2. Índice
JUSTICIA
Al gobernador de Veracruz: ¿dónde están los asesinos de Regina Martínez? Una
cadena de fallas liberó a Caro Quintero /Jorge Carrasco Araizaga
Como un animal salvaje /Julio Scherer García
Caso Álvarez Machain: hasta donde llega la rabia de Washington /Carlos Puig
Reforma energética
“El Pacto por México se resume en la privatización del petróleo” /Jenaro Villamil
La electricidad, otro plato fuerte /Jesusa Cervantes
violencia / guerrero
2 mil desplazados en un mes /Ezequiel Flores Contreras
EDUCACIÓN
Plagados de errores, los libros de Prepa Abierta /Jesusa Cervantes
ANÁLISIS
El discreto encanto de la burguesía petrolera /Denise Dresser
Evaluación /Naranjo
El tejido desgarrado /Javier Sicilia
Privatización autoritaria /John M. Ackerman
Una indignante absolución /Jesús Cantú
Controversia por la mariguana /Olga Pellicer
INTERNACIONAL
ENERGÍA: México, fuera de la revolución energética /Homero Campa y Emilio
Godoy
MEDIO ORIENTE: Cuando Robi escapó de la venganza /Anne Marie Mergier
PALEONTOLOGÍA
Dinosaurios en territorio narco /Juan Alberto Cedillo
CULTURA
Remodelar el claustro de La Merced, innecesario /Judith Amador Tello
Estro Armónico /Samuel Máynez Champion
Páginas de crítica Arte: SIN: La violencia de la impunidad /Blanca González
Rosas
Música: Rigoletto en el Bicentenario /Mauricio Rábago Palafox
Teatro: Diálogos de Salvador Novo /Estela Leñero Franco
Cine: Heli /Javier Betancourt
Medios: Código Democracia /Florence Toussaint

3. ESPECTÁCULOS
Un documental sobre la “narcocultura” /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
Los discapacitados que no lo eran tanto... /Beatriz Pereyra
Las promesas huecas de Azcárraga /Raúl Ochoa
Palabra de Lector
Mono Sapiens /Encuesta que algo queda /Helguera y Hernández

4. Al gobernador de Veracruz: ¿dónde están los asesinos de Regina Martínez?
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa fabricó un culpable para dar por
esclarecido el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez Pérez. Así lo ha
informado la revista Proceso y así lo confirmó el propio Poder Judicial del estado
de Veracruz.
El jueves 8, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió
poner en libertad a Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría
General de Justicia del estado (PGJ) de ser copartícipe del robo y homicidio
cometido la madrugada del 28 de abril de 2012 en la casa de nuestra corresponsal
en Veracruz.
Por dos votos a tres, la sala revocó la sentencia de 38 años y dos meses de
prisión a los que lo había condenado, en abril pasado, la juez tercero de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Xalapa Beatriz Rivera Hernández, quien había
avalado por completo la versión de la procuraduría.
Los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña –autor del proyecto de resolución–
y Andrés Cruz Ibarra echaron abajo esa sentencia por las violaciones
constitucionales cometidas por la PGJ que afectaron el debido proceso y dejaron
en situación de indefensión al inculpado, un analfabeto seropositivo que fue
torturado para que se declarara culpable.
Ante el sentido de la resolución, que echa abajo en parte la versión de la PGJ, la
magistrada Martha Ramírez Trejo emitió un voto particular, mientras que la propia
procuraduría expresó su rechazo a la decisión mayoritaria de la sala y el hermano
de la periodista, Ángel Martínez, anunció en un comunicado de prensa y una nota
informativa que impugnaría la resolución de los magistrados.
La posición que prevaleció entre los magistrados fue que además de las
violaciones al debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución,
la procuraduría no acreditó la responsabilidad de Hernández Silva, quien alegó
haber sido detenido semanas antes de que la PGJ lo presentara como probable
responsable.
Respecto a las violaciones constitucionales dijo que no hubo orden de
aprehensión para su detención, además de que “no contó con una debida
defensa”, como lo establecen los artículos 19 y 20 constitucionales, pues si bien
tuvo un defensor de oficio, “en ningún momento se advierte que se haya dado a la
tarea de cumplir cabalmente con su función”.
Además, la sentencia de la juez de Primera Instancia se sostuvo únicamente con
la confesión del inculpado, “la cual fue llevada por medio de la tortura, por lo cual
no deberá otorgársele validez”, dicen los dos magistrados que hicieron el voto
mayoritario.
A los ojos de los magistrados, los testimonios que presentó la PGJ contra
Hernández Silva y que fueron avalados por la juez Rivera Hernández “son de
oídas”, “contradictorios” y “aleccionados”. Más aún, “no se advierte que ninguno de
ellos haya hecho mención de que fuera Jorge Antonio Hernández Silva la persona

5. que se introdujera a la casa de la finada a robar y estuviera presente cuando su
copartícipe privara de la vida a Regina Martínez Pérez”.
El 31 de octubre de 2012, cuando presentó a Hernández Silva como presunto
culpable, la PGJ señaló que el principal acusado es Adrián Hernández
Domínguez, El Jarocho, quien desde entonces se encuentra prófugo. La
acusación sugirió un crimen pasional, al asegurar que Hernández Domínguez, un
trabajador sexual callejero, tenía una relación sentimental con la periodista.
Para los dos magistrados “no hay ningún señalamiento firme que incrimine al
sentenciado”, pues de acuerdo con la propia PGJ no se encontraron huellas
digitales ni pruebas de ADN de Hernández Silva en el domicilio de Regina
Martínez. Ni siquiera se pudo armar una prueba circunstancial que lo señalara.
La revocación
Otra de las violaciones constitucionales que los magistrados le adjudicaron al
gobierno de Duarte fue en relación con el artículo 21, “ya que no se dio a la tarea
de recabar los medios de convicción”, pues si bien se cuenta con testimonios de
vecinos y familiares que conocieron a Regina y al acusado, “nadie revela que
(Hernández Silva) haya sido la persona que se introdujera a casa de Regina” el
día del crimen.
La revocación de la sentencia también echó abajo las actuaciones periciales de la
procuraduría: “Los dictámenes llevados a cabo por expertos adscritos a la PGJ del
estado de Veracruz no son coincidentes con lo que relata el sentenciado” pues
entre lo que dice en su confesión y las horas de la muerte establecidas en la
necrocirugía “no pudo el inculpado encontrarse en la casa de la finada, sin que
resulte humanamente posible que una persona se encuentre en dos lugares al
mismo tiempo”. Los magistrados establecieron incluso que “algunos dictámenes…
se encuentran manipulados”.
Contundentes, los magistrados resolvieron: “existen medios de convicción que nos
llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de
Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”.
La procuraduría del estado dijo que “respeta pero no comparte” el criterio de la
sala revisora. En un comunicado, el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa
dijo que los magistrados “descalificaron, mas no valoraron las pruebas
presentadas plenamente de la responsabilidad del entonces inculpado”.
Aseguró que el instrumento internacional conocido como Protocolo de Estambul
aplicado a Hernández Silva concluyó que no fue torturado. El protocolo fue
aplicado a solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) seis meses después de la detención.
Un día antes de que se cayera en parte la versión del gobierno de Javier Duarte
de Ochoa, la titular de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla, aseguró que, contrario
a lo dicho por la PJE, existen indicios de que el asesinato de la periodista de
Proceso puedo haber sido motivado por su actividad periodística.
Entre los elementos que sostienen esta hipótesis se encuentran los objetos que
desaparecieron de la casa de la víctima el día del homicidio, entre ellos

6. computadoras personales y celulares, además de que fueron desprendidas las
conexiones de dos smartphones y de las computadoras, dijo la fiscal especial de
la Procuraduría General de la República (PGR).
“Eso nos permite generar la línea de investigación de que es por su actividad
periodística, sin que sea la única que se tenga abierta y sin que se hayan agotado,
al menos de parte de la fiscalía, ninguna de las líneas de investigación”, declaró a
la prensa en Colima.
La fiscal reiteró que la procuraduría de Veracruz entregó “las pruebas que ellos
han querido” a la FEADLE, a pesar de que la instancia federal ha sido
coadyuvante en la investigación.
La fiscalía especial mantiene abierta su investigación y ante la sentencia de la
Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz podrá atraer en
definitiva el caso, toda vez que a la PGJ lo que le queda es presentar ante la
justicia a Adrián Hernández Domínguez.
De acuerdo con la fiscal especial, “la mecánica de los hechos refiere que hay más
de un autor material”, además de que está pendiente saber de quién son algunas
pruebas encontradas en la escena del crimen, como un rastro de sangre que tras
su estudio de ADN arrojó que pertenece a una persona del sexo masculino distinta
a Hernández Silva.
El viernes 9, un día después de la revocación de la sentencia, la organización
internacional Reporteros Sin Fronteras aseguró que el caso aún no está resuelto.
“Ahora debe reanudarse la investigación de manera seria, teniendo en cuenta las
actividades profesionales de la periodista, con el fin de que se detenga a los
autores materiales e intelectuales de este asesinato”.

7. Una cadena de fallas liberó a Caro Quintero
Jorge Carrasco Araizaga
El Estado mexicano volvió a fracasar: el fundador del Cártel de Guadalajara fue
liberado. Como si no bastara ir perdiendo la guerra contra el narco en las ciudades
y montes, también se pierde en los tribunales. La red de corrupción e ineptitud
gubernamental que Rafael Caro Quintero ayudó a tejer desde hace tres décadas
dio sus frutos, a él y al crimen. En todo ese tiempo, nadie supo cortar una cadena
de sandeces judiciales, y hoy los resultados le estallan al país: Estados Unidos
furioso, un capo más en las calles, otra crisis de credibilidad… Para enfrentar el
problema, México sólo cuenta con las mismas herramientas que lo sumieron en
esas honduras.
Cuando Rafael Caro Quintero escuchó su sentencia a 40 años de prisión, era
imposible prever que su alegada víctima, el agente de la Administración Federal
Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, terminaría
siendo una atenuante para salir de forma anticipada de prisión.
La madrugada del viernes 9 de agosto, a los 60 años de edad (28 de ellos en
prisión), el fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara, sentenciado por el
secuestro y asesinato del agente estadunidense, quedó en libertad por orden de la
justicia federal. La razón: Camarena no estaba acreditado diplomáticamente como
agente de la DEA, aunque operara desde el consulado de Estados Unidos en
Guadalajara.
Su muerte, por lo tanto, no debió ser juzgada por la justicia federal, sino por un
juez del fuero local, en particular de Jalisco, donde ocurrió el secuestro y homicidio
del agente estadunidense el 7 de febrero de 1985, aunque su cuerpo se encontró
en un rancho fronterizo del estado de Michoacán.
De acuerdo con los resolutivos del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito
con sede en Jalisco (derivados de un amparo concedido a Caro Quintero dos días
antes –el miércoles 7– por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del
mismo circuito), el agente de la DEA actuaba en territorio mexicano sin
reconocimiento diplomático del gobierno del entonces presidente Miguel de la
Madrid Hurtado, fallecido en abril del año pasado.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de informar de la resolución,
no fue explícito respecto de la condición en que se encontraba el agente de la
DEA en México.
En el punto cuarto del comunicado que difundió el mismo viernes, señala que en
cumplimiento de lo ordenado al Tribunal Unitario por el Tribunal Colegiado se
declaró el sobreseimiento de la causa penal 82/85-II. Es decir, que se daban por
terminadas las acusaciones por los delitos de privación ilegal de la libertad, en la
modalidad de secuestro, y homicidio calificado cometidos en agravio de Enrique
Camarena Salazar y de Alfredo Zavala Avelar, el piloto que acompañaba al agente
estadunidense.

8. El argumento fue que los tribunales federales carecen de competencia por razón
de fuero para conocer de esos ilícitos, que caen en la jurisdicción de la justicia
local, por lo que no debieron ser sancionados por el entonces Juzgado Cuarto de
Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco.
En junio de 2009, esa instancia federal condenó a Caro Quintero y a Ernesto
Rafael Fonseca Carrillo Don Neto a 40 años de prisión por la muerte de
Camarena, a pesar de que se trataba de un homicidio del fuero común.
Por ese error procesal, Caro Quintero, nacido en octubre de 1952, obtuvo la
libertad inmediata en el delito más grave en su contra. Esto le permitió salir del
penal de mediana seguridad en Jalisco adonde había sido trasladado en mayo de
2010 desde el penal de Puente Grande. Ese mismo principio de incompetencia del
fuero federal aplicaría para Don Neto, quien junto con Caro y Miguel Ángel Félix
Gallardo encabezaron el Cártel de Guadalajara.
Ante las insistentes versiones de que Don Neto también había sido liberado, el
CJF informó de manera extraoficial que el narcotraficante sigue preso en el penal
de Puente Grande, en Jalisco. El abogado del narcotraficante José Luis Guízar
aseguró que, al igual que Caro Quintero, su defendido quedó libre la madrugada
del viernes y se trasladó a la Ciudad de México para una revisión médica.
El CJF sólo confirmó la liberación de Caro Quintero, quien además del
sobreseimiento por el caso Camarena logró otras cinco órdenes de liberación: una
porque ya purgó la pena de 15 años por delitos contra la salud, otra porque se le
absolvió de la muerte de los estadunidenses G. Radelat y John Clay Walker, otra
porque ya se le había absuelto de la privación ilegal de la libertad de 4 mil
trabajadores del rancho El Búfalo, en Chihuahua; una más porque los delitos de
los que se le acusaba no formaron parte del auto de formal prisión, y uno más
porque el Ministerio Público federal no acreditó el delito de asociación delictuosa.
En cada uno de los casos, el Consejo de la Judicatura Federal se curó en salud al
aclarar que se le liberaba “siempre y cuando no exista causa legal diferente que lo
impida”. La cautela tiene un motivo: el interés de Estados Unidos de llevárselo y
juzgarlo allá “por los crímenes que ha cometido”, según advirtió la DEA en un
comunicado el mismo viernes.
El CJF también subrayó que la liberación es “única y exclusivamente en lo que se
refiere a Rafael Caro Quintero”, a quien se le concedió la protección y amparo de
la justicia de la Unión por el Tribunal Colegiado en el recurso número 180/2011.
En el caso de las muertes de Radelat y Walker –el 30 de enero de 1985, por las
que también había sido condenado a 40 años– la justicia federal determinó que se
le juzgó con un criterio legal distinto al que estaba vigente al momento de los
hechos.
Sobre la privación ilegal de la liberad de 4 mil campesinos a los que según la
acusación había obligado a trabajar en el rancho El Búfalo para sembrar
mariguana, el Tribunal señaló que el exnarcotraficante ya había sido absuelto en
otra causa penal.
Sobre la acusación de delitos contra la salud en las modalidades de siembra,
cultivo y cosecha de mariguana, además de su posesión con fines de tráfico, dijo
que esos hechos ocurridos en los ranchos Los Juncos y Montesco (Chihuahua) en

9. 1984 no fueron materia del auto de formal prisión en su contra.
Asimismo, lo absolvió del delito de asociación delictuosa debido a que la
Procuraduría General de la República no lo acreditó. Esa acusación era la que se
establecía en casos de narcotráfico pues no existía en la legislación mexicana el
delito de delincuencia organizada, vigente desde 1996.
Después de 28 años de prisión, el Tribunal confirmó que el delito del que Caro
Quintero sí fue responsable fue contra la salud en su modalidad de siembra,
cultivo y cosecha de mariguana y posesión de la misma droga con la finalidad de
tráfico, perpetrado en 1984 en la comunidad agrícola denominada El Búfalo y en
los campos que la integraban, conocidos como rancho Ojo de Agua, cerro El
Mogote, rancho Santa Cruz y rancho San Rafael, ubicados en el municipio de
Jiménez, en el estado de Chihuahua.
Por esos hechos fue condenado a 15 años de prisión y una multa de 1 millón de
viejos pesos, pero “en la inteligencia de que en estricto cumplimiento al fallo
protector, se declara compurgada la sanción privativa de la libertad y prescrita la
multa”. Es decir, que el capo de los años ochenta ya había pagado ese delito
desde hace 13 años.
La ira de Estados Unidos
El agravio que representó para el gobierno de Estados Unidos el asesinato del que
estaba considerado uno de los principales agentes de la DEA para México y
América Latina se acrecentó con la liberación de Caro Quintero, a pesar de que la
administración estadunidense –en franca violación de la soberanía mexicana–
organizó distintos operativos para secuestrar en México y llevarse a varios
inculpados del asesinato de Camarena, entre ellos el doctor Humberto Álvarez
Machain, acusado de asistir médicamente en la tortura del agente estadunidense.
En un comunicado difundido horas después de que se conoció la liberación del
otrora capo más importante de México, la DEA expresó su “profunda decepción”
por el fallo de la justicia federal mexicana, pero advirtió que “continuará de manera
vigorosa con los esfuerzos para garantizar que Caro Quintero sea juzgado por la
justicia de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido”.
El asesinato de Camarena ha significado una de las etapas más difíciles de la
relación entre México y Estados Unidos. A las presiones gubernamentales se
sumaron las de la prensa estadunidense, que en su momento se dedicó a exhibir
la connivencia del gobierno mexicano con el narcotráfico.
El periodista James Mills escribió el libro El imperio subterráneo, donde la
delincuencia y los gobiernos se abrazan, publicado en 1986 y que estuvo dos
meses consecutivos en la lista del periódico The New York Times sobre los libros
más vendidos en Estados Unidos. El libro hace un recuento del narcotráfico
internacional, en el que Colombia y México ya aparecen como protagonistas, en
momentos en que Miami era el gran centro de recepción de la droga y lavado de
dinero en Estados Unidos.
En el caso de México, pone el acento en el asesinato de Camarena. Apoyado en
informes de la DEA, exhibe la protección que los narcotraficantes mexicanos

10. disfrutaban por parte de las ya desaparecidas Dirección Federal de Seguridad
(DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF). La DFS era la policía secreta del régimen
priista, que estaba bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación (Segob). Fue
disuelta en 1985 tras el asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo
de ese año. Fue reem­plazada por lo que ahora es el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), también adscrito a la Segob.
La Policía Judicial Federal pertenecía a la Procuraduría General de la República
(PGR) y fue reemplazada en 2001 por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
durante el gobierno de Vicente Fox, a propuesta del exsecretario de Seguridad
Pública Genaro García Luna. En el sexenio pasado, la AFI fue reemplazada por la
actual Policía Federal Ministerial, que sigue dependiendo de la PGR.
Las informaciones de la DEA citadas por Mills señalaban a la DFS y a la PJF como
los grandes protectores del Cártel de Guadalajara. La PJF se hizo cargo de las
investigaciones del secuestro de Camarena al día de su desaparición. El
responsable fue el comandante Armando Pavón.
El periodista estadunidense refiere que, en plena persecución de Caro Quintero,
Pavón acudió en compañía de agentes de la DEA al aeropuerto de Guadalajara
ante la información de que el capo saldría en un vuelo privado: “Al llegar, 10
hombres vestidos de civil, con ametralladoras AK-47, rodearon un jet que estaba a
punto de despegar. Ante la sorpresa de los agentes de la DEA, el comandante
Pavón conversó amigablemente con el líder de esos hombres, con quien se apartó
de la vista de los agentes de la DEA y se fue al otro lado del aparato. Los dos
hombres regresaron, se despidieron de mano y se abrazaron. Varios de los
oficiales de Pavón se acercaron a los guardias del jet y se despidieron
cordialmente”.­
Pavón les dijo a los agentes de la DEA que los hombres armados que vigilaban el
jet eran agentes de la DFS. Pero el hombre con el que había hablado Pavón era
Caro Quintero, quien según la DEA le ofreció a Pavón un pago de 300 mil dólares
por dejarlo ir.
De la alegada protección gubernamental, Mills refiere también que cuando la DEA
buscó en el departamento de otro de los principales sospechosos del asesinato de
Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo, encontraron una fotografía del agente
estadunidense. “La fotografía había sido tomada de la oficina de la Policía Judicial
Federal en Guadalajara”.
Cuando para la DEA era claro que algunos funcionarios del gobierno de México
pudieron estar detrás del asesinato de Enrique Camarena, la administración
antidrogas anunció a todas sus oficinas en el mundo que “todas las llamadas de
México deberían ser consideradas comprometedoras”. La DEA se declaró en
guerra, dice el periodista.
El jefe de la DEA en México en ese momento era Ed Heath, quien se hizo cargo
de la investigación del secuestro de su agente, pero bajo la coordinación de Bill
Coonce, en las oficinas centrales de la Administración Federal Antidrogas en
Washington.
Años antes, Coonce había estado a cargo del seguimiento del narcotraficante
cubano Alberto Sicilia Falcón, quien se estableció en Guadalajara y es

11. considerado como maestro de los narcos mexicanos con el apoyo del
narcotraficante hondureño Juan Mata Ballesteros, químico de profesión.
Según Mills, Ballesteros, socio de Miguel Ángel Félix Gallardo en el tráfico de
cocaína de Colombia a Estados Unidos, estuvo en Guadalajara el día que
secuestraron a Camarena, protegido por agentes de la DFS, dirigida entonces por
José Antonio Zorrilla Pérez –quien sigue en prisión, sentenciado por el asesinato
del periodista Manuel Buendía.
La DEA buscó al entonces director de la PJF, Manuel Ibarra, para vigilar a
Ballesteros. Pero, de acuerdo con el periodista estadunidense, el policía mexicano
se resistió y dejó ir al narcotraficante hondureño.
Según el periodista de Estados Unidos, “en una reunión secreta con la DEA, un
funcionario del gobierno de México –al que no identifica– aseguró que fue la
Judicial Federal la que secuestró a Camarena por órdenes de Félix Gallardo y con
el conocimiento de quien estaba a cargo de la investigación por parte del gobierno
mexicano del secuestro de Camarena, Manuel Ibarra”.
Además, un informante le había dicho a la DEA que uno de los secuestradores de
Camarena era Tomás Morlett, un agente de la DFS, quien según la información
estaba a cargo de un centro de tortura llamado “La clínica”.
Dos días antes de que se cumpliera un mes del secuestro de Camarena, su
cuerpo fue encontrado en un rancho de Michoacán, en la frontera con Jalisco. La
investigación salió de las manos de Manuel Ibarra y quedó en las del comandante
Florentino Ventura, quien había detenido a Sicilia Falcón.
Un mes después del descubrimiento de los restos de Camarena, agentes
estadunidenses localizaron y detuvieron a Caro Quintero en una plantación de
café de Costa Rica. Estaba acompañado de la sobrina, entonces de 17 años, de
Guillermo Cossío Vidaurri, quien entonces era secretario general de Gobierno en
el Distrito Federal y después sería gobernador de Jalisco.
El comandante Ventura fue por Caro Quintero a San José, la capital costarricense.
El entonces narcotraficante le dijo a Ventura que le había pagado al comandante
Pavón 70 millones de viejos pesos (equivalentes a 300 mil dólares) para que lo
dejara escapar, pero negó haber tenido algo que ver en el secuestro de
Camarena.
Cuatro días después del arresto de Caro Quintero fue detenido Ernesto Fonseca
Don Neto, junto con 23 personas, la mayoría agentes de la DFS y de la PJF, en
Puerto Vallarta, Jalisco. Según Mills, Caro Quintero y Ernesto Fonseca
responsabilizaron del asesinato de Camarena a Miguel Ángel Félix Gallardo.
En una conversación del periodista con Bill Coonce, quien dirigió las
investigaciones en las oficinas centrales de la DEA, el entonces funcionario
estadunidense aseguró que el gobierno mexicano “sacrificó a numerosos
corderos, como Caro Quintero y Ernesto Fonseca, quienes dijeron menos de lo
que saben, no sólo del asesinato sino de quien lo ordenó”. l

12. Pasada la sorpresa, el gobierno, dispuesto a la extradición
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Ante la puesta en libertad de Rafael Caro Quintero, la
Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos presentará al
gobierno de México una nueva solicitud de extradición en su contra, que según
fuentes oficiales podría concederse.
“Si la DEA entrega una solicitud de extradición fundamentada con delitos por los
cuales Caro Quintero no ha sido procesado ni enjuiciado en México, el gobierno
mexicano actuará en consecuencia”, confía a Proceso una alto funcionario de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Horas después de la puesta en libertad de Caro Quintero, se informó de manera
extraoficial que Ernesto Fonseca, Don Neto, también podría dejar la cárcel gracias
al beneficio de la preliberación por cuestiones de salud y edad, con la consecuente
terminación de su condena en prisión domiciliaria. “Don Neto está muy enfermo,
tiene 90 años y ya no se puede hacer nada por él”, dice al corresponsal un
funcionario mexicano.
La liberación de Caro Quintero “agarró totalmente desprevenida a la DEA y ahora
está en la tarea de revisar el expediente para formular un nuevo pedido de
extradición en su contra, bien sustentado”, agrega el funcionario de la PGR, quien
aceptó hablar bajo la condición del anonimato.
Caro Quintero es tal vez el hombre más odiado y buscado por la DEA, que lo
acusa de ser el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Kiki
Camarena Salazar, su agente en México, en 1985.
Al conocerse la excarcelación del antiguo capo, la DEA difundió un comunicado en
el que señala: “Todos los días nos acordamos del último sacrificio que pagó el
agente especial Camarena, y la DEA de manera vigorosa continuará sus
esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente en Estados Unidos los
cargos por los crímenes que cometió”.
Antes de expresar en ese comunicado “la profunda decepción” por la medida, la
DEA actualizó en su página en internet la lista de los criminales más buscados,
colocando la fotografía de Caro Quintero en el puesto número uno, es decir, por
encima de Vicente Carrillo Fuentes, Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo
Guzmán Loera y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, entre otros capos
mexicanos.
Antes de salir de prisión, Caro Quintero ni siquiera figuraba en la lista de los 20
narcotraficantes más buscados por la DEA.
“Nunca debió haber sido liberado. Es uno de los criminales más violentos que ha
tenido México. Mató a muchos mexicanos, no sólo a Kiki Camarena, y espero que
el gobierno de mi país solicite su extradición”, declara a este semanario un
exagente de la DEA que en su momento fue enviado a México a trabajar en las
investigaciones para capturar a Caro Quintero.
“Seguro ahora, al verse libre, regresará al mundo del crimen organizado”, añade el

13. agente, quien rechazó que se le citara con su nombre y apellido debido a la
delicada relación que actualmente mantiene la DEA con el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
El pasado viernes 9, a las dos de la madrugada, Caro Quintero dejó su celda en el
Reclusorio Preventivo, dentro del complejo penitenciario de Puente Grande,
Jalisco. Estados Unidos nunca renovó el pedido de extradición porque la justicia
mexicana condenó al capo a 40 años de cárcel precisamente por los delitos de
homicidio, narcotráfico y lavado de dinero, por los que pretendía procesarlo la
justicia estadunidense.
Ahora la DEA revisa minuciosamente los expedientes del caso Camarena en
Estados Unidos, ya que sólo puede solicitar la extradición si logra sustentar un
delito por el cual Caro Quintero no haya sido procesado o juzgado aún por las
autoridades mexicanas.
Aunque Caro cumplió sólo 28 de los 40 años de la sentencia, en términos legales
ya no puede ser enjuiciado por los mismos delitos en Estados Unidos. Sin
embargo, sobre él pesan actualmente tres encausamientos judiciales en ese país.
Uno en el distrito federal de Tucson, Arizona, por nueve cargos relacionados con
el tráfico de mariguana. El segundo en el distrito federal Oeste de Los Ángeles,
California, con un cargo por distribución y tráfico de cocaína y mariguana, y otro
por la posesión de sustancias controladas.
El tercer encausamiento, en el cual se sustentó la ahora prescrita solicitud de
extradición a Estados Unidos, se encuentra en el distrito federal del Centro de
California, por más de 30 delitos federales.
Entre los cargos pendientes en esta Corte federal contra Caro Quintero destacan:
asesinato de un agente federal (Camarena), secuestro, tortura, fraude, cohecho,
tráfico de drogas, crímenes violentos y posesión de sustancias prohibidas.
Herida abierta
Arrestado el 4 de abril de 1985 en San José de Costa Rica como parte de un
operativo de la DEA, Caro Quintero es un criminal que marcó la lucha de Estados
Unidos contra el narcotráfico en México.
Una vez que el capo salió de México tras el asesinato de Camarena, la DEA
comenzó a filtrar a los medios de comunicación de su país los nombres de
funcionarios, políticos y militares corrompidos por el narcotráfico. Desde entonces
la exhibición de gente del poder en México coludida con los cárteles forma parte
de la estrategia de la DEA.
Con la llegada del priista Peña Nieto a la Presidencia, las operaciones de la DEA
en México han sido prácticamente paralizadas como consecuencia del elevado
nivel de infiltración de esa y otras agencias en los asuntos nacionales, autorizadas
por Felipe Calderón durante todo su sexenio.
Caro Quintero es una herida abierta para la DEA: le recuerda constantemente el
gran problema de la impunidad que gozan los narcotraficantes y su capacidad
corruptora. Por ello, hasta antes de que saliera libre, el gobierno estadunidense
continuaba dirigiendo acciones legales en su contra.

14. El pasado 12 de junio el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina para el
Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), aplicó sanciones a
un nutrido grupo de personas y de empresas de Guadalajara, ciudad en la que
junto con El Azul, entre otros narcos, Caro Quintero fundó su cártel a mediados de
los años setenta del siglo pasado.
“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red de familiares y otras personas como
frentes para invertir su fortuna en compañías legítimas de bienes raíces en la
ciudad de Guadalajara”, informó el Departamento del Tesoro cuando explicó por
qué se congelaron los bienes y las cuentas de los sancionados en su jurisdicción y
se prohibió a ciudadanos y empresas de Estados Unidos hacer negocios con ellos.
Los designados como cómplices más significativos del antiguo capo fueron sus
cuatro hijos (Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán Caro
Elenes), su esposa María Elizabeth Elenes Lerma, su nuera Denisse Buenrostro
Villa; su secretario Humberto Vargas Correa, así como José Jesús Sánchez Barba
y Mauricio, José de Jesús y Diego Sánchez Garza.
Igualmente se señaló a Beatriz Garza Rodríguez, Hilda Riebeling Cordero, Ernesto
y Rubén Sánchez González, Michael Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y a
Luis Cortés Villaseñor.
Entre las empresas sancionadas por operar como frentes de lavado de dinero de
Caro Quintero se enlistó a la gasolinera ECA Energéticos, El Baño de María,
Zapatería Pronto, Hacienda Las Limas, Grupo Fracsa y Dbardi, Grupo Constructor
Segundo Milenio, Restaurante Bar Los Andariegos (o Barbaresco) y Piscilánea (o
Albercas y Tinas Barcelona).
Consultados sobre la posibilidad de que la DEA presente una nueva solicitud para
extraditar a Caro Quintero, funcionarios de Estados Unidos y de México
coincidieron en que una alternativa viable sería fincarle cargos de lavado de
dinero, fraude y cohecho.
Aclaran que esa solicitud debe contener acusaciones concretas con fechas y
nombres de todos los involucrados. El ya citado funcionario de la PGR enfatiza:
“Lo que no podrá evitar el gobierno de Estados Unidos es que Caro Quintero apele
a cualquier solicitud de extradición en su contra. Hay voluntad por parte de nuestro
gobierno de arrestarlo nuevamente y extraditarlo, siempre y cuando la nueva
acusación sea bastante sólida”.
Hasta la noche del viernes 9, representantes de la PGR se reunían con
funcionarios de la embajada estadunidense en México para determinar la
estrategia que seguirán en torno al caso Caro Quintero.
En cuanto a Ernesto Fonseca, las fuentes consultadas afirmaron que no será
solicitado en extradición por Estados Unidos, ya que su salud es extremadamente
precaria. l

15. Como un animal salvaje
Julio Scherer García
Lejos ya del papel de capataz de los cerca de 7 mil jornaleros que participaban en
las tareas relacionadas con el tráfico de drogas desde el rancho El Búfalo, Rafael
Caro Quintero, quien decía hallarse “jodido” y estar “hasta la madre” tras 17 años
de prisión, admitió que era “enamorado de tiempo completo”, que era rebelde
desde pequeño porque le resultaba “muy difícil acatar órdenes”, y que tanto él
como sus hermanos le tenían miedo a la gente. “Es mala comparación pero
éramos como animales salvajes”, dijo en la entrevista que se reproduce enseguida
y que se publicó en el libro Máxima Seguridad, de Julio Scherer García.
Rafael Caro Quintero es un zombie. Dejó de vivir. Calada la gorra beige hasta las
cejas, corre vueltas y vueltas alrededor del patio. No altera el paso, rítmicos los
movimientos, perfectos. El cuello permanece inmóvil y el cuerpo carece de
expresión. Nada lo detiene, nadie lo interrumpe.
Desde los centímetros abiertos de una ventana horizontal de vidrios como acero,
le grito:
–¡Rafael!
Sé que me escucha. Sigue.
De nuevo:
–¡Rafael!
Sigue.
Otra vez.
Apenas se detiene. Me reconoce.
Hace casi veinte años el país se asomó al escándalo del narco. Fue denunciado
“El Búfalo” como una extensión inmensa sembrada de marihuana. El capataz era
Caro Quintero, con dominio sobre siete mil jornaleros. Las crónicas de la época
afirmaron que se trataba de mano de obra envilecida. Sueldos ínfimos y vigilancia
perruna alrededor de sus barracas.
Los tráilers con droga circulaban por la carretera al norte como un automóvil en
una vía desierta. Personas importantes estaban detrás del gran negocio. De otra
manera costaría trabajo explicarse la impunidad imperante en aquella región de
Chihuahua.
Se supo entonces de la vanidad de Caro Quintero. Millonario, apuesto, personaje
inédito que rozó la leyenda, fue tema de corridos. Caro Quintero daba entrevistas y
se gozaba con sus fotografías en los periódicos. Su sonrisa, anchos y fuertes los
dientes, se correspondía con la de un actor.
–¿Qué piensa del narco, Rafael?
–A estas alturas no sé ni qué contestarle. Voy para 17 años preso. Es malo por
tanto vicio con la juventud. Creo que ahora está más arraigado con la gente. En
aquel tiempo no éramos viciosos. Yo no le pegaba a nada.
–¿Y los demás?
–Pues que yo haya visto, no. En aquel tiempo no era el desmadre que es ahora.

16. No había esos pleitos de hoy, eso de cártel contra cártel.
–¿Se pensaba inocente?
–No le voy a decir que era inocente. Tenía veintitantos años. La necesidad y la
falta de estudios me hicieron meterme. Era y soy muy pobre. A estas alturas ya
está uno acabado. Ahora ya no somos las personas que caímos.
–¿Perdió todo?
–La mayoría de mis cosas.
–¿Qué tenía?
–Unos ranchos, bastante ganado, todo me decomisaron.
–¿Cuántos ranchos?
–Seis.
–¿Y ganado?
–Como cinco mil cabezas. Era muy bueno. Tenía Indobrasil, Angus, Bravo.
–¿Para quién trabajó?
–Para nadie.
–¿Trabajó para Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa? Miles de jornaleros
estaban bajo sus órdenes y había soldados en “El Búfalo”.
–Para nada. Yo no tengo relación con toda esa gente.
–¿De qué complicidades se valió para hacer tanto como hizo?
–A puro valor. A puro valor tonto, porque no era otra cosa. Nada más ir por allí
para ver si pegaba, ¿me entiende?
–No, no entiendo.
–A ver si se podía. Pero yo no estaba bien con nadie, con ningún policía.
–¿Y cómo pasaban los tráilers de un lado para otro?
–En aquel tiempo no estaba tan duro como hoy. Y sobre cosas así no me gustaría
tocar el tema.
–Cuente.
–No tengo que contar sobre eso. Yo empezaba.
–¿Y hubiera seguido?
–No sé qué habría pasado.
–¿Saldrá de Almoloya?
–Pues si Dios quiere. Tengo muchas esperanzas. Tengo que salir. Tengo una
familia que me está esperando. Tengo que ayudarle a mi esposa con mis hijos.
–¿Cuántos?
–Cuatro.
–¿Sólo cuatro?
–Hay otros cuatro por fuera.
–¿Reconoció a los ocho?
–A la mayoría. Aquí es complicado porque sólo pueden entrar doce personas. Mi
esposa, mis cuatro hijos, mi mamá, mi suegra y mis cinco hermanas. A mis
hermanas les es difícil venir acá. Las atacan por la prensa, la tele, por todos lados.
–¿Recuerda a Julia Sabido? Trabajaba con el doctor Alfonso Quiroz Cuarón y a
usted le hizo el examen psiquiátrico cuando ingresó al Reclusorio Norte.
No la recuerda.
–Yo le pedí que me mostrara el estudio psiquiátrico que hizo sobre usted. Me

17. respondió que no. Era confidencial. Le pedí entonces que me dijera cómo es Caro
Quintero.
–Muy bronco, le debió haber dicho.
–“Es un hombre muy sensual. Yo le diría que es un sexo que camina, duerme,
sueña, platica”. ¿Es usted así?
–Pues no le sé decir.
–Pues dígame.
–Pues yo no sé de esa palabra.
–¿Es usted un enamorado de tiempo completo?
–Para qué le voy a decir que no.
–¿Nunca se detuvo?
–La verdad, no.
–¿Quería usted el billete para las mujeres?
–Yo ayudé a mucha gente pobre, necesitada, nomás que se me hizo un
escándalo, un caso político.
–¿Por qué el escándalo?
–Sería porque cayó mucha gente al mismo tiempo. Cayó Fonseca, caí yo y se hizo
un gran mitote.
Vuelve al pasado.
–En el Reclusorio Norte se nos dio la oportunidad de arreglar una “íntima”. En el
dormitorio donde estábamos metimos una sala y acondicionamos nuestro espacio.
Hacíamos talacha diaria y el piso relumbraba. Los muchachos y yo lavábamos con
jabón, con pino. Teníamos refri y tele. El módulo era precioso.
–¿Tenían botellas?
–No, pero nosotros preparábamos la comida. Teníamos cocina.
–¿Invitaban a las muchachas?
–Venían algunas novias. Y una vez, cuando se casó uno de los muchachos,
tuvimos música que él llevó.
–¿Cuánto le dieron al director para que permitiera la música?
–Era una boda. El novio hizo los preparativos y habló con el director. Le dieron el
permiso. La música duró cinco o seis horas.
–Tenían la cocina, la íntima, su propia celda. ¿Qué más tenían?
–La íntima se compartía entre los seis que éramos. Un día cada quien. Un
dormitorio lo dividimos en dos partes. En una estaba mi compadre Fonseca y su
gente, y la otra me tenía a mí con mi gente.
–Me dijo que Fonseca está muy jodido.
–Así estamos todos. Yo ando mal de la próstata, traigo una colitis que no me la
pueden quitar por los nervios.
–Ésta es una cárcel que se hizo como un filtro. Una cárcel de pasada. Nos iban a
tener un tiempo y conforme fuéramos evolucionando nos iban a mandar a nuestro
lugar de origen o de donde viniéramos. Cuando llegamos nos aseguraron que
nuestra estancia sería por seis meses. Yo en tres días tengo nueve años aquí. Ya
no aguanto. Aquí no pueden venir mis sobrinos ni un amigo, nadie fuera de la lista.
Para incluir a uno nuevo hay que borrar un nombre de los originales.
“Mi madre anda cerca de los setenta años, cansada de estar viniendo. Ésta es una

18. cárcel muy dura que te afecta mentalmente, te afecta la vista, los órganos, poco a
poco. Los medicamentos salen más caros que la comida. Padezco también de la
vista y tengo una hernia. Cuando llegué me dieron medicamentos controlados. No
los quería tomar. Nunca había tomado pastillas. ¿Cómo se llaman? Psicotrópicos,
¿no?
“Los psicotrópicos me dejaron una depresión que olvídese, una tristeza que no se
la deseo a nadie. Se pone uno totalmente triste, sin ánimos, no quiere ver a nadie,
sin ganas de nada.”
–¿Ni de la esposa y los hijos?
–De nada. Cuatro años estuve corriendo diario, diario. Hacía otros ejercicios.
Jugaba mucho volibol. Dije: “Ya nos van a cambiar, ya mero, espérate, tranquilo”.
Y nada. Me puse a correr otra vez. El mes que entra tengo otros tres años
corriendo diariamente.
–¿No le aburre correr?
–Estoy hasta la madre. La cárcel es un campo de concentración. Cuando me
trajeron a Almoloya mandé a mi abogado, Efraín García Ramírez. Hizo un estudio
de esas prisiones que son parecidas a ésta: el sesenta por ciento se suicidó y el
otro cuarenta por ciento quedó todos locos.
“En las cárceles francesas había terroristas, gente de ese tipo. Aquí cuánta gente
no se ha ahorcado, se ha muerto. Uno oye nada más. Yo tenía un amigo que vivía
con nosotros en el módulo y nos llevábamos muy bien. Se llamaba Jorge Zaid
Aparicio. Un compañero y yo fuimos a los servicios médicos. Oyó que ahí
estábamos y nos gritó. Dijo que ya no aguantaba, que estaba muy malo y que no
sabía qué tenía. Se lo llevaron a Santa Marta, su familia lo sacó y lo trasladó a un
hospital. Hace unos 20 días nos dijeron que había muerto. Aquí te dejan ir cuando
ya no hay nada que hacer.”
–¿Son frecuentes los suicidios?
–Tengo 47 años y no cualquiera aguanta esta cárcel. Mire cómo traigo el pelo.
Aparte de mi familia, tenía como nueve años sin hablar con nadie. Ya no coordina
uno una conversación, ya no enlaza igual que antes, cuando estabas en un
reclusorio donde había mucha gente. Aquí tiene uno el teléfono tres veces al día,
diez minutos. Y hay que estar pendiente de los hijos. Ahí van. Ya se recibió el
mayor en administración de empresas. La segunda se recibe en mercadotecnia, si
Dios quiere, en mayo. El que sigue lleva dos años en medicina. Con el que estoy
batallando es como un carajo, porque es gordo. Tiene 18 años.
–No hace ejercicio.
–Ni un carajo. Pesa ciento y tantos kilos y traemos pleito porque no hace la dieta.
Ayer le dije a mi esposa que le quitara el carro.
–¿Se tiene autoridad frente a los hijos estando aquí?
–Pienso que sí. Tuve suerte con ellos y quiero que se fijen en mí para que no se
me descarrilen. Tanto año yo sufriendo aquí, que ellos no me vayan a hacer una
tontería. Por necesidad, por vaquetones, por lo que sea.
–Por las señoras.
–No pensaba en eso. Mis hijos llevan una carrera limpiecita.
–El gordo no tanto.

19. –El gordo también.
–¿De veras tiene autoridad sobre sus hijos?
–Hace dos o tres años, en junio, les pregunté a los dos más chicos: ¿Pasaron los
exámenes? ¿Seguro? No me echen mentiras. Pidieron permiso para ir al rancho
en Sinaloa, donde nací. Ahí tengo caballos. Le dije a su mamá que fuera a la
escuela a averiguar. Uno reprobó tres materias, el otro dos.
“Llegando a Culiacán con su otra abuela, ya tenían orden de regresarse a
Guadalajara y hablar acá, conmigo. Ya tenía un tiempecito de quererlos mandar a
un colegio militar. ‘Como ustedes me echan mentiras, yo también voy a ser cabrón
con ustedes. Me están engañando, los voy a chingar’. Los mandé por un año a un
colegio militar durísimo en San Luis Missouri. Uno volvió malo de la presión, con
ciática. Han tenido una mamá muy buena.”
–Me dicen los choferes, allá afuera, que su señora es muy guapa.
De pronto, Caro Quintero me desconcierta. Algo le da vueltas en la cabeza, se fue
lejos.
–¿Cómo me dijo que se llamaba?
–¿Quién?
–Julia, Julia qué.
–Julia Sabido.
–¿Qué le dijo? A ver, ¿cómo? Me levantó el ánimo con eso.
–“Julia, usted le hizo el examen psiquiátrico a Caro Quintero. Por qué no me lo
muestra”. Fue imposible. El estudio era confidencial. Bueno, Julia, ¿cómo es Caro
Quintero? No me dijo es un sexo. Me dijo: “Es una verga que camina, corre,
sueña, se alimenta, vive”. Así más o menos. ¿De qué se ríe?
–De eso que me está contando.
–¿Así era usted?
–Yo creo que sigo siendo igual.
–¿Igual, igual?
–No me gusta el pelo blanco.
–No le queda mal. Es usted cobrizo, de una piel brillante.
–Desde muy joven soy canoso. Decían los periódicos que me pintaba rayos.
(También decían que pagaba a un masajista en el reclusorio para que le limpiara
la cara de barros y espinillas.)
–¿Cómo era usted cuando era bronco?
–Era rebelde. Se me hacía muy difícil acatar órdenes, hasta de mis padres. Me
cuereaban mucho de chiquito. Yo soy de una sierra. No entraban los carros, era
un barranco donde vivíamos. Cuando oíamos el ruido de las bestias o de los
perros era que iba a llegar gente. Mis hermanos y yo corríamos al monte.
–¿Por qué?
–Le teníamos miedo a la gente. Es mala comparación pero éramos como animales
salvajes. L

20. Hay que aprender a sobrevivir...
Mathieu Tourliere
El periodista Jesús Lemus Barajas, injustamente preso tres años en el penal de
máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, vivió de cerca los últimos días de
Rafael Caro Quintero en esa cárcel de “exterminio”, cuya altas paredes “poco a
poco, con el paso de los días van devorando las leyendas” de quienes ahí son
encerrados.
Acusado por el gobierno de Felipe Calderón de delincuencia organizada –cargo
del que fue absuelto–, Lemus dejó testimonio de su paso por dicho penal en el
libro Los malditos. Crónica negra desde Puente Grande (Grijalbo, 2013), donde
relata los días que convivió con sentenciados famosos, entre ellos Rafael Caro
Quintero, uno de los jefes del narcotráfico en México hasta mediados de los
ochenta.
Lemus relata en su libro que la primera vez que lo vio fue en el área del locutorio
del Centro de Observación y Clasificación: “Cuando escuché que lo llamaron... la
inercia de la curiosidad me condujo a levantar la cabeza para ver la figura que
caminaba a sólo dos metros de mí.
“Ni rastros de aquel joven acusado de narcotráfico cuyas imágenes dieron a
conocer los noticiarios de 1985, en los cuales resaltaban sus pequeños ojos
negros, abundante cabellera oscura y un bigote desplegado a todo lo ancho de su
boca. Ahora era un individuo delgado, alto y encorvado, con el peso de los años
en la cárcel claramente cargado en los hombros, con la espalda dando muestras
de cansancio y la típica rigidez muscular de los presos que así manifiestan todo el
odio contenido en el cuerpo. El pelo, aunque muy corto, tupido de canas.”
A finales de 2008 Lemus fue asignado a la zona de “población” del penal, en la
celda 149 del pasillo 2B del módulo uno. La celda 150 era la que ocupaba Caro
Quintero. Fueron vecinos hasta el 30 de mayo de 2010, cuando el fundador del
Cártel de Guadalajara –acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique
Camarena– fue trasladado a una cárcel de mediana seguridad, también en Jalisco.
En su libro, Lemus lo describió como un preso solitario, discreto, disciplinado y a
esas alturas de su vida un apasionado de la historia revolucionaria mexicana.
“¿No le gusta jugar voleibol, Don Rafa?”, le preguntó un día. El exnarcotraficante
estaba sentado sobre la banca pegada a la cancha desde donde solía observar
los partidos de los prisioneros.
“No me gusta perder, por eso prefiero no jugar. Me siento más a gusto”, le
contestó en una de las conversaciones que tuvieron en “la oficina”, como el propio
Caro describía esa banca que siempre ocupó.
“Lo conocí cuando tenía 56 años de edad y casi 24 de estar en prisión. Recluido
poco menos de la mitad de su vida. Siempre bajo una estricta vigilancia del Estado
por ser considerado el capo más grande del narcotráfico, en parte por la presión
ejercida por el gobierno de Estados Unidos y en parte por la fama que le crearon
los medios”, escribió el periodista.

21. Fama indebida
“–A mí los periodistas me hicieron la fama más grande de la debida –me dijo un
día que le platiqué que yo era reportero– y me pesa mucho. Hablaron de mí hasta
más no poder. Nadie se los podía impedir. Yo realmente no tengo nada que
contarles. Lo que he vivido es mi vida. Y esa parte es mía.
“De esa vida, 24 años los pasó en prisión, casi siempre en penales federales.”
“Saldrían cientos de libros si yo me pusiera a escribir lo que me ha tocado vivir”, le
dijo alguna vez a Lemus.
“Oiga, Don Rafa, ¿es cierto que usted ofreció una vez pagar la deuda externa de
México?”, le preguntó el periodista en una ocasión.
“No. Nunca dije que pagaría la deuda externa, eso es fama que me hicieron. Eso
salió de una plática que sostuve, ya estando detenido, con un agente del Ministerio
Público que me preguntaba por mis propiedades y yo por salir del paso le dije que
tenía hasta para pagar la deuda externa.
“–¿Nunca habló con el presidente de la República?
“–No. Todo eso es mentira, son puros cuentos de la gente que le gusta inventar
cosas... y más cuando uno está aquí, que no puede desmentir a nadie.”
Lemus contó que cuando Caro Quintero tenía ganas de conversar o comentar
algún tema que le interesaba –siempre de asuntos políticos o noticiosos del
momento–, él mismo llamaba al preso con el que quería dialogar y le hacía la
invitación a sentarse en “la oficina”.
Allí en su “oficina” muchas veces hablaron de temas históricos. “Había leído todos
los libros de historia de la biblioteca del penal”, contó el reportero en su libro.
“Rafael Caro Quintero era de pocas palabras, cualquier diálogo que se le buscaba
lo concluía en forma rápida, con frases concretas, bien explicadas, opiniones
certeras, conceptos muy claros. Nunca dejaba ideas sueltas en el aire ni
expuestas a la libre interpretación.­
“Nunca lo vi reunirse en grupo. Siempre que buscaba diálogo lo hacía con una o
dos personas, máximo. Era muy discreto al hablar, ni una mala palabra salía de su
boca. Jamás le escuché comentar temas de narcotráfico o delincuencia, como se
estilaba entre otros internos que buscaban notoriedad y respeto dentro del penal.
“Era disciplinado, siempre guardaba la compostura. Entre los internos se le quería
por ser un preso nada conflictivo, una persona que se alejaba de los problemas y
que además cada que podía evitaba que los demás tuvieran conflictos y trataba de
ayudarles.”
Lemus aseguró que Caro Quintero era el preso más “distinguido” de Puente
Grande: “Él era uno de los más queridos ahí. Si no fue el más famoso de todos los
que han estado en ese penal, sí compite en popularidad y en muestra de afecto de
la población carcelaria con el propio Chapo Guzmán, no obstante el carácter
reservado y callado que siempre manifestó el que fuera detenido en Costa Rica”.
Relató otro diálogo que tuvo con el sinaloense una vez que estaban formados para
regresar del patio a la estancia: “Chuyito, le voy a dar un consejo. Ojalá no me lo
tome a mal, pero si quiere sobrevivir a la cárcel y no volverse loco necesita mayor
convivencia, no debe aislarse ni mantenerse en una orilla del patio.

22. “Hágalo. Se va a sentir menos triste y se le va a pasar más rápido el día, porque
los primeros meses de la cárcel son lo más duro para el hombre.
“–¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, Don Rafa?
“–Llevo toda una vida aquí –dijo en tono de broma–; ya veo a los guardias y a los
presos como si fueran de mi familia. La mayoría de estos años los he pasado en
cárceles federales, así que ya se puede imaginar todo lo que han presenciado mis
ojos de preso.”
Jesús Lemus afirmó que a Caro Quintero la disciplina de la cárcel le formó el
hábito del deporte: “Siempre solitario corría sin descanso más de una hora, la
mayor parte de las veces trotando para cerrar a toda velocidad, sin importar que el
ejercicio físico en Puente Grande se permitiera sólo a las cuatro de la tarde,
cuando el sol caía a plomo”.
Pecador
La práctica abierta del culto religioso es la única actividad opcional para los presos
de Puente Grande. La mayoría es católica. En una ocasión, escribió Lemus, un
cura incauto habló sobre el pecado y la maldad que existen en el hombre.
“Deslizó su convencimiento de que los presos tenían que pagar de alguna forma el
daño cometido, dando por sentada la culpabilidad de todos los que estaban en
proceso. La aseveración del religioso exacerbó los ánimos de algunos asistentes
en aquella pequeña aula, pero la voz de Caro Quintero permitió que los exaltados
volvieran a la tranquilidad, recordando la buena fe del sacerdote y los riesgos de
hablar sin conocer cada caso particular de los que estábamos recluidos.
“–Oiga, padre –le dijo Caro–, si el pecado es algo que todos los hombres tenemos,
¿qué diferencia hay entre usted y yo?”
“–¿Usted es firme creyente, Don Rafa? –le pregunté a los pocos días de ese
episodio.
“–Creo en Dios, como la mayoría.
“–¿Cree usted que Dios perdone nuestros pecados?
“Ante la pregunta volteó la cabeza lentamente y se me quedó mirando con
aquellos minúsculos ojos negros que parecían sostener las dos largas, espesas y
negras cejas. Me observó con algo de curiosidad y esbozó una leve sonrisa.
“–Sí, lo creo, pero antes hay que ganarse el perdón. Aquí estamos pagando todos
los pecados que cometimos.
“–¿Usted ha cometido muchos, Don Rafa? –me arriesgué a preguntarle.
“–Aquí estoy pagando lo que me comí –me contestó con un tono de sarcasmo que
reforzó con una naciente sonrisa en sus labios.
“Un día de principios de junio de 2009 Rafael Caro Quintero regresó del juzgado
caminando despacio –como siempre–, con la cabeza y la mirada hacia abajo,
pensativo; más absorto que de costumbre en sus reflexiones. Encerrado en la
fortaleza de ese silencio que nadie se atrevía a tratar de penetrar.
“Algunas horas después se supo que tras 24 años de proceso por fin había
recibido sentencia. Él nunca habló de lo que le leyeron en el tribunal, pero la
versión entre los presos pronto se expandió, gracias a los oficiales que

23. atestiguaron la lectura del veredicto: le habían dado 40 años de prisión.”
Pero cuatro años más tarde, la madrugada del 9 de agosto de 2013, salió en
libertad porque un tribunal federal con sede en Jalisco consideró que ya había
purgado sus delitos. L

24. Caso Álvarez Machain: hasta donde llega la rabia de Washington
Carlos Puig
Con la liberación de Rafael Caro Quintero la madrugada del viernes 9, luego de 28
años de reclusión, se revive el caso de Humberto Álvarez Machain, el médico
jalisciense que fue raptado en su consultorio de Guadalajara y extraditado a
Estados Unidos por agentes de la DEA a principios de abril de 1990 por su
presunta participación en la muerte del agente de esa corporación Enrique
Camarena Salazar. El desaguisado se prolongó hasta el 14 de diciembre de 1992
y puso en peligro las relaciones entre México y Estados Unidos. Proceso recupera
un texto alusivo al caso, el cual se publicó en su edición del 23 de abril de 1990.
WASHINGTON, DC.- Desesperados por cinco años de investigación, presiones,
denuncias y rencores acumulados, que no han resultado en encarcelamiento en
Estados Unidos de los autores intelectuales del asesinato de su compañero
Enrique Camarena, los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) se
saltaron las trancas protocolarias e hicieron traer de México al médico Humberto
Álvarez Machain, acusado de haber tratado al Kiki Camarena con inyecciones de
lidocaína para que su corazón resistiera mientras era torturado e interrogado por
sus captores y luego asesinos.
La acción policiaca, sin embargo, podría costarle a la DEA la tan celebrada buena
relación de trabajo e intercambio de información que tiene con la Procuraduría
General de la República (PGR), desde la toma de posesión de Carlos Salinas de
Gortari.
Mientras que la protesta mexicana y la aparente incertidumbre de las altas
autoridades estadunidenses han provocado que se levante una cortina de humo
acerca de las particularidades del arresto del doctor Álvarez, las versiones del
hecho se multiplican:
Su abogado dice que los autores fueron agentes judiciales; su esposa los describe
como tres mexicanos y “otro con apariencia de extranjero”; la DEA promete una
investigación para saber qué sucedió el mediodía del 2 de abril (de 1990),
mientras la cancillería mexicana califica los hechos como “posible secuestro” y
“enérgicamente” exige explicaciones. A su vez, el presidente Salinas de Gortari
declaró el 18 (de abril) que “actuaremos con energía contra quienes,
combatiéndolos (a los narcotraficantes), violen leyes y derechos humanos, se trate
de nacionales o extranjeros”.
Hasta el momento la versión más extensa ha venido de Elaine Shannon, reportera
de la revista Time, autora del libro Desperados, sobre el caso Camarena, y
periodista consentida de la DEA, que en otras ocasiones le ha dado primicias y
adelantos de las acciones de la fiscalía de Los Ángeles.
Por ella se sabe que Álvarez Machain fue llevado a El Paso, Texas, en un
pequeño avión privado, custodiado por tres hombres que se identificaron como
policías; que el arresto lo hizo el agente especial de la DEA y coordinador de la
Operación Leyenda II, Héctor Berrellez, quien trasladó al prisionero a Los Ángeles.

25. Poca luz da Shannon respecto a los autores materiales del secuestro en
Guadalajara, a los que califica de un “equipo sombrío” al que la DEA habría
pagado 100 mil dólares.
Proceso confirmó que, en efecto, la operación para llevar a Álvarez Machain ante
la justicia estadunidense se realizó con dinero del PIPE (Paid Information, Paid
Enforcement), un fondo especial de la DEA para pagar a los informantes y algunas
operaciones en que se necesita colaboración de individuos ajenos a la agencia.
Un día antes de que la embajada mexicana en Washington pidiera explicaciones al
Departamento de Estado sobre la operación, el procurador general de Estados
Unidos, Richard Thornbourgh, dijo en conferencia de prensa, antes de partir a
Ixtapa, que había “pedido que se realizara una investigación interna con el fin de
conocer los detalles de la operación y si todo está en orden y de acuerdo con la
ley”.
El procurador explicó también los detalles legales que implica un arresto
extraterritorial. Reafirmando la política estadunidense de traer frente a su justicia a
quien haya infringido la ley, señaló que desde diciembre de 1989 las cortes
estadunidenses dieron autorización a los agentes estadunidenses del FBI y de la
DEA para que hicieran arrestos de narcotraficantes y terroristas en el extranjero.
También recordó la más reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos respecto al caso del mexicano René Verdugo Urquídez,
sentenciado en Los Ángeles por el caso Camarena, en el sentido de que la leyes
estadunidenses no son extraterritoriales, por lo que un arresto, redada o
allanamiento ilegales en el extranjero no son factores para desistir de la causa
persecutoria, ya que fuera de Estados Unidos, según argumentó la Corte, no rige
la cuarta enmienda constitucional estadunidense que haría que cualquier
irregularidad en la aprehensión invalidara el juicio.
Las justificaciones
El 20 de abril, el vocero del Departamento de Justicia, anticipando el informe de la
DEA a Thornbourgh, advirtió que “aun si el arresto de Álvarez Machain fuese
ilegal, el prisionero no sería regresado a México”.
La DEA ha guardado silencio sobre el asunto y aclarado únicamente que “no
acostumbra pagar a extraños para hacer arrestos”, aunque así lo hayan hecho con
Verdugo Urquidez cuando corrompieron a policías judiciales estatales que llevaron
al socio de Caro Quintero al otro lado de la frontera.
Las presiones sobre la DEA para que entregue un informe preciso de lo ocurrido el
2 de abril en Guadalajara, del Departamento de Justicia y del Departamento de
Estado, viene en el momento en que el Senado está revisando la trayectoria de
Terrence Burke para ratificarlo como director de la agencia, después del retiro de
Jack Lawn hace un mes.
En Los Ángeles, mientras tanto, Álvarez Machain fue presentado por primera vez
ante la Corte, donde se le fijó el 1 de mayo como fecha tentativa para iniciar el
juicio, la misma que a Rubén Zuno Arce, acusado en Los Ángeles de complicidad
en el asesinato cometido por Caro Quintero y quien también ha denunciado

26. irregularidades en su aprehensión y proceso.
Extrañamente para su costumbre, el fiscal federal Manuel Medrano prefirió no
hablar a la prensa del irregular arresto que junto con un eventual desistimiento del
caso contra Zuno Arce, por falta de pruebas, lo dejaría mal parado.
El médico jalisciense y su abogado, Robert Steinberg, dijeron en su primera
presentación ante la Corte, que el 3 de abril tres hombres que se identificaron
como policías judiciales federales arrestaron a Álvarez, supuestamente por haber
realizado abortos ilegales; de su casa lo llevaron al aeropuerto y apareció en El
Paso. La mujer de Álvarez Machain denunció que los tres hombres iban
acompañados de uno “que parecía extranjero”.
Steinberg, desde Los Ángeles, afirma que la defensa exigirá que se llegue al fondo
del asunto y que se considere ilegal el arresto de su cliente, quien ya se ha
declarado inocente.
La PGR desmintió, en su comunicado 260/90 del 16 de abril, “que elementos de la
Policía Judicial Federal hayan intervenido en su aprehensión (de Álvarez Machain)
y posterior traslado a Estados Unidos”.
La PGR afirmó desconocer en qué condiciones viajó el médico a El Paso, Texas.
La embajada de México en Washington presentó una “enérgica nota diplomática
solicitando información” sobre el lugar y las condiciones en que fue aprehendido el
ciudadano mexicano. Según la embajada, el gobierno mexicano abrió una
investigación sobre el “posible secuestro y traslado ilegal del doctor Álvarez
Machain a territorio de Estados Unidos”.
Las contradicciones
El absoluto silencio de las agencias y del gobierno estadunidense, desde que
estalló el escándalo, se debe a que, según fuentes del Departamento de Justicia,
toda operación en el exterior debe ser acordada con el Departamento de Estado y
la oficina del procurador, consultas que, según parece, la DEA prefirió no hacer
esta vez.
La ya tensa situación entre el Departamento de Estado y la DEA, provocada, entre
otras cosas, por la multiplicación de agencias que se han creado para combatir el
narco y por la sujeción de las acciones policiales a la política exterior
estadunidense para hacerlas selectivas, se ha visto afectada por la operación
contra Álvarez Machain.
De esta tensión es testimonio Deep Cover (Encubrimiento), el best seller escrito
por el exagente de la DEA Michel Levine. Con el eslogan “la historia de cómo la
incompetencia, los líos internos y otros subterfugios de la DEA nos hicieron perder
la más grande batalla en la guerra contra las drogas”, Deep Cover es el relato de
la operación de la DEA en México y Bolivia que dio como resultado, el año pasado
(1989), el arresto de cuatro mexicanos y tres bolivianos que pretendían introducir
cocaína en grandes cantidades a Estados Unidos.
En esa operación, de la que Levine fue coordinador de la DEA, también se logró
girar una orden de aprehensión, aún pendiente, contra el general mexicano Juan
Poblano Silva y el teniente Salvador de la Vega, supuestos protectores de los

27. narcos.
Según Levine, la DEA y el Departamento de Aduanas tenían en sus manos
pruebas fehacientes para acusar también a Juan Arévalo Gardoqui, exsecretario
de la Defensa, al igual que a varios funcionarios y militares bolivianos
supuestamente involucrados en el tráfico de drogas.
Dice el exagente de la DEA que gracias a los “trajes”, como se llama a los
funcionarios del Departamento de Estado y otros altos funcionarios de la política
exterior estadunidense, la DEA tiene que cuidarse de a quién atrapa y a quién
arresta.
De acuerdo con Levine, “la DEA y Aduanas están tan mal administradas,
desorganizadas, son tan negligentes y acostumbran a rivalizar tanto en sus
operaciones conjuntas que la Operación Trifecta –símil de la Operación Saber, de
Aduanas– se enredó en un frenesí burocrático que dejó bailando a varios agentes
trabajando encubiertos, riendo a los reyes del narco y a los “trajes” de Washington
peleándose por el tiempo en televisión.
A lo largo del libro, que ha sido acremente criticado por la DEA, Levine relata sus
viajes a México y a Bolivia y cómo el Departamento de Estado se preocupaba de
los pasos de la operación. Después de tener las evidencias y haber hecho los
arrestos, no se permitió al equipo seguir.
Explica: “Los mexicanos han podido contar siempre con los ciegos ojos del
Departamento de Estado en todo lo que hagan, siempre y cuando no sea invadir a
California o Texas. Durante el furor después del asesinato de Camarena, México
también aprendió que podía contar con varios miembros del Departamento de
Justicia, como el procurador general Edwin Meese. México estaba cada vez
menos preocupado por la DEA, cuya nueva dirección, habían probado, es
totalmente ineficiente, se torcía con cualquier viento o en cualquier dirección que el
Departamento de Estado les ordenara”.
Continúa Levine para indicar que Charles Pilliod y hasta el jefe de la delegación de
la DEA en México, Edward Heath, “estaban tan aliados con los mexicanos y tan
embobados con las políticas blandas del Departamento de Estado, que
anunciaron, entre otros al general Arévalo, la operación que estábamos llevando a
cabo”.
Dice Levine que en México, desde el caso Camarena, dejarían a los mexicanos
hacer lo que fuera con tal de preservar la “especial relación” entre los dos países.

28. “El Pacto por México se resume en la privatización del petróleo”
Jenaro Villamil
Andrés Manuel López Obrador se lanza contra el gobierno de Peña Nieto, el PRI
y los partidarios de la privatización de Pemex: “Ellos ven el robo, el saqueo, como
algo normal. Y lo complementan con el cinismo”. “Estamos hablando del mejor
negocio del país. Es la preparación de un gran golpe, de un gran atraco”, sostiene
el tabasqueño en una extensa entrevista con Proceso. Añade que el Pacto por
México se resume en la privatización del petróleo; todo lo demás, dice, es
aderezo, y para cubrir el atraco pretenden reformar el artículo 27 constitucional.
La reforma al artículo 27 constitucional es lo que faltó durante 30 años de
privatizaciones para entregar la renta petrolera mexicana –“el negocio más grande
del mundo”–, advierte Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de
las izquierdas en 2006 y 2012 y principal convocante de la movilización social del
próximo 8 de septiembre.
En extensa entrevista con Proceso, López Obrador aporta cifras y expone su
propuesta alternativa. Niega que Pemex esté quebrado y rechaza que pueda
compararse con el modelo noruego. Cita incluso al magnate petrolero John D.
Rockefeller:
“En esencia, lo que quieren es robarse las utilidades del petróleo. No hay nada
que justifique la reforma del 27 (constitucional). Rockefeller decía: ‘El mejor
negocio del mundo es el petróleo’. Y el segundo mejor negocio del mundo ‘es el
petróleo mal administrado’. Ese es el caso de México. Por eso es la tentación. Se
quieren quedar con la gallina de los huevos de oro.”
Y agrega: “No se trata de una colonización mental. Es una enajenación por
codicia.
“Todos los integrantes de ese grupo se han convertido, para decirlo amablemente,
en negociantes; no son servidores públicos. Hablamos del actual director de
Pemex, Emilio Lozoya, exdirectivo de la empresa española OHL, pero el anterior
(director de la paraestatal Juan José) Suárez Coppel ya está trabajando en una
petrolera extranjera a la que le entregó contratos.”
López Obrador argumenta que el nivel de rentabilidad de la extracción de crudo en
México “es el más alto del mundo”: cuesta 10 dólares producir cada barril y se
vende a 100 dólares. Según sus cálculos, si no fuera por los gastos en contratos
de servicio, la extracción de cada barril podría costar sólo cuatro dólares. “Yo
considero que puede costar cuatro dólares, ahí traes 60% de sobreprecio por
corrupción”, advierte.
–¿Ese sería el objetivo de la figura de “producción compartida” que quieren incluir
en la iniciativa que presentará el Ejecutivo federal? –se le pregunta.
–Sí. Para explicarlo mejor: los que buscan quedarse con la renta petrolera no se
conforman con los 10 dólares por barril. Tengo información de que quieren 60
dólares por barril y dejarle 40 dólares a la nación. De ese tamaño es el hurto.

29. –El actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que si no hay
reforma a Pemex, en 2016 importaremos petróleo…
–Es un mentiroso. Tengo un informe oficial de Pemex que asegura lo contrario.
Desde luego son informes que les presentan a los inversionistas extranjeros. No
es cierto que Pemex esté quebrada como empresa.
Y aporta datos. Según un informe de la propia paraestatal, dice, ésta obtiene
ingresos por 125 mil millones de dólares anuales, así como utilidades por 77 mil
millones de dólares, el mismo nivel de ganancias de la petrolera Exxon, la más
grande del mundo. El informe, cuya copia tiene Proceso, fue elaborado en julio de
2012.
Continúa: “Es un negocio redondo. No es cierto que haga falta inversión si se
obtienen muchos recursos de Pemex. El problema es básicamente de orientación
del presupuesto. Está mal orientado y hay muchísimo despilfarro por los altos
salarios de la élite de la burocracia y los grandes lujos. Nada más como muestra
un botón: el avión de Peña Nieto costó 7 mil millones de pesos”.
Según el impulsor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), apenas el 11
de julio último Pemex Refinación entregó a la compañía española OHL un contrato
para la construcción de una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta,
Nuevo León, y 46 hectáreas de la recién cerrada refinería de Pajaritos fue vendida
al exbanquero Antonio del Valle.
“La privatización es un proceso. No olvidemos que en 1992 Salinas le entregó a
Antonio del Valle el Banco Internacional. Y ahora Peña le entregó Pajaritos para
hacer lo que debería estar haciendo el Estado: impulsar la industria petroquímica.”
–¿Prevén una movilización mayor a la de 2008 en la jornada que se iniciará el 8
de septiembre?
–No sé. Si llegan al Zócalo el 8 de septiembre es porque ya advirtieron el grave
peligro que significa la entrega del petróleo, que es entregar por entero la
soberanía. Si se modifica el 27, van a tener elementos los gobiernos extranjeros,
de acuerdo a las leyes internacionales, para decidir sobre el destino del país.
–¿Qué futuro tendrá el Pacto por México? –se le pregunta.
–Fue la envoltura para esto. El Pacto contra México, como lo rebautizamos, se
resume en la privatización del petróleo. Todo lo demás es aderezo. Estamos
hablando del mejor negocio del país. Es la preparación de un gran golpe, de un
gran atraco.
–Carlos Salinas también tenía formación e información y no se atrevió en su
sexenio a modificar el 27 constitucional. ¿Por qué estos políticos de Atlacomulco
están tan decididos a hacerlo?
–Porque están completamente enajenados y no tienen siquiera sentido histórico.
Te aseguro que Peña Nieto no ha leído el artículo 27 constitucional ni conoce la
historia de la Constitución.
“Peña es un personaje escenográfico, frívolo, incapaz de entender lo que son
estos procesos.”
–¿Incluso peor que Carlos Salinas, El Innombrable?
–Salinas es inteligente para la maldad, Peña es inconsciente.
–¿Le “hace falta calle”, como se dice, a ese tipo de políticos?

30. –Sí, nada más que lo que la vida no da, la Presidencia no presta.
El proyecto calderonista y el de ahora
Se le pregunta a López Obrador si ve diferencias entre el proyecto de 2008 y el
que pretenden impulsar ahora.
–¿Observa diferencias políticas y programáticas?
–Es el mismo proceso que han llevado a cabo en lo general desde hace 30 años.
Aplicando una política privatizadora en todo. No se podía entender la pretendida
privatización del petróleo de nuestros días sin el proceso que se ha llevado a cabo
desde 1993; porque ya estamos hablando de la parte final, de lo que no pudo
privatizar Salinas.
“Pemex es lo más codiciado, porque es el mejor negocio del mundo, por eso
mismo es una gran tentación.
“Ayuda mucho que ya la gente se haya dado cuenta de que las privatizaciones no
benefician ni al pueblo ni a la nación. Esa es una diferencia. Ya es más claro:
privatizar es sinónimo de corrupción, de despojo, de saqueo.
“También ayuda mucho que ya se ensayó en 2008. Y aunque avanzaron en el
propósito, no pudieron reformar el artículo 27 constitucional. Y ahora la tirada es
reformar el 27 para la privatización del petróleo. Si no lo logran, van a querer
seguir reformando leyes secundarias para alcanzar el mismo propósito, pero es
claro que el objetivo es la reforma al artículo 27 constitucional.
–¿Calderón fue ambiguo?
–No se habían atrevido a tanto.
–Los contratos de riesgo, ¿no tenían que pasar por una reforma al 27
constitucional?
–Debían de pasar por una reforma al 27 porque están prohibidos, pero lo han
venido haciendo con leyes secundarias desde la época de Miguel Alemán y se
reactivaron con Fox. Calderón, siendo secretario de Energía, entregó contratos
incentivados, que es prácticamente lo mismo, a Repsol para la extracción de gas
en la cuenca de Burgos y a Halliburton en Chicontepec.
–¿Por qué, para ellos, es necesario reformar el artículo 27?
–Es una presión del extranjero, porque las empresas extranjeras quieren
seguridad legal, quieren legalizar escrupulosamente el hurto, el saqueo, porque
con una reforma a leyes secundarias, contraria al 27, hay posibilidades de revertir
los contratos. Serían reversibles. Esto lo están pidiendo las compañías
extranjeras.
–¿Qué compañías en específico?
–Exxon, la Shell –que es El Águila–, y otras empresas: Repsol y OHL.
–¿Por eso está Emilio Lozoya Austin en Pemex? ¿Cómo es esa relación?
–El actual director general de Pemex fue miembro del Consejo de Administración
de OHL, a la cual ya le entregó un contrato. Lozoya ya le entregó un contrato.
–¿En este periodo?
–Sí. Para una planta de hidrógeno.

31. La renta petrolera, “el gran negocio”
Insistente en el tema de la defensa de Pemex, desde sus inicios como político del
PRI y de la oposición en Tabasco, zona petrolera, López Obrador conoce el tema.
Lo apasiona.
“Yo nací en zona petrolera, mi padre fue petrolero. Llegó a Tepetitán trabajando
como explorador. Ahí conoció a mi madre. Y todo mundo sabe en el sureste que la
extracción de petróleo se hacía con una cuadrilla de 10 trabajadores: un técnico,
un jefe de pozo, un trabajador que se conocía con el nombre de ‘chango’, que se
colocaba arriba de la torre para la perforación, y tres o cuatro ayudantes de piso.
Eso era todo.
“Ahora ya no hay esos equipos de perforación de Pemex. Todo se contrata. Te
sale carísimo. Pero lo mismo sucede con la exploración. Llegamos a tener la mejor
tecnología a través del Instituto Mexicano del Petróleo. Las refinerías se hacían y
diseñaban por técnicos mexicanos. Abandonaron eso”, insiste, al tiempo que su
dedo índice toca la superficie de su escritorio.
López Obrador explica que existen tres componentes del negocio petrolero: el
costo de extracción del barril, la utilidad obtenida y darle valor agregado a la
producción con petroquímica y refinación:
“Actualmente hay un estimado de 10 dólares por barril. Debería costar cuatro
dólares si no hubiera la corrupción que hay en exploración y perforación. Estos
contratos están basados en un sobreprecio por los servicios que contrata Pemex
que, calculo, es de seis dólares de sobreprecio.
“Aun costando 10 dólares, se vende en 100. Son 90 dólares de ganancia por barril.
No hay ningún negocio en el mundo que deje esta utilidad. En este caso porque no
se le paga renta a la naturaleza. No es producir, es extraer.”
–¿Debería pagarse una renta al medio ambiente?
–Debería destinarse ese dinero al desarrollo y a la conservación del medio
ambiente, no a destruir la naturaleza; a buscar, por ejemplo, fuentes alternativas
de energía, porque el petróleo es un recurso no renovable.
“En fin, no existe nada de eso.”
En el caso del abandono de las refinerías y de la petroquímica, López Obrador
argumenta que en la importación de gasolinas “hay un negocio de 30 mil millones
de dólares para los que compran y nadie sabe, ningún mexicano sabe, aun
cuando existe el IFAI, quién compra la gasolina, a qué precio.
–¿No es Pemex quien compra?
–Sí, es un área de Pemex, pero entran intermediarios, al grado que nos cuesta
tres pesos por litro traer la gasolina del extranjero. Es tan jugoso ese negocio que
eso es, entre otras cosas, lo que impide la construcción de las refinerías.
–Con 30 mil millones de dólares se podrían construir tres refinerías.
–Así es. Por sentido común, si tienes la materia prima, por qué no le das valor
agregado, generando empleo en el país y obteniendo más utilidades.
“Mientras no se vendió petróleo crudo al extranjero, la economía de México creció
6%. Desde 1938 hasta Echeverría (1970-1976) se procesaba toda la materia
prima. Se cambia la política. Empiezan a exportar petróleo crudo por la presión de

32. gobiernos y empresas extranjeras y ya no hay crecimiento económico en el país.”
–Otro elemento, en apariencia novedoso, es el tema de la explotación del gas
shale. ¿Es necesario abrir la inversión privada?
–Eso es una zanahoria, como lo de las aguas profundas. En el caso de las aguas
profundas, en 2008 quisieron utilizar eso para hacer los cambios legales
argumentando que no teníamos tecnología. La verdad es que si cambias el marco
legal no es para ir a buscar el petróleo en aguas profundas, porque ellos lo saben
muy bien dónde está el petróleo. Es incierto lo de aguas profundas.
“En tierra y aguas someras hay mucho petróleo. Pero querían cambiar el marco
legal no para ir a perforar a aguas profundas, sino para sacar el petróleo de donde
hay y ellos saben perfectamente: en Tabasco, Campeche, Chiapas.
“Es lo mismo que con el gas shale. Vamos a cambiar el marco legal para permitir
la extracción del gas, pero, al mismo tiempo, vamos sobre lo que realmente nos
importa.”
“Lo que deja realmente dinero, el negocio, es el petróleo. Rockefeller decía: ‘El
mejor negocio del mundo es el petróleo… y el segundo mejor negocio del mundo
es el petróleo mal administrado.”
Las presiones de las petroleras
Proceso le pregunta a López Obrador si sintió la presión de las empresas
petroleras durante la campaña de 2012.
“No”, responde, “porque yo definí desde el principio que no íbamos a permitir más
privatizaciones. Por eso considero tener autoridad moral”.
–También se ha dicho que López Obrador siempre dice no, que siempre se opone
a todo...
–Hubo cosas en las que siempre fui muy claro y una de esas posturas tuvo que
ver con la privatización. Declaré que no íbamos a hacer ninguna privatización.
“Y dije otra cosa en el proyecto alternativo de nación. Que en la industria
energética, en particular con el petróleo, íbamos a iniciar un proceso para dejar de
vender petróleo crudo al extranjero porque íbamos a procesar la materia prima.
–¿Existe entonces un proyecto?
–Sí. Está en los textos que he escrito sobre eso. Está en los artículos de la
campaña. En el último libro.
“El proyecto que propongo es primero integrar todo el sector energético. Es algo
distinto a lo que han venido haciendo. Desde que estaba Salinas, con el mismo
propósito privatizador, comenzaron a desmembrar a Pemex, crearon cuatro
empresas. No olvidemos que estaba Francisco Rojas como director de Pemex,
porque querían vender por partes.
“Cuando hasta en términos empresariales y de negocios está demostrado que es
mucho mejor la integración. Exxon y las grandes petroleras del mundo actúan
integrando todo el proceso. Y ese es el proyecto nuestro.
“Desde que se pueda manejar desde la exploración hasta la perforación, la
refinación y hasta la industria eléctrica. Eslabonando todo.
“Desde luego esto implicaba la reindustrialización de Pemex con la construcción

33. de las refinerías, para dejar de comprar gasolina al extranjero; rescatar a la
industria petroquímica.”
–¿Y la refinería de Hidalgo?
–No les conviene, por lo que hablábamos de la compra de la gasolina. En un
momento de ofuscación Calderón habló de que iba a hacer la refinería. Dije en su
momento que iba a terminar el sexenio y no iban a pegar ni un ladrillo. Creo que
sólo han bardeado el terreno porque eso no les importa. Lo que les interesa son
los negocios.
“Todo este grupo se ha convertido, para decirlo amablemente, en negociantes, no
son servidores públicos.”
–¿Hay una colonización mental?
–No es una colonización mental. Es una enajenación por codicia.
“Ellos piensan que todo esto es normal y es muy grave, porque incluso quieren
trasladar esto a la sociedad. Quieren que todos los mexicanos nos convirtamos en
corruptos. Que veamos esto con mucha naturalidad porque el que no piensa así,
está loco, no está cuerdo.
“Ellos ven el robo, el saqueo, como algo normal. Y lo complementan con el
cinismo.”
Noruega y la campaña mediática
Un ingrediente más en esta coyuntura: la campaña mediática a favor de la
reforma.
–¿Es más fuerte ahora o es lo mismo? –se le pregunta.
–Es lo mismo. Ya empezaron.
–Está hasta en las telenovelas, como en La Rosa de Guadalupe...
–Les va a costar mucho, a pesar de la campaña mediática, porque la gente no ha
visto beneficio con las privatizaciones y es muy grande el robo que quieren
cometer.
–En Televisa y en otros espacios nos quieren decir que Noruega sí privatiza.
–Vamos a aclarar eso. ¿Cuáles son las diferencias?: Primero, en Noruega no
comparten la renta, que es lo que quieren hacer en México. La utilidad es del
pueblo noruego. Aquí lo que quieren es privatizar la ganancia. Lo que les importa
es la renta petrolera, no Pemex.
“Segundo, en Noruega no hay la corrupción que hay en México. No hay casos
como el de Raúl Salinas de Gortari, en donde Peña lo exonera y deciden
devolverle los bienes para pagarle el favor a Carlos Salinas. Y mencionamos un
solo caso de México, para no caer en el caso de Romero Deschamps, que es un
corrupto, pero en escala Romero está hasta abajo, en comparación con estos
saqueadores de cuello blanco que no pierden siquiera su respetabilidad. Suele
pasar eso: echarle la culpa a ciertos personajes y olvidarse de lo otro.
“Y lo tercero es que en Noruega una parte de las utilidades del petróleo se guarda
para las futuras generaciones por ley, porque parten del criterio de que el petróleo
no es sólo de la actual generación, sino de los de atrás y no pueden derrochar la
herencia que les pertenece a los que vienen detrás.

34. “Es totalmente distinto el modelo noruego. Dicen: ‘En Noruega hay empresas
trabajando’ y en Pemex también. Estamos hablando de OHL, Halliburton. Nada
más que una cosa es contratos por servicios y otra cosa muy distinta que se
queden con la utilidad.”
La sombra del general
–¿Por qué ahora quieren meter a la figura del general Lázaro Cárdenas en la
reforma? –pregunta Proceso.
–Es una perversidad –responde–. Además sin ningún sustento. Este viernes (9 de
agosto) se publicó una carta del ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas con un
fragmento de la carta que el general (Lázaro Cárdenas del Río) envía a (Jesús)
Reyes Heroles (cuando estaba en la dirección de Pemex), en el periódico La
Jornada.
–¿Es para influir el movimiento que encabeza o está dirigido para los sectores
resistentes en el PRI?
–Es en general. Ellos quieren encubrir el atraco. Argumentan que es anacrónico el
27 y que debe haber la reforma.
“Hablan sin entender las circunstancias. La ley reglamentaria del 27 fue así: el
general Cárdenas la envía a finales del 38, la aprueban a finales del 39 y la
publican a finales del 40. ¿Por qué? Porque estaba en pleno apogeo la presión
extranjera por la expropiación. Además la Constitución desde entonces establece
que no se pueden entregar concesiones en materia de petróleo.
“Además el general se adhiere a la decisión que se toma de cancelar los contratos
de riesgo. Es cosa de ver los discursos de Jesús Reyes Heroles. Decía: son
contratos de riesgo para la nación, no para las empresas extranjeras.
“Lo anacrónico es la corrupción. Los artículos fundamentales de las constituciones
no se modifican en ningún país del mundo.
–¿Cómo es la legislación de Estados Unidos en materia petrolera?
–En el caso de la legislación de Estados Unidos el dueño del suelo es dueño del
subsuelo y en el caso nuestro la tradición desde la Colonia es que se podía
entregar el suelo, pero el subsuelo era de la corona. Porfirio Díaz lo que hace es
cambiar esa tradición y ajustar la legislación mexicana a la anglosajona y entrega
el suelo y el subsuelo a los extranjeros. Eso lo corrige la Revolución, porque
Carranza y los constituyentes establecen el dominio del suelo y del subsuelo por la
nación.
–¿Cambian el concepto de la propiedad de la corona por el de la nación?
–Exactamente. Eso no les gustó nada a las empresas extranjeras y llevó
muchísimos años poder aplicar ese principio.
“No se pudo aprobar desde el 17 hasta el 38 la Ley Reglamentaria del Petróleo
porque las empresas petroleras tenían el dominio del sureste, tenían guardias
blancas, era un Estado dentro de otro Estado. Había amenazas de invasión
extranjera. Incluso se habló de la creación de una República independiente.
“Todo esto es un asunto fundamental para la historia. Éstos, de manera irracional,
quieren regresarnos al Porfiriato.” L

35. La electricidad, otro plato fuerte
Jesusa Cervantes
Los reflectores nacionales apuntan hacia el petróleo ahora que el titular del
Ejecutivo federal está a punto de enviar al Congreso su iniciativa de reforma
energética, pero algunas voces alertan: otro sector que se le ofrecerá a la
inversión extranjera es el eléctrico. La apertura total de éste empezó a tramarse en
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y funcionarios que intervinieron entonces
en las discusiones del TLC ahora son ejecutivos de algunas de las trasnacionales
más poderosas del ramo, o bien, controlan la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí
salen a relucir los nombres, de Luis Téllez, José Córdoba Montoya y Georgina
Kessel, entre otros.
La iniciativa de reforma energética que el próximo miércoles 14 enviará el
Ejecutivo federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluirá
propuestas de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; fuentes
seguras afirman que la iniciativa fue confeccionada sobre todo por Luis Téllez y
José Córdoba Montoya.
Algunos de los personajes que están detrás de la propuesta del Ejecutivo están
ligados a empresas generadoras de energía, entre ellas Sempra, a la cual Estados
Unidos intenta consolidar –junto con otras– desde la Patagonia hasta México para
asegurar así su suministro energético, como lo manifestó el pasado 11 de abril
Carlos Pascual, coordinador estadunidense de Asuntos Internacionales de Energía
ante la Cámara de Representantes de su país.
Y los exfuncionarios federales que dieron pie a la apertura del sector energético –
desde 1990 con la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC), 1992 con la
reforma a la Ley del Servicio Público de Energía y 2008 con la reforma energética–
hoy están arropados por empresas extranjeras del ramo y otros, como Téllez y
Córdoba, en posiciones clave para el gobierno, como la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV).
“Pasaron de ser cómplices en el gobierno para la apertura energética a socios de
las grandes empresas”, acusa Manuel Bartlett, senador por el Partido del Trabajo
y quien desde 2000 emprendió la defensa del sector eléctrico.
Hoy, añade, pretenden terminar de traicionar a la patria abriendo en su totalidad
todo el sector a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales.
Esta reforma podría contener modificaciones fundamentales a las bases de la
soberanía del país, dice Francisco Carrillo Soberón, exdiputado federal por el PRD
y coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Podrían cambiar el
párrafo cuarto del artículo 25, apunta, donde se establece que el sector público
tiene a su cargo “de manera exclusiva” las áreas estratégicas que se señalan en el
párrafo cuarto del artículo 28.
En éste, agrega, se establece que las funciones del Estado en áreas estratégicas,
como correos, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales
radiactivos y generación de energía nuclear y electricidad no constituyen

36. monopolios.
En tanto que en el 27 se intentará eliminar la exclusividad del Estado para prestar
el servicio público de electricidad, además de eliminar la prohibición de otorgar
concesiones o contratos en materia de petróleo y carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos.
De cómplices a socios
Para entender cómo se urdió el camino a la privatización del sector energético,
dice Bartlett, hay que empezar por la discusión del TLC entre 1990 y 1992. Carlos
Salinas de Gortari, entonces presidente de México, y sus pares de Canadá y
Estados Unidos dijeron “vamos a respetar nuestras constituciones”... pero dejaron
“hoyos”, asegura.
Carrillo Soberón, en entrevista por separado, recuerda que en la discusión del TLC
se dejaron cabos sueltos “que permitían la generación de energía eléctrica para
privados”.
El segundo paso, dice Bartlett, fue la reforma a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica de diciembre de 1992, norma reglamentaria del párrafo 5 del
artículo 27 constitucional.
En síntesis lo que se modificó en la ley de 1992 fue no considerar “servicio público
la cogeneración, importación, exportación y pequeña producción de energía, ni la
generación de parte de productores independientes, quienes a su vez están
obligados a venderla a la Comisión Federal de Electricidad”.
En dicha ley, recuerda el senador, introdujeron el concepto de “permisos” de
energía, “porque la Constitución en su artículo 27 prohíbe el otorgamiento de
concesiones y contratos cuando se trata de petróleo, energía eléctrica y carburos
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”.
Todo es una simulación, acusa Bartlett, quien insiste en que la reforma energética
que se presentará esta semana se debe “a presiones de Estados Unidos –
empezando con el TLC– y a la corrupción de los funcionarios que pasaron de ser
cómplices a socios de grandes trasnacionales en la materia”.
Todos son una gran familia, gozaron de información privilegiada cuando fueron
funcionarios, obtuvieron relaciones importantes, impulsaron cambios a las leyes y
terminaron de sus empleados, acusa el senador.
Esto se ejemplifica con dos figuras: los salinistas Luis Téllez y José María Córdoba
Montoya, a quienes algunas fuentes atribuyen la confección de la reforma
energética que se presentará el miércoles 14.
En el sexenio de Salinas, Luis Téllez fue subsecretario de Agricultura; en los tres
primeros años del de Ernesto Zedillo fue coordinador de asesores de la
Presidencia y en los tres últimos, secretario de Energía. En la primera mitad del
sexenio de Felipe Calderón fue secretario de Comunicaciones y Transportes y de
2009 a la fecha es presidente de la BMV. Y en 2004, separado de la
administración pública, formó parte del consejo de administración de la
estadunidense Sempra Energy.
José Córdoba Montoya se alejó en 1994 de la administración pública y reapareció

37. en 2003 como propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, S.A.
de C.V., la cual puede construir, adquirir, enajenar, operar o arrendar plantas de
energía eléctrica. Hoy aparece como asesor de Téllez en la BMV.
Además de Córdoba Montoya, afirma Bartlett, otra persona que ideó cambios
legales para abrir lentamente la privatización del sector energético y que hoy se
beneficia de ello es Georgina Kessel.
En 1994 fue directora de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo
encargado de entregar los primeros permisos de cogeneración, exportación,
importación, autoabastecimiento y producción independiente de energía eléctrica.
Luego ocupó diversos cargos en la administración pública no relacionados con el
sector, pero de 2006 a 2011 fue secretaria de Energía y, por lo tanto, cabeza de
sector de la CRE.
Y desde el pasado 23 de abril es integrante del Consejo de Administración de la
española Iberdrola, la mayor empresa generadora de energía en el mundo.
Bartlett abunda: Ahí está también Protego, la empresa que creó el exsecretario de
Hacienda de Salinas de Gortari, Pedro Aspe, y quien tuvo como su empleado a
Luis Videgaray, hoy titular de la misma cartera en el gobierno de Peña Nieto.
La importancia de Protego radica en que ya no se dedica a la solución de deuda
de los estados, sino que ahora asesora a grandes empresas industriales que
tienen un consumo significativo de energía eléctrica y que le compran a las
trasnacionales y mexicanas que a partir de 1996 entraron al mercado de la venta
de electricidad.
“A través del desarrollo de proyectos de autogeneración y cogeneración nuestros
clientes han obtenido precios de electricidad competitivos”, dice en su portal.
Además ha logrado la inversión de estas empresas por mil 120 millones de
dólares para generar su propia energía eléctrica, “lo cual corresponde a 70% del
total de los proyectos de generación privada”.
Y por si algo faltara, Protego –la cual se fusionó con la empresa financiera
estadunidense Evercore– brinda asesoría para la licitación de contratos que
apoyan las operaciones de Pemex.
Otro exfuncionario que llegó a contar con información privilegiada y hoy trabaja
para Sempra Energy es Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y
Transportes en el gobierno de Zedillo. A partir de 2007 fungió como integrante del
consejo de administración de Sempra Energy y desde julio de 2012 es director de
Sempra México y quedó al frente de las operaciones de la filial IEnova.
Además Pemex le asignó a Evercore-Protego el contrato para financiar el proyecto
Los Ramones, que es la instalación de un sistema de gasoductos con una longitud
de mil 21 kilómetros en Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.
El proyecto lo realizan Pemex Gas y Petroquímica Básica y Sempra Energy, cuyo
director es Ruiz Sacristán. Y para concluir con el amarre de coincidencias, el
proyecto es auditado financieramente por un grupo de empresas internacionales,
entre ellas Anesco, S.C., bajo la representación de Alfonso Ruiz Camargo, socio
de Córdoba Montoya en su empresa Proveedora de Servicios de Energía.
Las profecías de Pascual

38. Si desde la firma del TLC Estados Unidos ya vislumbraba el potencial energético
de México, Carlos Pascual lo dejó más que claro el pasado 11 de abril, cuando
compareció ante la Cámara de Representantes de su país.
En su discurso, Pascual –exembajador en México– habló de la situación
energética desde la Patagonia hasta México y la sintetizó como de “grandes
oportunidades para la seguridad energética de Estados Unidos”.
En la primera parte de su intervención destaca que Estados Unidos es uno de los
grandes exportadores de gas natural licuado del mundo. “Hoy estamos al borde de
una revolución de las energías renovables que, si se desarrolla bien, puede
proporcionar beneficios para la industria de Estados Unidos.
Y sostiene: “En este momento crucial el liderazgo de Estados Unidos tendrá
implicaciones importantes para la energía continua y de largo plazo, para la
seguridad de América del Norte y el resto del hemisferio occidental”.
Pascual señala que en Centroamérica la producción de energía es “sucia” y en
Colombia, Argentina y Brasil se tienen problemas de clima, así que plantea
mejorar la obtención de sus energías con el apoyo de las tecnologías de Estados
Unidos.
Se refiere a la compra de petróleo a Canadá y destaca que en México ha caído,
pues la reserva probada es de 10.2 mil millones de barriles pero su producción se
redujo 23% entre 2004 y 2011, “y casi todos los pronósticos dicen que las
proyecciones de producción mexicana disminuirán en el corto plazo”.
Inmediatamente destaca que Peña Nieto ha hecho de la reforma energética su
prioridad “y si tiene éxito, México podría atraer inversiones internacionales para
desarrollar sus recursos de hidrocarburos. Esto podría reforzar para América del
Norte su seguridad energética y para México su posición fiscal... a pesar de los
retos que enfrenta México, la historia es que América del Norte en su conjunto
podría incrementar la seguridad energética nacional y mundial”.
Pascual recordó el plan Connecting the Americas 2022 y que con ella los países
americanos, desde Chile hasta Canadá, podrían tener éxito en sus proyectos de
energías renovables y promover un poderoso mercado de interconexión regional.
Apuntó que Estados Unidos tiene con Canadá un intercambio de 62 billones de
kilowatts/hora (kwh), aunque con México apenas tiene 11 interconexiones por
donde transitaban 1.5 billones de kwh hasta 2011. Añadió: “Nosotros seguiremos
construyendo estas oportunidades hasta hacer nuestros negocios”.
Y Pascual –quien además es yerno del director de la Comisión Federal de
Electricidad, Francisco Rojas– ejemplifica: “Sempra Energy tiene planes de
construir un parque eólico en Baja California usando tecnología y componentes de
Estados Unidos y exportando la energía para el servicio eléctrico de San Diego,
California”.
El panorama energético es profundamente complejo, añade, pero es una
espectacular oportunidad para Estados Unidos en trabajo, intereses comerciales,
desarrollo de la economía y seguridad energética. “Mientras el mercado energético
en el mundo se transforme, reflejando nuestro poder, Estados Unidos tiene mucho
que compartir para empezar a formar parte de este panorama”.