1. FORMA DE PAGO DE LAS DEUDAS DEL
ESTADO
Autor:
Raul Teodoro Porturas Quijano
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1 Fotos portal Presidencia del Estado Peruano

2. I.- INTRODUCCIÓN.
En la actualidad existe una gran controversia entre los miembros del Poder Judicial
del Distrito Judicial de Lambayeque, sobre la forma de pago de las deudas del
Estado, situación que a mi parecer no solamente es de carácter local sino también
nacional., pero se debe previamente establecer en que consiste la controversia; por
un lado encontramos la forma de pago que el Tribunal Constitucional en reiterada
jurisprudencia ha señalado teniendo como sustento el procedimiento contenido en
la Ley del proceso Contencioso Administrativo, la cual ha generado una corriente
de opinión entre nuestros magistrados. De otro lado tenemos a la forma de Pago
que se indica en la Ley general del Presupuesto y a la cual se encuentran
obligados a cumplir, por Ley, todas las instituciones públicas que conforman la
administración pública, por lo que procederemos a realizar un breve análisis sobre
cuál debe de ser el procedimiento a seguir.
II.- RESUMEN HISTORICO DE LA FORMA DE PAGO DE LAS DEUDAS DEL
ESTADO.
A forma de introducción me parece correcto el hecho de que previamente se debe
de realizar un resumen de los antecedentes históricos de la forma de pago de las
deudas del Estado y que en forma didáctica ha sido realizada por los miembros del
Tribunal Constitucional en el fundamento 66 del Fundamento 10:
“El marco histórico-constitucional de la deuda pública y el deber
estatal de cumplir con su pago.- 66. El Perú previó, desde su

3. independencia, honrar la deuda pública. Así lo acredita el artículo 19° de
las Bases de la Constitución Peruana, del 17 de diciembre de 1822, que
dispuso literalmente: “La Constitución reconoce la deuda del Estado, y el
Congreso establecerá los medios convenientes para su pago, al paso que
vaya liquidándose”. La primera Constitución, de 1823, declaró que era
facultad del Congreso (artículo 60°, inciso 8) “establecer los medios de
pagar la deuda pública al paso que vaya liquidándose”. En términos
similares, la Constitución de 1825 concedió a la Cámara de Tribunos la
facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos y
adoptar arbitrios para extinguir la deuda pública (artículo 43º, inciso 3). Y
las Constituciones de 1828 (artículo 48º, inciso 10), 1834 (artículo 51º,
inciso 10), 1839 (artículo 55º, inciso 22), 1860 (artículo 59º, inciso 7),
1867 (artículo 59º, inciso 8), 1920 (artículo 83º, inciso 7) y 1933 (artículo
123º, inciso 8), declararon que era atribución del Congreso “Reconocer la
deuda nacional, y fijar los medios para consolidarla y amortizarla”. La
Constitución de 1979 (artículo 141º) dispuso que “El Estado sólo
garantiza el pago de la deuda pública que contraen los gobiernos
constitucionales, de acuerdo con la Constitución y la ley”. Dicho precepto
está repetido en el artículo 75º 2
de la Constitución de 1993. Las diversas
disposiciones constitucionales, según se advierte, no hicieron diferencia
alguna entre la deuda pública interna y la externa, de manera que una y
otra tenían amparo en los textos respectivos. (Sentencia Expediente Nº 015-
2 Artículo 75°. El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo
con la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir autorización
legal.

4. 2001-AI/TC).
III.- LA FORMA DE PAGO DE LAS DEUDAS DEL ESTADO SEGÚN EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Mediante Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de enero del 2004, en
el proceso seguido por la Defensoría del Pueblo y otros, sobre Acción de
Inconstitucionalidad, recaída en el Expediente Nº 015-2001-AI/TC y acumulados,
supuestamente se ha puesto fin a la controversia sobre la modalidad y forma de
pago de las deudas del Estado. Indica el Supremo Colegiado Constitucional que al
haberse modificado el artículo 42° de la Ley N°27584 por las disposiciones del
artículo 1° de la Ley N.° 27684, se ha regulado la actuación que deberán tener los
órganos estatales ante la existencia de mandatos judiciales que ordenen el pago
de dinero al Estado, en un doble sentido: por un lado, recordando la sujeción en la
que se encuentran los órganos de la administración en su actuación (principio de
legalidad administrativa); y, por otro, el principio de legalidad presupuestaria
en el régimen jurídico del cumplimiento de las sentencias condenatorias de pago
de sumas de dinero del Estado, declarando que tal pago se efectuará conforme a
un procedimiento, cuyas reglas se encuentran contenidas en el artículo 42º de la
Ley Nº 27584.3
3 (*) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Ley N° 27684, publicado el 16-03-2002, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 42.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero
Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas única y exclusivamente
por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se
hará de acuerdo a los procedimientos que a continuación se señalan: (*)

5. (*) De conformidad con el Numeral 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los Expedientes Acumulados Ns° 015-
2001-AI-TC, Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC, publicada el 01-02-2004, se declara la
inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del presente artículo, quedando subsistente dicho precepto
legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán
atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su
cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (...)”.
42.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder
conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.
42.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte
insuficiente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar
las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano
jurisdiccional correspondiente.
42.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes,
los pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina General
de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio
presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le
corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por
ciento (3%) referido en el párrafo precedente deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio
de la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales.
42.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a
alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de
ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia
de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”

6. El artículo 42.1 de la acotada refiere que la Oficina General de Administración o la
que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme
al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto; así
mismo en el artículo 42.2 hace referencia que, “En el caso de que para el
cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior
resulte insuficiente, el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y
priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser
comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.”; sin embargo se debe de
prestar especial atención al artículo 42.3 de la norma mencionada puesto que de
esta se desprende el hecho, que de existir requerimientos que superen las
posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los
pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante
comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán de
conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en
el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el
tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al
pliego por la fuente de recursos ordinarios.
El artículo 42.4 precisa que, transcurridos seis meses de la notificación judicial sin
haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los
procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, se
podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el

7. Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil, además menciona que no
podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo
73 de la Constitución Política del Perú. Retomando el contenido de la Sentencia
Constitucional, el fundamento 46 precisa que si bien una resolución judicial firme
produce la exigibilidad de la obligación de pago de una suma de dinero
determinada, ello no quiere decir que ésta sea inmediatamente ejecutable, refiere
que se deriva del principio de legalidad presupuestaria y que la ejecución de
las sentencias esté sujeta al seguimiento de un procedimiento previo, y en el caso
de que ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago
irrazonablemente, se pueda proceder a su ejecución forzada, pues sucede que la
obligación de pago no podrá ser satisfecha si no existe el crédito presupuestario
suficiente para cubrirla.
IV.-FORMA DE PAGO DE LAS DEUDAS DEL ESTADO SEGÚN LA LEY
GENERAL DEL PRESUPUESTO.
La legislación nacional cuenta también otro procedimiento para el pago de
Sentencias Judiciales, la cual se encuentra inmersa dentro del artículo 70º de la
Ley General del Presupuesto Ley Nº 28411 (Artículo 70°.- Pago de sentencias
judiciales)4
, este artículo refiere que para el pago de sumas de dinero por efecto
de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el tres por
ciento (3%) de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), con excepción de los fondos públicos correspondientes a las Fuentes de
Financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito
Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de
remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda.
4 Artículo 70.- Pago de sentencias judiciales
70.1 Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el tres
por ciento (3%) de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los fondos
públicos correspondientes a las Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito
Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio
de tesorería y de deuda.
70.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, procederá a la apertura de
una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que lo solicite, en la cual la Entidad deberá depositar,
mensualmente, los montos de las afectaciones presupuestales mencionadas en el numeral precedente, bajo responsabilidad
del Director General de Administración o quien haga sus veces en la Entidad.
70.3 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas las sentencias supranacionales, deberán ser atendidos por cada
Entidad, con cargo a su respectiva cuenta bancaria indicada en el numeral precedente, debiendo tomarse en cuenta las
prelaciones legales.
70.4 En caso de que los montos de los requerimientos de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado en el
numeral 70.1 del presente artículo, la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional a todos los
requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación, hasta el límite porcentual.
70.5 Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos señalados en el numeral 70.1 del presente artículo se
atenderán con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes.

8. El artículo 70.2 de la norma en mención precisa que, el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, procederá a la
apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad
que lo solicite, en la cual la Entidad deberá depositar, mensualmente, los montos
de las afectaciones presupuestales mencionadas en el numeral precedente, bajo
responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces en
la Entidad; para el caso de que los montos de los requerimientos de obligaciones
de pago superen el porcentaje señalado en el numeral 70.1, el artículo 70.4 indica
que la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional a todos
los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación,
hasta el límite porcentual. En los casos en que los requerimientos de pago que
superen los fondos públicos señalados en el numeral 70.1, el artículo 70.5 precisa
como facultad de la administración de que se atenderán con cargo a los
presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes.
V.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PRESUPUESTALES.
El Tribunal Constitucional conforme ha señalado la forma de pago de las deudas
del Estado, ha señalado también cuales son los Principios Presupuestales

9. Constitucionales, es pues en el fundamento 5 de la sentencia Nº004-2004-CC, que
indica, que La Ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el
sector público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a
sus metas y objetivos. En ese sentido, tal como lo establece el artículo 77° de la
Constitución, la administración económica y financiera del Estado se rige por la Ley
de Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República.
El fundamento 8.1 precisa que el presupuesto es un instrumento clave en el
desenvolvimiento de las funciones de gobierno y control. En el ámbito
gubernativo expresa la decisión legislativa relativa al financiamiento de la
orientación de la política económica y la aprobación del programa detallado de la
ejecución o realización de obras, servicios y cometidos (actividades) estatales. En
el ámbito contralor expresa una autorización legislativa limitativa del Ejecutivo
que facilita la fiscalización del Legislativo y de la Contraloría General de la
República, relativa a la ejecución de la política económica y, particularmente, de la
habilitación de las competencias para la realización de los gastos e inversiones
públicas. Dicha acción contralora se presenta de manera dual: precautoriamente,
mediante la autorización del gasto vía la aprobación de la Ley Anual de
Presupuesto, y ulteriormente, mediante el examen de la Cuenta General de la
República.
El fundamento 8.4. Referente a la Perspectiva jurídica, dispone que el
presupuesto emana de un acto legislativo que otorga eficacia y valor jurídico a la
política económica, también refiere que el presupuesto surge de la acción
parlamentaria en una ley con trámite diferenciado, debido a su naturaleza especial
y a la importancia que tiene per se; además de tener una vigencia limitada y

10. predeterminada con una función específica y constitucionalmente diferida. Dado su
carácter jurídico, se presenta como la condición legal necesaria para que el
Ejecutivo ejerza algunas de sus competencias; además refiere que restringiendo la
temática presupuestal a lo político y jurídico, la decisión parlamentaria es
simultáneamente de previsión y autorización. Será previsional cuando se
enumeran los ingresos fiscales del Estado y se valoran comparativamente con los
gastos fiscales a realizarse dentro del período presupuestal y será autoritativa
cuando fija el alcance de las competencias del Ejecutivo en materia económico-
administrativa de acuerdo a tres factores: El temporal (anualidad), el cualitativo
(especificidad y finalidad de la materia presupuestal) y el cuantitativo (monto
máximo a gastar).
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El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia antes indicada, la
existencia de Once Principios Constitucionales Presupuestarios, señalándose que
tienen la categoría de constitucionales por que se encuentran amparados en la
Constitución Política, como resulta ser el caso de: i.- Principio de legalidad -
previsto en el artículo 78.°, ii.- Principio de competencia - Previsto en los artículos
78.°, 79.°, 80.°, 160.° y 162.° , iii.- Principio de justicia presupuestaria -
Contemplado en los artículos 16.° y 77.°, iv.- Principio de equilibrio financiero -
Previsto en el artículo 78.° , v.- Principio de unidad - Previsto en el artículo 77.° , vi.-
Principio de exactitud - Previsto en el artículo 77.°, vii.-Principio de anticipación -
Previsto en los artículos 78.° y 80.° , viii.- Principio de anualidad - Previsto en el
5 Foto Página del Tribunal Constitucional

11. artículo 77.° , ix.- Principio de programación - Previsto en el artículo 77.°, , x.-
Principio de estructuración -Previsto en el artículo 77.°, xi.- Principio de no
afectación - Previsto en el artículo 79.° .
CONCLUSION.-
En conclusión, como consecuencia de los principios constitucionales
presupuestarios, las instituciones públicas tienen el sustento jurisprudencial de
poder aplicar el procedimiento de pago establecido por el propio Tribunal
Constitucional bajo los parámetros del Proceso Contencioso administrativo, que en
la actualidad se encuentra previsto por el articulo 47 del Texto Único Ordenado de
la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo - Decreto Supremo Nº
013-2008-JUS; así mismo también se encuentra facultado para la aplicación del
artículo 70.2 del Ley del Presupuesto - Ley Nº 28411, por lo que se debe
determinar que si bien resulta imperante cumplir con el pago de las sentencias
judiciales, dicho pago debe realizarse sin excederse del contenido máximo
establecido por ley para dicha afectación y que resulta ser el 6% del monto del
Prepuesto Institucional de Apertura – PIA.; caso contrario de afectar montos
mayores implicaría la afectación de otras partidas, distintas a la pago de sentencias
judiciales, lo que para de esta forma no excederse del monto presupuestal del
ejercicio fiscal aprobado y conlleve a la crisis económica institucional.