El 24 de febrero de 2005, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones ilegales del 3% procedentes de obra pública. Lo hizo en el Parlament y sin aportar pruebas. Ayer, la detención del tesorero de CDC y de su fundación afín CatDem, Andreu Viloca, extiende las sospechas del latrocinio larvado durante el régimen edificado por Convergència desde la Transición, al amparo del pretendido oasis catalán. El caso del 3% acumula ya seis procedimientos abiertos. Y, tal como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, apunta a la financiación del partido de Artur Mas, lo que en buena medida podría explicar su deriva independentista
2. Con la detención del tesorero de Convergència Democràtica, Andreu Viloca, del
director general de Infraestructures.cat, la empresa pública que gestiona las obras de la
Generalitat, y de siete directivos de empresas concesionarias, la investigación por el
supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y servicios
públicos da un salto cualitativo del que difícilmente Artur Mas podrá salir indemne
…
De estas investigaciones se desprende la existencia de una extensa trama de financiación
ilegal del partido a través de sus dos fundaciones, CatDem y Barcelona Fòrum. Entre
los detenidos ayer se encuentran el director general de Infraestructures.cat, que en 2013
acumulaba una cartera de obra pública por valor de 3.273 millones; el propietario del
Grupo Soler y el consejero delegado de Copisa, imputado por pagar 3,6 millones en
comisiones al hijo mayor de Jordi Pujol. Estas empresas figuran entre las mayores
constructoras de Cataluña y entre las principales donantes de Convergència. Elmodus
operandi no es diferente del caso Palau, pendiente de juicio oral, en el que está imputado
el anterior tesorero del partido, Daniel Osàcar, por el cobro de más de seis millones de
euros en comisiones ilegales.
ETC…
EDITORIAL
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9. TRES AÑOS HASTA LLEGAR AL 3%
2012. Una concejal de ERC inicia todo. Montse Gassull, en 2012
concejal de ERC en Torredembarra y hoy fuera del partido, activó el
caso al denunciar por corrupción al alcalde Daniel Massagué (CiU) por
su relación con la empresa Teyco, propiedad de una de las sagas
fundadoras de CDC.
2014. Teyco, el origen. La detención de Massagué en junio de 2014
estableció pagos de Teyco al alcalde por encima del millón de euros. La
‘operación Turm’ dio entonces paso al ‘caso Petrum’. En su segunda fase,
en julio de 2015, fueron encarcelados el consejero delegado de Teyco,
Jordi Sumarroca, y el alcalde. Otros dos miembros de la familia
salieron en libertad.
2015. CatDem, la tapadera. Un apunte contable encontrado en julio
por la Guardia Civil en la casa de Jordi Sumarroca sirvió para situar la
Fundación CatDem como intermediaria entre empresas y CDC. La
documentación también situaba a cuatro ayuntamientos gobernados por
CiU en la misma cadena.
Agosto de 2015. El día 28, el juez y Anticorrupción activaron el registro
de la Fundació CatDem y de la sede central de CDC, en la calle
Córcega. No se hicieron detenciones pero la documentación hallada – a un
mes del 27-S – estrechó el cerco sobre el 3%, hasta la operación de ayer.