa plantea en varios artículos que “será nula de
pleno derecho y, en consecuencia, no sufrirá efecto alguno

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sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso
(promoción) distinta a lo establecido en este capítulo.
“Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún
pago o algún otro tipo de contraprestaciones en relación con
ello, incurrirá en responsabilidad y serán acreedores a las
sanciones correspondientes. La nulidad de pleno derecho a
que se requiere este artículo será oportunamente notificada al
personal de que se trate por quien realice las funciones de
administración de recursos humanos”, precisa.
Faculta además a las escuelas a pedir les retiren un maestro.
“Las autoridades educativas y los organismos
descentralizados darán aviso a los directores de las escuelas
del perfil de los docentes que pueden ser susceptibles de
adscripción. Por su parte, los directores deberán verificar que
esos docentes cumplan con el perfil para los puestos que
deban ser cubiertos.
“Las autoridades educativas y los organismos
descentralizados estarán obligados a revisar la adscripción de
los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad
del perfil con las necesidades de la escuela, y a efectuar el
reemplazo de manera inmediata de acreditarse dicha
incompatibilidad.”
Propone poner fin a los llamados cachirules, pues “quienes
participen, autoricen o efectúen algún pago al personal de
nuevo ingreso o que ha sido objeto de promoción o
reconocimiento tendrán la obligación de verificar en cada caso
que dicho personal está en los registros oficiales que deberá
emitir y actualizar la autoridad competente.

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“De lo contrario, incurrirán en responsabilidad y serán
acreedores a la sanción económica equivalente al monto del
pago realizado indebidamente y a la separación del servicio
público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para
el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista
resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”,
señala.
Advierte también del despido de supervisores que no se
excusen de interés personal, familiar o de negocios
“incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge, su concubina o concubino, o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o
parientes civiles”.
Demandan retrasar aprobación
Pedro Hernández Morales, subsecretario de organización de
la sección 9 de la CNTE, apeló a la sensibilidad de los
partidos representados en el Congreso de la Unión para que
se retrase la aprobación de las leyes secundarias de la
reforma educativa.
En entrevista, el dirigente gremial dijo que dichas leyes han
sido discutidas de manera insuficiente y además se quedaron
fuera de ese debate sectores que debieron haberse incluido,
por lo que su aprobación podría causar malestar en diversas
entidades, advirtió.
“Debemos retomar una discusión abierta, franca,
argumentada y no la imposición de leyes reglamentarias”,

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recalcó el integrante de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), es decir, del
magisterio disidente.
Incluso, manifestó que la demanda de la CNTE desde hace
varios meses ha sido la abrogación de la reforma a los
artículos 3 y 73 constitucionales.
“Nuestro planteamiento es que en este tema no han sido
escuchadas todas las voces.
“Hemos manifestado la necesidad de una transformación
profunda de la educación, pero consideramos que esta
reforma y sus leyes reglamentarias son parciales y no sólo no
van al fondo, sino que limitan y trastocan algunos derechos
laborales y de la gratuidad de la educación pública”, sostuvo.
El proyecto incluye evaluar de acuerdo a cada región
Toma en cuenta factores que influyen en el proceso de
enseñanza, según el plan de Ley del INEE.
La evaluación se coloca como la columna vertebral del
sistema educativo nacional, e incluso las universidades y
demás Instituciones de Educación Superior autónomas
pueden suscribir convenios para que el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE) les auxilie a examinar a
sus profesores, propuso el presidente Enrique Peña Nieto al
Congreso de la Unión.
Se trata de la propuesta del mandatario federal para crear la
primera Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), que ayer la Comisión Permanente turnó a
la Cámara de Diputados y que mantiene la decisión de que la

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evaluación sea diferenciada conforme a las regiones del país,
porque no se puede evaluar por igual a desiguales, según lo
planteado.
“La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a
cabo el Instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito
de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas,
serán sistemáticas, integrales, obligatorias y permanentes.
“Estas evaluaciones deberán considerar los contextos
demográficos, social y económico de los agentes del Sistema
Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos,
materiales y financieros destinados a éste y demás
condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje”, se precisa en el documento.
Asimismo, en la propuesta en manos del legislativo se deja en
claro que “la evaluación sobre el tránsito de alumnos de un
grado, nivel o tipo educativo a otro, certificación de
egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto
de personas o instituciones en lo particular, basadas en los
resultados de los procesos de evaluación para el
reconocimiento, serán competencia de las Autoridades
Educativas conforme a sus atribuciones”.
El documento también aclara que el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa es “un conjunto orgánico y articulado de
instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás
elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines,
establecidos en la Constitución”.
Tiene el objetivo, agrega, de garantizar la calidad de los
servicios educativos prestados por el Estado y los particulares

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con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios.
Proponen que las cuotas no caigan en la opacidad.
No se podrá condicionar la inscripción al pago de
contraprestaciones, se señala en la iniciativa.
Las cuotas voluntarias que reciben las organizaciones de
padres de familia serán reguladas en su destino y aplicación,
además de que se someterán a transparencia y vigilancia,
establece la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto
para modificar la Ley General de Educación.
El mandatario federal retiró de su propuesta la intención de la
Secretaría de Educación Pública para aplicar sanciones
económicas a los gobiernos estatales que permitieran paros
de labores. En la versión definitiva esta parte fue nulificada.
La iniciativa, que forma parte del paquete de tres instrumentos
legales derivados de la reforma constitucional en materia de
educación, refrenda que “en ningún caso se podrá
condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación
de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a
los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el
trato a los alumnos, al pago de contraprestaciones”.
Ayer, Peña Nieto presentó a la Comisión Permanente este
paquete de iniciativas que fue turnado a la Cámara de
Diputados, y lleva a la Ley General de Educación los
principios que establecen las nuevas leyes del INEE y del
Servicio Profesional Docente.

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También marca los nuevos parámetros de la educación,
atiende el tema de la gestión escolar e instruye la creación del
Consejo Nacional de Participación Social.
Precisa que la gestión escolar tendrá como objetivos “mejorar
la infraestructura, compra de materiales educativos; resolver
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de
participación entre los alumnos, maestros y padres de familia
bajo el liderazgo del director.
Añade que el Sistema de Información y Gestión Educativa
estará integrado, entre otros, “por el registro nacional de
emisión, validación e inscripción de documentos académicos;
las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las
escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la
formación, trayectoria y desempeño profesional del personal,
así como la información, elementos y mecanismos necesarios
para la operación del sistema educativo nacional. Este
sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación
directa entre los directores de escuela y las autoridades
educativas”.
El PRD advierte falta de consenso
Exigió que sólo el tema del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación entrara al periodo extraordinario.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió
incluir el paquete de reformas y nuevas leyes en materia
educativa enviado por el presidente Enrique Peña Nieto en el
periodo extraordinario de sesiones que se abre la próxima
semana, a pesar de que llegó apenas ayer y, por lo tanto, la

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Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no lo ha
discutido para tener un dictamen.
De inmediato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
expresó su inconformidad e instó a la prudencia
parlamentaria, porque advirtió que ni la Ley General del
Servicio Profesional Docente ni los cambios a la Ley General
de Educación tienen los consensos de los diputados y
senadores, por lo que pidió que sólo se incluya la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
pero el voto mayoritario del PRI, PAN y PVEM mantuvieron el
paquete completo en el orden del día.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que
“habrá un debate alrededor de estas tres leyes, en donde se
ha construido un amplio consenso, pero no unanimidad, como
es natural, por lo que estamos dispuestos a dialogar,
conversar, debatir sobre ellas”.
“Pensamos que tienen un alto grado de consenso, porque
surgen también del Pacto por México, en donde se ha
negociado con las principales fuerzas políticas la
interpretación del espíritu de la reforma al artículo Tercero
Constitucional”, dijo.
Pero Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD, junto con
el coordinador de ese partido en San Lázaro, Silvano
Aureoles, y el líder de los senadores perredistas, Luis Miguel
Barbosa, advirtieron del riesgo de insistir en imponer la
discusión de esas dos leyes sin contar con el respaldo de las
fuerzas políticas de izquierda.

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“Se sigue queriendo resolver problemas de carácter laboral
que tienen que ver con el Reglamento General de
Condiciones de Trabajo o con la Ley de Trabajadores al
Servicio del Estado, en la Ley del Servicio Profesional
Docente, y eso no lo vamos a aceptar, porque no es lo
correcto, porque no es lo que le sirve a la educación”, advirtió
Alonso Raya.
Las sanciones a profesores traban leyes secundarias de
reforma educativa
Legisladores coincidieron en que la búsqueda de opciones
para no retirar plazas a docentes aplazará la discusión más
allá del 26 de agosto
Por Lizbeth Padilla Fajardo
Jueves, 15 de agosto de 2013 a las 15:19

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El senador Romero Hicks dijo que antes de aprobar las leyes
escucharán las peticiones de los maestros de la CNTE
(Lizbeth Padilla/CNNMéxico).
(CNNMéxico) — La discusión sobre qué hacer con los
profesores que no logren acreditar las evaluaciones que
marca la reforma educativa es uno de los puntos que
retrasará la aprobación de las leyes secundarias, coincidieron
legisladores.
El Congreso tiene como plazo para aprobar la Ley General
del Servicio Profesional Docente, modificaciones a la Ley
General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) antes del 26 de agosto, de
lo contrario los legisladores caerían en un incumplimiento y su
discusión se aplazaría hasta el periodo ordinario de sesiones
que inicia en septiembre próximo.
El conflicto para los legisladores es la nueva Ley General del
Servicio Profesional Docente, que determina que los nuevos
profesores que en la evaluación obtengan una "mala
calificación" tendrán tres oportunidades para conservar su
plaza. Si en una tercera evaluación y tras haber asistido a
programas de regularización, no acreditan la “suficiencia” de
conocimientos, las autoridades educativas "darán por
terminados los efectos de nombramiento correspondiente",
sin ninguna responsabilidad.
Los legisladores analizan “alternativas” a lo planteado por la
iniciativa del gobierno federal para que los docentes de nuevo
ingreso no pierdan su plaza, dijo Juan Carlos Romero Hicks,
presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta.

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En tanto, los profesores que ya cuenten con una plaza
definitiva y no aprueben las tres evaluaciones no serán
separados de la función pública, sino solo readscritos en otra
tarea administrativa, según el octavo artículo transitorio de la
ley.
Leer: La SEP da a nuevos docentes dos años para probar
que son competentes
Este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP)
envió a la Comisión Permanente del Congreso las tres
iniciativas de leyes secundarias necesarias para la aplicación
de la reforma educativa, promulgada en febrero por el
presidente Enrique Peña Nieto. El paquete de leyes
secundarias en materia educativa será discutido por el
Congreso del 21 al 23 de agosto en periodo extraordinario.
“Si no se aprueba antes del 26 de agosto caemos en falta (…)
vamos a trabajar para que se haga el esfuerzo posible para
que estén aprobadas en tiempo”, dijo el senador.
El diputado Jorge de la Vega, presidente de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, dijo que la iniciativa
enviada por el presidente Peña Nieto “no va a pasar (sin
cambios), lo que no podemos hacer es que se pase sobre los
derechos laborales”.
Consideró que estas tres iniciativas “se mandaron de manera
precipitada”, por lo que “los tiempos nos acotan, son tres
leyes fundamentales y es muy poco tiempo para trabajarlos,
sobre todo que no ha habido el proceso de elaboración
suficiente en dos de ellas que son la Ley General de
Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente”.

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Los diputados —quienes deben aprobar las iniciativas como
Cámara de origen para luego enviarlas al Senado para su
revisión y aprobación— buscarán defender los derechos de
los trabajadores haciendo cambios a la iniciativa para evitar
que el Estado pueda rescindir la plaza a los docentes que no
acrediten las evaluaciones.
De la Vega dijo que los legisladores están de acuerdo en la
evaluación de docentes y en el concurso de oposición para
acceder a una plaza, pero que primero se debe dar
capacitación constante y actualización a los docentes, pues
“no se vale evaluar sin que se les den las herramientas para
la evaluación”.
Romero Hicks dijo que antes de aprobar las leyes escucharán
las peticiones de los maestros de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues por la
"desinformación" protestan por puntos que no están en la
propuesta.
"Están preocupados porque creen que se van a afectar sus
derechos laborales, porque algunos creen que habrá una sola
evaluación, de un solo instrumento", dijo, y no se puede
generar una legislación en contra de los profesores.
La propuesta del PRD
Ante las iniciativas de ley que envió la SEP al Congreso, las
bancadas del PRD en el Senado y en la Cámara de
Diputados presentaron este jueves sus propias propuestas y
acusaron a la dependencia federal de causar inestabilidad al
buscar que sus proyectos se aprueben en un periodo
extraordinario.

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“Meterla a resolver en un periodo extraordinario no tiene
lógica, no tiene el menor cálculo de lo que puede provocar”,
dijo por la tarde en rueda de prensa el líder de los senadores
perredistas, Miguel Barbosa.
“La apuesta por querer resolver los impactos políticos y
sociales de las reformas secundarias en materia educativa
puede afectar el escenario político, social y legislativo, tan
necesario para resolver otros temas de igual importancia”,
agregó.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados
perredistas, señaló que los partidos únicamente tienen
acuerdo en aprobar la ley del INEE, pero no las reformas a la
Ley General de Educación ni la del Servicio Profesional
Docente.
Los legisladores del PRD afirman que el proyecto de la SEP
afecta los derechos de los docentes porque implica que
pierdan sus plazas si no acreditan una evaluación. En
contraste, la izquierda plantea que los profesores que no
pasen reciban más capacitación, así como crear un Instituto
Nacional del Servicio Profesional Docente.
La presentación de las iniciativas del PRD en materia de
educación ocurrió mientras, por segundo día consecutivo,
decenas de integrantes de la CNTE protestaban afuera del
Senado por los cambios legislativos que consideran
perjudiciales para sus derechos laborales.

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Plantean el "cese" de malos maestros
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/plantean-el-34cese-34-de-
malos-maestros-942663.html
En las leyes secundarias reglamentarias de la reforma educativa, el
gobierno federal plantea dar sólo tres oportunidades a los maestros
para ser evaluados y, en caso de no aprobar los niveles de eficiencia,
dar por terminado su nombramiento
CONDICIONES. Los profesores que no aprueben las evaluaciones
podrán inscribirse a los programas de retiro. (Foto: ARCHIVO EL
UNIVERSAL )
El gobierno federal propone en las leyes secundarias reglamentarias
de la reforma educativa dar sólo tres oportunidades a los maestros
para ser evaluados y, en caso de no aprobar los niveles de eficiencia,
dar por terminado su nombramiento.
En la ley del Servicio Profesional Docente, enviada el martes al
Congreso junto con la Ley General de Educación y la Ley para el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se advierte

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que el personal que ya tenga nombramiento definitivo a la entrada en
vigor de la reforma deberá ser evaluado y si en tres intentos no
alcanza niveles de calidad, no será despedido; será readscrito a otra
área o bien podrá inscribirse a los programas de retiro.
El Ejecutivo plantea además una nueva forma para realizar los
concursos de oposición entre aspirantes a una plaza, pues quienes
resulten elegidos se incorporarán al servicio sujetos a un periodo de
inducción con duración de dos años ininterrumpidos; serán
evaluados cada año y al final, para determinar si cumplen o no con
estándares requeridos. En caso contrario, “se darán por terminados
los efectos de su nombramiento”.
Carrera Magisterial desaparece
La reforma plantea sustituir la Carrera Magisterial para que las
promociones estén relacionadas con un desempeño destacado y en
continuo avance; busca terminar con la asignación discrecional de
plazas, pues plantea que corresponderá a las autoridades educativas
administrar la asignación de éstas con estricto apego al orden de
prelación de quienes resultaron idóneos en los concursos, diseñar
programas de reconocimiento y cursos para la formación continua
del personal.
Las nuevas formas de ingreso se aplicarían a partir de julio próximo.
La reforma aclara que los resultados de las evaluaciones a maestros
no deberán dar lugar a procedimientos de sanción ni tener
consecuencias administrativas o laborales.
Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, mientras integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueban los accesos al
Senado.

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La Ley General de Educación establece el Sistema de Información
y Gestión Educativa que manejará un padrón nacional de alumnos,
docentes, instituciones, centros escolares, y llevará el control de
documentos académicos. El censo estará a cargo del INEGI.
Además, la ley incluye disposiciones como prohibir cobro de cuotas
en educación básica o media superior.
También faculta al Estado a la inspección de los servicios educativos
impartidos por escuelas particulares y fortalece la educación especial
y la Educación Inicial, así como la educación a distancia.
La Ley del Servicio Profesional Docente para la educación básica y
media superior que imparta el Estado regula el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia.
Facultades del INEE
La legislación permite que ONG participen como observadores en
los procesos de evaluación, y evita que los maestros sean cambiados
de escuela durante el ciclo escolar, salvo causas de “fuerza mayor”.
En cuanto a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, que debe aprobarse antes del 26 de agosto, da la facultad
de evaluar —con autonomía técnica y presupuestaria— la calidad,
desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la
educación básica y media superior, privada y pública.
Podrá expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades
educativas para evaluar a través de concursos de oposición para el
ingreso al servicio docente, la promoción, y la evaluación del
desempeño docente y de quienes ejercen funciones de dirección y de
supervisión.

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Sacarán del salón a maestros burros; tendrán 3
oportunidades para aprobar examen
Los profesores que ya tienen plaza y no pasen las
evaluaciones serán enviados a tareas administrativas
16/08/2013 09:04 Leticia Robles de la Rosa
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/16/913853

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto.- Los profesores que no
aprueben los tres exámenes para quedarse de manera
definitiva frente a un grupo serán incorporados a las áreas
administrativas del sector educativo.
Así lo dieron a conocer los presidentes de las comisiones de
Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, Juan
Carlos Romero Hicks y Jorge de la Vega Membrillo,
respectivamente.
Excélsior informó ayer que la iniciativa del gobierno en la
materia establece que sólo los maestros que ya cuentan con
una plaza definitiva tienen el privilegio de mantener sus
lugares, pese a no aprobar las evaluaciones, pero aclara que
los provisionales y de nuevo ingreso serán despedidos, si no
acreditan la evaluación o se niegan a someterse a ella.
Sin embargo, los legisladores dijeron que habrá mecanismos
alternos que garanticen el empleo a los maestros, aunque no
tengan los suficientes conocimientos.
A las oficinas, los maestros reprobados
En la propuesta del gobierno federal se promete ese privilegio
únicamente a los docentes con plaza definitiva.
Los presidentes de las comisiones de Educación del Senado
y de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y
Jorge de la Vega Membrillo, garantizaron que los maestros
que no aprueben los tres exámenes para quedarse de
manera definitiva frente a un grupo serán incorporados a las
áreas administrativas del sector educativo, por lo que se
mantendrán como servidores públicos.

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Como lo informó Excélsior ayer, la iniciativa del presidente
Enrique Peña Nieto para crear la Ley General del Servicio
Profesional Docente establece que sólo los maestros que
actualmente cuentan con una plaza definitiva tienen el
privilegio de mantener sus lugares, a pesar de no aprobar las
evaluaciones, pero aclara que los profesores con
nombramiento provisional y de nuevo ingreso serán
despedidos si no acreditan la evaluación o se niegan a
someterse a ella.
Pero ayer, Romero Hicks y De la Vega Membrillo dijeron que
esta nueva ley que regulará el trabajo docente contará con
mecanismos alternos que garanticen el empleo a los
maestros que carecen de los conocimientos para estar frente
a un grupo.
Jorge de la Vega Membrillo, diputado del PRD y presidente de
la Comisión de Educación y Servicios Educativos en San
Lázaro, expresó que debe cuidarse la fuente de empleo de los
maestros, aunque no acrediten las evaluaciones.
“Si algunos ya compraron una plaza y están ahora, hay que
someterlos. Perdón por el término, pero hay que someterlos a
un proceso de capacitación intensa y continua, porque ya
están ahí y tienen derechos. Hay que hacerlo. Y después de
la evaluación si no están aptos hay que sacarlos del aula y
hay que ubicarlos en un espacio donde desarrollen su
trabajo”, comentó.
Juan Carlos Romero Hicks explicó que “si un maestro en una
evaluación no llega a la suficiencia deseable, se abre un
periodo de formación y se evaluaría al siguiente año, esto

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puede hacerse tres ocasiones; si en el caso improbable
llegara a la tercera, entonces se tendría que buscar alguna
actividad alternativa, que no estaría frente a un grupo. Se
respeta su derecho laboral, se buscarían mecanismos de rea-
signación en el servicio público o algunas otras
combinaciones
“(…) se había comentado, aunque la iniciativa no lo refleja
todavía, hay que ver el artículo 22, es esta consideración de
que a los seis meses la persona debe tener un nombramiento,
y ahí se hace una segunda evaluación, y luego vienen otras
evaluaciones. Son detalles finos, muy sensibles, que se
tienen que examinar con cuidado”, expresó el senador
Romero Hicks, del PAN.
—¿Por qué no despedirlos?
—Es el tema fino de los derechos laborales.
Sobre las rodillas, no
Jorge de la Vega aseguró, en tanto, que los legisladores
federales no van a aprobar sobre las rodillas la reforma
educativa a nivel de leyes secundarias, porque no están
obligados a hacer lo imposible.
Informó que será el próximo lunes cuando la Comisión que
preside se instale en sesión permanente para procesar los
dictámenes, pero adelantó que sólo es factible la aprobación
de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE).
Escuchan a la CNTE

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Sobre la protesta de maestros de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), que incluye un
cerco al Senado, Juan Carlos Romero Hicks explicó a su vez
que ya se ha escuchado sus demandas.
“Escuchar es atender las preocupaciones, pero no es quedar
bien con todos. Hay dos aspectos que tenemos que combinar:
el derecho superior de la niñez a tener una educación de
calidad y respetar el ámbito laboral de los profesores.”
Añadió que “vamos a seguir escuchando. Hay varios aspectos
que ellos dicen que, con mucho respeto, ni siquiera están en
el foco de la propuesta. Ellos creen que se va a privatizar la
educación y eso no es parte de la reforma. Están
preocupados por la afectación de sus derechos laborales, eso
queda en la Constitución y habría que cuidar el respeto
irrestricto a sus derechos, y están preocupados porque
algunos creen que va a haber una sola evaluación, de un solo
instrumento, y no es el caso”.
Lo que indica el proyecto
La propuesta del gobierno federal para el caso de la Ley
General del Servicio Profesional Docente establece lo
siguiente:
Octavo transitorio. Para el personal con Nombramiento
Definitivo: “El personal que no alcance un resultado suficiente
en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la
Ley, no será separado de la función pública y será readscrito
para continuar en otras tareas dentro de dicho Servicio,
conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el
Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le

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ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se
autoricen”.
Noveno transitorio. Para el personal con Nombramiento
Provisional. “Continuará en la función que desempeña y será
sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la
presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes
en dicha evaluación se le otorgará Nombramiento Definitivo y
quedará incorporado al Servicio Profesional Docente.
“Será separado del servicio público (…) el personal que I. Se
niegue a participar en los procesos de evaluación. II. Obtenga
resultados insuficientes en el primero o segundo proceso de
evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley y no se
incorpore al programa de regularización correspondiente en
cualquiera de ellas, o III. Obtenga resultados insuficientes en
el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53”.
Evaluación será justa: INEE
Informa que no le toca elaborar el diseño de esos exámenes,
sino dar los lineamientos.
La presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia
Schmelkes, anunció que la evaluación que realizará esa
institución en todo el sistema educativo nacional será justa,
porque no se puede evaluar igual a desiguales.
La especialista, quien acudió a la presentación del libro La
Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y
Desafíos, editado por el Instituto Belisario Domínguez, del
Senado, adelantó que los exámenes de evaluación tendrán

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parámetros iguales, pero la interpretación de los resultados
será diferente, en función de las realidades regionales.
En entrevista, explicó que la propuesta del presidente Enrique
Peña Nieto deja en claro que sólo los maestros que se
nieguen a evaluarse serán despedidos.
“Pero cuál sería la razón por la que un maestro no se dejara
evaluar, porque es no dejarse evaluar. Eso es lo que dice la
ley: si no se deja evaluar entonces es motivo de despido.
Entonces uno preguntaría, bueno, por qué, y, otra vez, insisto:
no hay empleo alguno en donde no haya procesos de
evaluación”, destacó.
A pregunta expresa, explicó la forma en que operará la
evaluación regionalizada, pues no se trata de aplicar
exámenes distintos para cada una de ellas.
“La evaluación tiene que ser la misma, lo que tiene que ser
distinto es la interpretación de esa evaluación en todos lados,
que es lo que nos va a permitir comparar.
“No podemos establecer estándares diferentes. No podemos
decir que porque este maestro trabaja en una zona pobre le
ponemos un estándar pobre, si justamente lo que
necesitamos es que en esas zonas pobres el maestro dé lo
mejor de sí.
“Pero sí tenemos que entender que un maestro tiene
condiciones en donde puede rendir bien y condiciones en
donde no. Y entonces la interpretación es la que tiene que
variar. No son estándares distintos. Yo creo que eso es muy
importante tomarlo en cuenta”, precisó.

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Garantizó que el INEE realizará una evaluación justa, que
implica el cumplimiento de tres elementos: que no se evalúe a
los maestros con un solo instrumento, considerar que el
desempeño del docente depende de las condiciones en las
que trabaja y tomar en cuenta el contexto en que se enseña
en las aulas.
Más tarde, Schmelkes aclaró que al INEE no le corresponde
elaborar el diseño de las evaluaciones, pero si la SEP pide
que lo haga no tienen ninguna objeción, aunque cada
autoridad educativa estatal podrá elegir quién elabore los
exámenes.
“Como está la iniciativa ahora, lo que nos toca a nosotros es
dar los lineamientos para las evaluaciones. Entonces, una vez
que los entreguemos el sistema educativo nacional tiene que
hacer caso de ellos y si alguna de las partes del sistema
educativo quiere que el INEE haga los instrumentos, nosotros
estamos totalmente abiertos, pero también las autoridades
son perfectamente libres de pedir los instrumentos en
cualquier parte.”
También dijo que la evaluación no se basa sólo en un
examen, sino que también considera el desempeño de los
maestros en el aula, por lo que el INEE podrá sugerir la
observación en los salones o videos de las clases.
En tanto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien
acudió al Senado a la firma de un convenio de colaboración,
expresó que la reforma educativa que requiere México no se
logra sólo con un cambio en las leyes.

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“La reforma tiene que ser integral, y también lo he dicho, y lo
digo con toda convicción, es parte del proceso que tenemos
que transitar.
“Se requiere tomar en cuenta a los actores fundamentales, a
los profesores y la realidad de la infraestructura que tiene este
país, la necesidad de los planes de estudio, de la revisión de
los métodos de enseñanza; nos va a llevar tiempo, pero hay
que dar los pasos necesarios”, explicó.
Quieren quitar guillotina de propuesta presidencial
Iniciativa perredista propone que los profesores sólo sean
removidos en caso de una falta grave.
Para el PRD, la evaluación de los maestros no debe tener
ninguna consecuencia en la estabilidad laboral, sino que sólo
debe funcionar como un estimulante para la
profesionalización docente, sin utilizarse como instrumento de
despido.
Ayer, después de una conferencia de prensa en la que
senadores y diputados federales expresaron que ninguna de
las disposiciones del Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo deben trasladarse a la Ley General del
Servicio Profesional Docente, como pretende el presidente
Enrique Peña Nieto, porque consideraron que eso es
sobrerregularlas, cuando lo que se necesita es que las
autoridades educativas apliquen las normas y dejen de
negociarlas con el SNTE.
Contrario a lo que plantea Peña Nieto, los perredistas
sugieren que los maestros no sean evaluados para obtener su

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nombramiento definitivo y que sólo esperen seis meses para
obtener su plaza permanente y no dos años.
La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente
que propone el PRD dispone que los profesores con
nombramiento definitivo sólo podrán ser removidos de sus
cargos por causas graves que ameriten su cese o destitución
y no por insuficiencia de conocimientos en sus evaluaciones,
como establece el Presidente de la República.
Para los legisladores del PRD, el ingreso al Servicio
Profesional Docente constará de reclutamiento, selección,
inducción y nombramiento de los maestros de educación
básica y media superior.
Precisan que el reclutamiento consiste en convocar
aspirantes internos y externos del sistema educativo a ocupar
una plaza vacante o de nueva creación y se realizará a través
de convocatorias públicas. La selección consiste en que los
aspirantes acrediten la formación pedagógica requerida por
cada nivel educativo, aprueben los exámenes que se realicen
para calificar habilidades y destrezas, y aprueben cursos
básicos de inducción consignados previamente en la
convocatoria de reclutamiento.
La inducción consiste en los cursos básicos que deben cursar
los maestros, mientras que el nombramiento de docente será
en el puesto y categoría que le corresponda por parte de la
Secretaría o de la autoridad educativa que lo haya convocado
en un plazo de 180 días.
De igual forma, propone la creación del Instituto Nacional del
Servicio Profesional Docente como un organismo público

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descentralizado de la SEP, el cual coordinará la formación,
capacitación y actualización del profesorado.
Prevén diputados reunirse con
maestros de CNTE
18 AGOSTO, 2013 00:11
http://www.unomasuno.com.mx/2013/08/18/preven-diputados-
reunirse-con-maestros-de-cnte/

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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
recibirá el próximo martes a integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el fin
de escuchar sus planteamientos en torno a las iniciativas
enviadas por el Ejecutivo federal en materia educativa,
anunció el legislador Silvano Aureoles Conejo.
En este sentido, el coordinador del PRD en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, afirmó que la postura de su
fracción es y será siempre agotar todos los mecanismos de
diálogo para elaborar una legislación que no afecte a un
sector en específico y permita el desarrollo del país en el
sector educativo.
Asimismo, declaró que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) han acordado trabajar únicamente sobre
la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cual
cuenta con un consenso suficiente a fin de abordar su análisis
en el próximo periodo extraordinario.
En el caso de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley
General de Educación, dijo que hasta que no se agoten las
pláticas con el sector educativo, no tienen viabilidad política
sobre la base de un acuerdo entre algunos actores.
Finalmente, adelantó que si existe algún indicio de querer
imponer mayorías en la aprobación de estas leyes, se podría
generar un encono social de mayores dimensiones que no le
sirve al país.