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Ley de Comunicación Ecuador - Propuesta 2011

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Jorge Cano
Jorge Cano

Compartimos con todas y todos la propuesta de Ley de Comunicación de Ecuador entregada para su debate interno en la Asamblea Nacional (Bloque Alianza Pais) Este documento lo consideramos de gran aporte y se aporxima a una ley que democratiza las comunicaciones

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LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones Art. 1.- Objeto y ámbito.- Art. 1.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Art. 2.- Contenido.- Art. 3.- Medios de comunicación social.- Art. 4.- Empresas privadas de comunicación de carácter nacional.- Art. 5.- Plataforma tecnológica.- Art. 6.- Información de relevancia pública o de interés general.- Art. 7.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Art. 8.- Normas deontológicas.- TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I Principios Art. 9.- Principio de no discriminación.- Art. 10.- Principio de acción afirmativa.- Art. 11.- Principio de Reparación.- Art. 12.- Principio de igualdad de los extranjeros.- Art. 13.- Principio de Democratización de la comunicación e información.- Art. 14.- Principio de participación.- Art. 15.- Principio de Plurinacionalidad e interculturalidad.- Art. 16.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Art. 17.- Principio de Transparencia.- CAPITULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de libertad Art. 18.- Derecho a la libertad de pensamiento y opinión.- Art. 19.- Derecho a la libertad de expresión.- Art. 20.- Prohibición de censura previa por autoridades públicas.- Art. 21.- Protección contra la censura previa en los medios de comunicación.- Art. 22.- Responsabilidad ulterior.- Art. 23.- Responsabilidad Ulterior de los Medios de Comunicación.- Art. 24.- Responsabilidad solidaria.- Art. 25.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Art. 26.- Derecho a la rectificación.- Art. 27.- Derecho a la réplica.- Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Art. 29.- Libertad de información.- Art. 30.- Información de circulación restringida.- Art. 31.- Derecho a la protección de datos de carácter personal.-
Art. 32.- Datos de carácter personal.- Art. 33.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Art. 34.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad Art. 35.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Art. 36.- Sistema financiero e independencia de los medios de comunicación.- Art. 37.- Derecho al acceso a frecuencias y bandas.- Art. 38.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Art. 39.- Derecho a la comunicación plurinacional e intercultural.- Art. 40.- Consolidación de los medios comunitarios.- Art. 41.- Derecho a la inclusión comunicativa de las personas con discapacidad.- SECCIÓN III Derechos de participación Art. 42.- Participación ciudadana.- Art. 43.- Derecho a usar los medios de comunicación públicos.- SECCIÓN IV Derechos de los comunicadores Art. 44.- Derecho a la cláusula de conciencia.- Art. 45.- Derecho a la reserva de la fuente.- Art. 46.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Art. 47.- Cargos para comunicadores y periodistas profesionales.- Art. 48.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- TITULO III Sistema de comunicación social CAPÍTULO I Alcance Art. 49.- Conformación.- Art. 50.- Objetivos.- CAPITULO II Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Sección I Atribuciones y Conformación Art. 51.-Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- Art. 52.-Finalidad.- Art. 53.-Atribuciones.- Art. 54.- Integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- Art. 55.- Requisitos.-
Art. 56.- Designación.- Art. 57.- Autonomía e independencia de los miembros del Consejo.- Art. 58.- Cesación de funciones de los miembros del Consejo.- Art. 59.- Destitución.- Art. 60.- Causales de destitución.- SECCIÓN II Estructura y funcionamiento Art. 61.- Estructura administrativa y funcionamiento.- Art. 62.- Financiamiento.- Art. 63.- De la Presidenta o Presidente del Consejo y sus atribuciones.- Art. 64.- De la Secretaría Técnica.- Art. 65.- Funciones del Secretario Técnico.- Art. 66.- Dependencias desconcentradas.- Art. 67.- Procedimientos administrativos.- Art. 68.- Resoluciones del Consejo.- Art. 69.- Caducidad y Prescripción.- TÍTULO IV Regulación de contenidos Art. 70.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Art. 71.- Contenido discriminatorio.- Art. 72.- Prohibición.- Art. 73.- Criterios de calificación.- Art. 74.- Medidas administrativas.- Art. 75.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Art. 76.- Contenido violento.- Art. 77.- Prohibición.- Art. 78.- Contenido sexualmente explícito.- Art. 79.- Suspensión de publicidad y programas.- TÍTULO V Medios de comunicación social Art. 80.- Tipos de medios de comunicación.- Art. 81.- Responsabilidades comunes.- Art. 82.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Art. 83.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por Suscripción.- Art. 84.- Suspensión de la libertad de información.- SECCIÓN I Medios de Comunicación Públicos Art. 85.- Definición.- Art. 86.- Naturaleza jurídica.- Art. 87.- Función.- Art. 88.- Objetivos.- Art. 89.- Estructura.- Art. 90.- Directorio de medios públicos nacionales.-
Art. 91.- Directorio de medios públicos locales.- Art. 92.- Directorio de medios públicos universitarios.- Art. 93.- Funciones del Directorio.- Art. 94.- Gerente General.- Art. 95.- Consejo Editorial.- Art. 96.- El Defensor de las audiencias.- Art. 97.- Funciones del Consejo Editorial.- Art. 98.- Financiamiento.- Art. 99.- Talento Humano.- Art. 100.- Auditoría.- SECCIÓN II Medios de comunicación privados Art. 101.- Definición.- SECCIÓN III Medios de comunicación comunitarios Art. 102.- Definición.- Art. 103.- Acción afirmativa.- Art. 104.- Financiamiento.- SECCIÓN IV Transparencia de los medios de comunicación social Art. 105.- Registro Público.- Art. 106.- Actualización.- Art. 107.- Archivo de soportes.- SECCIÓN V Publicidad y propaganda Art. 108.- Actores de la publicidad.- Art. 109.- Duración de la publicidad.- Art. 110.- Responsabilidad en los mensajes publicitarios y propaganda.- Art. 111.- Producción de publicidad nacional.- Art. 112.- Protección en publicidad y propaganda.- Art. 113.- Gasto público en publicidad.- Art. 114.- Lenguas de interrelación cultural.- SECCIÓN VII Producción nacional Art. 115.-Cuota de pantalla.- Art. 116.-Concentración de la cuota de pantalla.- Art. 117.-Producción nacional.- Art. 118.-Productores nacionales independientes.- Art. 119.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente.- Art. 120.- Difusión de los contenidos musicales.-
SECCIÓN VII Espectáculos públicos Art. 121.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- Art. 122.- Derechos de los medios de comunicación a las transmisiones de espectáculos públicos.- TÍTULO V Gestión del espectro radioeléctrico Art. 123.- Titularidad y administración del espectro radioeléctrico.- Art. 124.- Distribución equitativa de frecuencias.- Art. 125.- Acción afirmativa para concesionarios.- Art. 126.- Reversión de frecuencias.- Art. 127.- Exención a concesionarios irregulares.- Art. 128.- Modalidades para la Adjudicación de concesiones.- Art. 129.- Adjudicación directa.- Art. 130.- Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- Art. 131.- Inhabilidades para concursar.- Art. 132.- Terminación de la concesión de frecuencia.- Art. 133.- Prohibición de concentración.- Art. 134.- Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.- Art. 135.- Concesiones para repetidoras de medios públicos.- Art. 136.- Plazo de concesión.- Art. 137.- Intransferibilidad de las concesiones.- Art. 138.- Concesiones al sector comunitario.- Art. 139.- Enlaces de programación.- Disposiciones Transitorias PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- CUARTA.- QUINTA.- SEXTA.- SEPTIMA.- OCTAVA.- NOVENA.- DECIMA.- UNDECIMA.- DUODECIMA.- DECIMA TERCERA.- DECIMA CUARTA.- DECIMA QUINTA.- DECIMA SEXTA.- Disposiciones Derogatorias PRIMERA.- SEGUNDA.- Disposición Final
LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente para los y las ciudadanas entre sí, entre ellos y el Estado, y entre los y las ciudadanas y los medios de comunicación social. Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos humanos que habitan en el Ecuador, así como las ecuatorianas y los ecuatorianos que viven en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. Los derechos establecidos en esta Ley son jurídicamente exigibles de forma individual y colectiva ante las autoridades y jueces competentes mediante las acciones constitucionales, judiciales y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Contenido.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación impresos, de radio y de televisión. No se considera contenido, a los mensajes o comunicaciones personales que circulen a través de las redes y servicios de telecomunicaciones o estén soportadas en medios físicos. Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se considera medios de comunicación social a las empresas y organizaciones dedicadas a realizar publicaciones impresas diarias o periódicas, a las estaciones de radio y a las estaciones de televisión que emitan o difundan su señal desde el territorio ecuatoriano usando cualquier plataforma tecnológica. Empresas privadas de comunicación de carácter nacional.- Los medios audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones, adquieren la condición de empresas privadas de comunicación de carácter nacional cuando su cobertura llegue al 25% o más de la población nacional, o tengan cobertura en 10 provincias o más. Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,50% de la población nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior. Plataforma tecnológica.- Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los medios de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus publicaciones.
Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general que los ciudadanos utilizan para tomar decisiones relevantes tanto en el ámbito público como privado. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación generalistas difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Normas deontológicas.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios podrán expedir por sí mismos normas deontológicas orientadas a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Dichas normas no son jurídicamente vinculantes y en ningún caso pueden suplir u oponerse a las normas legales vigentes. TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I Principios Principio de no discriminación.- El Estado, a través del poder público, respetará y hará respetar que la aplicación de las normas contenidas en esta Ley coadyuven a eliminar toda forma de discriminación o exclusión por parte de los actores públicos, privados y comunitarios de la comunicación, así como para promover, en un marco de pluralismo, la diversidad y el respeto a los derechos humanos en los contenidos difundidos. Se prohíbe la discriminación de cualquier índole para acceder y disfrutar de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales, esta Ley y cualquier otra del ordenamiento jurídico. Principio de acción afirmativa.- Sin desmedro o afectación para los derechos de los demás ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación a colectivos humanos que se consideren, fundadamente, en situación de desigualdad real respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto.
Principio de Reparación.- El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública en materia de comunicación están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que éstos tengan frente a terceros. Principio de igualdad de los extranjeros.- Las personas extranjeras que residan legalmente en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes en materia de comunicación que los nacionales, salvo en los casos que la Ley expresamente establezca condiciones específicas. Principio de Democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, sus tecnologías y flujos de información a favor de la mayoría de ciudadanos. Principio de participación.- Las instituciones, autoridades y funcionarios públicos con competencias en materia de derechos a la comunicación facilitarán y promoverán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de planificación que se realizan para atender los asuntos públicos a su cargo. Principio de Plurinacionalidad e interculturalidad.- El Estado y especialmente las instituciones, autoridades y funcionarios públicos con competencias en materia de derechos a la comunicación promoverán, a través de medidas de política pública que incluyan acciones de afirmación positiva, que los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Las actuaciones, programaciones y decisiones de los actores públicos, privados y comunitarios de la comunicación se realizarán subordinándose al principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, principio que hace prevalecer ponderadamente el ejercicio de sus derechos sobre otros derechos o intereses con los que puedan entrar en conflicto. Principio de Transparencia.- Los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios difundirán de forma transparente información sobre la propiedad, estructura organizativa, política editorial y funcionamiento de su organización a fin de que los ciudadanos y ciudadanas puedan afirmar o modificar sus preferencias mediáticas debidamente informados. CAPITULO II Derechos a la comunicación
SECCIÓN I Derechos de libertad Derecho a la libertad de pensamiento y opinión.- Todas las personas tienen el derecho absoluto a formular y emitir por cualquier medio o forma su pensamiento y su personal parecer sobre cualquier persona o asunto público o privado, sin que por ello pueda ser afectado y/o restringido cualquiera de los derechos de quien expresa su opinión ni recibir sanción alguna. No constituye opinión cualquier afirmación que deba ser probada o corroborada objetivamente en razón de que afecta la honra o derechos de otras personas, o porque implica la atribución de autoría o de responsabilidad jurídica sobre un hecho o una decisión prohibida por el ordenamiento jurídico. El pensamiento y las opiniones vertidas en el ámbito académico como parte de un proceso de reflexión y aprendizaje no están sujetas al deber de corroborar sus afirmaciones. El derecho a la libertad de pensamiento incluye la protección para formular y emitir y circular todo tipo de ideas científicas, sociales, políticas y morales o de cualquier otra índole siempre que ellas no incluyan invocaciones o incitaciones al uso de la violencia; a la comisión de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico; a la discriminación, a la persecución o explotación de un determinado grupo humano u organización de cualquier clase; o, a la confrontación armada y a la guerra. Ninguna persona o autoridad podrá establecer censura previa o posterior a los actos de comunicación protegidos por la libertad de opinión y pensamiento. Quien censure o realice actos conducentes a evitar la libre expresión de la opinión o del pensamiento será sancionado de acuerdo a la ley. Derecho a la libertad de expresión.- Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente de cualquier forma y por cualquier medio, pero serán jurídicamente responsables por las consecuencias que generen sus expresiones en caso de que impliquen la realización de una conducta prohibida por la ley. Constituye un uso abusivo e ilegítimo del derecho a la libertad de expresión y quedan prohibidas las invocaciones o incitaciones al uso de la violencia; a la comisión de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico; a la discriminación, a la persecución o explotación de un determinado grupo humano u organización de cualquier índole; o, a la confrontación armada interna y a la guerra. Tales actos serán sancionados de acuerdo a la ley. Se prohíbe la censura previa, y quien la realice o ejecute actos conducentes a realizarla será sancionado de acuerdo a la ley. La creación artística está protegida por la libertad de expresión y no se podrá impedir la exposición o el acceso a quien quiera disfrutar de ella. Sin embargo, se respetarán las limitaciones al acceso establecidas por las autoridades para las personas menores de 16 años a las obras de creación artística y otros espectáculos públicos cuando justificadamente se considere que su contenido no puede ser adecuadamente procesado por los niños, niñas y adolescentes o cuando precisan el acompañamiento de un adulto. La libertad de expresión incluye el derecho de todas las personas a profesar en público o en privado su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con los límites propios de esta libertad y las restricciones que impone el respeto a los demás derechos fundamentales.
Prohibición de censura previa por autoridades públicas.- Queda prohibida la censura previa, esto es, la revisión, aprobación o desaprobación, por parte de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previo a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Los funcionarios o autoridades públicas que realicen censura previa o ejecuten actos conducentes a realizarla serán sancionados administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de dos a seis meses de su remuneración total, sin perjuicio de que el funcionario responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Protección contra la censura previa en los medios de comunicación.- Toda conducta de los propietarios y directivos de los medios de comunicación o de los anunciantes que persiga impedir a un comunicador o comunicadora el tratamiento de un tema específico, así como la imposición de un determinado sesgo o punto de vista para abordarlo, será considerado un acto de censura previa, el cual será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación de la Comunicación con la imposición de una multa de dos a seis meses de la remuneración total del periodista o comunicador, sin perjuicio de que el autor de la censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Se impondrá una sanción de 10 a 20 salarios básicos unificados a cualquier medio de comunicación social que, sin causa justificada, suspenda la publicación de un artículo o noticia o cancele la emisión de un programa, o modifique su horario habitual de emisión. En tales casos el comunicador social o comunicadora social, o el productor o productora independiente tendrá derecho a ejercer las acciones judiciales de reparación integral de los daños materiales y la compensación de los daños inmateriales sin perjuicio de iniciar cualquier otra acción legal a la que hubiere lugar. Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Responsabilidad Ulterior de los Medios de Comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos civil y administrativo, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio y no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección física, dirección electrónica, correo, cédula de ciudadanía o identidad; o,
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen la honra, reputación y demás derechos consagrados en la Constitución y la ley. Responsabilidad solidaria.- El medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea veraz. Este derecho implica la obligación de los comunicadores, que difunden información de relevancia pública a través de cualquier medio de comunicación, de realizar todas las acciones posibles para verificar, contrastar, contextualizar y ser precisos con los datos que consignan en sus notas periodísticas. Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que la información que se difunda sobre ellas por los medios de comunicación sea debidamente verificada. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar de forma inmediata, gratuita, con las mismas características y en el mismo espacio u horario las rectificaciones a las que haya lugar por haber difundido información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona. En caso de que el medio de comunicación no canalice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer las siguientes medidas administrativas: 1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos. 2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en que se difundió la información no demostrada, falsa o inexacta. 3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. El cumplimiento de estas medidas administrativas no excluye las acciones judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona.
Derecho a la réplica.- Toda persona que haya sido directamente aludida por información inexacta o agraviante que afecte su dignidad, honra o reputación a través de un medio de comunicación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica o respuesta de forma gratuita e inmediata en el mismo espacio de programación. En caso de que el medio de comunicación no canalice por su propia iniciativa el derecho de réplica, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. Copias de programas o impresos.- Los medios de comunicación tienen el deber de atender favorablemente en un término no mayor a 3 días y sin costo alguno las solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito, por las personas que consideren que sus derechos han sido vulnerados. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo con una multa de 1 a 4 salarios básicos unificados del trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia solicitada. Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales y/o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información serán sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente la siguiente información: a. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la Ley. b. La información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente. c. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa. d. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
La persona que realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Derecho a la protección de datos de carácter personal.- Todas las instituciones públicas, medios de comunicación, las empresas o entidades de carácter privado y las personas naturales que recojan, archiven, procesen, distribuyan o difundan datos de carácter personal tienen la obligación jurídica de obtener previamente la autorización expresa de los titulares de esta información o de actuar amparados por una autorización legal para realizar tales actividades. La autorización referida en el párrafo anterior requerirá el consentimiento previo e informado de los titulares de la información personal sobre la finalidad y usos de la misma. Esta autorización puede ser revocada en cualquier tiempo por su titular. Todas las personas tienen el derecho de acceder libre e inmediatamente a los datos de carácter personal de los que son titulares y que se hallen en poder de cualquier persona natural o jurídica, así como de exigir gratuita e inmediatamente la corrección de estos datos si fuesen inexactos o falsos. La persona que obstaculice o impida el ejercicio de este derecho o incumpla las obligaciones señaladas en este artículo será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Datos de carácter personal.- son datos de carácter personal: 1. La ideología o pensamiento político 2. Los datos sobre el estado de salud 3. Los datos sobre las conductas o preferencias sexuales 4. Los datos sobre la situación financiera 5. Los datos sobre el pasado judicial 6. Las creencias religiosas y la pertenencia o no a una determinada religión Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones o estén soportadas en medios físicos. Las personas que se comunican por cualquier medio, incluido Internet, tienen derecho a usar herramientas de codificación de mensajes que garanticen una comunicación segura, privada y anónima. La información sobre comunicaciones personales no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la Ley, previa orden judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas por miembros calificados de la fuerza pública.
La información obtenida violando el derecho a la protección de las comunicaciones personales no se podrá utilizar ni difundir en ningún medio o canal, ni causará efectos jurídicos de ningún tipo, salvo en los casos y condiciones que el acceso y examen de dichas comunicaciones se haya efectuado con autorización judicial debidamente fundamentada. La violación de este derecho se sancionará administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la siguiente forma: a. Si la hubiese cometido un funcionario o autoridad pública será causal de separación de su cargo. b. Si la hubiese cometido un miembro de la fuerza pública será causal de baja deshonrosa. c. Si la hubiese cometido una persona particular será sancionada con una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados. En todos los casos, la persona que haya violado ese derecho responderá judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su propia lengua, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. La clasificación de contenidos y audiencias así como la determinación de franjas horarias para medios de radio y televisión cuya señal sea de origen nacional, en tanto mecanismos de protección y respeto al grado de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, se fijarán en la Ley.
SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Queda prohibido obstaculizar, impedir o condicionar el normal desempeño de las actividades lícitas de las empresas, organizaciones o entidades dedicadas a la comunicación. La realización de actividades ilícitas a través de los medios de comunicación que afecte a bienes jurídicos protegidos penalmente será procesada por la jurisdicción penal, sin perjuicio de la aplicación de las medidas administrativas o acciones civiles a las que haya lugar. La violación de este derecho se sancionará administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la siguiente forma: a. Si la hubiese cometido un funcionario público será causal de separación de su cargo. c. Si la hubiese cometido un miembro de la fuerza pública será causal de baja deshonrosa. c. Si la hubiese cometido una persona particular será sancionada con una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados. Sistema financiero e independencia de los medios de comunicación.- No podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional, los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional que posean el 6% o más del paquete accionario, ni aquellos accionistas que mantengan posición dominante en la institución o que conformen una unidad de interés económico. Tampoco podrán serlo los miembros principales y suplentes de los directorios ni sus administradores. Se entenderá que son titulares indirectos los accionistas de una empresa privada de comunicación que sean a su vez propietarios a través de fideicomisos, de títulos representativos del capital suscrito de empresas, compañías, o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional; o, a través de este mismo mecanismo por medio de sus cónyuges o convivientes en unión de hecho. La Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Telecomunicaciones y otros organismos de control deberán establecer en el ámbito de sus respectivas competencias otros tipos de propiedad indirecta y notificarán del particular al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. El ejercicio de los derechos políticos y económicos de los accionistas, miembros de los directorios y administradores de empresas de comunicación incursos en la prohibición constitucional, quedará suspendido a partir de la notificación que les haga el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; sin perjuicio de la remoción de los directivos y administradores de la empresa de sus cargos, y de la venta en pública subasta de las acciones o participaciones que serán dispuestas por la Superintendencia de Compañías, y ejecutada de conformidad con la reglamentación que ésta expida para tal efecto.
Los valores que se obtengan en la venta en pública subasta serán entregados a cada uno de los accionistas de las empresas de comunicación, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho, incursos en la prohibición. Derecho al acceso a frecuencias y bandas.- Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias y señales del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión y para el aprovechamiento las bandas libres, en los términos que señala la ley. Queda prohibido el oligopolio directo o indirecto en el control y propiedad de los medios de comunicación y en el uso de las frecuencias de radio y televisión. Para efectos de esta ley se considera que existe oligopolio cuando una misma persona natural o jurídica, de manera directa o indirecta, es concesionario de un número mayor de frecuencias de los que está permitido en esta Ley. Una persona natural o jurídica se convierte en concesionaria indirecta cuando tiene participación accionaria o es propietario de una persona jurídica, la cual a su vez es accionista de otra persona jurídica que es titular de una concesión de radio o televisión. En los casos de oligopolio directo debidamente constatado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación dispondrá que se reviertan al Estado de forma inmediata las frecuencias que se hayan concesionado más allá del límite previsto en la ley, e impondrá al concesionario una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados por cada una de las frecuencias revertidas. En los casos de oligopolio indirecto el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación notificará a la Superintendencia de Compañías, para que suspenda el ejercicio de los derechos políticos y económicos de los accionistas incursos en la práctica oligopólica, y disponga la venta en pública subasta de sus acciones o participaciones, la cual será ejecutada de conformidad con la reglamentación que la Superintendencia de Compañías expida para tal efecto. Los valores que se obtengan en la venta en pública subasta serán depositados en la cuenta única del tesoro. En caso de que las acciones no pudiesen ser vendidas por falta de oferentes o de una oferta razonable, se mantendrán provisionalmente en poder del Consejo de Regulación y desarrollo de la comunicación, el cual deberá ponerlas a subasta nuevamente en un plazo no mayor a 18 meses, y así sucesivamente hasta que se concrete la venta. Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar en su propio beneficio y en el de sus familias y comunidades las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. El Estado desarrollará e implementará, a través del Ministerio del ramo, las políticas y planes nacionales que permitan de forma progresiva el ejercicio de este derecho e informará anualmente de su aplicación así como de los avances alcanzados en función de las metas previstas en la planificación, mediante un informe dirigido al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; informe que será obligatoriamente publicado en las páginas web de ambas instituciones.
Derecho a la comunicación plurinacional e intercultural.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tienen el deber de difundir tales contenidos, a solicitud de sus productores, hasta en un espacio equivalente al 5% de su programación, sin perjuicio de que por su propia iniciativa los medios de comunicación amplíen este espacio. En el caso de los sistemas de audio y vídeo por suscripción el cumplimiento de esta obligación será exigible solo para los canales que emitan su señal desde el territorio nacional y que formen parte de la grilla de programación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa equivalente del 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. Consolidación de los medios comunitarios.- El Estado promoverá la creación progresiva de las condiciones para la conformación y consolidación de los medios de comunicación comunitarios especialmente a través de la capacitación, el acceso a crédito y financiamiento para la compra de equipos, y la exención de impuestos para la importación de equipos de radiodifusión y televisión destinados a medios comunitarios. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por sí mismo o por otras instituciones del Estado que estén destinadas a la conformación y consolidación de los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. Derecho a la inclusión comunicativa de las personas con discapacidad.- Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y de cualquier otra índole. El Ministerio del ramo será responsable de definir e implementar las medidas de política pública que permitan progresivamente lograr el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y comunicación a través de los planes y programas para la inclusión digital de los grupos de atención prioritaria. El Ministerio informará anualmente de la aplicación de tales medidas así como de los avances alcanzados en función de las metas previstas en la planificación, mediante un informe dirigido al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; informe que será obligatoriamente publicado en las páginas web de ambas instituciones.
Los medios de comunicación tienen la obligación de desarrollar progresivamente mecanismos y medidas para hacer accesibles los contenidos comunicativos a las personas con discapacidad. El desarrollo de tales mecanismos constará obligatoriamente en el proyecto comunicativo de quienes soliciten la concesión y/o renovación de frecuencias de radio y televisión. SECCIÓN III Derechos de participación Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de los poderes públicos sobre los derechos a la comunicación y vigilar su pleno cumplimiento, así como para vigilar el desempeño de los medios públicos, privados y comunitarios con arreglo a las normas previstas en la Ley de Control Social y Participación Ciudadana. Derecho a usar los medios de comunicación públicos.- Los medios de comunicación públicos audiovisuales destinarán gratuitamente al menos el 5% del espacio de su programación a la producción de programas a cargo de las organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten, siempre que éstas se hallen debidamente acreditadas o registradas ante las instituciones estatales competentes. La distribución de este espacio de programación se realizará en función de la demanda de las organizaciones solicitantes. Estos espacios serán utilizados con total independencia y libertad para tratar los temas de interés general en los que trabajan estas organizaciones. Está prohibido el uso de este espacio para autopromover su gestión institucional. Los medios de comunicación públicos pondrán a disposición de las organizaciones de la sociedad civil su infraestructura, tecnología y personal para la producción de estos espacios ciudadanos. Queda prohibida toda aportación en dinero por parte de los medios públicos de comunicación para la producción de estos espacios. Los espacios de la programación destinados a las organizaciones de la sociedad civil deberán ubicarse entre las 08h00 y las 20h00. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo se sancionará con la destitución del cargo del director del medio público.
SECCIÓN IV Derechos de los comunicadores Derecho a la cláusula de conciencia.- Es derecho de los comunicadores elaborar libremente los contenidos de sus programas o publicaciones de información de interés general. Cualquier tipo de injerencia o condicionamiento al respecto por parte de los propietarios, accionistas o directivos de los medios de comunicación o de cualquier persona particular constituirá una violación de la cláusula de conciencia y a las libertades de expresión, información y difusión. Bajo ninguna circunstancia se podrán terminar las relaciones laborales o de colaboración de las personas con un medio de comunicación porque haya desacuerdo u oposición entre la línea editorial del medio y los contenidos elaborados por los comunicadores. La separación de un comunicador de la empresa por esta causa será tenida como una forma de despido intempestivo. Es potestad del medio de comunicación realizar o no la publicación de los contenidos elaborados por uno de sus trabajadores o colaboradores cuando se opongan a su línea editorial. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que realice la difusión de información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información; salvo cuando los datos informativos difundidos sean manifiestamente falsos o erróneos, o no puedan ser corroborados con otras fuentes, y además hayan afectado la honra, otros derechos fundamentales o el orden constituido; y siempre que medie orden judicial debidamente fundamentada. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente carecerá de todo valor jurídico y los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños a la que haya lugar. Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice actividades de comunicación social podrá ser obligada, bajo ninguna circunstancia, a revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.
La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico y los riesgos, daños y perjuicios que genere para las personas involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños a la que haya lugar. Cargos para comunicadores y periodistas profesionales.- Todas las personas tienen derecho a ejercer libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación, sin que sea exigible titulación profesional para tal efecto. Sin embargo, con la finalidad de cuidar la buena calidad de la información de relevancia pública, se reserva para los comunicadores y periodistas profesionales el ejercicio de los siguientes cargos en las empresas de comunicación cuya cobertura de señal o distribución de impresos llegue a dos o más provincias así como en todas las instituciones públicas: a) En medios escritos: editor o editora general y jefe o jefa de información o quienes ejerzan funciones equivalentes. a) En televisión: director o directora y subdirector o subdirectora de noticias, o quienes ejerzan funciones equivalentes. En radios: director o directora de noticias, o quien ejerza funciones equivalentes. En instituciones públicas: los cargos de Director de Comunicación o Director de Relaciones Públicas y Responsable de Imagen Institucional o equivalentes. Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Los comunicadores y comunicadoras y trabajadores y trabajadoras de la comunicación tienen los siguientes derechos: a) A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores. A remuneraciones y retribuciones justas, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y competencias. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad donde habitualmente trabajan o fuera de ella. A estar cubiertos con seguros privados de vida, accidentes, daños a terceros, asistencia jurídica, pérdida o robo de equipos, cuando las tareas que les encomienda realizar el medio de comunicación implica la eventual realización de los riesgos que cubren tales seguros. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación, necesaria para el ejercicio de sus funciones. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley.
TITULO III Sistema de comunicación social CAPÍTULO I Alcance Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él. Es responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación promover la conformación y articulación del Sistema de Comunicación Social, y actuar en dicho Sistema como ente coordinador. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación será encargado de elaborar la reglamentación para el funcionamiento del Sistema de Comunicación Social. Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes objetivos: 1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de comunicación. 3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en esta Ley, y formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la comunicación. 4. Producir continuamente información sobre los avances y dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de las empresas de telecomunicaciones y de los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley.
CAPITULO II Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Sección I Atribuciones y Conformación Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación es un organismo público con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, que se organizará de manera desconcentrada. Finalidad.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene por finalidad diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación relativas a sus competencias y las destinadas a generar condiciones materiales y sociales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales; y, ejercer potestades regulatorias en el ámbito de sus atribuciones. Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Proteger y promover en el ámbito de su competencia el efectivo ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 2. Promover la incorporación de los valores y prácticas de la convivencia intercultural en la programación de los medios de comunicación. 3. Fomentar e incentivar la creación de espacios para la difusión de la producción nacional y producción nacional independiente, a fin de garantizar el cumplimiento de las cuotas de programación establecidos en esta ley. 4. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Tecnologías de la Comunicación e Información para la Inclusión Digital o en planes similares; y formular observaciones a las autoridades públicas a cargo de la ejecución de dichos planes. 5. Participar en la elaboración de la Agenda Sectorial de Comunicación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 6. Promover la democratización y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. 7. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta. 8. Vigilar que la autoridad encargada de la administración del espectro radioeléctrico asigne el uso de las frecuencias de este espectro, a través de concursos públicos, abiertos y en igualdad de condiciones para los medios privados y comunitarios. 9. Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios de Comunicación impresos, de radio, televisión, audio y vídeo por suscripción y digitales que se emitan desde el Ecuador. 10. Establecer mecanismos de registro y monitoreo técnico de la programación de las estaciones de radio, televisión y de medios impresos, con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.
11. Implementar mecanismos para establecer información real sobre el tiraje y venta efectiva de los medios impresos, así como sobre la sintonía y niveles de audiencia de los medios audiovisuales. 12. Conocer y resolver en el ámbito administrativo los reclamos presentados por violación a los derechos o a las obligaciones establecidas en esta ley. 13. Iniciar de oficio y resolver los procedimientos administrativos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. 14. Remitir a la Fiscalía la información que llegue a su conocimiento en relación a la violación de derechos que evidencien la comisión de delitos de acción pública. 15. Examinar y pronunciarse sobre los resultados de las veedurías ciudadanas que se organicen en torno al desempeño de las instituciones, organizaciones, empresas y medios públicos, comunitarios y privados que realizan actividades contempladas en el ámbito de esta ley. 16. Aprobar la proforma presupuestaria del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación elaborada y presentada por la Secretaría Técnica. 17. Nombrar y remover al Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y a su Secretario Técnico. 18. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento. 19. Las demás que determine la Constitución y la ley. Integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará conformado por: 1. Un integrante, escogido de una terna enviada por el Presidente de la República. 2. Un integrante designando de entre los postulados por cada una de las Asociaciones o Consejos de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 3. Un integrante designado de entre los postulantes por cada uno de los Consejos Nacionales de Igualdad. 4. Un integrante designado de entre los postulantes de cada una o de un conjunto de las facultades o escuelas de comunicación social de las universidades públicas. 5. Tres integrantes designados de entre los y las ciudadanas que se postulen por sí mismos o por organizaciones sociales. Los miembros principales tendrán sus respectivos suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se prevén para los principales. Requisitos.- Los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación cumplirán los siguientes requisitos: a) Tener nacionalidad ecuatoriana. a) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente o Presidenta de la República, los ministros, ministras y secretarios o secretarias de Estado.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes sean o hayan sido accionistas, propietarios, directivos, administradores de medios de comunicación social, durante los dos años anteriores a la fecha de convocatoria del concurso. No ejercer funciones de administración o gerencia de los medios de comunicación social o trabajar bajo relación de dependencia en medios de comunicación social, ni haberlo hecho durante los dos años anteriores a la fecha de convocatoria del concurso. Estar en goce de los derechos políticos y de participación. Quienes se desempeñen como miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación no podrán ejercer otra función pública, excepto la docencia universitaria. Designación.- La designación de los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un concurso público de méritos. Los miembros principales y suplentes serán designados en orden de prelación, según las mayores calificaciones y puntaje. En caso de ausencia definitiva de un miembro principal del Consejo será reemplazado por el suplente que hubiera obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso. El suplente que se principaliza será reemplazado por el que hubiera obtenido el siguiente mejor puntaje en el respectivo concurso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elaborará el reglamento respectivo para organizar e implementar el concurso público para la designación de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Autonomía e independencia de los miembros del Consejo.- Para asegurar su autonomía e independencia, los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación durarán cuatro años en sus funciones y no serán de libre remoción. Cesación de funciones de los miembros del Consejo.- Los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación cesarán en sus funciones, en los siguientes casos: a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; a) Por incapacidad absoluta y permanente; Por suspensión de los derechos políticos, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley. Por destitución; y, Por muerte. Destitución.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá destituir a uno de sus consejeras o consejeros por la comisión de una falta grave, sólo con el voto favorable de cinco de sus integrantes.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación conocerá y resolverá sobre la destitución de las consejeras o consejeros por las causas establecidas en esta Ley, a través de un procedimiento que garantice el cumplimiento de las reglas del debido proceso. La resolución de destitución podrá impugnarse en efecto devolutivo ante la justicia ordinaria. Causales de destitución.- Son causas de destitución, sin perjuicio de las acciones y sanciones penales y civiles a que haya lugar: a) C ontrariar disposiciones legales expresas en relación al cumplimiento de sus funciones. a) Recibir dádivas o aceptar la promesa de entrega. Realizar actividades políticas de carácter público, o aceptar o participar en la promoción o la postulación de candidaturas para cargos de elección popular. Usar abusivamente las facultades que le confiere esta ley. Encontrarse comprendido en una de las causales de incompatibilidad, no advertida al momento del nombramiento, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. Inasistencia injustificada a más de tres convocatorias consecutivas. Las demás que contemple la ley para los funcionarios públicos en general. SECCIÓN II Estructura y funcionamiento Estructura administrativa y funcionamiento.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará estructurado de la siguiente forma: a) El Pleno del Consejo. a) La Presidencia del Consejo. La Secretaría Técnica. Dependencias desconcentradas. Financiamiento.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tendrá financiamiento del Presupuesto General del Estado. De la Presidenta o Presidente del Consejo y sus atribuciones.- El Presidente o Presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación será su representante legal, judicial y extrajudicial. Se elegirá de entre sus miembros, tendrá voto dirimente y durará dos años en sus funciones.
Sus atribuciones son las siguientes: a) Presidir las sesiones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. a) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones que expida el Consejo. Suscribir las comunicaciones que se expidan en el Consejo. Rendir al Consejo, anualmente, un informe de las actividades realizadas. Nombrar a los servidores y servidoras; remover a los servidores y servidoras de libre remoción y, en caso de quienes sean de nombramiento, su remoción se sujetará a la ley correspondiente. Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Las demás que señale la Constitución de la República, la ley y los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. De la Secretaría Técnica.- La Secretaría Técnica será el organismo técnico, administrativo y operativo de gestión y ejecución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Este organismo estará dirigido por el secretario técnico o secretaria técnica, que será un funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción, elegido mediante concurso de méritos por el pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, de la terna presentada por su presidenta o presidente. Funciones del Secretario Técnico.- El secretario técnico o secretaria técnica tendrá las siguientes funciones: a) Dirigir las actividades técnicas, operativas, administrativas y financieras del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. a) Asesorar al Consejo cuando sea requerido. a) Presentar la proforma presupuestaria al Pleno del Consejo, para su aprobación. Certificar los actos, levantar las actas correspondientes y llevar el archivo del Consejo. Las demás establecidas en esta ley y en los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Dependencias desconcentradas.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá crear oficinas desconcentradas en cualquier parte del territorio nacional para cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. Para tal efecto tendrá en consideración, entre otros, los siguientes parámetros: población urbana y rural y densidad poblacional; concentración, tipo y cobertura de medios de comunicación y especificidades de la región. Sus funciones se enmarcarán en lo establecido en esta Ley y se determinarán en los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.
Procedimientos administrativos.- Los procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación así como los procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a los administrados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Además de las sanciones o medidas administrativas establecidas en esta ley para cada caso específico el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la Comunicación podrá realizar comunicaciones y amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación. Resoluciones del Consejo.- Las resoluciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tienen fuerza jurídica vinculante y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la Ley o en dichas resoluciones; salvo que los administrados inicien en la jurisdicción contenciosa administrativa las acciones legales que consideren pertinentes contra el acto administrativo emanado del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. En estos casos la Resolución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación solo podrá ejecutarse una vez que el fallo judicial haya confirmado la legitimidad del acto administrativo. Caducidad y Prescripción.- Las acciones para iniciar el procedimiento administrativo caducarán en ciento ochenta días a partir de la fecha de comisión de la presunta infracción contemplada en esta ley. La potestad para sancionar las infracciones prescribirá en tres años a partir de inicio del procedimiento. TÍTULO IV Regulación de contenidos Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 1. Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P. Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia.
Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la concurrencia y de los siguientes elementos: 1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción. 2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el artículo 5 de esta ley 3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación. Medidas administrativas.- La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas: 1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos. 2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio.
3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del a 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. En caso de que el acto de discriminación evidencie indicios de responsabilidad penal, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación remitirá a la Fiscalía, para los fines pertinentes, copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida administrativa. Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación "A": Apta para todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y "C": Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. Contenido violento.- Para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento todo mensaje que se difunda por cualquier medio, que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza, tanto en contextos reales, ficticios o fantásticos. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de esta conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Suspensión de publicidad y programas.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa, así como de aquella publicidad o programas que contengan contenidos discriminatorios, incitación directa al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. TÍTULO V Medios de comunicación social Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres tipos: a. Públicos b. Privados c. Comunitarios Responsabilidades comunes.- La comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando la Constitución y los instrumentos internacionales, y contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. 2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general.
3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas. 4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo. 5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. 7. Promover las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. 8. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos. Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: a) Transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general que dispongan los titulares de las Funciones del Estado, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Presidente o Presidenta de la Corte Constitucional, los Ministros o Ministras de Estado y los demás servidores y servidoras de la función ejecutiva que tengan rango de Ministro. Estos espacios se utilizarán única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad que será normada mediante reglamento por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. b) Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que dispongan el Presidente o Presidenta de la República o las autoridades por él designadas para tal fin. c) Destinar hasta tres horas por semana, no acumulables, para programas oficiales o propios de carácter educativo y de relevancia para la ciudadanía, que fortalezcan los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos; que contribuyan a la prevención de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de alcohol, de tabaco y a otros asuntos de salubridad; que favorezcan la plurinacionalidad, la interculturalidad y la equidad de género; y que promuevan los derechos de los grupos de atención prioritaria. Se priorizará la difusión de programas oficiales y a falta de éstos los no oficiales. Obligaciones de los sistemas de audio y video por Suscripción.- Los sistemas de audio y vídeo por suscripción suspenderán su programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan el Presidente o Presidenta de la República o las autoridades por él designadas para tal fin, en los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las autoridades competentes proporcionarán a los sistemas de audio y video por suscripción la señal o el contenido a ser transmitido, en caso contrario el cumplimiento de la obligación aquí establecida no será exigible.
Suspensión de la libertad de información.- El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa de los medios de comunicación una vez que se haya declarado estado de excepción en todo o una parte del territorio nacional. La legitimidad y legalidad de la disposición de suspender el derecho a la libertad de información y de establecer la censura previa de los medios requiere, en todos los casos, que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente. 2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la Constitución. 3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción. 4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la libertad de información y establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. SECCIÓN I Medios de Comunicación Públicos Definición.- Los medios de comunicación social de servicio público son empresas públicas que prestan un servicio de comunicación diverso, plural e incluyente, fomentan el acceso y la participación en el espacio público, difunden las identidades y la diversidad culturales, impulsan la sociedad de la información y promueven la interculturalidad y el régimen del buen vivir. Para este propósito el Estado constituirá empresas públicas de comunicación social, de carácter nacional, regional o local. Los medios de comunicación social de servicio público se regirán por lo dispuesto en esta ley y el acto normativo de su creación. La Ley Orgánica de Empresas Públicas regirá para lo no previsto en esta ley. Naturaleza jurídica.- Los medios de comunicación social de servicio público no tendrán fines de lucro y su política editorial será independiente de intereses gubernamentales, partidistas y comerciales. Por su naturaleza, se prohíbe la transmisión de contenidos y programas de tipo partidista o proselitista, con excepción de la publicidad electoral de campaña válidamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral.
Los medios de comunicación social de servicio público tendrán patrimonio propio y estarán dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Función.- Los medios de comunicación social de servicio público tienen la obligación de cumplir con la esencial función de contribuir a la formación de una opinión pública crítica, fundamentada y humanística, para lo cual ofrecerán información y educación de calidad, que refleje la diversidad cultural del país y se vincule con sus identidades regionales. Los medios de comunicación social de servicio público propenderán a satisfacer las diversas preferencias de sus audiencias. Objetivos.- Los medios de comunicación social de servicio público tendrán los siguientes objetivos: a) Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, de las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; de las niñas, niños y adolescentes; y, el respeto a los derechos de la naturaleza. b) Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y pluralismo. c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. d) Fomentar la igualdad de género. e) Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo. f) Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales. g) Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel nacional e internacional. h) Implementar espacios para la promoción turística del país. Estructura.- Los medios públicos contarán con un Directorio, encargado de emitir las políticas de administración de la empresa; y, adicionalmente, con un Consejo Editorial, encargado de proponer la línea editorial del medio y evaluar su contenido. El Directorio nombrará un Gerente del medio público, quien tendrá bajo su responsabilidad la administración y el cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio, así como las decisiones emitidas por el Consejo Editorial, respecto a la línea editorial y los contenidos que se difunden en el medio público. Directorio de medios públicos nacionales.- El Directorio de los medios públicos de carácter nacional estará conformado por: 1. El delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá. 2. Un representante de la Asamblea Nacional; y, 3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los representantes de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación y Control Social serán escogidos mediante concurso de méritos llevado a cabo por sus titulares, debiendo demostrar probidad notoria y conocimientos en la materia. Serán escogidos para un periodo de cuatro años en sus funciones. Intervendrá con voz, pero sin voto, en las sesiones del Directorio, el Gerente del medio público. Directorio de medios públicos locales.- El directorio administrativo de las empresas públicas de comunicación social creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, estará conformado por:
1. La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, o su delegado permanente; 2. Un delegado de la Secretaria o Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado; 3. Un delegado de la Secretaria o Dirección de Educación y/o Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado; y, 4. Un representante de la Ciudadanía, elegido a través de la normativa de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado. Directorio de medios públicos universitarios.- El directorio administrativo de las empresas públicas de comunicación social creadas por acto normativo de los Consejos Universitarios de las Universidades Públicas, estará conformado por: 1. El delegado del Rector, quien lo presidirá 2. Un representante del Consejo Académico u órgano equivalente; y, 3. Un representante de los alumnos. 4. Un representante de los trabajadores. Funciones del Directorio.- Son funciones del Directorio de los medios públicos, las siguientes: 1. Establecer las políticas y metas de la empresa y evaluar su cumplimiento. 2. Designar y remover al Gerente General del medio público. 3. Aprobar el presupuesto institucional y el plan de compras anual del medio público. 4. Expedir, reformar y/o aprobar la normativa interna de funcionamiento del medio público. 5. Todas las demás funciones que le asigna la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Gerente General.- El Gerente General de cada medio público será elegido por el directorio de fuera de su seno, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será el responsable de su gestión. Consejo Editorial.- El Consejo Editorial es el órgano encargado de proponer la línea editorial del medio y evaluar su contenido. Se integrará de la siguiente manera: a) El Director del Consejo, que será designado por el Directorio; b) El responsable de los contenidos del medio; c) Un representante de la ciudadanía, elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; d) El Gerente General del medio público; y, e) El defensor del televidente, radioescucha o del lector. Los integrantes del Consejo Editorial deberán contar con probidad notoria y solvencia técnica en áreas de la comunicación social, así como tener su domicilio en el ámbito territorial de cobertura del medio de comunicación. La representación en el Consejo Editorial es honorífica. Sin embargo, el medio público podrá reconocer valores de movilización y representación.
El Defensor de las audiencias.- El defensor del televidente, radioescucha o del lector, es la persona encargada de representar a la ciudadanía en el medio público, vigilando que los contenidos tengan una elevada calidad, intermediando entre la ciudadanía y el medio; y, velará por el cumplimiento de la misión, visión y valores del mismo. Será designado por el Directorio, de una terna enviada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El ejercicio de sus funciones será remunerado por el medio público. Funciones del Consejo Editorial.- Los consejos editoriales tendrán las siguientes funciones: a) Fijar la línea editorial del medio bajo la visión constitucional del Buen Vivir; b) Vigilar que los productos editoriales tengan una elevada calidad y mantengan fielmente su identidad ciudadana e institucional; c) Elaborar la guía editorial y el código de ética del medio; y, d) Las demás que le otorgue la Ley. Financiamiento.- Las empresas públicas se financiarán, además de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de la siguiente forma: a) Con los fondos propios asignados en los presupuestos de las respectivas entidades e instituciones del sector público; b) Con la comercialización de sus producciones y productos; c) Con la publicidad comercial de las empresas públicas y privadas, hasta un máximo del 50% de su presupuesto anual; d) Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional; y, e) Con otros mecanismos de autogestión. La comercialización de las producciones y productos y la publicidad comercial se sujetarán a las prácticas y políticas competitivas del mercado. Los medios públicos no están obligados a llevar su contabilidad mediante normas de contabilidad gubernamental, tampoco estarán obligados a gestionar sus recursos financieros a través de la cuenta única del tesoro nacional ni a través del ESIGEF. Adicionalmente, se permitirá el manejo de cuentas en la banca pública y privada. Talento Humano.- La estructura organizacional de los medios públicos será definida exclusivamente por su Directorio, y serán aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La contratación de personal de los medios públicos se realizará a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la Ley de Empresas Públicas, la Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio. Auditoría.- Los medios públicos estarán sujetos a todas las formas de control y auditoría que rigen para las empresas públicas, sin perjuicio de las auditorías administrativo financieras, realizadas a través de empresas especializadas, calificadas y contratadas por el mismo medio, previa autorización del Directorio.
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  • 1. LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones Art. 1.- Objeto y ámbito.- Art. 1.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Art. 2.- Contenido.- Art. 3.- Medios de comunicación social.- Art. 4.- Empresas privadas de comunicación de carácter nacional.- Art. 5.- Plataforma tecnológica.- Art. 6.- Información de relevancia pública o de interés general.- Art. 7.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Art. 8.- Normas deontológicas.- TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I Principios Art. 9.- Principio de no discriminación.- Art. 10.- Principio de acción afirmativa.- Art. 11.- Principio de Reparación.- Art. 12.- Principio de igualdad de los extranjeros.- Art. 13.- Principio de Democratización de la comunicación e información.- Art. 14.- Principio de participación.- Art. 15.- Principio de Plurinacionalidad e interculturalidad.- Art. 16.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Art. 17.- Principio de Transparencia.- CAPITULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de libertad Art. 18.- Derecho a la libertad de pensamiento y opinión.- Art. 19.- Derecho a la libertad de expresión.- Art. 20.- Prohibición de censura previa por autoridades públicas.- Art. 21.- Protección contra la censura previa en los medios de comunicación.- Art. 22.- Responsabilidad ulterior.- Art. 23.- Responsabilidad Ulterior de los Medios de Comunicación.- Art. 24.- Responsabilidad solidaria.- Art. 25.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Art. 26.- Derecho a la rectificación.- Art. 27.- Derecho a la réplica.- Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Art. 29.- Libertad de información.- Art. 30.- Información de circulación restringida.- Art. 31.- Derecho a la protección de datos de carácter personal.-
  • 2. Art. 32.- Datos de carácter personal.- Art. 33.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Art. 34.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad Art. 35.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Art. 36.- Sistema financiero e independencia de los medios de comunicación.- Art. 37.- Derecho al acceso a frecuencias y bandas.- Art. 38.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Art. 39.- Derecho a la comunicación plurinacional e intercultural.- Art. 40.- Consolidación de los medios comunitarios.- Art. 41.- Derecho a la inclusión comunicativa de las personas con discapacidad.- SECCIÓN III Derechos de participación Art. 42.- Participación ciudadana.- Art. 43.- Derecho a usar los medios de comunicación públicos.- SECCIÓN IV Derechos de los comunicadores Art. 44.- Derecho a la cláusula de conciencia.- Art. 45.- Derecho a la reserva de la fuente.- Art. 46.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Art. 47.- Cargos para comunicadores y periodistas profesionales.- Art. 48.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- TITULO III Sistema de comunicación social CAPÍTULO I Alcance Art. 49.- Conformación.- Art. 50.- Objetivos.- CAPITULO II Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Sección I Atribuciones y Conformación Art. 51.-Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- Art. 52.-Finalidad.- Art. 53.-Atribuciones.- Art. 54.- Integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- Art. 55.- Requisitos.-
  • 3. Art. 56.- Designación.- Art. 57.- Autonomía e independencia de los miembros del Consejo.- Art. 58.- Cesación de funciones de los miembros del Consejo.- Art. 59.- Destitución.- Art. 60.- Causales de destitución.- SECCIÓN II Estructura y funcionamiento Art. 61.- Estructura administrativa y funcionamiento.- Art. 62.- Financiamiento.- Art. 63.- De la Presidenta o Presidente del Consejo y sus atribuciones.- Art. 64.- De la Secretaría Técnica.- Art. 65.- Funciones del Secretario Técnico.- Art. 66.- Dependencias desconcentradas.- Art. 67.- Procedimientos administrativos.- Art. 68.- Resoluciones del Consejo.- Art. 69.- Caducidad y Prescripción.- TÍTULO IV Regulación de contenidos Art. 70.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Art. 71.- Contenido discriminatorio.- Art. 72.- Prohibición.- Art. 73.- Criterios de calificación.- Art. 74.- Medidas administrativas.- Art. 75.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Art. 76.- Contenido violento.- Art. 77.- Prohibición.- Art. 78.- Contenido sexualmente explícito.- Art. 79.- Suspensión de publicidad y programas.- TÍTULO V Medios de comunicación social Art. 80.- Tipos de medios de comunicación.- Art. 81.- Responsabilidades comunes.- Art. 82.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Art. 83.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por Suscripción.- Art. 84.- Suspensión de la libertad de información.- SECCIÓN I Medios de Comunicación Públicos Art. 85.- Definición.- Art. 86.- Naturaleza jurídica.- Art. 87.- Función.- Art. 88.- Objetivos.- Art. 89.- Estructura.- Art. 90.- Directorio de medios públicos nacionales.-
  • 4. Art. 91.- Directorio de medios públicos locales.- Art. 92.- Directorio de medios públicos universitarios.- Art. 93.- Funciones del Directorio.- Art. 94.- Gerente General.- Art. 95.- Consejo Editorial.- Art. 96.- El Defensor de las audiencias.- Art. 97.- Funciones del Consejo Editorial.- Art. 98.- Financiamiento.- Art. 99.- Talento Humano.- Art. 100.- Auditoría.- SECCIÓN II Medios de comunicación privados Art. 101.- Definición.- SECCIÓN III Medios de comunicación comunitarios Art. 102.- Definición.- Art. 103.- Acción afirmativa.- Art. 104.- Financiamiento.- SECCIÓN IV Transparencia de los medios de comunicación social Art. 105.- Registro Público.- Art. 106.- Actualización.- Art. 107.- Archivo de soportes.- SECCIÓN V Publicidad y propaganda Art. 108.- Actores de la publicidad.- Art. 109.- Duración de la publicidad.- Art. 110.- Responsabilidad en los mensajes publicitarios y propaganda.- Art. 111.- Producción de publicidad nacional.- Art. 112.- Protección en publicidad y propaganda.- Art. 113.- Gasto público en publicidad.- Art. 114.- Lenguas de interrelación cultural.- SECCIÓN VII Producción nacional Art. 115.-Cuota de pantalla.- Art. 116.-Concentración de la cuota de pantalla.- Art. 117.-Producción nacional.- Art. 118.-Productores nacionales independientes.- Art. 119.- Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente.- Art. 120.- Difusión de los contenidos musicales.-
  • 5. SECCIÓN VII Espectáculos públicos Art. 121.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- Art. 122.- Derechos de los medios de comunicación a las transmisiones de espectáculos públicos.- TÍTULO V Gestión del espectro radioeléctrico Art. 123.- Titularidad y administración del espectro radioeléctrico.- Art. 124.- Distribución equitativa de frecuencias.- Art. 125.- Acción afirmativa para concesionarios.- Art. 126.- Reversión de frecuencias.- Art. 127.- Exención a concesionarios irregulares.- Art. 128.- Modalidades para la Adjudicación de concesiones.- Art. 129.- Adjudicación directa.- Art. 130.- Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- Art. 131.- Inhabilidades para concursar.- Art. 132.- Terminación de la concesión de frecuencia.- Art. 133.- Prohibición de concentración.- Art. 134.- Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.- Art. 135.- Concesiones para repetidoras de medios públicos.- Art. 136.- Plazo de concesión.- Art. 137.- Intransferibilidad de las concesiones.- Art. 138.- Concesiones al sector comunitario.- Art. 139.- Enlaces de programación.- Disposiciones Transitorias PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- CUARTA.- QUINTA.- SEXTA.- SEPTIMA.- OCTAVA.- NOVENA.- DECIMA.- UNDECIMA.- DUODECIMA.- DECIMA TERCERA.- DECIMA CUARTA.- DECIMA QUINTA.- DECIMA SEXTA.- Disposiciones Derogatorias PRIMERA.- SEGUNDA.- Disposición Final
  • 6. LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I Disposiciones preliminares y definiciones Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente para los y las ciudadanas entre sí, entre ellos y el Estado, y entre los y las ciudadanas y los medios de comunicación social. Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos humanos que habitan en el Ecuador, así como las ecuatorianas y los ecuatorianos que viven en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. Los derechos establecidos en esta Ley son jurídicamente exigibles de forma individual y colectiva ante las autoridades y jueces competentes mediante las acciones constitucionales, judiciales y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Contenido.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación impresos, de radio y de televisión. No se considera contenido, a los mensajes o comunicaciones personales que circulen a través de las redes y servicios de telecomunicaciones o estén soportadas en medios físicos. Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se considera medios de comunicación social a las empresas y organizaciones dedicadas a realizar publicaciones impresas diarias o periódicas, a las estaciones de radio y a las estaciones de televisión que emitan o difundan su señal desde el territorio ecuatoriano usando cualquier plataforma tecnológica. Empresas privadas de comunicación de carácter nacional.- Los medios audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones, adquieren la condición de empresas privadas de comunicación de carácter nacional cuando su cobertura llegue al 25% o más de la población nacional, o tengan cobertura en 10 provincias o más. Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,50% de la población nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior. Plataforma tecnológica.- Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los medios de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus publicaciones.
  • 7. Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general que los ciudadanos utilizan para tomar decisiones relevantes tanto en el ámbito público como privado. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación generalistas difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Normas deontológicas.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios podrán expedir por sí mismos normas deontológicas orientadas a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Dichas normas no son jurídicamente vinculantes y en ningún caso pueden suplir u oponerse a las normas legales vigentes. TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I Principios Principio de no discriminación.- El Estado, a través del poder público, respetará y hará respetar que la aplicación de las normas contenidas en esta Ley coadyuven a eliminar toda forma de discriminación o exclusión por parte de los actores públicos, privados y comunitarios de la comunicación, así como para promover, en un marco de pluralismo, la diversidad y el respeto a los derechos humanos en los contenidos difundidos. Se prohíbe la discriminación de cualquier índole para acceder y disfrutar de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales, esta Ley y cualquier otra del ordenamiento jurídico. Principio de acción afirmativa.- Sin desmedro o afectación para los derechos de los demás ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación a colectivos humanos que se consideren, fundadamente, en situación de desigualdad real respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto.
  • 8. Principio de Reparación.- El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública en materia de comunicación están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que éstos tengan frente a terceros. Principio de igualdad de los extranjeros.- Las personas extranjeras que residan legalmente en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes en materia de comunicación que los nacionales, salvo en los casos que la Ley expresamente establezca condiciones específicas. Principio de Democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, sus tecnologías y flujos de información a favor de la mayoría de ciudadanos. Principio de participación.- Las instituciones, autoridades y funcionarios públicos con competencias en materia de derechos a la comunicación facilitarán y promoverán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de planificación que se realizan para atender los asuntos públicos a su cargo. Principio de Plurinacionalidad e interculturalidad.- El Estado y especialmente las instituciones, autoridades y funcionarios públicos con competencias en materia de derechos a la comunicación promoverán, a través de medidas de política pública que incluyan acciones de afirmación positiva, que los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Las actuaciones, programaciones y decisiones de los actores públicos, privados y comunitarios de la comunicación se realizarán subordinándose al principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, principio que hace prevalecer ponderadamente el ejercicio de sus derechos sobre otros derechos o intereses con los que puedan entrar en conflicto. Principio de Transparencia.- Los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios difundirán de forma transparente información sobre la propiedad, estructura organizativa, política editorial y funcionamiento de su organización a fin de que los ciudadanos y ciudadanas puedan afirmar o modificar sus preferencias mediáticas debidamente informados. CAPITULO II Derechos a la comunicación
  • 9. SECCIÓN I Derechos de libertad Derecho a la libertad de pensamiento y opinión.- Todas las personas tienen el derecho absoluto a formular y emitir por cualquier medio o forma su pensamiento y su personal parecer sobre cualquier persona o asunto público o privado, sin que por ello pueda ser afectado y/o restringido cualquiera de los derechos de quien expresa su opinión ni recibir sanción alguna. No constituye opinión cualquier afirmación que deba ser probada o corroborada objetivamente en razón de que afecta la honra o derechos de otras personas, o porque implica la atribución de autoría o de responsabilidad jurídica sobre un hecho o una decisión prohibida por el ordenamiento jurídico. El pensamiento y las opiniones vertidas en el ámbito académico como parte de un proceso de reflexión y aprendizaje no están sujetas al deber de corroborar sus afirmaciones. El derecho a la libertad de pensamiento incluye la protección para formular y emitir y circular todo tipo de ideas científicas, sociales, políticas y morales o de cualquier otra índole siempre que ellas no incluyan invocaciones o incitaciones al uso de la violencia; a la comisión de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico; a la discriminación, a la persecución o explotación de un determinado grupo humano u organización de cualquier clase; o, a la confrontación armada y a la guerra. Ninguna persona o autoridad podrá establecer censura previa o posterior a los actos de comunicación protegidos por la libertad de opinión y pensamiento. Quien censure o realice actos conducentes a evitar la libre expresión de la opinión o del pensamiento será sancionado de acuerdo a la ley. Derecho a la libertad de expresión.- Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente de cualquier forma y por cualquier medio, pero serán jurídicamente responsables por las consecuencias que generen sus expresiones en caso de que impliquen la realización de una conducta prohibida por la ley. Constituye un uso abusivo e ilegítimo del derecho a la libertad de expresión y quedan prohibidas las invocaciones o incitaciones al uso de la violencia; a la comisión de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico; a la discriminación, a la persecución o explotación de un determinado grupo humano u organización de cualquier índole; o, a la confrontación armada interna y a la guerra. Tales actos serán sancionados de acuerdo a la ley. Se prohíbe la censura previa, y quien la realice o ejecute actos conducentes a realizarla será sancionado de acuerdo a la ley. La creación artística está protegida por la libertad de expresión y no se podrá impedir la exposición o el acceso a quien quiera disfrutar de ella. Sin embargo, se respetarán las limitaciones al acceso establecidas por las autoridades para las personas menores de 16 años a las obras de creación artística y otros espectáculos públicos cuando justificadamente se considere que su contenido no puede ser adecuadamente procesado por los niños, niñas y adolescentes o cuando precisan el acompañamiento de un adulto. La libertad de expresión incluye el derecho de todas las personas a profesar en público o en privado su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con los límites propios de esta libertad y las restricciones que impone el respeto a los demás derechos fundamentales.
  • 10. Prohibición de censura previa por autoridades públicas.- Queda prohibida la censura previa, esto es, la revisión, aprobación o desaprobación, por parte de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previo a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Los funcionarios o autoridades públicas que realicen censura previa o ejecuten actos conducentes a realizarla serán sancionados administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de dos a seis meses de su remuneración total, sin perjuicio de que el funcionario responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Protección contra la censura previa en los medios de comunicación.- Toda conducta de los propietarios y directivos de los medios de comunicación o de los anunciantes que persiga impedir a un comunicador o comunicadora el tratamiento de un tema específico, así como la imposición de un determinado sesgo o punto de vista para abordarlo, será considerado un acto de censura previa, el cual será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación de la Comunicación con la imposición de una multa de dos a seis meses de la remuneración total del periodista o comunicador, sin perjuicio de que el autor de la censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Se impondrá una sanción de 10 a 20 salarios básicos unificados a cualquier medio de comunicación social que, sin causa justificada, suspenda la publicación de un artículo o noticia o cancele la emisión de un programa, o modifique su horario habitual de emisión. En tales casos el comunicador social o comunicadora social, o el productor o productora independiente tendrá derecho a ejercer las acciones judiciales de reparación integral de los daños materiales y la compensación de los daños inmateriales sin perjuicio de iniciar cualquier otra acción legal a la que hubiere lugar. Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Responsabilidad Ulterior de los Medios de Comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos civil y administrativo, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio y no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección física, dirección electrónica, correo, cédula de ciudadanía o identidad; o,
  • 11. 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen la honra, reputación y demás derechos consagrados en la Constitución y la ley. Responsabilidad solidaria.- El medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea veraz. Este derecho implica la obligación de los comunicadores, que difunden información de relevancia pública a través de cualquier medio de comunicación, de realizar todas las acciones posibles para verificar, contrastar, contextualizar y ser precisos con los datos que consignan en sus notas periodísticas. Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que la información que se difunda sobre ellas por los medios de comunicación sea debidamente verificada. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar de forma inmediata, gratuita, con las mismas características y en el mismo espacio u horario las rectificaciones a las que haya lugar por haber difundido información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona. En caso de que el medio de comunicación no canalice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer las siguientes medidas administrativas: 1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos. 2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en que se difundió la información no demostrada, falsa o inexacta. 3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. El cumplimiento de estas medidas administrativas no excluye las acciones judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona.
  • 12. Derecho a la réplica.- Toda persona que haya sido directamente aludida por información inexacta o agraviante que afecte su dignidad, honra o reputación a través de un medio de comunicación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica o respuesta de forma gratuita e inmediata en el mismo espacio de programación. En caso de que el medio de comunicación no canalice por su propia iniciativa el derecho de réplica, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. Copias de programas o impresos.- Los medios de comunicación tienen el deber de atender favorablemente en un término no mayor a 3 días y sin costo alguno las solicitudes de entrega de copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito, por las personas que consideren que sus derechos han sido vulnerados. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo con una multa de 1 a 4 salarios básicos unificados del trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia solicitada. Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales y/o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información serán sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente la siguiente información: a. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la Ley. b. La información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente. c. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa. d. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
  • 13. La persona que realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Derecho a la protección de datos de carácter personal.- Todas las instituciones públicas, medios de comunicación, las empresas o entidades de carácter privado y las personas naturales que recojan, archiven, procesen, distribuyan o difundan datos de carácter personal tienen la obligación jurídica de obtener previamente la autorización expresa de los titulares de esta información o de actuar amparados por una autorización legal para realizar tales actividades. La autorización referida en el párrafo anterior requerirá el consentimiento previo e informado de los titulares de la información personal sobre la finalidad y usos de la misma. Esta autorización puede ser revocada en cualquier tiempo por su titular. Todas las personas tienen el derecho de acceder libre e inmediatamente a los datos de carácter personal de los que son titulares y que se hallen en poder de cualquier persona natural o jurídica, así como de exigir gratuita e inmediatamente la corrección de estos datos si fuesen inexactos o falsos. La persona que obstaculice o impida el ejercicio de este derecho o incumpla las obligaciones señaladas en este artículo será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Datos de carácter personal.- son datos de carácter personal: 1. La ideología o pensamiento político 2. Los datos sobre el estado de salud 3. Los datos sobre las conductas o preferencias sexuales 4. Los datos sobre la situación financiera 5. Los datos sobre el pasado judicial 6. Las creencias religiosas y la pertenencia o no a una determinada religión Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones o estén soportadas en medios físicos. Las personas que se comunican por cualquier medio, incluido Internet, tienen derecho a usar herramientas de codificación de mensajes que garanticen una comunicación segura, privada y anónima. La información sobre comunicaciones personales no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la Ley, previa orden judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas por miembros calificados de la fuerza pública.
  • 14. La información obtenida violando el derecho a la protección de las comunicaciones personales no se podrá utilizar ni difundir en ningún medio o canal, ni causará efectos jurídicos de ningún tipo, salvo en los casos y condiciones que el acceso y examen de dichas comunicaciones se haya efectuado con autorización judicial debidamente fundamentada. La violación de este derecho se sancionará administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la siguiente forma: a. Si la hubiese cometido un funcionario o autoridad pública será causal de separación de su cargo. b. Si la hubiese cometido un miembro de la fuerza pública será causal de baja deshonrosa. c. Si la hubiese cometido una persona particular será sancionada con una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados. En todos los casos, la persona que haya violado ese derecho responderá judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su propia lengua, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. La clasificación de contenidos y audiencias así como la determinación de franjas horarias para medios de radio y televisión cuya señal sea de origen nacional, en tanto mecanismos de protección y respeto al grado de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, se fijarán en la Ley.
  • 15. SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Queda prohibido obstaculizar, impedir o condicionar el normal desempeño de las actividades lícitas de las empresas, organizaciones o entidades dedicadas a la comunicación. La realización de actividades ilícitas a través de los medios de comunicación que afecte a bienes jurídicos protegidos penalmente será procesada por la jurisdicción penal, sin perjuicio de la aplicación de las medidas administrativas o acciones civiles a las que haya lugar. La violación de este derecho se sancionará administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la siguiente forma: a. Si la hubiese cometido un funcionario público será causal de separación de su cargo. c. Si la hubiese cometido un miembro de la fuerza pública será causal de baja deshonrosa. c. Si la hubiese cometido una persona particular será sancionada con una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados. Sistema financiero e independencia de los medios de comunicación.- No podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional, los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional que posean el 6% o más del paquete accionario, ni aquellos accionistas que mantengan posición dominante en la institución o que conformen una unidad de interés económico. Tampoco podrán serlo los miembros principales y suplentes de los directorios ni sus administradores. Se entenderá que son titulares indirectos los accionistas de una empresa privada de comunicación que sean a su vez propietarios a través de fideicomisos, de títulos representativos del capital suscrito de empresas, compañías, o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional; o, a través de este mismo mecanismo por medio de sus cónyuges o convivientes en unión de hecho. La Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Telecomunicaciones y otros organismos de control deberán establecer en el ámbito de sus respectivas competencias otros tipos de propiedad indirecta y notificarán del particular al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. El ejercicio de los derechos políticos y económicos de los accionistas, miembros de los directorios y administradores de empresas de comunicación incursos en la prohibición constitucional, quedará suspendido a partir de la notificación que les haga el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; sin perjuicio de la remoción de los directivos y administradores de la empresa de sus cargos, y de la venta en pública subasta de las acciones o participaciones que serán dispuestas por la Superintendencia de Compañías, y ejecutada de conformidad con la reglamentación que ésta expida para tal efecto.
  • 16. Los valores que se obtengan en la venta en pública subasta serán entregados a cada uno de los accionistas de las empresas de comunicación, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho, incursos en la prohibición. Derecho al acceso a frecuencias y bandas.- Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias y señales del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión y para el aprovechamiento las bandas libres, en los términos que señala la ley. Queda prohibido el oligopolio directo o indirecto en el control y propiedad de los medios de comunicación y en el uso de las frecuencias de radio y televisión. Para efectos de esta ley se considera que existe oligopolio cuando una misma persona natural o jurídica, de manera directa o indirecta, es concesionario de un número mayor de frecuencias de los que está permitido en esta Ley. Una persona natural o jurídica se convierte en concesionaria indirecta cuando tiene participación accionaria o es propietario de una persona jurídica, la cual a su vez es accionista de otra persona jurídica que es titular de una concesión de radio o televisión. En los casos de oligopolio directo debidamente constatado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación dispondrá que se reviertan al Estado de forma inmediata las frecuencias que se hayan concesionado más allá del límite previsto en la ley, e impondrá al concesionario una multa de 20 a 50 salarios básicos unificados por cada una de las frecuencias revertidas. En los casos de oligopolio indirecto el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación notificará a la Superintendencia de Compañías, para que suspenda el ejercicio de los derechos políticos y económicos de los accionistas incursos en la práctica oligopólica, y disponga la venta en pública subasta de sus acciones o participaciones, la cual será ejecutada de conformidad con la reglamentación que la Superintendencia de Compañías expida para tal efecto. Los valores que se obtengan en la venta en pública subasta serán depositados en la cuenta única del tesoro. En caso de que las acciones no pudiesen ser vendidas por falta de oferentes o de una oferta razonable, se mantendrán provisionalmente en poder del Consejo de Regulación y desarrollo de la comunicación, el cual deberá ponerlas a subasta nuevamente en un plazo no mayor a 18 meses, y así sucesivamente hasta que se concrete la venta. Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar en su propio beneficio y en el de sus familias y comunidades las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. El Estado desarrollará e implementará, a través del Ministerio del ramo, las políticas y planes nacionales que permitan de forma progresiva el ejercicio de este derecho e informará anualmente de su aplicación así como de los avances alcanzados en función de las metas previstas en la planificación, mediante un informe dirigido al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; informe que será obligatoriamente publicado en las páginas web de ambas instituciones.
  • 17. Derecho a la comunicación plurinacional e intercultural.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tienen el deber de difundir tales contenidos, a solicitud de sus productores, hasta en un espacio equivalente al 5% de su programación, sin perjuicio de que por su propia iniciativa los medios de comunicación amplíen este espacio. En el caso de los sistemas de audio y vídeo por suscripción el cumplimiento de esta obligación será exigible solo para los canales que emitan su señal desde el territorio nacional y que formen parte de la grilla de programación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa equivalente del 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. Consolidación de los medios comunitarios.- El Estado promoverá la creación progresiva de las condiciones para la conformación y consolidación de los medios de comunicación comunitarios especialmente a través de la capacitación, el acceso a crédito y financiamiento para la compra de equipos, y la exención de impuestos para la importación de equipos de radiodifusión y televisión destinados a medios comunitarios. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por sí mismo o por otras instituciones del Estado que estén destinadas a la conformación y consolidación de los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. Derecho a la inclusión comunicativa de las personas con discapacidad.- Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y de cualquier otra índole. El Ministerio del ramo será responsable de definir e implementar las medidas de política pública que permitan progresivamente lograr el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y comunicación a través de los planes y programas para la inclusión digital de los grupos de atención prioritaria. El Ministerio informará anualmente de la aplicación de tales medidas así como de los avances alcanzados en función de las metas previstas en la planificación, mediante un informe dirigido al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; informe que será obligatoriamente publicado en las páginas web de ambas instituciones.
  • 18. Los medios de comunicación tienen la obligación de desarrollar progresivamente mecanismos y medidas para hacer accesibles los contenidos comunicativos a las personas con discapacidad. El desarrollo de tales mecanismos constará obligatoriamente en el proyecto comunicativo de quienes soliciten la concesión y/o renovación de frecuencias de radio y televisión. SECCIÓN III Derechos de participación Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de los poderes públicos sobre los derechos a la comunicación y vigilar su pleno cumplimiento, así como para vigilar el desempeño de los medios públicos, privados y comunitarios con arreglo a las normas previstas en la Ley de Control Social y Participación Ciudadana. Derecho a usar los medios de comunicación públicos.- Los medios de comunicación públicos audiovisuales destinarán gratuitamente al menos el 5% del espacio de su programación a la producción de programas a cargo de las organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten, siempre que éstas se hallen debidamente acreditadas o registradas ante las instituciones estatales competentes. La distribución de este espacio de programación se realizará en función de la demanda de las organizaciones solicitantes. Estos espacios serán utilizados con total independencia y libertad para tratar los temas de interés general en los que trabajan estas organizaciones. Está prohibido el uso de este espacio para autopromover su gestión institucional. Los medios de comunicación públicos pondrán a disposición de las organizaciones de la sociedad civil su infraestructura, tecnología y personal para la producción de estos espacios ciudadanos. Queda prohibida toda aportación en dinero por parte de los medios públicos de comunicación para la producción de estos espacios. Los espacios de la programación destinados a las organizaciones de la sociedad civil deberán ubicarse entre las 08h00 y las 20h00. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo se sancionará con la destitución del cargo del director del medio público.
  • 19. SECCIÓN IV Derechos de los comunicadores Derecho a la cláusula de conciencia.- Es derecho de los comunicadores elaborar libremente los contenidos de sus programas o publicaciones de información de interés general. Cualquier tipo de injerencia o condicionamiento al respecto por parte de los propietarios, accionistas o directivos de los medios de comunicación o de cualquier persona particular constituirá una violación de la cláusula de conciencia y a las libertades de expresión, información y difusión. Bajo ninguna circunstancia se podrán terminar las relaciones laborales o de colaboración de las personas con un medio de comunicación porque haya desacuerdo u oposición entre la línea editorial del medio y los contenidos elaborados por los comunicadores. La separación de un comunicador de la empresa por esta causa será tenida como una forma de despido intempestivo. Es potestad del medio de comunicación realizar o no la publicación de los contenidos elaborados por uno de sus trabajadores o colaboradores cuando se opongan a su línea editorial. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que realice la difusión de información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información; salvo cuando los datos informativos difundidos sean manifiestamente falsos o erróneos, o no puedan ser corroborados con otras fuentes, y además hayan afectado la honra, otros derechos fundamentales o el orden constituido; y siempre que medie orden judicial debidamente fundamentada. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente carecerá de todo valor jurídico y los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños a la que haya lugar. Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice actividades de comunicación social podrá ser obligada, bajo ninguna circunstancia, a revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. La persona que viole este derecho será sancionada administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con la imposición de una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.
  • 20. La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico y los riesgos, daños y perjuicios que genere para las personas involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños a la que haya lugar. Cargos para comunicadores y periodistas profesionales.- Todas las personas tienen derecho a ejercer libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación, sin que sea exigible titulación profesional para tal efecto. Sin embargo, con la finalidad de cuidar la buena calidad de la información de relevancia pública, se reserva para los comunicadores y periodistas profesionales el ejercicio de los siguientes cargos en las empresas de comunicación cuya cobertura de señal o distribución de impresos llegue a dos o más provincias así como en todas las instituciones públicas: a) En medios escritos: editor o editora general y jefe o jefa de información o quienes ejerzan funciones equivalentes. a) En televisión: director o directora y subdirector o subdirectora de noticias, o quienes ejerzan funciones equivalentes. En radios: director o directora de noticias, o quien ejerza funciones equivalentes. En instituciones públicas: los cargos de Director de Comunicación o Director de Relaciones Públicas y Responsable de Imagen Institucional o equivalentes. Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Los comunicadores y comunicadoras y trabajadores y trabajadoras de la comunicación tienen los siguientes derechos: a) A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores. A remuneraciones y retribuciones justas, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y competencias. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad donde habitualmente trabajan o fuera de ella. A estar cubiertos con seguros privados de vida, accidentes, daños a terceros, asistencia jurídica, pérdida o robo de equipos, cuando las tareas que les encomienda realizar el medio de comunicación implica la eventual realización de los riesgos que cubren tales seguros. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación, necesaria para el ejercicio de sus funciones. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley.
  • 21. TITULO III Sistema de comunicación social CAPÍTULO I Alcance Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él. Es responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación promover la conformación y articulación del Sistema de Comunicación Social, y actuar en dicho Sistema como ente coordinador. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación será encargado de elaborar la reglamentación para el funcionamiento del Sistema de Comunicación Social. Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes objetivos: 1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de comunicación. 3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en esta Ley, y formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la comunicación. 4. Producir continuamente información sobre los avances y dificultades en la aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de las empresas de telecomunicaciones y de los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley.
  • 22. CAPITULO II Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Sección I Atribuciones y Conformación Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación es un organismo público con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, que se organizará de manera desconcentrada. Finalidad.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene por finalidad diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación relativas a sus competencias y las destinadas a generar condiciones materiales y sociales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales; y, ejercer potestades regulatorias en el ámbito de sus atribuciones. Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Proteger y promover en el ámbito de su competencia el efectivo ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 2. Promover la incorporación de los valores y prácticas de la convivencia intercultural en la programación de los medios de comunicación. 3. Fomentar e incentivar la creación de espacios para la difusión de la producción nacional y producción nacional independiente, a fin de garantizar el cumplimiento de las cuotas de programación establecidos en esta ley. 4. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Tecnologías de la Comunicación e Información para la Inclusión Digital o en planes similares; y formular observaciones a las autoridades públicas a cargo de la ejecución de dichos planes. 5. Participar en la elaboración de la Agenda Sectorial de Comunicación, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 6. Promover la democratización y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. 7. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta. 8. Vigilar que la autoridad encargada de la administración del espectro radioeléctrico asigne el uso de las frecuencias de este espectro, a través de concursos públicos, abiertos y en igualdad de condiciones para los medios privados y comunitarios. 9. Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios de Comunicación impresos, de radio, televisión, audio y vídeo por suscripción y digitales que se emitan desde el Ecuador. 10. Establecer mecanismos de registro y monitoreo técnico de la programación de las estaciones de radio, televisión y de medios impresos, con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.
  • 23. 11. Implementar mecanismos para establecer información real sobre el tiraje y venta efectiva de los medios impresos, así como sobre la sintonía y niveles de audiencia de los medios audiovisuales. 12. Conocer y resolver en el ámbito administrativo los reclamos presentados por violación a los derechos o a las obligaciones establecidas en esta ley. 13. Iniciar de oficio y resolver los procedimientos administrativos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. 14. Remitir a la Fiscalía la información que llegue a su conocimiento en relación a la violación de derechos que evidencien la comisión de delitos de acción pública. 15. Examinar y pronunciarse sobre los resultados de las veedurías ciudadanas que se organicen en torno al desempeño de las instituciones, organizaciones, empresas y medios públicos, comunitarios y privados que realizan actividades contempladas en el ámbito de esta ley. 16. Aprobar la proforma presupuestaria del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación elaborada y presentada por la Secretaría Técnica. 17. Nombrar y remover al Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y a su Secretario Técnico. 18. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento. 19. Las demás que determine la Constitución y la ley. Integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará conformado por: 1. Un integrante, escogido de una terna enviada por el Presidente de la República. 2. Un integrante designando de entre los postulados por cada una de las Asociaciones o Consejos de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 3. Un integrante designado de entre los postulantes por cada uno de los Consejos Nacionales de Igualdad. 4. Un integrante designado de entre los postulantes de cada una o de un conjunto de las facultades o escuelas de comunicación social de las universidades públicas. 5. Tres integrantes designados de entre los y las ciudadanas que se postulen por sí mismos o por organizaciones sociales. Los miembros principales tendrán sus respectivos suplentes, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se prevén para los principales. Requisitos.- Los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación cumplirán los siguientes requisitos: a) Tener nacionalidad ecuatoriana. a) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente o Presidenta de la República, los ministros, ministras y secretarios o secretarias de Estado.
  • 24. No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes sean o hayan sido accionistas, propietarios, directivos, administradores de medios de comunicación social, durante los dos años anteriores a la fecha de convocatoria del concurso. No ejercer funciones de administración o gerencia de los medios de comunicación social o trabajar bajo relación de dependencia en medios de comunicación social, ni haberlo hecho durante los dos años anteriores a la fecha de convocatoria del concurso. Estar en goce de los derechos políticos y de participación. Quienes se desempeñen como miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación no podrán ejercer otra función pública, excepto la docencia universitaria. Designación.- La designación de los integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un concurso público de méritos. Los miembros principales y suplentes serán designados en orden de prelación, según las mayores calificaciones y puntaje. En caso de ausencia definitiva de un miembro principal del Consejo será reemplazado por el suplente que hubiera obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso. El suplente que se principaliza será reemplazado por el que hubiera obtenido el siguiente mejor puntaje en el respectivo concurso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elaborará el reglamento respectivo para organizar e implementar el concurso público para la designación de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Autonomía e independencia de los miembros del Consejo.- Para asegurar su autonomía e independencia, los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación durarán cuatro años en sus funciones y no serán de libre remoción. Cesación de funciones de los miembros del Consejo.- Los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación cesarán en sus funciones, en los siguientes casos: a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; a) Por incapacidad absoluta y permanente; Por suspensión de los derechos políticos, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley. Por destitución; y, Por muerte. Destitución.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá destituir a uno de sus consejeras o consejeros por la comisión de una falta grave, sólo con el voto favorable de cinco de sus integrantes.
  • 25. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación conocerá y resolverá sobre la destitución de las consejeras o consejeros por las causas establecidas en esta Ley, a través de un procedimiento que garantice el cumplimiento de las reglas del debido proceso. La resolución de destitución podrá impugnarse en efecto devolutivo ante la justicia ordinaria. Causales de destitución.- Son causas de destitución, sin perjuicio de las acciones y sanciones penales y civiles a que haya lugar: a) C ontrariar disposiciones legales expresas en relación al cumplimiento de sus funciones. a) Recibir dádivas o aceptar la promesa de entrega. Realizar actividades políticas de carácter público, o aceptar o participar en la promoción o la postulación de candidaturas para cargos de elección popular. Usar abusivamente las facultades que le confiere esta ley. Encontrarse comprendido en una de las causales de incompatibilidad, no advertida al momento del nombramiento, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. Inasistencia injustificada a más de tres convocatorias consecutivas. Las demás que contemple la ley para los funcionarios públicos en general. SECCIÓN II Estructura y funcionamiento Estructura administrativa y funcionamiento.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación estará estructurado de la siguiente forma: a) El Pleno del Consejo. a) La Presidencia del Consejo. La Secretaría Técnica. Dependencias desconcentradas. Financiamiento.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tendrá financiamiento del Presupuesto General del Estado. De la Presidenta o Presidente del Consejo y sus atribuciones.- El Presidente o Presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación será su representante legal, judicial y extrajudicial. Se elegirá de entre sus miembros, tendrá voto dirimente y durará dos años en sus funciones.
  • 26. Sus atribuciones son las siguientes: a) Presidir las sesiones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. a) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones que expida el Consejo. Suscribir las comunicaciones que se expidan en el Consejo. Rendir al Consejo, anualmente, un informe de las actividades realizadas. Nombrar a los servidores y servidoras; remover a los servidores y servidoras de libre remoción y, en caso de quienes sean de nombramiento, su remoción se sujetará a la ley correspondiente. Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Las demás que señale la Constitución de la República, la ley y los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. De la Secretaría Técnica.- La Secretaría Técnica será el organismo técnico, administrativo y operativo de gestión y ejecución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Este organismo estará dirigido por el secretario técnico o secretaria técnica, que será un funcionario o funcionaria de libre nombramiento y remoción, elegido mediante concurso de méritos por el pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, de la terna presentada por su presidenta o presidente. Funciones del Secretario Técnico.- El secretario técnico o secretaria técnica tendrá las siguientes funciones: a) Dirigir las actividades técnicas, operativas, administrativas y financieras del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. a) Asesorar al Consejo cuando sea requerido. a) Presentar la proforma presupuestaria al Pleno del Consejo, para su aprobación. Certificar los actos, levantar las actas correspondientes y llevar el archivo del Consejo. Las demás establecidas en esta ley y en los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Dependencias desconcentradas.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá crear oficinas desconcentradas en cualquier parte del territorio nacional para cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en esta Ley. Para tal efecto tendrá en consideración, entre otros, los siguientes parámetros: población urbana y rural y densidad poblacional; concentración, tipo y cobertura de medios de comunicación y especificidades de la región. Sus funciones se enmarcarán en lo establecido en esta Ley y se determinarán en los reglamentos aprobados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.
  • 27. Procedimientos administrativos.- Los procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación así como los procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a los administrados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. Además de las sanciones o medidas administrativas establecidas en esta ley para cada caso específico el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de la Comunicación podrá realizar comunicaciones y amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación. Resoluciones del Consejo.- Las resoluciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tienen fuerza jurídica vinculante y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la Ley o en dichas resoluciones; salvo que los administrados inicien en la jurisdicción contenciosa administrativa las acciones legales que consideren pertinentes contra el acto administrativo emanado del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. En estos casos la Resolución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación solo podrá ejecutarse una vez que el fallo judicial haya confirmado la legitimidad del acto administrativo. Caducidad y Prescripción.- Las acciones para iniciar el procedimiento administrativo caducarán en ciento ochenta días a partir de la fecha de comisión de la presunta infracción contemplada en esta ley. La potestad para sancionar las infracciones prescribirá en tres años a partir de inicio del procedimiento. TÍTULO IV Regulación de contenidos Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 1. Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 6. Publicitarios -P. Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia.
  • 28. Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la concurrencia y de los siguientes elementos: 1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción. 2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas en el artículo 5 de esta ley 3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación. Medidas administrativas.- La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas: 1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos. 2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio.
  • 29. 3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del a 1% al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. En caso de que el acto de discriminación evidencie indicios de responsabilidad penal, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación remitirá a la Fiscalía, para los fines pertinentes, copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida administrativa. Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación "A": Apta para todo público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y "C": Apta solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. Contenido violento.- Para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento todo mensaje que se difunda por cualquier medio, que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza, tanto en contextos reales, ficticios o fantásticos. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
  • 30. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de esta conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. Suspensión de publicidad y programas.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa, así como de aquella publicidad o programas que contengan contenidos discriminatorios, incitación directa al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. TÍTULO V Medios de comunicación social Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres tipos: a. Públicos b. Privados c. Comunitarios Responsabilidades comunes.- La comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando la Constitución y los instrumentos internacionales, y contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. 2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general.
  • 31. 3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas. 4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo. 5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. 7. Promover las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. 8. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos. Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: a) Transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general que dispongan los titulares de las Funciones del Estado, el Defensor o Defensora del Pueblo, el Presidente o Presidenta de la Corte Constitucional, los Ministros o Ministras de Estado y los demás servidores y servidoras de la función ejecutiva que tengan rango de Ministro. Estos espacios se utilizarán única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad que será normada mediante reglamento por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. b) Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que dispongan el Presidente o Presidenta de la República o las autoridades por él designadas para tal fin. c) Destinar hasta tres horas por semana, no acumulables, para programas oficiales o propios de carácter educativo y de relevancia para la ciudadanía, que fortalezcan los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos; que contribuyan a la prevención de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de alcohol, de tabaco y a otros asuntos de salubridad; que favorezcan la plurinacionalidad, la interculturalidad y la equidad de género; y que promuevan los derechos de los grupos de atención prioritaria. Se priorizará la difusión de programas oficiales y a falta de éstos los no oficiales. Obligaciones de los sistemas de audio y video por Suscripción.- Los sistemas de audio y vídeo por suscripción suspenderán su programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan el Presidente o Presidenta de la República o las autoridades por él designadas para tal fin, en los casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las autoridades competentes proporcionarán a los sistemas de audio y video por suscripción la señal o el contenido a ser transmitido, en caso contrario el cumplimiento de la obligación aquí establecida no será exigible.
  • 32. Suspensión de la libertad de información.- El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa de los medios de comunicación una vez que se haya declarado estado de excepción en todo o una parte del territorio nacional. La legitimidad y legalidad de la disposición de suspender el derecho a la libertad de información y de establecer la censura previa de los medios requiere, en todos los casos, que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente. 2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la Constitución. 3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción. 4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la libertad de información y establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. SECCIÓN I Medios de Comunicación Públicos Definición.- Los medios de comunicación social de servicio público son empresas públicas que prestan un servicio de comunicación diverso, plural e incluyente, fomentan el acceso y la participación en el espacio público, difunden las identidades y la diversidad culturales, impulsan la sociedad de la información y promueven la interculturalidad y el régimen del buen vivir. Para este propósito el Estado constituirá empresas públicas de comunicación social, de carácter nacional, regional o local. Los medios de comunicación social de servicio público se regirán por lo dispuesto en esta ley y el acto normativo de su creación. La Ley Orgánica de Empresas Públicas regirá para lo no previsto en esta ley. Naturaleza jurídica.- Los medios de comunicación social de servicio público no tendrán fines de lucro y su política editorial será independiente de intereses gubernamentales, partidistas y comerciales. Por su naturaleza, se prohíbe la transmisión de contenidos y programas de tipo partidista o proselitista, con excepción de la publicidad electoral de campaña válidamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral.
  • 33. Los medios de comunicación social de servicio público tendrán patrimonio propio y estarán dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Función.- Los medios de comunicación social de servicio público tienen la obligación de cumplir con la esencial función de contribuir a la formación de una opinión pública crítica, fundamentada y humanística, para lo cual ofrecerán información y educación de calidad, que refleje la diversidad cultural del país y se vincule con sus identidades regionales. Los medios de comunicación social de servicio público propenderán a satisfacer las diversas preferencias de sus audiencias. Objetivos.- Los medios de comunicación social de servicio público tendrán los siguientes objetivos: a) Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, de las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; de las niñas, niños y adolescentes; y, el respeto a los derechos de la naturaleza. b) Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y pluralismo. c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. d) Fomentar la igualdad de género. e) Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo. f) Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales. g) Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel nacional e internacional. h) Implementar espacios para la promoción turística del país. Estructura.- Los medios públicos contarán con un Directorio, encargado de emitir las políticas de administración de la empresa; y, adicionalmente, con un Consejo Editorial, encargado de proponer la línea editorial del medio y evaluar su contenido. El Directorio nombrará un Gerente del medio público, quien tendrá bajo su responsabilidad la administración y el cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio, así como las decisiones emitidas por el Consejo Editorial, respecto a la línea editorial y los contenidos que se difunden en el medio público. Directorio de medios públicos nacionales.- El Directorio de los medios públicos de carácter nacional estará conformado por: 1. El delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá. 2. Un representante de la Asamblea Nacional; y, 3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los representantes de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación y Control Social serán escogidos mediante concurso de méritos llevado a cabo por sus titulares, debiendo demostrar probidad notoria y conocimientos en la materia. Serán escogidos para un periodo de cuatro años en sus funciones. Intervendrá con voz, pero sin voto, en las sesiones del Directorio, el Gerente del medio público. Directorio de medios públicos locales.- El directorio administrativo de las empresas públicas de comunicación social creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, estará conformado por:
  • 34. 1. La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, o su delegado permanente; 2. Un delegado de la Secretaria o Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado; 3. Un delegado de la Secretaria o Dirección de Educación y/o Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado; y, 4. Un representante de la Ciudadanía, elegido a través de la normativa de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado. Directorio de medios públicos universitarios.- El directorio administrativo de las empresas públicas de comunicación social creadas por acto normativo de los Consejos Universitarios de las Universidades Públicas, estará conformado por: 1. El delegado del Rector, quien lo presidirá 2. Un representante del Consejo Académico u órgano equivalente; y, 3. Un representante de los alumnos. 4. Un representante de los trabajadores. Funciones del Directorio.- Son funciones del Directorio de los medios públicos, las siguientes: 1. Establecer las políticas y metas de la empresa y evaluar su cumplimiento. 2. Designar y remover al Gerente General del medio público. 3. Aprobar el presupuesto institucional y el plan de compras anual del medio público. 4. Expedir, reformar y/o aprobar la normativa interna de funcionamiento del medio público. 5. Todas las demás funciones que le asigna la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Gerente General.- El Gerente General de cada medio público será elegido por el directorio de fuera de su seno, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será el responsable de su gestión. Consejo Editorial.- El Consejo Editorial es el órgano encargado de proponer la línea editorial del medio y evaluar su contenido. Se integrará de la siguiente manera: a) El Director del Consejo, que será designado por el Directorio; b) El responsable de los contenidos del medio; c) Un representante de la ciudadanía, elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; d) El Gerente General del medio público; y, e) El defensor del televidente, radioescucha o del lector. Los integrantes del Consejo Editorial deberán contar con probidad notoria y solvencia técnica en áreas de la comunicación social, así como tener su domicilio en el ámbito territorial de cobertura del medio de comunicación. La representación en el Consejo Editorial es honorífica. Sin embargo, el medio público podrá reconocer valores de movilización y representación.
  • 35. El Defensor de las audiencias.- El defensor del televidente, radioescucha o del lector, es la persona encargada de representar a la ciudadanía en el medio público, vigilando que los contenidos tengan una elevada calidad, intermediando entre la ciudadanía y el medio; y, velará por el cumplimiento de la misión, visión y valores del mismo. Será designado por el Directorio, de una terna enviada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El ejercicio de sus funciones será remunerado por el medio público. Funciones del Consejo Editorial.- Los consejos editoriales tendrán las siguientes funciones: a) Fijar la línea editorial del medio bajo la visión constitucional del Buen Vivir; b) Vigilar que los productos editoriales tengan una elevada calidad y mantengan fielmente su identidad ciudadana e institucional; c) Elaborar la guía editorial y el código de ética del medio; y, d) Las demás que le otorgue la Ley. Financiamiento.- Las empresas públicas se financiarán, además de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de la siguiente forma: a) Con los fondos propios asignados en los presupuestos de las respectivas entidades e instituciones del sector público; b) Con la comercialización de sus producciones y productos; c) Con la publicidad comercial de las empresas públicas y privadas, hasta un máximo del 50% de su presupuesto anual; d) Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional; y, e) Con otros mecanismos de autogestión. La comercialización de las producciones y productos y la publicidad comercial se sujetarán a las prácticas y políticas competitivas del mercado. Los medios públicos no están obligados a llevar su contabilidad mediante normas de contabilidad gubernamental, tampoco estarán obligados a gestionar sus recursos financieros a través de la cuenta única del tesoro nacional ni a través del ESIGEF. Adicionalmente, se permitirá el manejo de cuentas en la banca pública y privada. Talento Humano.- La estructura organizacional de los medios públicos será definida exclusivamente por su Directorio, y serán aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La contratación de personal de los medios públicos se realizará a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la Ley de Empresas Públicas, la Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio. Auditoría.- Los medios públicos estarán sujetos a todas las formas de control y auditoría que rigen para las empresas públicas, sin perjuicio de las auditorías administrativo financieras, realizadas a través de empresas especializadas, calificadas y contratadas por el mismo medio, previa autorización del Directorio.