1. La ética
Es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. La palabra ética
proviene del latín ethĭcus, y este del griego antiguo ἠθικός (êthicos), derivada
de êthos, que significa carácter o 'perteneciente al carácter'.
Referida al ámbito laboral, se habla de la ética profesional y que puede aparecer
recogida en los códigos deontológicos que regulan una actividad profesional. La
deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa y presenta una
serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio.
Qué es la Ética profesional:
La ética profesional es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el
desarrollo de una actividad laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos
deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y
valores contenidos en postulados en forma de decálogo o
documentos de mayor extensión.
La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño
de las funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. En
muchos casos tratan temas de competencia y capacidad
profesional, además de temas específicos propios de cada área.
Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra en
cómo son estos aplicables al entorno laboral.
Se trata de un tema en continuo debate, especialmente cuando existen conflictos
éticos entre el desarrollo de una profesión y la conciencia o ética personal. En
determinadas situaciones se puede optar por la objeción de conciencia cuando una
persona no piensa que está actuando de forma correcta.
2. Problemas éticos en las instituciones públicas
Una institución pública, es una institución que es manejada o controlada por el
gobierno o estado, en donde ningún particular tiene poder de decisión sobre el rumbo
de la institución, y por lo general son creadas con fines o intereses comunes para la
sociedad.
La ética en este tipo de instituciones es muy importante,
por el simple hecho de que se busca obtener un bien
común, por eso la sociedad busca apoyo en este tipo de
instituciones y es así como la sociedad se encuentra en un
contacto constante con las instituciones públicas, por tal
motivo las instituciones públicas deben representar una
ética y una moral correcta a los ojos de la sociedad.
ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Principios, valores y normatividad Tanto en el Código de Ética de la Función
Pública, como en la Ley del Marco de Modernización de la Gestión del
Estado, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en otras normas, se aprecia
claramente la voluntad de que el proceso de modernización de la gestión del
Estado se oriente bajo principios y valores éticos. Así, La Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objeto es “establecer los
principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la
gestión del Estado”, trata temas vinculados con los principios y valores éticos
que deben inspirar este proceso.
ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUENGOBIERNO
En la misma línea que la norma anterior, de resaltar los principios y valores
que orientan la modernización del Estado y promover un ejercicio ético de la
función pública, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que este Poder se
sustenta en los siguientes principios: Principio de Servicio al Ciudadano,
según el cual, las entidades que conforman este Poder están al servicio de las
personas y de la sociedad, por lo que deben asegurar que su actividad se
realice con arreglo y eficacia, eficiencia, simplicidad, sostenibilidad
ambiental, predictibilidad, continuidad, rendición de cuentas, prevención y
celeridad. Principio de Inclusión y Equidad, promoviendo la incorporación
económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y
vulnerables y de las personas con discapacidad, así como la igualdad de todas
las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios que se derivan de la
prestación de los servicios y la actividad pública en general. Principio de
Participación y Transparencia, conforme al cual, las personas tienen derecho
a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por ley, por lo que sus entidades deben actuar de
manera que las personas tengan acceso a información. Principio de
Organización e Integración, según el cual, las entidades que conforman el
Poder Ejecutivo deben evitar la duplicidad y superposición de funciones y
coordinar y cooperar de manera continua y permanente con los gobiernos
3. regionales y locales. Modernización del Estado Según la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, la finalidad del proceso de
modernización es alcanzar un Estado:
Al servicio de la ciudadanía
Con canales efectivos de participación ciudadana
Descentralizado y desconcentrado
Transparente en su gestión
Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados
Fiscalmente equilibrado”
MESA DE CONCERTACIÓNPARA LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA
Por su parte, el Código de Ética de la Función Pública establece que los
principios a los que debe sujetar su actuación el servidor público son: respeto,
probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y
equidad y lealtad al Estado. El Código establece también los deberes de la
función pública, las prohibiciones éticas de los empleados públicos y las
definiciones que deberán tomarse en cuenta para la aplicación del Código y su
Reglamento. La ética pública es definida como “el desempeño de los
empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes
que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función
pública”, la que a su vez, es definida como “toda actividad temporal o
permanente, remunerada u ordinaria, realizada por una persona en nombre o
al servicio de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de sus
niveles jerárquicos”. A través de una Directiva, se han establecido los
lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en
las entidades que conforman el Poder Ejecutivo8. Allí se señala que la
promoción de este Código está a cargo de la Secretaría General de cada
institución o quien haga sus veces. Se dispone la conformación de Grupos de
Trabajo para el Fomento de la Ética, encargados de difundir el Código al
interior de cada dependencia y se indican las actividades que deberán
desarrollarse con ese objeto: i) Entregar a cada servidor público, cualquiera
sea la modalidad de su contratación, un ejemplar del Código y su Reglamento,
junto con una Declaración que confirme que ha leído dichas normas y se
compromete a observarlas. Igual deberá procederse con cada nuevo servidor
público.
ii) Colocar en el periódico o panel informativo y en zonas visibles de cada
oficina un impreso con los principales contenidos del Código y su
Reglamento, según modelo adjunto a la Directiva.
iii) Un link en el portal web de la entidad con los principales contenidos del
Código y su Reglamento, así como las versiones íntegras de ambos.
iv) Jornadas informativas y de socialización, trimestrales, sobre la
importancia del Código y las sanciones que acarrea su incumplimiento.
4. Directiva Nº 001-2009-PCM/SGP, aprobada por Resolución Ministerial Nº
050-2009-PCM/SGP, publicada el 4 de febrero de 2009
ÉTICA DE LA FUNCIÓNPÚBLICA Y BUENGOBIERNO
Los graves problemas de corrupción que enfrenta el Estado peruano no
parecen ser entonces producto de vacíos normativos, por lo menos en el campo
de la regulación de la ética pública, dado que este es un tema que está
presente en muchas normas. Los problemas parecieran derivarse más bien,
aunque no exclusivamente, del desconocimiento de las normas, de su falta de
cumplimiento y/o de la ausencia o ineficacia de los procedimientos
sancionadores, entre otras causas, ya que siendo la corrupción un fenómeno
tan complejo, también lo son los factores que lo propician. Si bien lo
normativo es sólo un aspecto, es necesario contar con mecanismos que hagan
efectivos los procedimientos y las sanciones que deben aplicarse a quienes
incumplen las normas, más aún si se trata de actos de corrupción que afectan
a las personas y deterioran la imagen del Estado. Son tareas que deben
cumplirse, aunque resulten insuficientes. También se requiere una mayor
difusión de la normatividad sobre la materia para lograr cambios en el
comportamiento de los servidores y funcionarios públicos. Para ese efecto,
podría ser de utilidad la aplicación de incentivos y estímulos para quienes
cumplan con las normas y disposiciones del Código de Ética y para los que
desarrollen actividades innovadoras para su difusión, posibilidad esta última
que está prevista en el Reglamento del citado Código. Esa disposición se
concreta a través de Directivas emitidas por la Presidencia del Consejo de
Ministros, a través de las cuales se compromete a reconocer anualmente a las
instituciones y funcionarios y funcionarias que hayan desarrollado
actividades innovadoras para la promoción del Código de Ética de la Función
Pública y en la lucha contra la corrupción.9 Por su parte, y desde la sociedad
civil, Ciudadanos al Día, una entidad privada sin fines de lucro, viene
entregando desde el año 2005 el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión
Pública, como reconocimiento a aquellas instituciones de la administración
pública que hayan presentado las mejores prácticas e iniciativas innovadoras
orientadas a brindar un mejor servicio a las personas, que puedan ser
seguidas por otras instituciones.
UN PERÚ SIN CORRUPCIÓN
El grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, INA, define la
corrupción como el uso y abuso del poder público en
provecho propio. Por lo general, la motivación de beneficios
privados aparece como elemento desencadenante de los
actos de corrupción.
Aun cuando constatamos que la corrupción es un fenómeno
de carácter transnacional, sabemos también que tiene larga data y arraigo en
nuestra historia patria. En el Perú, la corrupción no solamente denota una
ausencia de sentido de nación, sino que progresivamente pone en riesgo la
5. viabilidad del país. Sin lugar a dudas, la corrupción empobrece a la nación: la
debilita en tanto proyecto y la empobrece materialmente haciendo más pobres
a los pobres.
Las causas, formas y alcances de la corrupción son cada vez más complejos y
abarcan todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de la sociedad
peruana. El diagnóstico que presenta el grupo Iniciativa Nacional
Anticorrupción, INA, nos demuestra que los políticos, académicos y
ciudadanos interesados están cada vez más próximos a dilucidar la compleja
maraña y los mecanismos de cada uno de sus componentes. Sobre todo, se
comparte el sentimiento y la convicción de que la corrupción debe ser
combatida como paso previo y consustancial al desarrollo económico y
democrático de nuestra nación.
Es indiscutible que si las leyes funcionaran, la corrupción habría estado bajo
control. Sin embargo, existe toda una cultura paralela al sistema legal que
impide que éste se cumpla. Nuestra meta es generar las condiciones para que
se desarrolle una cultura de transparencia y
probidad. Para lograr esto es preciso poner en
marcha un plan integral con una estrategia de plazos
medianos y largos que implique: la creación de un
organismo especializado en combatir la corrupción,
la revisión de las leyes existentes, y la elaboración de
nuevas leyes específicas contra la corrupción que
enfaticen la transparencia, los controles y las sanciones que acarrea la
transgresión de la ley. Paralelamente, es indispensable realizar un trabajo
intensivo de prevención y educación, y fortalecer la vigilancia ciudadana.
El INA propone tener en cuenta cuatro requisitos fundamentales y cuatro
lineamientos centrales para la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra
la Corrupción. Los requisitos son: el rechazo a la impunidad, la construcción
de una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo basada en la
articulación de intereses, el fortalecimiento del liderazgo público y privado
mediante la construcción de la voluntad política y el establecimiento de un
coto a la corrupción sistémica. Los lineamientos son: institucionalizar la
lucha contra la corrupción, fortalecer la ética pública. fomentar la
transparencia y el rendimiento de cuentas e impulsar la vigilancia ciudadana.
Sin embargo, el INA considera que, aplicada por separado, ninguna de las
recomendaciones dadas en los lineamientos podrá llevamos a los resultados a
que aspiramos. Es necesario responder de manera integral al problema de la
corrupción.
La Iniciativa Nacional Anticorrupción está convencida de que el liderazgo
político, el conocimiento y la información junto con la vigilancia ciudadana
producirán menor corrupción y mayor gobernabilidad en nuestro país. Con
seguridad, la voluntad política permitirá el afinamiento y la realización del
Plan Nacional Anticorrupción en el menor plazo y con el mejor resultado
posible.