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NO POR AMOR A LOS BANCOS.
Manfred Nolte
En los múltiples espacios de animada tertulia televisiva o radiofónica, o en
columnas firmadas por conocidos comentaristas políticos, enmarcadas en el
obligado desenfado veraniego, continúan pronunciándose aquí y allá lapidarias
acusaciones al gobierno por su política de salvamento de bancos en crisis. Se
condenan los rescates en términos absolutos y también relativos.
El primer frente tiene como objetivo destacar la infamia de la profesión, su
pésima gestión, su flirteo o incluso apareamiento con la corrupción, el abuso de
poder y la omisión de normas, circuitos y procedimientos, el sabotaje de cuentas
y finalmente el abandono de la nave en situación de quiebra mientras sus
capitanes huían en lanchas salvavidas repletas de pensiones hacia destinos sin
identificar. Se alude a un colectivo circunscrito al subsector de las cajas de
ahorro, al que se atribuye una especie de ébola letal basado en una repetida
exposición a altas radiaciones de la política, que han conseguido en una década
reducir a cenizas lo que tormentas cíclicas y reveses financieros de dos siglos no
consiguieron doblegar. La sociedad pierde de un plumazo un dividendo social
de más de 3000 millones de euros al año en forma de obra asistencial o
educativa, y los forajidos que atracaron sus propias arcas campean a sus anchas
sin apenas registrarse éxitos ejemplarizantes por parte de la justicia: algún
reconocimiento de culpa adobado con lágrimas de cocodrilo y la devolución –no
se sabe si total o parcial- del botín hurtado. Poner dinero publico en esas
instituciones resulta una mofa y un delito moral. ¡Déjese, en consecuencia, a
cada palo que aguante su vela y que respondan las entidades quebradas de sus
propios desafueros!
El segundo improperio es de índole comparativo: ¿Cómo puede el Gobierno
destinar cifras astronómicas al reflotamiento de unas entidades de trayectorias
manifiestamente irregulares y distribuir al mismo tiempo con cuentagotas las
consignaciones a los esquemas de protección social? ¿Cómo pueden aplicarse
22.000 millones de euros de los contribuyentes a reflotar Bankia o 12.000
millones a rescatar Catalunyia Banc y permitir simultáneamente que haya
737.000 hogares españoles en los que ninguno de sus miembros tiene ingreso
alguno, lo que puede suponer más de millón y medio de personas sin ingresos?

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Se aduce un tercer argumento: ¿Quién puede sufrir, sin rasgarse las vestiduras,
que una vez nacionalizada y saneada una entidad, se privatice y entregue esta a
la gran Banca por un miserable plato de lentejas, en ocasiones por un solo euro?
¿Debe asistir impasible el ciudadano a su autoinmolación en forma de
contribución fiscal para encubrir a unos rateros y engordar aún más a los que ya
ocupan posiciones orondas en la liga financiera?
Es evidente, que escuchado así, y en primera instancia, el Gobierno solo pueda
definirse como un monstruo sin entrañas y, lo que es igual de pernicioso, como
un gestor sin conocimiento ni criterio y, por tanto, sin capacidad de gestión.
Pero, lamentablemente, la realidad no siempre responde a las apariencias, de
igual manera que no siempre la cara es el espejo del alma. En los tres
argumentos de descalificación enumerados hay elementos puntuales de
diagnóstico certero, como la nefasta influencia ejercida por la política en las
cajas quebradas o la necesidad de mostrar altas cotas de sensibilidad hacia los
mas vulnerables y más afectados por la crisis. Pero en su conjunto el enfoque
ideológico anti-rescate es insostenible y corre el peligro de enquistarse en los
entresijos de convicciones sociales superficiales y derivar en posiciones
demagógicas. La demagogia es la hija bastarda de la utopía, un aparente
idealismo adulterado por la ignorancia, la falsedad y la mentira.
Vaya aquí el relato central que fundamenta las intervenciones de todos los
gobiernos que han intervenido en las crisis bancarias de sus respectivos países:
el rescate de la Banca no se hace por amor a la Banca. Muy al contrario, se
acomete por responsabilidad hacia todos los administrados y muy en particular
por el respaldo de aquellos ciudadanos –la mayoría- que tienen algún depósito
en una entidad bancaria. Si una entidad financiera resulta insolvente, lo es
porque sus activos realizables no cubren a sus pasivos exigibles y si esto ocurre
de forma definitiva y estructural hablamos de una quiebra. En su consecuencia,
no habrá fondos para atender a los pasivos bancarios. Pero, ¿cuál es el principal
capítulo del pasivo de un balance bancario? Los depósitos de su clientela. El
regulador entiende hasta el momento presente que debe proteger al depositante
porque ese ámbito no debe quedar afectado por los avatares de la mala gestión y
porque además posee un ingrediente de alarma social basado en el contagio y el
pánico potenciales que pueden propagarse hacia otras entidades sanas y
contaminar así a todo el sistema. Este riesgo ‘sistémico’ debe ser abortado. Es
cierto que la filosofía de esta decisión política consiste en trasladar el riesgo de
los depositantes, sean o no contribuyentes, hacia los contribuyentes sean o no
depositantes. Como efecto impacto puede ser discutible. Como medida para
contener un posible pánico bancario no lo es. Los dueños del capital ya han visto
convertido en cero el valor de sus acciones, como lo han constatado otros
poseedores del llamado capital hibrido. Recuerden el escándalo de las
preferentes.
También es cierto que las ayudas son recuperables en unos casos y en otros no,
lo que hace que el recurso al contribuyente sea transitorio o definitivo, según
sea el caso. El gigantesco programa TARP americano de ayudas a la Banca ha
sido reembolsado en su práctica totalidad. Lamentablemente, el rescate en
España se abordó muy tarde y el enfermo no pudo sobrevivir. Las entidades que
se están privatizando lo están haciendo a su valor de mercado. Si de verdad
valiesen algo, las pujas se habrían disparado. Los Bancos no se chupan el dedo y

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hacer Banca en España hoy no es un buen negocio. Consulten las memorias de
aquellos que cotizan en el Ibex y advertirán que el negocio recurrente se sitúa al
día de hoy en otras latitudes geográficas. Analicen también el decepcionante
progreso de las privatizadas Cajasur o CCM.
El tema es tan sensible y controvertido que, a partir del fiasco de Chipre en
2013, Europa ha adoptado una ‘Directiva de Recuperación y Resolución’ que
introduce cambios importantes en la liquidación y rescate futuros de entidades
financieras en crisis. Según la Directiva la contribución de los acreedores de la
Entidad afectada a la cobertura de las insolvencias de la misma será en adelante,
al menos, del 8% de los pasivos exigibles . Con la excepción de los depósitos
inferiores a 100.000 euros, el resto de pasivos bancarios estará sometido a
quitas parciales o totales siguiendo una determinada prelación concursal(‘Bail-
in’). Tras el capital social, los capitales híbridos –preferentes y subordinadas-
deuda ‘senior’ y depósitos superiores a 100.000 euros constituyen por dicho
orden los capítulos de ‘quitas’ hasta el equilibrio o disolución de la entidad
afectada. Este drástico cambio de rumbo debe alertar al ciudadano que en el
futuro deberá seleccionar muy atentamente el producto en el que materialice
sus ahorros y de ser un depósito, la cuantía del mismo y especialmente la
solvencia y reputación del Banco al que decida confiarlos.
Justifiquemos los rescates: la economía y el sistema financiero son vasos tan
comunicantes que mantener a dicho sector sin sombra de duda es
imprescindible para la estabilidad de la economía y posterior recuperación del
empleo.